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viernes, 2 de abril de 2021

11 DE ABRIL: LA SEGURIDAD DEL PERÚ EN NUESTRO VOTO

CUIDADO CON EL SALTO AL VACÍO

La Seguridad Nacional es la situación que alcanza el Estado, en la que tiene garantizada la Independencia, Soberanía e Integridad Territorial, el Estado constitucional democrático de Derecho, la Paz Social y los Intereses Nacionales; así como la protección de la persona humana y los Derechos Humanos, mediante acciones de carácter multisectorial en todos los niveles de gobierno, que permitan hacer frente a las amenazas y preocupaciones con la finalidad de crear las condiciones para alcanzar mayores niveles de Bienestar General y propiciar el Bien Común.

¿Cuál es la relación que existe entre este concepto doctrinario con las próximas elecciones generales y la responsabilidad ciudadana?

Todos los peruanos tenemos el deber de proteger a nuestro país, por eso este 11 de abril estamos obligados no solo a asistir a las urnas, sino también a votar con responsabilidad analizando la trascendencia de nuestro acto; votar en blanco o viciado no es una opción patriótica, tampoco lo es votar por quien ofrece cosas no realizables. No nos dejemos engañar, no nos engañemos una vez más: La seguridad de todos depende de nuestro voto responsable 

¿Por qué la seguridad del Perú está en riesgo a causa de nuestro voto? 

En nuestros días vivimos en jaque constante a nuestra estabilidad afectando la salud, la integridad de nuestras vidas, la institucionalidad, el respeto a la ley, al orden, el empleo, la economía personal, familiar y nacional. Es decir, se ha puesto en peligro, se ha perdido la vida de miles, y mellado la vida ordinaria de millones a causa de la pandemia, la corrupción y el crimen.

Necesitamos un gobernante que tenga claro el problema y la solución, por eso debemos elegir a un Presidente que verdaderamente tenga las capacidades para solucionar los problemas nacionales.

Por muchos años, la mayoría de peruanos nos hemos dejado llevar por las promesas que quisimos escuchar, sin entender que vivimos en un mundo globalizado donde importa mucho, primero respetar la ley y el orden, pues la seguridad jurídica es requisito indispensable para atraer inversiones: Ningún capital vendrá al Perú, si se patea el tablero —creando incertidumbre— por no cumplir con el orden establecido en nuestra Constitución y las leyes. 

Tengamos presente que para salir de los problemas nacionales no hay que soñar en imposibles, estamos obligados a analizar las verdaderas posibilidades, capacidades, valores, experiencia, equipo y conexiones de quien sea el gobernante que elijamos. 

Finalmente, es imprescindible la credibilidad de la persona que colocaremos como primer servidor público. Depende de nosotros elegir bien y no caer en el error de creer a quien nos propone soluciones inviables.

Todos queremos superar las dificultades que tiene el Perú, pero ¿será posible que sigamos creyendo propuestas incumplibles o incluso mentiras? 





miércoles, 31 de marzo de 2021

¡SACUDIR LA INDOLENCIA!

INFORMÁNDOSE BIEN Y VELANDO POR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY Y EL ORDEN

Desde hace más de 35 años nuestra sociedad se ha caracterizado por vivir  dentro de constantes crisis de carácter político, económico, militar o de información. Y en todo ese tiempo, la gran mayoría de peruanos se ha preocupado principalmente por encontrar mejores formas de vida para satisfacer sus necesidades personales y superación familiar, antes que tener una participación activa en la solución de los problemas nacionales. 

Algunos, con mejor estrella o con mayor atrevimiento para el emprendimiento, han logrado alcanzar o superar sus objetivos  principalmente para mejorar su estatus económico, lo cual les ha permitido tener mejores condiciones para enfrentar las diversas crisis; en cambio otros han tenido que mantener una lucha constante contra las adversidades de la vida, sea por mala fortuna o decisiones equivocadas, haciendo que curiosamente, en ambos casos, sea por necesidad o por ausencia de ella, generalmente solo relacionaron su participación política durante las consultas populares o los procesos electorales.


