ARTICULACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA SEGURIDAD NACIONAL

SU VINCULACIÓN AL QUEHACER, POLÍTICO, SOCIAL Y ECONÓMICO DEL PAÍS

En diciembre de 2012, mediante Decreto Legislativo N° 1129 se reguló la naturaleza, finalidad, funciones y estructura  del Sistema de Defensa Nacional, el cual garantiza la Seguridad Nacional, para la afirmación de los derechos fundamentales y el Estado constitucional de derecho, en el marco de una gestión pública moderna, razón por la que el ámbito de aplicación de dicho sistema, se encuentra en todo el territorio de la república, comprendiendo a los organismos públicos, personas naturales y jurídicas de nacionalidad peruana, quienes están obligadas a participar en la Defensa Nacional, conforme  lo establece la Constitución Política del Estado.

El órgano de más alto nivel de decisión política y de coordinación estratégica en materia de Seguridad y Defensa Nacional es el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, el que es presidido por el Presidente de la República, el mismo que cuenta con la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (SEDENA) como la entidad responsable de la gestión del sistema a fin de articular el funcionamiento de sus componentes.

Para garantizar la Seguridad Nacional, el Sistema de Defensa Nacional desarrolla los Procesos de la Seguridad y Defensa Nacional teniendo como base las Políticas de Estado, la Concepción Política Estratégica y la Concepción Estratégica de la Seguridad y Defensa Nacional. Dicho procesos, fueron concebidos para  interrelacionarse tanto para la conducción política, como para la conducción estratégica de la Seguridad y Defensa Nacional y se clasificaron en procesos fundamentales y procesos de soporte.

Los procesos fundamentales son: La Política,  la Estrategia, y el Planeamiento Integral de la Seguridad y Defensa Nacional, mientras que los procesos de soporte que inicialmente se determinaron son: El desarrollo de estudios estratégicos, de  programas y proyectos especiales para la Seguridad y Defensa Nacional, la Investigación y Desarrollo para la Seguridad y Defensa Nacional, y finalmente la Gestión del Sistema de Defensa Nacional.

El concepto que  primigeniamente se tuvo para interrelacionar los procesos de la Seguridad y Defensa Nacional se basó en la definición de una ruta crítica que colocaba a los procesos en dos ejes: el largo plazo, y el corto y mediano plazo, todos basados en la Concepción Política  Estratégica y la Concepción Estratégica de Seguridad y Defensa Nacional.

Para el largo plazo, se visualizó que el Planeamiento Integral de la Seguridad y Defensa Nacional, alineado con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, se plasme a través de la Directiva para el planeamiento integral de la Seguridad y Defensa, y así poder establecer previsiones que determinen y preparen los recursos del Estado en los diferentes niveles de gobierno para hacer frente a las necesidades de desarrollo sostenido en condiciones de paz y seguridad.

Para el corto y mediano plazo, se estableció que la Política de Seguridad Nacional, determine  los lineamientos generales para alcanzar los Objetivos de Seguridad y Defensa Nacional, así como para orientar la formulación de la Estrategia de Seguridad y Defensa Nacional, nunca antes desarrollada en la historia republicana nacional.

Esta estrategia nacional, determina el empleo ponderado de los instrumentos del Poder Nacional para alcanzar los objetivos propuestos en la Política de Seguridad y Defensa Nacional, constituyéndose como elemento de coordinación  entre los distintos componentes del Sistema de Defensa Nacional y la sociedad, a partir de una perspectiva multidimensional de la Seguridad Nacional.

Tanto la Política como la Estrategia de Seguridad y Defensa Nacional, se ven fusionadas para establecer las responsabilidades de los componentes del Sistema de Defensa Nacional, por medio de la Directiva de Seguridad y Defensa Nacional, como también por directivas específicas y lineamientos que permitan su implementación, a través de la gestión del Sistema de Defensa Nacional.

A pesar que la SEDENA, fue re – creada en diciembre de 2012, es recién en setiembre de 2013 que recibe un presupuesto mínimo para cumplir sus importantes responsabilidades, las que se iniciaron mediante los correspondientes estudios y análisis de nuestra realidad, contrastándolos con nuestros  intereses nacionales, lo cual ha permitido que, durante el año 2014, se vayan completando los diseños esenciales, teniéndose previsto que el presente año sus procesos adecuadamente articulados empiecen a vincularse con el quehacer político, social y económico del país.

Para este propósito, es necesario tener en cuenta que en el futuro, todo gobernante y los responsables de la conducción del Sistema de Defensa Nacional, por ser de interés público y de necesidad nacional,  consideren el planteamiento que aquí se expone, iniciando éste con la importancia del Acuerdo Nacional y su vinculación al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, entendiéndose que este último instrumentaliza las aspiraciones para el  futuro del Perú.

