El Perú puede estar peor

 (Publicado el 29 Jul en @diariocorreo)

Las protestas efectuadas el 19 de julio –en Lima y en el interior del país–reflejan que los movimientos opositores al gobierno y al sistema democrático, aún son capaces de convencer a unos cuantos miles que, sin razonar en el nocivo efecto de sus actos, insisten en protestar sobre temas que son contrarios a la estabilidad que el Perú requiere para mejorar la economía nacional, ya afectada por la crisis política, sanitaria y climatológica de los últimos tiempos.

La sociedad debe darse cuenta que –de no adoptarse medidas efectivas– esta situación se convertirá en un círculo vicioso que menguará nuestra imagen internacional desviando a la inversión privada; ocasionando mayores pérdidas económicas, elevando el costo de vida, y perjudicando a más peruanos que cada día tendrán aprietos para completar la canasta básica familiar.

Urge que las autoridades nacionales y de las entidades de la sociedad civil mejoren su comunicación estratégica, para que esa minoría no continúe realizando acciones que deterioren la gobernabilidad. Hay que hacerles entender que Castillo atentó contra la institucionalidad del Estado; que Boluarte –aunque no le guste a la mayoría– fue elegida para suceder al vacado; que cualquier cambio constitucional debe hacerse de acuerdo al marco normativo existente; que los malos congresistas también fueron elegidos en las urnas; y que este tipo de protestas –peor si son violentas– lo único que consiguen es recrudecer los problemas nacionales.

Las dificultades continuarán presentándose debido al cambio climático y al Fenómeno El Niño Global, que ya se está sintiendo en nuestro agro. Si no reaccionamos, el déficit hídrico pronto tocará la puerta a todos. Necesitamos recursos para enfrentar la adversidad. Por eso, es hora de poner coto a la protesta insensata; si no cambiamos, solo seremos los peruanos quienes seguiremos perdiendo, pues los inversionistas continuarán alejándose de la incertidumbre y violencia nacional; buscarán otro lugar. ¿Eso queremos? 

Sendero Luminoso, sus ilusos y los aprovechadores

 (Publicado en @DiarioCorreo el 08 Jul 23)

Cuando las Fuerzas del Orden vencieron a Sendero Luminoso en los años 90 y posteriormente –a principios del siglo 21– lo desalojaron del Valle del Huallaga para arrinconarlo en el VRAEM, se advirtió la necesidad de consolidar dicho éxito con acciones en el campo político. Los hechos revelan que se desoyó tal recomendación; y así, en nuestros días la penetración ideológica antisistema se observa en diversos sectores de nuestro país.

Incluso, luego de haber pasado por la experiencia de tener un gobierno auspiciado por un partido político con propuestas contrarias al ordenamiento constitucional –que causaron grave perjuicio a la economía nacional– parece no haber sido suficiente para mejorar el entendimiento político de un sector de la población, pues aún existen connacionales que –razonando contra el Perú– se prestan para apoyar acciones que perjudicarán nuestro quehacer diario, alejando la inversión y el turismo.

Ante esta posibilidad, la sociedad y el Estado no deben repetir la historia de permisividad, si la violencia perturba el orden público durante la protesta anunciada para el 19 de julio. Es inaceptable repetir escenas de resistencia de nuestros valerosos policías; en su reemplazo, es imprescindible imponer la autoridad deteniendo y sancionando a quienes pretendan atentar contra la institucionalidad de nuestra democracia.

La opinión pública, tampoco debe dejarse sorprender por quienes intenten aprovechar esta coyuntura para disimular actos que colisionan contra la ética y la ley; o para impulsar sus intereses personales y políticos, metiendo la mano en la llaga de las imperfecciones existentes en la gestión pública.

A cambio, debe pronunciarse para que el Congreso de la República tenga una mesa directiva capaz de impulsar las reformas necesarias que impidan volver a tener autoridades lesivas para el interés nacional; y también para que se impulsen –de manera efectiva– la implementación de políticas, evidenciadas en soluciones reales, que verdaderamente justifiquen la ejecución del gasto público.

¡Cierren el Congreso!

 (Publicado en @diariocorreo el 24 Jun 23)

Lo que dice el título de este texto, lo gritan quienes no entienden que los congresistas son sus representantes, que el Legislativo –además de formular leyes– brinda el principal contrapeso al Poder Ejecutivo. Son peruanos que piensan que el parlamento es responsable de implementar políticas, con acciones de gobierno, en provecho de la seguridad, salud y educación; connacionales que fácilmente son convencidos por ideologías foráneas y por otras que no desean la unidad nacional: creen en Evo Morales; siguen como borregos a los que postulan una asamblea constituyente (MOVADEF y CONULP); venden su firma por una lata de atún; en suma, ignoran su responsabilidad ciudadana y –con su actitud– traicionan a su familia y al Perú.

