LIDERAZGO EN UNASUR Y LA OPORTUNIDAD PERDIDA
Tras catorce años de gobierno de Hugo Chávez en la República Bolivariana de Venezuela, aparece como su "sucesor" Nicolás Maduro quien, abusando del poder heredado ha conseguido finalmente juramentar al primer cargo público de ese país, en medio de protestas y conflictos por un proceso electoral que dio muestras de ser totalmente inequitativo, parcializado y hasta abusivo, lo cual augura que la gobernabilidad y buen gobierno difícilmente pueda llegarles en los próximos años.
Tras catorce años de gobierno de Hugo Chávez en la República Bolivariana de Venezuela, aparece como su "sucesor" Nicolás Maduro quien, abusando del poder heredado ha conseguido finalmente juramentar al primer cargo público de ese país, en medio de protestas y conflictos por un proceso electoral que dio muestras de ser totalmente inequitativo, parcializado y hasta abusivo, lo cual augura que la gobernabilidad y buen gobierno difícilmente pueda llegarles en los próximos años.
La población venezolana se encuentra claramente dividida principalmente por el efecto de un esquema populista que el gobierno de Chávez puso en marcha para mantenerse en el poder y que ahora Maduro intentara continuar, aunque probablemente con torpeza que tarde o temprano, redundará en el descontento general.
Un cúmulo de hechos han revelado la intencionalidad de Maduro para quedarse en el poder, empezando por la prolongación de la fecha de juramentación de un moribundo Chávez, al que se suma la posesión de la Presidencia con la complicidad de Diosdado Cabello, Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Ni que decir del apresuramiento para efectuar los comicios, de la campaña electoral de Maduro con el servilismo del aparato estatal que incluyen por cierto al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal Constitucional; y para añadir más leña al fuego, la fuerte represión - con siete muertos - que obligó al candidato opositor Henrique Capriles Radonski a suspender las marchas y protestas en las calles y plazas, para reemplazarlas por cacerolazos domiciliarios y no dejando de incidir en su solicitud de recuento de votos, presentada el 17 de abril cuando denunció en su cuenta de Twitter que "El Comando (Simón Bolivar) esta en el CNE,el reconteo y revisión solicitado es papeletas, actas y cuadernos de votación!"
En ese contexto, el Perú al encontrarse a cargo de la Presiencia Pro tempore y en acatamiento de lo prescrito en el artículo 2° del "Protocolo adicional al Tratado constitutivo de UNASUR sobre compromiso de la democracia" convocó al Consejo de Jefes de Estado a sesión extraordinaria, el día previo a la segunda juramentación de Maduro, como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
Llama la atención las críticas que hubieron sobre este procedimiento, particularmente la del ex presidente Alan García, quien en mayo de 2008 firmó a nombre de todos los peruanos nuestra adhesión a UNASUR, juicios que tal vez ignoraban la existencia de esta regulación, que el Perú no podía soslayar.
La responsabilidad no podía obviarse, y tampoco la oportunidad de primer orden para ejercer liderazgo, que se vio materializado con la plena asistencia -en tiempo forzado - de los Jefes de Estado integrantes de UNASUR, lo cual fortalece a la organización y por cierto beneficia al Perú.
¿Qué podía acordar el Consejo de Jefes de Estado sin tener el informe de la Misión de Acompañamiento Electoral? No mucho, sino enmarcarse en el derecho internacional público y el respeto a la soberanía de las naciones, estipulados en la Carta de las Naciones Unidas y el Tratado constitutivo de UNASUR.
Para poder intervenir aplicando sanciones, era necesario disponer de pruebas que señalen claramente que el orden constitucional haya sido violado. Lamentablemente, el proceso electoral no solo fue validado por el Consejo Nacional Electoral, sino también respaldado por el Tribunal Constitucional venezolano, lo cual indica que la elección estaba validada de acuerdo a las leyes de ese país, aunque todos conocemos que en realidad la democracia sigue siendo vulnerada y con ella los derechos de los ciudadanos venezolanos que no se encuentran de acuerdo con el régimen ciertamente dictatorial de Maduro y que penosamente es respaldado por la otra mitad de la población, quizás por ser beneficiada económicamente.Por eso, resulta saludable -mientras informe oportunamente - la constitución de una Comisión de UNASUR para acompañar la investigación de los hechos violentos del 15 de abril pasado.
