miércoles, 24 de diciembre de 2014

LA CORRUPCIÓN: PROBLEMA QUE AFECTA LA SEGURIDAD NACIONAL

DE VERDAD,...... ¿ SE LA QUIERE COMBATIR?

La corrupción es percibida como uno de los principales problemas de nuestra sociedad, y lamentablemente la llevamos sobre los hombros desde los orígenes de nuestra República. Las encuestas nacionales sobre percepciones de la corrupción en el Perú, corroboran la gravedad del problema.

Recordemos que la VIII Encuesta Nacional sobre “Percepciones de la corrupción en el Perú 2013” revela que los peruanos consideramos que los tres problemas fundamentales del país - fuente de preocupación e inseguridad - son la delincuencia, la corrupción y el consumo de drogas.

Aunque la corrupción alcanza a todas las instituciones públicas, el Poder Judicial, la Policía y el Congreso aparecen como las más vulnerables a ésta y, a su vez, como las menos confiables para combatirla. Sin embargo para Alfonso Quiroz, fallecido historiador que estudió a fondo este problema expuesto en su libro “Historia de la Corrupción en el Perú”,  la corrupción ha circundado los grupos de poder, particularmente  gobernantes, políticos y militares.

No cabe duda que este fenómeno tiene implicancia en la Seguridad Nacional, pues se encuentra vinculada  con el tráfico ilícito de drogas, al lavado de activos, afecta al sistema judicial y penitenciario, y en ella se encuentra involucrados funcionarios, y servidores del sector público y privado. Es así que la Conferencia Anual de Ejecutivos CADE 2014, consideró a la corrupción como un problema  social que requiere ser combatido por el sector público y privado,  la academia, la sociedad civil y la población en su conjunto.

Actualmente existen avances facilitados por las normas jurídicas y acciones ejecutivas, como por ejemplo:

-       El fortalecimiento de la Procuraduría Pública Anticorrupción a través del incremento de su presupuesto.
-       Creación de CONABI encargada de ordenar procesos de incautación y administración de bienes nacionales.
-       Apertura  del registro de sancionados y destituidos de SERVIR.
-       Creación de INFOBRAS, registro de obras para monitoreo del avance y cumplimiento de obras.
-       Incorporación del Perú a la Sociedad de Gobierno Abierto.
-       Creación de la campaña “Yo denuncio la corrupción”
-       Creación del Centro de orientación al denunciante y en la elaboración de un Manual del Denunciante.

 Sin embargo, la población sigue sin percibir efectividad en la lucha contra la corrupción e incluso lo está incorporando como  algo normal en nuestra sociedad; así por ejemplo tenemos frases como: “No importa que robe, pero que haga obra”, lo cual es una señal de deterioro que debe llamar la atención, si es que queremos hacer del Perú, un país del primer mundo.

Nuestro día a día nos revela que ni las leyes ni el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción han tenido resultados efectivos para disminuir la corrupción en el país, principalmente aquella ligada al tráfico ilícito de drogas y a la corrupción de funcionarios, lo cual deslegitima a las autoridades que no muestran voluntad en la vía de los hechos, quedándose solo en la fase del discurso.

Lo que el Perú necesita para superar este flagelo nacional, es voluntad política efectiva y participación popular. En ese sentido urge  una  óptima   difusión del Manual del Denunciante, la implementación del Centro de Orientación al Denunciante entre la ciudadanía, particularmente en colegios y municipalidades, y el compromiso de la sociedad civil para abrir  mayores canales de denuncia de actos de corrupción que finalmente se plasmen en la condena judicial  de los malos ciudadanos que corrompen a nuestra sociedad; y también desarrollar acciones para que  la ciudadanía supere el  fatalismo expresado en esta interrogante: ¿para qué denunciar y exponerme a represalias si los corruptos no irán a la cárcel o no recibirán una pena justa?

Por eso es fundamental  que la voluntad política  se  haga realidad con la sanción efectiva de los infractores, para lo cual  es necesario que  - cuanto antes  - la lucha contra la corrupción se vea materializada en la implementación de un Plan Piloto mediante el cual – públicamente  - una institución representativa del Estado sea examinada detalladamente para sancionar los actos de corrupción que pudieran haber sido cometidos por sus funcionarios y servidores públicos,  enfocándose en aquellos revelados a través de los signos exteriores de riqueza.