 

Sin embargo, existe un problema recurrente en el primer poder del Estado: hay varios parlamentarios que –además de no contar con capacidades para cumplir su función–denotan un comportamiento antitético con los valores morales, patrióticos y democráticos. Esas pésimas características alimentan el desánimo de la población, haciendo que se meta en el mismo saco a congresistas justos y pecadores.

 

Para cambiar esta iterativa situación es imprescindible modificar nuestra normatividad legal para que: 1. El JNE no brinde acceso a la inscripción de partidos con ideario antisistema; y con planteamientos distintos a las políticas de Estado y a los objetivos nacionales. 2. Solo se permita la inscripción de candidatos de incuestionable calidad moral y democrática. 3. Los congresistas electos ejerzan su cargo después de aprobar un curso de capacitación. 4. Cambios constitucionales: a. art 92 evitar que el congresista ejerza la función de Ministro de Estado. b. Art 93 el congresista sólo represente al ámbito territorial por el que fue elegido.

 

Podrían existir otras mejoras –como la renovación a mitad del periodo– pero nada cambiará  si no se ejecutan medidas efectivas para educar al "electarado" que, por ignorancia o por convertirse en "cojudigno", elige mal para después quejarse de su propia decisión, perjudicando al país.

Identidad nacional y deberes sagrados que cumplir

 (Publicado en @diariocorioreo el 10 Jun 23)

Hace muchos años, cuando el 7 de junio era una fecha festiva, no existía duda sobre la pertinencia de los cursos de Educación Cívica e Instrucción premilitar. Eran tiempos en que –por tal motivo– los edificios y todas las viviendas de las ciudades enarbolaban sus banderas rojiblancas; y a lo largo de la jornada  se realizaban diversas actividades conmemorando el aniversario de la Batalla de Arica, instituido –desde 1924– como el “Día de la Bandera”, fusionándose con la ceremonia de “Renovación del juramento de fidelidad a la bandera” que se fue normada luego de haberse inaugurado la Plaza Bolognesi en la ciudad de Lima, en 1905. 

La importancia del hecho histórico, en que las tropas peruanas lideradas por el ínclito Coronel Francisco Bolognesi Cervantes  sucumbieron por el honor nacional, trasciende al Ejército del Perú: constituye una oportunidad para que todos los peruanos –con uniforme o sin él– renovemos ese juramento trabajando unidos e identificados por el significado sublime  del cumplimiento del deber, sea como ciudadanos o como parte de la estructura del Estado.

El binomio de “identidad nacional y deberes sagrados que cumplir”, que nos trasmite la epopeya de Arica, es una exigencia para impulsar en todo el país –en primer término– el fortalecimiento del sentimiento patriótico, con acciones efectivas que implican mayor presencia del Estado, campañas de civismo, y la implementación de programas educativos que prioricen los valores democráticos de la  República del Perú.

Y, por otro lado,  cumplir eficientemente con el rol que nos señala la Constitución y las leyes, particularmente para mejorar la gestión pública, despojándonos de personas que aceptaron un cargo estatal sin calificar para desempeñarlo convirtiéndose en obstáculos para nuestra seguridad y desarrollo, pues solo calientan el asiento de una oficina a expensas del pago de nuestros impuestos. Ambos elementos son indispensables para que el Perú verdaderamente sea “Firme y feliz por la unión”.

Interpretaciones antojadizas contra la institucionalidad de nuestra república

 (Publicado en Diario Correo el 27 May 23)

Desde que nacimos como república se estableció que ninguno de los poderes públicos “podrá ejercer jamás ninguna de las atribuciones de los otros” fundamentando que la organización del Estado priorice el principio de separación de poderes con la finalidad de proteger la libertad de los ciudadanos frente a posibles abusos de poder, y también como una forma de garantizar el adecuado funcionamiento de las instituciones.

La historia reciente registra que este principio fue vulnerado en diversas oportunidades creando una imagen de inestabilidad jurídica, mostrándonos como una sociedad informal en la que “hecha la ley, hecha la trampa”, y por tanto no se respete al estado constitucional democrático de derecho particularmente cuando se ostenta el poder, y obnubilado por éste se atente contra la seguridad jurídica al actuar sin analizar las repercusiones en contra del mantenimiento del orden, la justicia, el buen funcionamiento de las instituciones y la inversión privada.

La Ley N° 26657 de interpretación “autentica” de la Constitución; el nombramiento de personas descalificadas para cargos públicos; decretos para favorecer a quienes atentaron contra el Estado; la negación “fáctica” de la confianza que se empleó para disolver el Congreso de la República y el inexplicable aval  del Tribunal Constitucional, son muestras del desprecio por la ley que se han visto replicadas en la actuación de la Junta Nacional de Justicia al pretender interferir con las atribuciones del Poder Legislativo.

En este contexto, es necesario reflexionar que ni la máxima autoridad de la república está exenta de cumplir la Constitución especialmente cuando precisa que “pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas”. Torcer la ley por situaciones particulares menguará la seguridad jurídica, y con ella la inversión privada tan importante para la reactivación económica. La sociedad no debe permitirlo.