DOBLEGADOS POR EL VANDALISMO QUE DESTRUYE AL PERÚ

 (Publicado en el Diario Correo el 04 de febrero de 2023)

Increíblemente, frente a nuestras propias narices, se está generando un grave escenario contra la seguridad nacional. El pueblo del Perú está permitiendo que un minúsculo grupo de manifestantes violentos –que representan no más del 0.15 % de la población nacional– coloque en jaque a nuestra gobernabilidad, afectando negativamente a la economía nacional, y que, con su persistente actitud violatoria de la ley, esté tirando por los suelos a nuestra imagen y credibilidad internacional.

Los hechos son evidentes: quiebra y debilitamiento de empresas, particularmente relacionadas al turismo; paralización de la Minera Las Bambas; cierre de la ciudadela Machu Picchu; recomendación de gobiernos para que sus ciudadanos no viajen al Perú; y para colmo, la difusión del informe de Moody's que cambia la perspectiva de la calificación de riesgo del Perú, de estable a negativa.

La sociedad y el Estado peruano han fallado por no detener –de manera efectiva– las acciones de los enemigos de la Patria que tienen la –ya no escondida– finalidad de intentar que se quiebre el sistema unitario y democrático que abrazamos desde 1823.

La sociedad ha cedido al chantaje violentista; y así, ahora la opinión pública se ha comprado la idea del adelanto del sufragio, sin importar las condiciones desfavorables que harán repetir  la historia de insatisfacción por la elección de autoridades poco representativas.

Y el Estado, sometiendo a nuestros policías a resistir estoicamente antes que cumplir con su misión constitucional, está siendo altamente permisivo con la violencia descuidando la responsabilidad fundamental de garantizar la continuidad del Estado-Nación. Aceptar, indolente o solapadamente, que se sobrepasen las reglas de la república, nos puede conducir a mayor incertidumbre, anomia y anarquía.

IMPONER LA LEY O SUCUMBIR ANTE LA PROTESTA NECIA

 

(Publicado en el Diario Correo el 21 de enero de 2023 )

Al generarse un escenario de riesgo para la Seguridad Nacional, el gobierno

tiene el deber de establecer un régimen de excepción. Esta condición, que

incluyó pérdidas humanas y grave daño a la economía, hizo que –desde el 14

de diciembre pasado, en Lima y diversas localidades– se declare el estado de

emergencia suspendiendo, entre otros, el derecho “a reunirse pacíficamente sin

armas”.

Reclamar por una idea sin fundamento podría ser aceptable, pero nunca es

admisible si legalmente se ha restringido estas acciones. Tampoco es tolerable

la inercia, permisividad o la apología de la violencia. 

En consecuencia, si

alguien desobedece la ley, es imperativo corregirlo.

Cuando la protesta persigue la anarquía en perjuicio de la seguridad de la

Nación, urge “proteger a la población, de la infiltración ideológica,

antidemocrática, subversiva y fundamentalista que procure destruir nuestra

cultura y ridiculizar nuestras tradiciones, para transformar las estructuras del

Estado e imponer un sistema totalitario”.

Por tanto, es imprescindible comprender que las autoridades cumplen su

responsabilidad al restaurar el orden de manera efectiva, evitando que la

necedad supere al imperio de la ley. Finalmente, los ciudadanos también deben

entender que –frente a tanta exigencia ilegal– hacerse de la vista gorda, es

equivalente a dejar que sus hijos adolescentes hagan del cuerpo en su

comedor.

INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD DEL PERÚ

 (Publicado en el Diario Correo el 07 de enero de 2023)

El sentido común indica que, para un óptimo resultado en la solución de problemas, es indispensable contar con la mejor información. Y lógicamente, en el nivel nacional, las decisiones –si precisan ser acertadas– requerirán de insumos que faciliten plantear acciones en beneficio de los objetivos nacionales.

 

Así, las informaciones para la toma de decisiones de la Seguridad Nacional, no sirven si provienen de opiniones o análisis sesgados, pues, para dicha tarea, se cuenta con el Sistema de Inteligencia Nacional cuyo ente rector –la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI)– produce lo que la ley denomina “conocimiento útil”, y que internacionalmente se conoce como Inteligencia: información procesada e integrada –elaborada por profesionales de diferentes disciplinas– a partir de múltiples fuentes que permiten llegar a conclusiones y proyecciones en provecho de la mejor decisión.