Es necesario recordar que en los últimos 40 años, el Perú pasó por distintos problemas como son: la guerra contra las hordas terroristas, el fenómeno de "El Niño" de diversos años, los levantamientos del Frontón, la crisis de la estatización de la banca, los conflictos con el Ecuador, la súper inflación, el "fujishock", la disolución del Congreso del 92, el levantamiento del 13 de noviembre, la interpretación auténtica, la re- reelección, la autocracia, la marcha de los cuatro suyos, la fuga y vacancia de Fujimori, "el Arequipazo", las 
protestas masivas y huelgas de maestros, agricultores y trabajadores de salud, el linchamiento de Ilave, el escándalo Mufarech, el escándalo Merino, el escándalo Almeyda, el "Andahuaylazo", la crisis del gabinete Ferrero (a causa del nombramiento de Olivera como Canciller), "el Moquegüazo", "el Bagüazo", el terremoto de Pisco, los "narcoindultos", "los petroaudios", los conflictos minero de Conga, Tía María y Las Bambas, los conflictos de la minería ilegal e informal, la omnipresencia de  la primera dama en el gobierno de Humala, las crisis del ente rector del sistema de inteligencia, la delimitación marítima con Chile, los casos de corrupción involucrados con los presidentes y su relación con las empresas del "club de la construcción", el irrespeto y desentendimiento de la separación de poderes, el topamiento político de la administración pública con personas vinculadas al Presidente, la renuncia de Kuczynski antes que lo vaquen por escándalos de corrupción, las mentiras y aprovechamientos de los gobernantes,  entre otros, han sido situaciones que precedieron a  las denuncias del Contralor y Fiscal de la Nación que devinieron en mayores problemas políticos dentro de un proceso de reconstrucción nacional  "con cambios" inacabables, seguidos por la denegación fáctica para disolver el Congreso y crisis sucesivas del Poder Ejecutivo que llevaron a los procesos de vacancia de Vizcarra por incapacidad moral permanente, el último en medio de una crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19,  hicieron que la asunción del Presidente del Congreso como Presidente de la República (vinculado con proyectos  que afectarían a la ley universitaria, y otros presuntos intereses particulares) fueron la gota que hiciera derramar el vaso de la tolerancia de la "generación equivocada".


En noviembre del año pasado, luego de varios días de protestas "pacíficas", azuzadas por políticos e infiltrados, sin guardar el distanciamiento social en previsión a la infección del SARS-CoV-2, la  provocación y la violencia  - principalmente en Lima- provocaron el penoso fallecimiento de dos personas, lo cual sumado a los "cacerolazos" de apoyo a la muchedumbre y su repercusión mediática, hizo que gran parte del gabinete Flores renunciara forzando a que Merino (criticado por todo) presente su dimisión de manera pública, siendo celebrado en las manifestaciones de jóvenes (y también adultos) que, sin un objetivo común y menos claro, habían protestado contra la vacancia, contra la corrupción, contra Merino, contra Vizcarra, contra la Policía, y por último contra la Constitución.


Y así, la calle, las ollas y algunos medios culparon al Congreso de la República por haber generado esta inestabilidad  al aprobar la vacancia, cuando este poder del Estado cumplió con su obligación de aplicar parte del artículo 113 de nuestra Constitución que señala como causal de la vacancia presidencial "su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso", existiendo sectores que señalan  que la acción pudo haber tenido legalidad, pero a la vez acusaban que fue ilegítima, más aún cuando el Tribunal Constitucional (TC) tenía pendiente resolver una contienda de competencia, respecto a la interpretación de la incapacidad moral permanente, a pesar que dicha causal se encuentra en nuestra máxima legislación con diferente texto desde 1839 (Art  82°), 1856 (Art 83°), 1860 (Art 88°), 1867 (Art 80°), y con la atribución explícita del Congreso  desde 1920 (Art 115°), y así también en las de 1933 (Art 144°) y 1979  (Art 206°). A pocos días de tan exagerada e injustificada reacción, el TC declaró improcedente la demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo (en el gobierno de Vizcarra) respecto a la vacancia por permanente incapacidad moral, dejando en off-side a todos los equivocados.


La vacancia del presidente por incapacidad realizada correctamente por el Congreso de la República, no fue la primera de nuestra historia republicana. Recordemos que José Mariano de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, el primero en llevar el título de presidente del Perú, fue depuesto de su cargo por el Congreso en 1823. Luego, en 1914, con la figura de incapacidad moral ya establecida constitucionalmente, Guillermo E. Billinghurst fue vacado por esta causa, no sin antes intentar disolver el Congreso de la República. Y el penúltimo caso y más recordado, ocurrió en el año 2000, después que desde Japón, Alberto Fujimori enviara su renuncia por fax al Congreso, renuncia que  se decidió no recibirla y ─por mayoría simple─ como estaba regulado en ese entonces, se determinó la vacancia a su mandato por incapacidad moral permanente. 


Hoy, ad-portas de las elecciones generales es necesario recapacitar la importancia de estar correctamente informados, particularmente los jóvenes cuya mayoría tiene como fuentes a redes sociales donde cunde la desinformación. 


