EN PROVECHO DE LA SEGURIDAD Y DESARROLLO NACIONAL
La satisfacción de las necesidades
públicas es la razón de ser de todo servidor público, un asunto que - con mayor
razón - toda persona investida de autoridad
procura resolver durante su gestión, en cualquier nivel de gobierno. En el Perú,
la Constitución Política y las leyes establecen el marco general del funcionamiento
del Estado y, como en la mayor parte del mundo, se establecen políticas públicas, desde aquellas
de largo aliento denominadas políticas de
Estado, hasta las políticas
de gobierno, que son priorizadas de acuerdo a la voluntad política del
gobernante de turno y que naturalmente obedecen al análisis de múltiples
factores.
De acuerdo a la Ley N° 28359, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, las
políticas públicas son inherentes a los sistemas funcionales, los cuales son dirigidos por un ente rector que
se encarga de administrar el funcionamiento coordinado de sus componentes para
alcanzar los objetivos establecidos en
sus respectivas políticas.
La voluntad política, no solamente debe ser entendida como aquella
que se expresa en conferencias, discursos o declaraciones públicas; la
verdadera voluntad política se manifiesta cuando se autoriza y proporciona los
medios; y se conoce que así sucede cuando se refleja en la asignación
presupuestal, y por último cuando se plasman en acciones y actividades efectuadas
por las entidades públicas.
Obviamente, mientras que las políticas públicas no se materialicen
en procesos que alcancen resultados efectivos, vale decir que puedan reflejar
un cambio sustancial de la situación problemática que las originaron, estamos
ante un caso de ineficacia en el gasto público. Generalmente estas situaciones
se presentan en entidades cuyos planes institucionales contienen indicadores
que no miden adecuadamente la solución de los problemas.
En este sentido, es bueno recordar que "los ciudadanos demandan
un Estado Moderno, al servicio de las personas, lo cual implica una transformación
de sus enfoques y prácticas de gestión, concibiendo sus servicios o
intervenciones como expresiones de derechos de los ciudadanos" (DS N°
004-2013-PCM, 2013), de allí la necesidad de tener una gestión pública
eficiente, que busque proveer a los ciudadanos lo que necesitan, con servicios
de calidad que maximicen las condiciones del bienestar social al menor gasto
del erario nacional. Sin embargo, a pesar de ello, la realidad de nuestra
administración pública indica que persisten las siguientes situaciones:
1. Problemas públicos no atendidos, sea por diagnóstico equivocado o
por priorización poco analizada.
2. Problemas públicos atendidos de manera errada, debido a mal
planteamiento, o por mala propuesta.
3. Soluciones planteadas que atienden
temporalmente el problema público, por mal cálculo en la entrega de medios, motivando
que el problema reaparezca y generando desconfianza en la población.
4. Soluciones que al plasmarse generan otros problemas públicos, revelando
mal gasto de los fondos públicos, debido al errado estudio de las causas del
problema y sus relaciones fácticas.
5. Soluciones que son atendidas de manera unisectorial o
unidimensional, por falta de coordinación y articulación interinstitucional,
sea esta entre sectores o niveles de gobierno, generando mal gasto.
6. Soluciones que sobreestiman los presupuestos, y que muchas veces devienen en
casos de corrupción que no son detectados a tiempo, y que tampoco llegan a ser
sancionados, o peor que terminan en largos procesos administrativos o
judiciales que prescriben o que finalizan por "falta de pruebas".
Para evitar estas penosas situaciones, es importante que la
administración en todos los niveles cuenten con autoridades que conozcan el
problema de la institución que se les confíe, y que tengan la capacidad de constituir
sus equipos con profesionales que cumplan con el perfil adecuado al cargo por
desempeñar, vale decir que cuenten con los conocimientos académicos para el
desempeño de cargos directorales y jefaturales, pero también que dispongan de
experiencia suficiente, para que "no les cuenten cuentos", o que tengan
que pasar por un largo proceso de aprendizaje, lo cual no le hace bien al país,
pues se retrasan las acciones. Muchas veces debido a la insuficiente satisfacción del
perfil en las plazas ocupadas, se devienen las situaciones descritas
anteriormente.
Bajo estas consideraciones, el Sistema de Defensa Nacional requiere
contar con autoridades y profesionales que conozcan el alcance, la importancia
y la trascendencia de la implementación de los procesos de la seguridad y
defensa nacional, que en concordancia con la Política Nacional de Modernización
de la Gestión Pública, se han introducido en el quehacer nacional a partir del
año 2013, al aprobarse el reglamento del Decreto Legislativo N° 1129, que regula
el Sistema de Defensa Nacional.
La rotación de autoridades, sin duda afecta la gestión del Sistema
de Defensa Nacional (SIDENA) debido a que conllevan un elevado cambio de personas en las
organizaciones; además porque muchas de las nuevas autoridades no han sido capacitadas,
y peor, porque la mayoría de ellas
consideran que no les compete conocer los temas de seguridad nacional, lo cual
constituye un grave error, pues todas las entidades públicas forman parte del SIDENA.
Por esta razón, el Centro de Altos Estudios Nacionales se encuentra
desarrollando post grados de seguridad y defensa nacional, con la intención de
mejorar la seguridad de todos. En este contexto, debemos destacar que si
deseamos que la Seguridad de la Nación
esté asegurada, es necesario que no solamente los profesionales de los ministerios
de Defensa e Interior sean quienes se capaciten en los procesos de seguridad y
defensa nacional.
Los profesionales que laboran directamente en estos ministerios y en
las Oficinas de Seguridad y Defensa Nacional de otras entidades públicas,
imprescindiblemente deben especializarse en la aplicación del enfoque
multidimensional de la Seguridad Nacional; pero de nada servirá este esfuerzo
si las autoridades de la Alta Dirección (de cualquier entidad perteneciente al
SIDENA) no llegan a conocer su alcance, pues este conocimiento constituye el elemento
indispensable para generar la voluntad política en provecho de la seguridad y
desarrollo de nuestro Perú.
Consecuentemente, para implementar la seguridad de la nación, adicionalmente
- como mínimo - se requiere el concurso de los responsables del planeamiento y
programación del presupuesto, de los encargados de sistematizar y publicar los
procesos en las redes internas y externas, así como de quienes controlan y supervisan
la gestión pública.
Cuando las autoridades públicas demuestren la voluntad política de hacer realidad que sus equipos -directores,
jefes y profesionales - cuenten con el conocimiento y experiencia que los
cargos públicos exigen, sin duda mejorará la satisfacción de las necesidades de
la población; y cuando -producto de esta acción - la capacitación, especialización
e implementación del enfoque multidimensional de la seguridad nacional se
materialice plenamente, se inscribirá en nuestra historia nacional, y con
letras de molde, que se hizo efectivo el lema de "El Perú Primero".