En base a ellos, la Concepción estratégica del gobernante y su correspondiente Concepción Estratégica de la Seguridad y Defensa Nacional, son tamizadas por la Realidad Nacional, que nos revelará las necesidades públicas de seguridad  permitiendo que se emita la Política de Seguridad y Defensa Nacional.

Simultáneamente el Planeamiento Estratégico Integral para la Seguridad y Defensa Nacional se desarrolla alineado al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y coordinado – como elemento inspirador – con la Política de Seguridad y Defensa Nacional. De la interacción de ambos procesos, se formula el Plan Estratégico Especial para la Seguridad y Defensa Nacional, como instrumento clave para instrumentalizar  la Política de Seguridad y Defensa Nacional, el cual será mejorado, en su oportunidad, mediante la aplicación de los lineamientos técnicos para la implementación de la Política de Seguridad y Defensa Nacional, como también por la Estrategia de Seguridad y Defensa Nacional.

A partir de la aplicación de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, el Plan Estratégico Especial Multisectorial para la Seguridad y Defensa Nacional, permitirá que la satisfacción de las necesidades de la Seguridad Nacional planteados en la Política, en la Estrategia y en el Planeamiento Estratégico Integral para la Seguridad y Defensa Nacional, se concreten de manera vinculante por su inclusión en los Planes Sectoriales Multianuales, en los Planes Estratégicos Institucionales, y principalmente en los Planes Operativos Institucionales, que aplican el Presupuesto Nacional.

Las directivas de Seguridad que apruebe el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, establecerán las responsabilidades necesarias,  y a su vez, junto con las estrategias específicas, se constituirán como elementos retroalimentadores, y en su debido momento fortalecerán a los procesos fundamentales, para que finalmente se vinculen al presupuesto anual. De la misma forma se comportarán los procesos de soporte: El desarrollo de estudios estratégicos,  y los programas y proyectos especiales para la Seguridad y Defensa Nacional; así como  la Investigación y Desarrollo para la Seguridad y Defensa Nacional.

Toda esta interacción de procesos no podrían articularse sin el apoyo de la Gestión del Sistema de Defensa Nacional que establece el conjunto de acciones y procedimientos que realizan los componentes del Sistema de Defensa Nacional relacionados con el fortalecimiento de capacidades, evaluación y optimización del marco normativo, enlace interinstitucional, evaluación y supervisión que permitan garantizar la Seguridad Nacional que todos los peruanos de hoy y del mañana deseamos y debemos tener.

EL CAOS DE LA DEMOCRACIA VENEZOLANA:LA FLECHA LANZADA

LIDERAZGO EN UNASUR Y LA OPORTUNIDAD PERDIDA

Tras catorce años de gobierno de Hugo Chávez en la República Bolivariana de Venezuela, aparece como su "sucesor" Nicolás Maduro quien, abusando del poder heredado ha conseguido finalmente juramentar al primer cargo público de ese país, en medio de  protestas y conflictos por un proceso electoral que  dio muestras de ser totalmente inequitativo, parcializado y hasta abusivo, lo cual  augura que la gobernabilidad y buen gobierno difícilmente pueda llegarles en los próximos años.

La población venezolana se encuentra claramente dividida principalmente por el efecto de un esquema populista que el gobierno de Chávez puso en marcha para mantenerse en el poder y que ahora Maduro intentara continuar, aunque probablemente con torpeza  que tarde o temprano, redundará en el descontento general.

Un cúmulo de hechos han revelado la intencionalidad de Maduro para quedarse en el poder, empezando por la prolongación de la fecha de juramentación de un moribundo Chávez, al que se suma la posesión de la Presidencia con la complicidad de Diosdado Cabello, Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Ni que decir del apresuramiento para efectuar los comicios, de la campaña electoral de Maduro con el servilismo del aparato estatal que incluyen por cierto al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal Constitucional; y para  añadir más leña al fuego, la fuerte  represión - con siete muertos - que obligó al candidato opositor Henrique Capriles Radonski a suspender las marchas y protestas en las calles y plazas, para reemplazarlas por cacerolazos domiciliarios y no dejando de incidir en su solicitud de recuento de votos, presentada el 17 de abril cuando denunció en su cuenta de Twitter que "El Comando (Simón Bolivar) esta en el CNE,el reconteo y revisión solicitado es papeletas, actas y cuadernos de votación!"

En ese contexto, el Perú al encontrarse a cargo de la Presiencia Pro tempore y en acatamiento de lo prescrito en el artículo 2° del "Protocolo adicional al Tratado constitutivo  de UNASUR sobre compromiso de la democracia" convocó al Consejo de Jefes de Estado a sesión extraordinaria, el día previo a la segunda juramentación de Maduro, como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.


