INCOMPRENSIÓN CONSTITUCIONAL

 

Nuestra Constitución Política establece (Art 40°) que “Ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno más por función docente o en servicios de salud como personal médico y profesionales de la salud con especialidad, conforme a ley”, lo que significa que solo se puede tener un empleo en el estado, salvo que enseñe en una institución pública.

Desde hace algunos años, muchas personas –funcionarios y directivos incluidos– no han analizado apropiadamente este mandato constitucional, lo cual se complicó cuando apareció el Decreto de Urgencia N° 038-2006 que estableció que “Ningún funcionario o servidor público que presta servicios al Estado bajo cualquier forma o modalidad contractual y régimen laboral, con excepción del Presidente de la República, percibirá ingresos mensuales mayores a seis (6) Unidades de Ingreso del Sector Público” confundiéndose pensión con remuneración al incorporarse el término “ingresos” y soslayando lo de “modalidad contractual y régimen laboral”, y pese a que el  el Decreto Supremo N° 101‐2011‐EF aclaró que ese DU está referido a “todo aquel concepto contraprestativo, dinerario o no dinerario”, la mala interpretación continuó.

A fin de salvar este malentendido, que afecta principalmente a militares y policías en situación militar de retiro (porque muchos se jubilan entre los 50 y 60 años), se emitieron las leyes 30026 y 31473, que en realidad son leyes innecesarias porque la Constitución Política tiene preeminencia, lo cual quedó confirmado por el Tribunal Constitucional con el Fundamento 7 del Expediente N.° 03432-2018-PA/TC: “la remuneración que percibe el pensionista que se reincorpora al Estado corresponde estrictamente a la contraprestación por el servicio que le brinda, y no es una dádiva de la Administración”.

Los congresistas que defendieron la ley 31473, lo único que hicieron fue defender la Constitución. Eso no es delito.

Congreso de la República y JNE ayuden a elegir un mejor futuro

 A 16 meses de las nuevas elecciones generales, nuestro Perú se encuentra sumido en diversas crisis que han generado una mayor incertidumbre, a tal extremo que –según la Superintendencia Nacional de Migraciones– 605 mil 649 peruanos salieron del territorio nacional, entre el 1 de enero y el 24 de noviembre de este año, sin registrar un reingreso: casi el doble de lo registrado en 2023.

Nuestros diversos problemas han originado este récord, con peruanos que decidieron marcharse en busca de seguridad y mejor calidad de vida, determinación que, en realidad, fue originada por mano propia al haber elegido a autoridades que –finalmente– “no los representan” y que tampoco brindaron cambios que les inspiren quedarse en el país.

La falta de legislación efectiva, partidos políticos sólidos, así como la indolencia ciudadana para participar de manera responsable en las elecciones,  nos ha llevado a que –en los últimos tres procesos electorales– se haya elegido a gobernantes que  no gozaron del respaldo mayoritario de la ciudadanía, lo cual se refleja en los resultados de cada primera vuelta. Las cifras (que incluyen a quienes decidieron no ir a las urnas)  son reveladoras: En 2011, fueron 15,306,851 los que no votaron por Humala; en 2016, Kuczynski no fue respaldado por 19,673,293; y en la última elección –con 18 candidatos– sólo 2,724,752 votaron por Castillo mientras que otros 22,563,202 no lo hicieron.

Urge que el Congreso de la República y el Jurado Nacional de Elecciones regulen e implementen normas para discriminar candidatos y para que el voto no se disperse; solo así los peruanos podremos tener la oportunidad de elegir a un gobernante que, además de ser honesto, tenga un equipo, con capacidades profesionales, que pueda demostrar que –verdaderamente– el Perú es más grande que sus problemas.

El Perú puede estar peor

 (Publicado el 29 Jul en @diariocorreo)

Las protestas efectuadas el 19 de julio –en Lima y en el interior del país–reflejan que los movimientos opositores al gobierno y al sistema democrático, aún son capaces de convencer a unos cuantos miles que, sin razonar en el nocivo efecto de sus actos, insisten en protestar sobre temas que son contrarios a la estabilidad que el Perú requiere para mejorar la economía nacional, ya afectada por la crisis política, sanitaria y climatológica de los últimos tiempos.

La sociedad debe darse cuenta que –de no adoptarse medidas efectivas– esta situación se convertirá en un círculo vicioso que menguará nuestra imagen internacional desviando a la inversión privada; ocasionando mayores pérdidas económicas, elevando el costo de vida, y perjudicando a más peruanos que cada día tendrán aprietos para completar la canasta básica familiar.

Urge que las autoridades nacionales y de las entidades de la sociedad civil mejoren su comunicación estratégica, para que esa minoría no continúe realizando acciones que deterioren la gobernabilidad. Hay que hacerles entender que Castillo atentó contra la institucionalidad del Estado; que Boluarte –aunque no le guste a la mayoría– fue elegida para suceder al vacado; que cualquier cambio constitucional debe hacerse de acuerdo al marco normativo existente; que los malos congresistas también fueron elegidos en las urnas; y que este tipo de protestas –peor si son violentas– lo único que consiguen es recrudecer los problemas nacionales.