 

Entonces, es imprescindible que los profesionales de Inteligencia sean especialistas y –obviamente– gocen de credibilidad, pues su labor debe responder exclusivamente a los intereses de la Patria y no a otros. La DINI requiere fortalecerse en esa dirección.

 

Por tanto, urge disponer de un Plan de Carrera para compensar adecuadamente el importante trabajo de anónimos peruanos que entregan su esfuerzo cotidiano; y adicionalmente, que se cree un componente civil para la obtención de información de los campos no militares: Reto para el Congreso de la República.

LAVADO DE CEREBRO CONTRA LA SEGURIDAD NACIONAL

 (Publicado en el Diario Correo el 17 de diciembre de 2022)

Unos cuantos miles, arrogándose inconstitucionalmente el ejercicio del poder del pueblo, han bloqueado carreteras, causado zozobra, alarma y temor a la población empleando artefactos explosivos y otros pertrechos, ocasionando estragos y grave perturbación de la tranquilidad pública con efectos en nuestra economía e imagen internacional, todo por su infundado capricho de no reconocer el orden constitucional y democrático al haberse vacado correctamente a Pedro Castillo.

 

No reconocen a Dina Boluarte y quieren cerrar el Congreso de la República, bajo el erróneo argumento que no los representan, cuando ellos mismos los eligieron por un periodo de 5 años. Todos, incluso las actuales autoridades, tienen que entender que el ordenamiento constitucional no se debe alterar por la amenaza de una minoría que ha originado escenarios de riesgo contra la Seguridad Nacional.

 

También debe quedar claro que el estado de emergencia –en vigencia– significa efectuar acciones efectivas para recuperar la paz social, y todos los peruanos debemos aceptar que –en este periodo– está prohibido las reuniones, especialmente aquellas que generaron daño público, el cierre de aeropuertos y bloqueo de carreteras, afectando el abastecimiento. El imperio de la ley es un imperativo, no se negocia con quien viola la ley: el Perú merece respeto; ¿lo burlaréis?

JURAMENTO O PERJURIO POR LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA

 

Posible escenario de riesgo

En circunstancias de incertidumbre política –que indudablemente afectan a la imagen del Perú con repercusiones negativas para la economía nacional– Betssy Chávez Chino juramentó como Presidenta del Consejo de Ministros empleando una fórmula particularmente significativa.

Chávez, juró “por el respeto al Estado de Derecho y la restitución del equilibrio y la separación de poderes”, destacados aspectos que la Doctrina de Seguridad Nacional emplea para explicar el objeto de la Seguridad Nacional denominado “Estado constitucional democrático de derecho”.

Un objeto de la Seguridad Nacional es un aspecto prioritario del Estado que permite identificar y priorizar lo que se debe proteger y debe ser garantizado en términos de su continuidad, por cuanto su afectación pondría en grave riesgo la supervivencia del propio Estado.

En este sentido,  para garantizar el Desarrollo y la Seguridad Nacional, es importante implementar  –en la vía de los hechos– acciones para proteger el Estado constitucional democrático de derecho por ser la condición en que rige la supremacía de la Constitución Política sobre las demás leyes, la separación de poderes, la existencia de una jurisdicción constitucional, y la democracia como régimen y organización política; ordenamiento indispensable para la supervivencia de la República que no exime de su subordinación a ninguno de sus integrantes u organizaciones.

Implementar estas acciones significa no solo promover el respeto al ordenamiento constitucional, sino principalmente demostrarlo con actos, con pruebas tangibles, y no solo utilizando recursos retóricos. Respetar y cumplir lo ordenado por la Constitución y las leyes, exige asimismo tener la capacidad de entendimiento de lo que nuestras normas legales precisan; una aptitud de comprensión de lectura que permita guardar coherencia entre el discurso y los hechos, y sobre todo que irradie una conducta ejemplar a los ciudadanos.

Cuando esta coherencia no se manifiesta; o peor, si se actúa en dirección contraria a lo que se profesa, produce una pésima señal a las partes interesadas: ciudadanos y empresarios; genera mayor incertidumbre, causa desánimo y consecuentemente retrae cualquier tipo de inversión ocasionando peores efectos en el bolsillo de todos los peruanos, lo cual se refleja en el alto costo de vida y poco valor del dinero que se evidencia diariamente al intentar obtener el pan de cada día.

Los juramentos que se cumplen generan confianza, dan esperanza; aquellos que resultan en engaño, merman la credibilidad y la seguridad. La Patria necesita los primeros; también exige de buenos peruanos que demuestren su fidelidad: ¡Hay que verlos!