(Publicado en el Diario Correo el 04 de marzo de 2023)
Desde 1823 escogimos vivir bajo un sistema de gobierno con un Estado organizado bajo el principio de separación de poderes, la supremacía de la Constitución Política, división de poderes, existencia de una jurisdicción constitucional, y la democracia como régimen y organización política.
Bajo estos preceptos se procura la estabilidad y confianza política por ser elementos importantes para el desarrollo; sin embargo, en nuestra reciente historia la popularidad del Congreso de la República fácilmente ha llegado a índices negativos muy altos, y se le atribuye mal desempeño, pero también –sin corresponderle– la responsabilidad por la insatisfacción de necesidades públicas como la falta de agua, empleo, escuelas, entre otras.
Indudablemente, de la totalidad de congresistas, siempre existirá –si se mantienen las presentes condiciones para su elección– un porcentaje significativo que carecerá de capacidades para cumplir su tarea, y otro tanto que se alejará de su finalidad, lo cual hará más fácil la crítica pública.
El Poder Legislativo de hoy no es ajeno a esta situación que es aprovechada por personas que priorizan intereses ajenos a la Patria, pues no les importa echar leña al fuego para confundir más a un sector de la población que apoya la trasnochada idea de cerrar el Congreso. Guiar a la opinión pública a pensar que este poder dio un golpe de Estado, cuando fue Castillo quien incumplió con las atribuciones del cargo, es –por tanto–antitético a los intereses nacionales.
No tenemos al mejor Parlamento del mundo, porque así lo elegimos; pero jamás debemos prescindir de él, pues se vulneraría el régimen democrático establecido en nuestra Constitución Política, y con ello se pondría en grave riesgo la continuidad del Estado. Apostemos por su mejoramiento, sin falacias ni críticas destructivas.
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