Llama la atención las críticas que hubieron sobre este procedimiento, particularmente la del ex presidente Alan García, quien en mayo de 2008 firmó a nombre de todos los peruanos nuestra adhesión a UNASUR, juicios que tal vez   ignoraban la existencia de esta regulación, que el Perú no podía soslayar.

La responsabilidad  no podía obviarse, y tampoco la oportunidad  de primer orden para ejercer liderazgo, que se vio materializado con la plena asistencia -en tiempo forzado - de los Jefes de Estado integrantes de UNASUR, lo cual fortalece a la organización y por cierto beneficia al Perú.

¿Qué podía acordar el Consejo de Jefes de Estado sin tener el informe de la Misión de Acompañamiento Electoral? No mucho, sino enmarcarse en el derecho internacional público y el respeto a la soberanía de las naciones, estipulados en la Carta de las Naciones Unidas y el Tratado constitutivo de UNASUR. 

Para poder intervenir aplicando sanciones, era necesario disponer de pruebas que señalen claramente que el orden constitucional  haya sido violado. Lamentablemente, el proceso electoral no solo fue validado por el Consejo Nacional Electoral, sino también respaldado por el Tribunal Constitucional venezolano, lo cual indica que la elección estaba validada de acuerdo a las leyes de ese país, aunque todos conocemos que en realidad la democracia sigue siendo vulnerada y con ella los derechos de los ciudadanos venezolanos que no se encuentran de acuerdo con el régimen ciertamente dictatorial de Maduro y que penosamente es respaldado por la otra mitad de la población, quizás por ser beneficiada económicamente.Por eso, resulta saludable -mientras informe oportunamente - la constitución de una  Comisión de UNASUR para acompañar la investigación de los hechos violentos del 15 de abril pasado.

Aunque muchos hubieramos querido que UNASUR no reconozca los resultados de la elección  en los comicios de Venezuela, debemos considerar que el Consejo de Jefes de Estado se encontraba amarrado a las atribuciones de UNASUR, a las regulaciones internas de Venezuela  y por cierto a los intereses particulares de cada país miembro, especialmente de aquellos que tienen pendiente compromisos económicos, que no es el caso del Perú.

Entonces la actitud del Perú de convocar al Consejo de Jefes de Estado de UNASUR es totalmente válida y positiva desde el punto de vista de respeto al Tratado constitutivo, y también observando la perfecta ocasión para ejercer y demostrar liderazgo. Sin embargo este análisis estaría incompleto si no observamos la actitud del Perú como país individual.

Si bien nuestra Constitución Política establece que los Tratados celebrados por el Estado forman parte del  derecho nacional - y  por eso no debemos intervenir en los asuntos que son "esencialmente de la jurisdicción interna" de otros estados -  también es cierto que  nuestra carta magna preconiza el  respeto a los derechos y libertades personales lo cual es concordante con la Carta de las Naciones Unidas y la promoción de la democracia representativa que señala la Carta de la Organización de Estados Americanos.

En ese marco, era  parte del protocolo saludar a quien gana una elección popular refrendada por su máximo ente electoral,sin embargo para ser coherente con los principios democráticos el saludo y los buenos deseos en la gestión debieron ser acompañados  con la ausencia presidencial en la ceremonia de juramentación. 

Para magnificar esta ausencia como un signo de promoción a la democracia,  la gestión del Ejecutivo para la autorización de salida del país del Presidente, no podía ser obviada, pues hubiera sido incoherente que estando a cargo de la Presidencia Pro tempore se decida no asistir al evento, que como muchos apreciabamos iba a arribar al acuerdo del Consejo de Jefes de Estado con  conclusiones parecidas a las producidas.

Si decimos que la gestión del Ejecutivo estaba en el cauce adecuado, no es antitético a la previa proposición de ausencia en la ceremonia de juramentación, pues una cosa es la coherencia con el ejercicio de la Presidencia Protempore de UNASUR y otra la concordancia con los principios democráticos que nos gobiernan. En ese derrotero, todas las fuerzas políticas distintas a la del oficialismo, debieron concurrir en el voto negativo para la asistencia a la ceremonia de juramentación. Lástima que Alejandro Toledo influyó para que se otorgue la autorización ( y que luego de tirar la piedra esconda la mano), lástima que faltó completar esta idea estratégica.

SI se hubiera producido la ausencia del Presidente Constitucional del Perú a la juramentación de Nicolás Maduro, en razón de la negativa de autorización del Congreso de la República, hubieramos dado una muestra de respeto a la institucionalidad y equilibrio de poderes, y en este momento estaríamos mostrándonos ante la comunidad internacional como un país líder en el ámbito regional  que respeta y promociona la democracia.