Aunque muchos hubieramos querido que UNASUR no reconozca los resultados de la elección en los comicios de Venezuela, debemos considerar que el Consejo de Jefes de Estado se encontraba amarrado a las atribuciones de UNASUR, a las regulaciones internas de Venezuela y por cierto a los intereses particulares de cada país miembro, especialmente de aquellos que tienen pendiente compromisos económicos, que no es el caso del Perú.
Entonces la actitud del Perú de convocar al Consejo de Jefes de Estado de UNASUR es totalmente válida y positiva desde el punto de vista de respeto al Tratado constitutivo, y también observando la perfecta ocasión para ejercer y demostrar liderazgo. Sin embargo este análisis estaría incompleto si no observamos la actitud del Perú como país individual.
Si bien nuestra Constitución Política establece que los Tratados celebrados por el Estado forman parte del derecho nacional - y por eso no debemos intervenir en los asuntos que son "esencialmente de la jurisdicción interna" de otros estados - también es cierto que nuestra carta magna preconiza el respeto a los derechos y libertades personales lo cual es concordante con la Carta de las Naciones Unidas y la promoción de la democracia representativa que señala la Carta de la Organización de Estados Americanos.
En ese marco, era parte del protocolo saludar a quien gana una elección popular refrendada por su máximo ente electoral,sin embargo para ser coherente con los principios democráticos el saludo y los buenos deseos en la gestión debieron ser acompañados con la ausencia presidencial en la ceremonia de juramentación.
Para magnificar esta ausencia como un signo de promoción a la democracia, la gestión del Ejecutivo para la autorización de salida del país del Presidente, no podía ser obviada, pues hubiera sido incoherente que estando a cargo de la Presidencia Pro tempore se decida no asistir al evento, que como muchos apreciabamos iba a arribar al acuerdo del Consejo de Jefes de Estado con conclusiones parecidas a las producidas.
Si decimos que la gestión del Ejecutivo estaba en el cauce adecuado, no es antitético a la previa proposición de ausencia en la ceremonia de juramentación, pues una cosa es la coherencia con el ejercicio de la Presidencia Protempore de UNASUR y otra la concordancia con los principios democráticos que nos gobiernan. En ese derrotero, todas las fuerzas políticas distintas a la del oficialismo, debieron concurrir en el voto negativo para la asistencia a la ceremonia de juramentación. Lástima que Alejandro Toledo influyó para que se otorgue la autorización ( y que luego de tirar la piedra esconda la mano), lástima que faltó completar esta idea estratégica.
SI se hubiera producido la ausencia del Presidente Constitucional del Perú a la juramentación de Nicolás Maduro, en razón de la negativa de autorización del Congreso de la República, hubieramos dado una muestra de respeto a la institucionalidad y equilibrio de poderes, y en este momento estaríamos mostrándonos ante la comunidad internacional como un país líder en el ámbito regional que respeta y promociona la democracia.
En ese contexto, el Perú al encontrarse a cargo de la Presiencia Pro tempore y en acatamiento de lo prescrito en el artículo 2° del "Protocolo adicional al Tratado constitutivo de UNASUR sobre compromiso de la democracia" convocó al Consejo de Jefes de Estado a sesión extraordinaria, el día previo a la segunda juramentación de Maduro, como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
Llama la atención las críticas que hubieron sobre este procedimiento, particularmente la del ex presidente Alan García, quien en mayo de 2008 firmó a nombre de todos los peruanos nuestra adhesión a UNASUR, juicios que tal vez ignoraban la existencia de esta regulación, que el Perú no podía soslayar.
La responsabilidad no podía obviarse, y tampoco la oportunidad de primer orden para ejercer liderazgo, que se vio materializado con la plena asistencia -en tiempo forzado - de los Jefes de Estado integrantes de UNASUR, lo cual fortalece a la organización y por cierto beneficia al Perú.
