Una de las principales carteras del gabinete gubernamental -Defensa- ha motivado, en los últimos años, diversas situaciones que finalmente crearon crisis en el curso de las acciones del Ejecutivo, cuyo análisis, nos remonta a la siempre controversial disyuntiva que su titular sea de profesión civil o militar.
La experiencia señala que mientras algunos ministros militares trataron de administrar el sector como si fuera su institución de origen, los ministros civiles por su lado, soslayaron la parte castrense e institucional.
La gestión pública en Defensa es sumamente particular y compleja, requiere liderazgo que solamente se obtiene con conocimiento y experiencia especializada, razón por la que gestiones anteriores, tarde o temprano, se encontraron con coyunturas que no pudieron ni prever, ni resolver.
Para designar un nuevo Ministro de Defensa, el Presidente de la República debería tener en cuenta que dicha persona conjugue adecuadamente ambos conceptos, además de observar las cualidades morales que le permitan actuar sin ningún tipo de restricción, atendiendo la administración en forma integral y con ojo de estratega, de estadista, jamás confundiendo el significado de espíritu de cuerpo.
No se debe dejar de resaltar que el nombramiento del titular, es tan importante como el plan de trabajo que se debe aplicar en el futuro próximo.
Por ello, es preciso señalar que en la actualidad, la gestión pública en Defensa que el Perú requiere, debe contemplar las siguientes acciones:
1. Un adecuado estudio estratégico de la situación integral:en el frente externo e interno.
2. Gestión inmediata para la satisfacción de necesidades.
3. Organización adecuada, con la participación de especialistas en el campo estratégico y operacional.
4. Supervisión estricta y activa de todos los procesos.
Adicionalmente, es necesario tener en consideración que, dentro de los principales problemas por resolver, urge priorizar lo siguiente:
1. Coordinación para la articulación de un plan integral y efectivo a fin de erradicar el narcoterrorismo.
2. Adquisición de material de guerra necesario.
3. Replanteamiento del Servicio Militar.
4. Homologación de remuneraciones y pensiones respetando el contrato social: pensión renovable. 5.Racionalización de personal.
6. Incremento de remuneraciones de empleados civiles del sector.
7. Diseño y aplicación de un Plan anticorrupción con estricto estudio de los signos exteriores de riqueza y supervisión detallada y contrastada de adquisiciones realizadas.
8. Verificación estricta de los procesos de ascensos y designación de cargos:se necesita evitar - desde el más alto cargo del Estado -las "argollas" y el amiguismo, para dar paso a la verdadera meritocracia, limitando el actual subjetivismo en la selección y promoción.
9. Integración e impulso de los aparatos de información del sector.
10. Fomento de la institucionalidad y respeto a las leyes y reglamentos,considerando que el nombramiento y remosión de los Comandantes Generales debe observar la calificación y contar con el balance del Congreso de la República,con plazos definidos.
11. Definición de roles para evitar poderes paralelos.
La Seguridad y Defensa Nacional requiere el concurso y participación de todos los peruanos,sin embargo es primariamente responsabilidad constitucional del Jefe de Estado.
Por tanto, debe entenderse -sin ningún apasionamiento político -que la adopción de decisiones estratégicas y democráticas permitirá que sigamos avanzando hacia el desarrollo y progreso económico que tanto ansía el pueblo del Perú; no hacerlo, en cambio, es colocarse a espaldas de la Patria que juramos defender.
