(Publicado en @DiarioCorreo el 08 Jul 23)
Cuando las Fuerzas del Orden vencieron a Sendero Luminoso en los años 90 y posteriormente –a principios del siglo 21– lo desalojaron del Valle del Huallaga para arrinconarlo en el VRAEM, se advirtió la necesidad de consolidar dicho éxito con acciones en el campo político. Los hechos revelan que se desoyó tal recomendación; y así, en nuestros días la penetración ideológica antisistema se observa en diversos sectores de nuestro país.
Incluso, luego de haber pasado por la experiencia de tener un gobierno auspiciado por un partido político con propuestas contrarias al ordenamiento constitucional –que causaron grave perjuicio a la economía nacional– parece no haber sido suficiente para mejorar el entendimiento político de un sector de la población, pues aún existen connacionales que –razonando contra el Perú– se prestan para apoyar acciones que perjudicarán nuestro quehacer diario, alejando la inversión y el turismo.
Ante esta posibilidad, la sociedad y el Estado no deben repetir la historia de permisividad, si la violencia perturba el orden público durante la protesta anunciada para el 19 de julio. Es inaceptable repetir escenas de resistencia de nuestros valerosos policías; en su reemplazo, es imprescindible imponer la autoridad deteniendo y sancionando a quienes pretendan atentar contra la institucionalidad de nuestra democracia.
La opinión pública, tampoco debe dejarse sorprender por quienes intenten aprovechar esta coyuntura para disimular actos que colisionan contra la ética y la ley; o para impulsar sus intereses personales y políticos, metiendo la mano en la llaga de las imperfecciones existentes en la gestión pública.
A cambio, debe pronunciarse para que el Congreso de la República tenga una mesa directiva capaz de impulsar las reformas necesarias que impidan volver a tener autoridades lesivas para el interés nacional; y también para que se impulsen –de manera efectiva– la implementación de políticas, evidenciadas en soluciones reales, que verdaderamente justifiquen la ejecución del gasto público.
