(Publicado en el Diario Correo el 17 de diciembre de 2022)
Unos cuantos miles,
arrogándose inconstitucionalmente el ejercicio del poder del pueblo, han
bloqueado carreteras, causado zozobra, alarma y temor a la población empleando
artefactos explosivos y otros pertrechos, ocasionando estragos y grave
perturbación de la tranquilidad pública con efectos en nuestra economía e
imagen internacional, todo por su infundado capricho de no reconocer el orden
constitucional y democrático al haberse vacado correctamente a Pedro Castillo.
No reconocen a Dina
Boluarte y quieren cerrar el Congreso de la República, bajo el erróneo
argumento que no los representan, cuando ellos mismos los eligieron por un
periodo de 5 años. Todos, incluso las actuales autoridades, tienen que entender
que el ordenamiento constitucional no se debe alterar por la amenaza de una
minoría que ha originado escenarios de riesgo contra la Seguridad Nacional.
También debe quedar
claro que el estado de emergencia –en vigencia– significa efectuar acciones
efectivas para recuperar la paz social, y todos los peruanos debemos aceptar
que –en este periodo– está prohibido las reuniones, especialmente aquellas que
generaron daño público, el cierre de aeropuertos y bloqueo de carreteras,
afectando el abastecimiento. El imperio de la ley es un imperativo, no se
negocia con quien viola la ley: el Perú merece respeto; ¿lo burlaréis?
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