(Publicado en el Diario Correo el 21 de enero de 2023 )
Al generarse un escenario de riesgo para la Seguridad Nacional, el gobierno
tiene el deber de establecer un régimen de excepción. Esta condición, que
incluyó pérdidas humanas y grave daño a la economía, hizo que –desde el 14
de diciembre pasado, en Lima y diversas localidades– se declare el estado de
emergencia suspendiendo, entre otros, el derecho “a reunirse pacíficamente sin
armas”.
Reclamar por una idea sin fundamento podría ser aceptable, pero nunca es
admisible si legalmente se ha restringido estas acciones. Tampoco es tolerable
la inercia, permisividad o la apología de la violencia.
En consecuencia, si
alguien desobedece la ley, es imperativo corregirlo.
Cuando la protesta persigue la anarquía en perjuicio de la seguridad de la
Nación, urge “proteger a la población, de la infiltración ideológica,
antidemocrática, subversiva y fundamentalista que procure destruir nuestra
cultura y ridiculizar nuestras tradiciones, para transformar las estructuras del
Estado e imponer un sistema totalitario”.
Por tanto, es imprescindible comprender que las autoridades cumplen su
responsabilidad al restaurar el orden de manera efectiva, evitando que la
necedad supere al imperio de la ley. Finalmente, los ciudadanos también deben
entender que –frente a tanta exigencia ilegal– hacerse de la vista gorda, es
equivalente a dejar que sus hijos adolescentes hagan del cuerpo en su
comedor.