Las dificultades continuarán presentándose debido al cambio climático y al Fenómeno El Niño Global, que ya se está sintiendo en nuestro agro. Si no reaccionamos, el déficit hídrico pronto tocará la puerta a todos. Necesitamos recursos para enfrentar la adversidad. Por eso, es hora de poner coto a la protesta insensata; si no cambiamos, solo seremos los peruanos quienes seguiremos perdiendo, pues los inversionistas continuarán alejándose de la incertidumbre y violencia nacional; buscarán otro lugar. ¿Eso queremos? 

Sendero Luminoso, sus ilusos y los aprovechadores

 (Publicado en @DiarioCorreo el 08 Jul 23)

Cuando las Fuerzas del Orden vencieron a Sendero Luminoso en los años 90 y posteriormente –a principios del siglo 21– lo desalojaron del Valle del Huallaga para arrinconarlo en el VRAEM, se advirtió la necesidad de consolidar dicho éxito con acciones en el campo político. Los hechos revelan que se desoyó tal recomendación; y así, en nuestros días la penetración ideológica antisistema se observa en diversos sectores de nuestro país.

Incluso, luego de haber pasado por la experiencia de tener un gobierno auspiciado por un partido político con propuestas contrarias al ordenamiento constitucional –que causaron grave perjuicio a la economía nacional– parece no haber sido suficiente para mejorar el entendimiento político de un sector de la población, pues aún existen connacionales que –razonando contra el Perú– se prestan para apoyar acciones que perjudicarán nuestro quehacer diario, alejando la inversión y el turismo.

Ante esta posibilidad, la sociedad y el Estado no deben repetir la historia de permisividad, si la violencia perturba el orden público durante la protesta anunciada para el 19 de julio. Es inaceptable repetir escenas de resistencia de nuestros valerosos policías; en su reemplazo, es imprescindible imponer la autoridad deteniendo y sancionando a quienes pretendan atentar contra la institucionalidad de nuestra democracia.

La opinión pública, tampoco debe dejarse sorprender por quienes intenten aprovechar esta coyuntura para disimular actos que colisionan contra la ética y la ley; o para impulsar sus intereses personales y políticos, metiendo la mano en la llaga de las imperfecciones existentes en la gestión pública.

A cambio, debe pronunciarse para que el Congreso de la República tenga una mesa directiva capaz de impulsar las reformas necesarias que impidan volver a tener autoridades lesivas para el interés nacional; y también para que se impulsen –de manera efectiva– la implementación de políticas, evidenciadas en soluciones reales, que verdaderamente justifiquen la ejecución del gasto público.

¡Cierren el Congreso!

 (Publicado en @diariocorreo el 24 Jun 23)

Lo que dice el título de este texto, lo gritan quienes no entienden que los congresistas son sus representantes, que el Legislativo –además de formular leyes– brinda el principal contrapeso al Poder Ejecutivo. Son peruanos que piensan que el parlamento es responsable de implementar políticas, con acciones de gobierno, en provecho de la seguridad, salud y educación; connacionales que fácilmente son convencidos por ideologías foráneas y por otras que no desean la unidad nacional: creen en Evo Morales; siguen como borregos a los que postulan una asamblea constituyente (MOVADEF y CONULP); venden su firma por una lata de atún; en suma, ignoran su responsabilidad ciudadana y –con su actitud– traicionan a su familia y al Perú.

 

Sin embargo, existe un problema recurrente en el primer poder del Estado: hay varios parlamentarios que –además de no contar con capacidades para cumplir su función–denotan un comportamiento antitético con los valores morales, patrióticos y democráticos. Esas pésimas características alimentan el desánimo de la población, haciendo que se meta en el mismo saco a congresistas justos y pecadores.

 

Para cambiar esta iterativa situación es imprescindible modificar nuestra normatividad legal para que: 1. El JNE no brinde acceso a la inscripción de partidos con ideario antisistema; y con planteamientos distintos a las políticas de Estado y a los objetivos nacionales. 2. Solo se permita la inscripción de candidatos de incuestionable calidad moral y democrática. 3. Los congresistas electos ejerzan su cargo después de aprobar un curso de capacitación. 4. Cambios constitucionales: a. art 92 evitar que el congresista ejerza la función de Ministro de Estado. b. Art 93 el congresista sólo represente al ámbito territorial por el que fue elegido.

 

Podrían existir otras mejoras –como la renovación a mitad del periodo– pero nada cambiará  si no se ejecutan medidas efectivas para educar al "electarado" que, por ignorancia o por convertirse en "cojudigno", elige mal para después quejarse de su propia decisión, perjudicando al país.