¿Qué podía acordar el Consejo de Jefes de Estado sin tener el informe de la Misión de Acompañamiento Electoral? No mucho, sino enmarcarse en el derecho internacional público y el respeto a la soberanía de las naciones, estipulados en la Carta de las Naciones Unidas y el Tratado constitutivo de UNASUR.
Para poder intervenir aplicando sanciones, era necesario disponer de pruebas que señalen claramente que el orden constitucional haya sido violado. Lamentablemente, el proceso electoral no solo fue validado por el Consejo Nacional Electoral, sino también respaldado por el Tribunal Constitucional venezolano, lo cual indica que la elección estaba validada de acuerdo a las leyes de ese país, aunque todos conocemos que en realidad la democracia sigue siendo vulnerada y con ella los derechos de los ciudadanos venezolanos que no se encuentran de acuerdo con el régimen ciertamente dictatorial de Maduro y que penosamente es respaldado por la otra mitad de la población, quizás por ser beneficiada económicamente.Por eso, resulta saludable -mientras informe oportunamente - la constitución de una Comisión de UNASUR para acompañar la investigación de los hechos violentos del 15 de abril pasado.
Aunque muchos hubieramos querido que UNASUR no reconozca los resultados de la elección en los comicios de Venezuela, debemos considerar que el Consejo de Jefes de Estado se encontraba amarrado a las atribuciones de UNASUR, a las regulaciones internas de Venezuela y por cierto a los intereses particulares de cada país miembro, especialmente de aquellos que tienen pendiente compromisos económicos, que no es el caso del Perú.
Entonces la actitud del Perú de convocar al Consejo de Jefes de Estado de UNASUR es totalmente válida y positiva desde el punto de vista de respeto al Tratado constitutivo, y también observando la perfecta ocasión para ejercer y demostrar liderazgo. Sin embargo este análisis estaría incompleto si no observamos la actitud del Perú como país individual.
Si bien nuestra Constitución Política establece que los Tratados celebrados por el Estado forman parte del derecho nacional - y por eso no debemos intervenir en los asuntos que son "esencialmente de la jurisdicción interna" de otros estados - también es cierto que nuestra carta magna preconiza el respeto a los derechos y libertades personales lo cual es concordante con la Carta de las Naciones Unidas y la promoción de la democracia representativa que señala la Carta de la Organización de Estados Americanos.
En ese marco, era parte del protocolo saludar a quien gana una elección popular refrendada por su máximo ente electoral,sin embargo para ser coherente con los principios democráticos el saludo y los buenos deseos en la gestión debieron ser acompañados con la ausencia presidencial en la ceremonia de juramentación.
Para magnificar esta ausencia como un signo de promoción a la democracia, la gestión del Ejecutivo para la autorización de salida del país del Presidente, no podía ser obviada, pues hubiera sido incoherente que estando a cargo de la Presidencia Pro tempore se decida no asistir al evento, que como muchos apreciabamos iba a arribar al acuerdo del Consejo de Jefes de Estado con conclusiones parecidas a las producidas.
Si decimos que la gestión del Ejecutivo estaba en el cauce adecuado, no es antitético a la previa proposición de ausencia en la ceremonia de juramentación, pues una cosa es la coherencia con el ejercicio de la Presidencia Protempore de UNASUR y otra la concordancia con los principios democráticos que nos gobiernan. En ese derrotero, todas las fuerzas políticas distintas a la del oficialismo, debieron concurrir en el voto negativo para la asistencia a la ceremonia de juramentación. Lástima que Alejandro Toledo influyó para que se otorgue la autorización ( y que luego de tirar la piedra esconda la mano), lástima que faltó completar esta idea estratégica.
SI se hubiera producido la ausencia del Presidente Constitucional del Perú a la juramentación de Nicolás Maduro, en razón de la negativa de autorización del Congreso de la República, hubieramos dado una muestra de respeto a la institucionalidad y equilibrio de poderes, y en este momento estaríamos mostrándonos ante la comunidad internacional como un país líder en el ámbito regional que respeta y promociona la democracia.