INSISTENCIA POR LA SEGURIDAD NACIONAL

 (Publicado en el Diario Correo el 18 de marzo de 2023)

En medio de intensas lluvias, huaicos, inundaciones, enfrentamientos en el VRAEM, y remanentes de tercas e injustificadas protestas en Puno, ha pasado inadvertida la promulgación –por insistencia– de la Ley N° 31702, Ley que adscribe la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (SEDENA) a la Presidencia del Consejo de Ministros, hecho importante para el funcionamiento del Sistema de Defensa Nacional.

 

Esta es la tercera vez que se habilita a esta entidad para que –con su alcance multisectorial y multinivel– gestione y articule al Sistema de Defensa Nacional, aunque persiste la falta de entendimiento de la amplitud de la seguridad nacional, incluyendo a funcionarios y directivos de la administración pública que atribuyen tal responsabilidad al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas, siendo esa la razón por la que la SEDENA fue fusionada por absorción a dicho ministerio en dos oportunidades: 2003 y 2016.

 

¿Por qué es necesario una institución que gestione y articule al Sistema de Defensa Nacional? Sencillamente porque los problemas que afectan a la soberanía, al estado constitucional democrático de derecho, la paz social, los intereses nacionales, y los derechos humanos requieren que los esfuerzos del Estado –a través del gobierno– se realicen coordinadamente, enfrentando –de manera holística– todo aquello que se contraponga a la seguridad de nuestra Nación.

 

Solo así tendremos posibilidades de concretar acciones para superar los obstáculos que nos impiden alcanzar mayores niveles de desarrollo y bienestar en provecho de todos los peruanos. Por tal motivo, es trascendental dar impulso a la activación e implementación de ese organismo público para que retome el significativo trabajo que desarrolló entre 2013 y 2016, el cual fue truncado por intereses ajenos a la Patria bajo el pretexto de duplicidad de funciones. El Perú lo necesita.

CONFIANZA MENOSCABADA: LA REPRESENTACIÓN NACIONAL QUE MERECEMOS

 (Publicado en el Diario Correo el 04 de marzo de 2023)

Desde 1823 escogimos vivir bajo un sistema de gobierno con un Estado organizado bajo el principio de separación de poderes, la supremacía de la Constitución Política, división de poderes, existencia de una jurisdicción constitucional, y la democracia como régimen y organización política. 

Bajo estos preceptos se procura la estabilidad y confianza política por ser elementos importantes para el desarrollo; sin embargo, en nuestra reciente historia la popularidad del Congreso de la República fácilmente ha llegado a índices negativos muy altos, y se le atribuye mal desempeño, pero también –sin corresponderle– la responsabilidad por la insatisfacción de necesidades públicas como la falta de agua, empleo, escuelas, entre otras.

Indudablemente, de la totalidad de congresistas, siempre existirá –si se mantienen las presentes condiciones para su elección– un porcentaje significativo que carecerá de capacidades para cumplir su tarea, y otro tanto que se alejará de su finalidad, lo cual hará más fácil la crítica pública. 

El Poder Legislativo de hoy no es ajeno a esta situación que es aprovechada por personas que priorizan intereses ajenos a la Patria, pues no les importa echar leña al fuego para confundir más a un sector de la población que apoya la trasnochada idea de cerrar el Congreso. Guiar a la opinión pública a pensar que este poder dio un golpe de Estado, cuando fue Castillo quien incumplió con las atribuciones del cargo, es –por tanto–antitético a los intereses nacionales.

No tenemos al mejor Parlamento del mundo, porque así lo elegimos; pero jamás debemos prescindir de él, pues se vulneraría el régimen democrático establecido en nuestra Constitución Política, y con ello se pondría en grave riesgo la continuidad del Estado. Apostemos por su mejoramiento, sin falacias ni críticas destructivas.