EL VALOR DEL CONOCIMIENTO

EN PROVECHO DE LA SEGURIDAD Y DESARROLLO NACIONAL

La satisfacción de las  necesidades públicas es la razón de ser de todo servidor público, un asunto que - con mayor razón - toda persona investida de autoridad procura resolver durante su gestión, en cualquier nivel de gobierno. En el Perú, la Constitución Política y las leyes establecen el marco general del funcionamiento del Estado y, como en la mayor parte del mundo, se  establecen políticas públicas, desde aquellas de largo aliento denominadas políticas de  Estado,  hasta  las  políticas de gobierno, que son priorizadas de acuerdo a la voluntad política del gobernante de turno y que naturalmente obedecen al análisis de múltiples factores.

De acuerdo a la Ley N° 28359, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, las políticas públicas son inherentes a los sistemas funcionales,  los cuales son dirigidos por un ente rector que se encarga de administrar el funcionamiento coordinado de sus componentes para alcanzar los objetivos  establecidos en sus respectivas políticas.

La voluntad política, no solamente debe ser entendida como aquella que se expresa en conferencias, discursos o declaraciones públicas; la verdadera voluntad política se manifiesta cuando se autoriza y proporciona los medios; y se conoce que así sucede cuando se refleja en la asignación presupuestal, y por último cuando se plasman en acciones y actividades efectuadas por las entidades públicas.

Obviamente, mientras que las políticas públicas no se materialicen en procesos que alcancen resultados efectivos, vale decir que puedan reflejar un cambio sustancial de la situación problemática que las originaron, estamos ante un caso de ineficacia en el gasto público. Generalmente estas situaciones se presentan en entidades cuyos planes institucionales contienen indicadores que no miden adecuadamente la solución de los problemas.

En este sentido, es bueno recordar que "los ciudadanos demandan un Estado Moderno, al servicio de las personas, lo cual implica una transformación de sus enfoques y prácticas de gestión, concibiendo sus servicios o intervenciones  como expresiones  de derechos de los ciudadanos" (DS N° 004-2013-PCM, 2013), de allí la necesidad de tener una gestión pública eficiente, que busque proveer a los ciudadanos lo que necesitan, con servicios de calidad que maximicen las condiciones del bienestar social al menor gasto del erario nacional. Sin embargo, a pesar de ello, la realidad de nuestra administración pública indica que persisten las siguientes situaciones:

1. Problemas públicos no atendidos, sea por diagnóstico equivocado o por priorización poco analizada.

2. Problemas públicos atendidos de manera errada, debido a mal planteamiento, o por mala propuesta.

3. Soluciones planteadas  que atienden temporalmente el problema público, por mal cálculo en la entrega de medios, motivando que el problema reaparezca y generando desconfianza en la población.

4. Soluciones que al plasmarse generan otros problemas públicos, revelando mal gasto de los fondos públicos, debido al errado estudio de las causas del problema y sus relaciones fácticas.

5. Soluciones que son atendidas de manera unisectorial o unidimensional, por falta de coordinación y articulación interinstitucional, sea esta entre sectores o niveles de gobierno, generando mal gasto.

6. Soluciones que sobreestiman  los presupuestos, y que muchas veces devienen en casos de corrupción que no son detectados a tiempo, y que tampoco llegan a ser sancionados, o peor que terminan en largos procesos administrativos o judiciales que prescriben o que finalizan por "falta de pruebas".

Para evitar estas penosas situaciones, es importante que la administración en todos los niveles cuenten con autoridades que conozcan el problema de la institución que se les confíe, y que tengan la capacidad de constituir sus equipos con profesionales que cumplan con el perfil adecuado al cargo por desempeñar, vale decir que cuenten con los conocimientos académicos para el desempeño de cargos directorales y jefaturales, pero también que dispongan de experiencia suficiente, para que "no les cuenten cuentos", o que tengan que pasar por un largo proceso de aprendizaje, lo cual no le hace bien al país, pues se retrasan las acciones. Muchas veces  debido a la insuficiente satisfacción del perfil en las plazas ocupadas, se devienen las situaciones descritas anteriormente.

Bajo estas consideraciones, el Sistema de Defensa Nacional requiere contar con autoridades y profesionales que conozcan el alcance, la importancia y la trascendencia de la implementación de los procesos de la seguridad y defensa nacional, que en concordancia con la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, se han introducido en el quehacer nacional a partir del año 2013, al aprobarse el reglamento del Decreto Legislativo N° 1129, que regula el Sistema de Defensa Nacional.

La rotación de autoridades, sin duda afecta la gestión del Sistema de Defensa Nacional (SIDENA) debido a que  conllevan un elevado cambio de personas en las organizaciones; además porque muchas de las nuevas autoridades no han sido capacitadas,  y peor, porque la mayoría de ellas consideran que no les compete conocer los temas de seguridad nacional, lo cual constituye un grave error, pues todas las entidades públicas forman parte del SIDENA.

Por esta razón, el Centro de Altos Estudios Nacionales se encuentra desarrollando post grados de seguridad y defensa nacional, con la intención de mejorar la seguridad de todos. En este contexto, debemos destacar que si deseamos  que la Seguridad de la Nación esté asegurada, es necesario que no solamente los profesionales de los ministerios de Defensa e Interior sean quienes se capaciten en los procesos de seguridad y defensa nacional.

Los profesionales que laboran directamente en estos ministerios y en las Oficinas de Seguridad y Defensa Nacional de otras entidades públicas, imprescindiblemente deben especializarse en la aplicación del enfoque multidimensional de la Seguridad Nacional; pero de nada servirá este esfuerzo si las autoridades de la Alta Dirección (de cualquier entidad perteneciente al SIDENA) no llegan a conocer su alcance, pues este conocimiento constituye el elemento indispensable para generar la voluntad política en provecho de la seguridad y desarrollo de nuestro Perú.

Consecuentemente, para implementar la seguridad de la nación, adicionalmente - como mínimo - se requiere el concurso de los responsables del planeamiento y programación del presupuesto, de los encargados de sistematizar y publicar los procesos en las redes internas y externas, así como de quienes controlan y supervisan la gestión pública.

Cuando las autoridades públicas demuestren la voluntad política de  hacer realidad que sus equipos -directores, jefes y profesionales - cuenten con el conocimiento y experiencia que los cargos públicos exigen, sin duda mejorará la satisfacción de las necesidades de la población; y cuando -producto de esta acción - la capacitación, especialización e implementación del enfoque multidimensional de la seguridad nacional se materialice plenamente, se inscribirá en nuestra historia nacional, y con letras de molde, que se hizo efectivo el lema de "El Perú Primero".