LA REHABILITACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL

REDUNDANDO EN LA SEGURIDAD NACIONAL

En mérito al Decreto Legislativo N° 1299, el pasado mes de octubre, mediante  un acta firmada  por el Presidente de la Corte Suprema, Víctor Prado Saldarriaga, y el Ministro de Justicia, Vicente Zeballos Salinas se formalizó la transferencia de la  Gerencia de Centros Juveniles del Poder Judicial y sus órganos desconcentrados al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, lo cual significa que  todo el "Sistema de Reinserción Social del Adolescente en conflicto con la Ley Penal"  (SRSALP) dependerá de este ministerio, específicamente de la Dirección General de Asuntos Criminalísticos, conforme lo estableció la Resolución Ministerial N° 0483-2018-JUS, emitida el 09 de noviembre de 2018.

Así, esta dirección general no solo es ahora responsable de crear, estudiar y proponer medidas políticas destinadas a combatir la delincuencia de manera rápida, firme y eficaz, así como proponer mejoras del sistema penitenciario que favorezcan la reinserción de las personas encarceladas en nuestra sociedad, pues también tiene el gran reto de colocar en práctica sus propuestas para el mejor diagnóstico y rehabilitación de los adolescentes en conflicto con la ley penal.

No es poca cosa, se trata de 10 centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación (CJDR),  y 25 centros de orientación al adolescente (SOA), ubicados (los CJDR) en Lima, Ancón II (Anexo), Santa Margarita, Alfonso Ugarte (Arequipa), El Tambo (Huancayo), José Quiñones Gonzales (Chiclayo), Marcavalle (Cusco), Miguel Grau (Piura), Pucallpa y Trujillo; asi como  los SOA (régimen abierto: no quedan encerradosl) de Lima Este, Lima Norte, Rímac, Callao, Ventanilla, Arequipa, Ica, Tumbes, Cañete, Huaura, Chiclayo, Trujillo, Huancayo, Huancavelica, Chimbote, Sullana, Paucarpata, Ayacucho, Puno, Madre de Dios, Cusco, Huaraz, Pucallpa, Iquitos y Huánuco.

Sin duda que el centro juvenil de mayor renombre es el de Lima, donde solo este año se produjeron al menos tres motines, con quema de colchones y toma de rehenes, aunque sin fugas espectaculares como la ocurrida en el año nuevo de 2013, en que el sicario juvenil  Alexander Manuel Pérez Gutiérrez alias "Gringasho", contando con la miopía del tutor de servicio, escapó (cruzando varias rejas, puertas y seguridad  en su camino) junto con otros adolescentes recluidos, desde el patio de mayor seguridad  de la mencionada instalación.

Este centro estigmatizado como “Maranguita” por la ubicación que tiene desde que se creó en 1945,  viene tratando, como todos los centros del sistema, de apostar a una auténtica rehabilitación del adolescente en conflicto con la Ley Penal y promover su reinserción social, basados no solo en la experiencia adquirida en el transcurso de los años y en concordancia con las normas nacionales e internacionales sobre los derechos de los niños y adolescentes,  sino también empleando un marco teórico,  que incorpora el enfoque socioeducativo y sistémico, y la metodología de intervención formativo – preventiva – psicosocial, diferenciando dos modalidades de intervención (medio cerrado / medio abierto), fundamentados en la razón, la fe y el afecto, a fin de garantizar la resocializacion del adolescente en conflicto con la ley penal.

Para tal efecto se aprobó  - en el año 2013 - el "Plan Nacional  de Prevención y Tratamiento del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal" con tres objetivos de impacto: la reducción de conductas antisociales, lograr una administración de justicia eficaz y con enfoque garantista, y garantizar la resocialización del adolescente en conflicto con la ley penal y reparación de la víctima.

En el aspecto de la resocialización destacó la intención de alcanzar los siguientes objetivos: mejorar la eficacia de los programas socioeducativos en medio cerrado; ampliar la oferta de programas socioeducativos de medio abierto; y desarrollar programas de orientación para la ejecución de la remisión.

El referido plan, considerado como la, primera política  anti criminal que dictó el Consejo Nacional de Política Criminal (sic) , desafortunadamente no ha tenido avance significativo,  especialmente en lo que se refiere a la resocialización, persistiendo las mismas condiciones que originaron el plan, el cual fue diseñado para alcanzar sus objetivos a fines del presente año, pronto a fenecer. 

Y así, aún:

• Existe limitada oferta de centros juveniles para ejecutar las medidas socioeducativas, especialmente en medio cerrado, lo cual conlleva a la sobrepoblación de ellos, dificultando el control y los propios aspectos socioeducativos.
• La inadecuada infraestructura de los centros juveniles no permite que los programas de tratamiento sean aplicados según las normas establecidas en el SRSALP.
• No se cuenta con destacamentos policiales en la mayoría de los centros juveniles de medio cerrado para el resguardo externo, y tampoco se ha desarrollado la especialización policial para la administración de menores.
• No se dispone con el personal de tratamiento suficiente para dar una adecuada atención, y muchos de ellos no cuentan con la especialización o actualización necesaria.

Lo más grave es que, como en el caso de la fuga de alias "Gringasho", los directamente responsables de la seguridad y del tutelaje de la rehabilitación, se encuentran comprometidos en las fallas de los procesos que se realizan en los centros juveniles de medio cerrado. 

Al revisar las posibles causas encontramos que los tutores (quienes acompañan a los adolescentes permanentemente, bajo un ciclo de 24 por 48 hrs) tienen como remuneracion, aproximadamente 1,500 soles, lo cual sumado a la permisividad de los agentes de seguridad (con remuneración similar) ingresan cualquier artefacto que les sea requerido por los adolescentes, a quienes se supone deben vigilar y orientar.

Por otro lado, existe poco resultado en la reinserción de los adolescentes que salen de los medios cerrados, quienes no consiguen trabajo, engrosando al grupo de los que ni trabajan ni estudian, por lo que después de un tiempo (como sucede con adultos que egresan de las penitenciarías), recurren nuevamente al delito para obtener ingresos que les permita atender sus necesidades.

Es importante que se entienda claramente que de no efectuarse la implementación de medidas de manera articulada, coordinada multisectorialmente y en los tres  niveles de gobierno, como lo detalla la Política de Seguridad y Defensa Nacional, que el pasado 20 de diciembre cumplió un año de publicada, seguiremos sin solucionar, no solamente los problemas de rehabilitación y reinserción de los adolescentes en conflicto con la ley penal, sino también de aquellos adultos que salen de las penitenciarías, colocando en riesgo la seguridad ciudadana, la imagen del país, afectando la economía, la gobernabilidad y la seguridad nacional.

Feliz Navidad!  #ElPerúPrimero