Es sabido que los jóvenes (sobre todo aquellos que no estudian ni trabajan) son susceptibles de ser maniobrados justamente por su situación inestable que les hace pensar que existe injusticia. Esa vulnerabilidad, sumada a su desinformación hace que grupos de poder contrarios al Perú influyan sobre un grupo de jóvenes que correctamente debe llamarse "la generación equivocada".


Se equivocaron al no analizar correctamente la situación de separación de poderes, y a la interpretación correcta de la capacidad del Congreso de la República para vacar a una persona que ocupó la Presidencia de la República y que —según parece— calculó todo su accionar político para lograr influencia en diversos sectores del Estado, de manera que tuviera la posibilidad de evadir las acciones antitéticas a la ley  y antiéticas a la función pública.


Se equivocaron al hacer caso a un sesgado médico radial que avalaba que salir a protestas al aire libre era seguro para evitar contagiarse del COVID-19, lo que fue el origen de la segunda ola que hoy vivimos.


Se equivocaron pues en seguir como borreguitos a quienes los azuzaron, sin pensar, sin leer, sin analizar y sin respetar la ley y el orden y creer en ideologías que históricamente han llevado a la ruina a muchas naciones.


A pocos días de ir a las urnas,  tanto los jóvenes de la "generación equivocada" como también todos los adultos, tienen la obligación primero de asistir y ser responsables votando por un candidato (el voto en blanco o viciado si bien puede ser una expresión de rechazo, es también una "lavada de manos" que solo contribuye a que existan partidos que puedan superar la valla electoral sin merecerlo), y para ello previamente informarse bien, no solo de los planes de gobierno (que pudieran ser muy literarios), pero también de las características personales  de los candidatos, principalmente de quien postula a la Presidencia de la República.


Entonces, es imprescindible NO ELEGIR a un Presidente que sea mentiroso, deshonesto, y que por su derrotero, por la historia de su vida, podamos determinar que estando en el poder le "interesará un pepino" velar por el bienestar del pueblo peruano o simplemente que no tenga las capacidades para conducir nuestro futuro próximo.

Sea responsable, infórmese bien; y también contribuya con el Perú: cumpla la Ley y mantenga el orden. 

 

 

Referencias

https://diariouno.pe/columna/la-vacancia-del-virrey/
https://elcomercio.pe/politica/vacancia-presidencial-destituidos-tres-mandatarios-noticia-482865-noticia/?ref=ecr
https://elpopular.pe/actualidad/2020/11/11/son-4-presidentes-vacados-congreso-37148
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/download/8962/9370/0
https://elcomercio.pe/politica/presidentes-peru-vacados-incapacidad-moral-informe-noticia-482083-noticia/?ref=ecr




lunes, 15 de octubre de 2018

SEGURIDAD NACIONAL: CLAVE PARA HACER DEL PERÚ UN PAÍS DEL PRIMER MUNDO

EL LARGO PROCESO PARA ACCEDER A LA MEMBRESÍA DE LA OCDE


Uno de los aspectos que el Perú ha mantenido como propósito de Estado es ingresar a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), razón por la que el año 2015, mediante el Decreto Supremo N° 086-2015- PCM, se declaró de interés nacional las acciones, actividades e iniciativas desarrolladas en el marco del proceso de vinculación del Perú a esta organización internacional.

Esta declaratoria comprende nuestra participación en las actividades, previstas en el Acuerdo y Memorando de Entendimiento firmados entre la OCDE y el Gobierno del Perú el 8 de diciembre de 2014, así como en todas las demás actividades relacionadas con la organización, promoción, impulso y apoyo a este proceso.

Esta  patriótica intención, también fue puesta en manifiesto durante la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) del año 2014, cuyo eslogan fue “Hacer del Perú un país del primer mundo” exponiéndose propuestas para impulsar nuestra economía y hacerla más dinámica y competitiva, levantada con el esfuerzo emprendedor de sus ciudadanos, con una institucionalidad sólida y eficaz,  pues quedó claro que solo así – con el concurso de la sociedad en su conjunto – el Perú será capaz de superar la pobreza y generar prosperidad.

La OCDE es un foro único donde los gobiernos de 37 economías democráticas trabajan conjuntamente para enfrentar los desafíos económicos, y sociales de la globalización habiendo establecido la misión de promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo, cuyos miembros comparten lineamientos básicos en materia de política económica, de democracia plural y respeto a los derechos humanos.

Para este esfuerzo, la Presidencia del Consejo de Ministros encabeza una Comisión Multisectorial encargada de realizar acciones de seguimiento y elaboración de informes técnicos orientados a la ejecución del Programa País y de acercamiento del Perú a los estándares de gobernanza y políticas públicas de la OCDE.

El Programa País OCDE-Perú, lanzado en diciembre de 2014, ha tenido como objetivo principal el mejoramiento de las políticas públicas y apoyar el proceso de reformas del Perú, enfocándose  en cinco áreas prioritarias: remover barreras al crecimiento, gobernanza pública, anti-corrupción e integridad en el sector público, capital humano y medio ambiente. El Programa comprende informes sobre la implementación de proyectos de mejoramiento de capacidades, e incluye la participación en los Comités de la OCDE y la adhesión a determinados instrumentos legales de la OCDE.

Los principales informes que la OCDE ha formulado sobre el Perú, entre 2016 y 2017, son los siguientes:

  • §  Evaluaciones del desempeño ambiental
  • §  La Contratación Pública en el Perú - Reforzando Capacidad y Coordinación
  • §  Estudio de la OCDE sobre integridad en el Perú
  • §  Estudio de la OCDE sobre Gobernanza Pública en Perú
  • §  Estudio multidimensional del Perú Volumen 2
  • §  Skills Beyond School Review of Peru
  • §  OECD Territorial Reviews: Peru 2016
  • §  OECD Public Governance Review: Peru
  • §  OECD Review of Regulatory Policy of Peru


El más reciente avance nacional para acceder a la membresía, se produjo en mayo 2018 durante el 10° Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe de la OCDE en París, cuando el Ministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, en representación del gobierno peruano, suscribió nuestra adhesión a la “Convención para Combatir el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales” y la “Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Tributarios”.

Debe tenerse en cuenta que convertirse en un miembro de la OCDE es un proceso largo y complejo centrado en la mejora de la calidad de las políticas públicas, por lo que la sugerencia de gran relevancia que propone la organización, es que el gobierno debe responder a las demandas de los ciudadanos con la mayor transparencia y rendición de cuentas que sean solicitadas, logrando el fortalecimiento y la credibilidad del público con el gobierno (OCDE, 2015).

En este contexto, es necesario entender que un indicador clave para medir el avance del proceso, es el grado de confianza que la ciudadanía tenga en sus instituciones públicas, particularmente aquellas responsables de conducir el país y naturalmente en sus fuerzas de seguridad, lo cual fue destacado por Pablo de la Flor, cuando – en CADE 2014 - apuntó claramente que “no es posible convertirnos en un país del primer mundo con instituciones del tercer mundo”.

Un país como el nuestro, diagnosticado en exceso, lamentablemente ha fallado en llevar a la práctica importantes soluciones en beneficio de sus integrantes, principalmente por falta de coordinación y articulación en los esfuerzos, incluso no llegando a presupuestar y tampoco a implementar temas de relevancia, olvidándose que en nuestro escenario nacional – como en cualquier parte del mundo - las políticas sin presupuesto, son un simple “saludo a la bandera ajena”, y aquellas que logran implementarse sin lograr cambiar la situación problemática, son nada más que un “engaña muchachos” que afecta la economía de todos sus ciudadanos.

Por esta razón, no debemos soslayar que con la entrada de Colombia a la OCDE, el Perú se ha convertido en el único país miembro de la Alianza del Pacífico que no forma parte de esta organización.

Tampoco, que el aspecto de mayor demanda ciudadana, el que también brinda confianza a los inversionistas, aún se encuentra sin proceso de implementación: La Política de Seguridad y Defensa Nacional, aprobada mediante Decreto Supremo N° 012-2017-DE  en diciembre de 2017, que contiene propuestas –de obligatorio cumplimiento - para atender los problemas de seguridad que afectan a todos los peruanos en múltiples dimensiones, difícilmente será incluida en el proceso de planeamiento de los sectores y gobiernos sub-nacionales, pues sus acciones articuladas de implementación – en los tres niveles de gobierno - no han sido consideradas en el presupuesto que el Congreso de la República debe aprobar en noviembre próximo, para ser efectivo el año 2019.

martes, 27 de febrero de 2018

LA SEGURIDAD NACIONAL Y EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO


 AVANZANDO EN PROVECHO DEL BIENESTAR DE LOS CIUDADANOS

Normalmente cuándo se pregunta ¿qué es seguridad nacional?, probablemente a muchos le vendrá la imagen de la policía nacional interviniendo ante ilícitos, o la de las fuerzas armadas en operaciones. 

En el Ministerio (MTPE), posiblemente asociarán la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional con la labor que desempeñan los agentes de vigilancia privada de la compañía de seguridad, a quienes observamos – a diario – en el control de acceso y vigilancia de la instalación.

En esas ideas, hay algo de cierto, pero… revisemos el caso remontándonos a los orígenes de la humanidad.

Desde que el ser humano procuró organizarse, debió cuidar de la protección de las personas que lo integraban y de los bienes que poseían, tanto comunitarios como privados a fin de prevenir  el ataque de otros grupos humanos.

Y conforme fue avanzando la civilización el nivel de seguridad aumentó. Así, se aprendió que la seguridad de un pueblo se conseguía con la superioridad militar: y para lo cual era necesario contar con:

·        armamento de mejor calidad,

·        entrenamiento,

·        táctica novedosa, y,

·        virtudes cívicas y morales del pueblo

Hasta que llegó la II Guerra Mundial, para realizar un gran cambio en la historia de la humanidad, ya que después de esta fatídica conflagración bélica, en 1945, se crea la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el propósito fundamental de “MANTENER LA PAZ Y LA SEGURIDAD INTERNACIONALES”

Años más tarde en América, 21 Estados crean  la Organización de los Estados Americanos,  cuya Carta establece, entre otros, el propósito esencial de «AFIANZAR LA PAZ Y LA SEGURIDAD DEL CONTINENTE”

Y… en nuestro país ¿cómo se desarrolló el pensamiento y la acción relativa a la seguridad de la nación?

Teniendo en consideración que desde nuestra independencia, en 1821, fueron militares quienes se encargaron de organizar y dirigir al Estado, naturalmente el concepto de proteger la supervivencia del país, no era algo extraño.

Y así por años se dio énfasis en la protección de la Independencia, la soberanía y la integridad territorial de nuestro Perú, siendo recién en el siglo 20 que se incorporan nuevos  conceptos que amplían el campo de la seguridad nacional

Fue en los años 50 que este señor José del Carmen Marín  – un general del ejército – fundó el Centro de Altos Estudios Militares ( Hoy Centro de Altos Estudios Nacionales) y empezó a observar y analizar la realidad nacional afirmando que  “… lo primero que hay que dar a la persona es su bienestar; si no se le da su bienestar no tiene qué defender, no tiene entusiasmo porque no tiene nada…esa es la relación entre desarrollo y defensa, por eso es que el bienestar (desarrollo) debe estar unido a la defensa (seguridad)...”

La concepción del general Marín en términos muy simples fue:no hay desarrollo sin defensa, ni tampoco hay defensa sin desarrollo”, es decir una conjunción de la concepción de desarrollo con la concepción de defensa de un país

Este otro señor, Edgardo Mercado Jarrín, el más destacado geopolítico del Perú, en el marco de la X Conferencia de Ejércitos Americanos, realizada en 1973,  cuestionó la limitada concepción de los fines de un Estado tradicional donde la seguridad representaba esencialmente la defensa del territorio, sin considerar los factores de desequilibrio económico-sociales, así como el complejo fenómeno de la dependencia externa y todo aquello que interna y externamente afecta sustancialmente la vida de la nación.

Señaló también que “Una política de seguridad nacional, debe permitir resolver, de acuerdo a criterios de justicia, los profundos problemas sociales y económicos internos y externos que ponen en peligro los objetivos nacionales y el ejercicio de la política de desarrollo trazada, eliminando así, como resultado derivado, los antagonismos y presiones de todo orden”.

En el campo internacional, los análisis sobre el particular recién empezaron a manifestarse a raíz del Informe sobre desarrollo humano, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en 1994.

En este instrumento se propone las nuevas dimensiones de la seguridad humana, señalándose que el programa de paz y el programa de  desarrollo deben estar integrados y no aislados. Y es así que las primeras páginas del informe señalaron que “Sin paz no puede haber desarrollo; pero sin desarrollo, la paz está amenazada”, algo muy parecido a lo dicho 20 años atrás por el General Edgardo Mercado Jarrín.

En consecuencia, la principal preocupación mundial acabó, y el sentimiento de inseguridad se desvió más a las preocupaciones acerca de la vida cotidiana que al temor de una confrontación global.

El concepto de seguridad cambia así en forma drástica, en dos sentidos fundamentales:

1.   Del acento exclusivo en la seguridad territorial, a uno mucho mayor orientado en la seguridad de la población.

2.   De la seguridad mediante las armas a la seguridad con soporte al desarrollo humano sostenible.

Y en el seno de la Organización de los Estados Americanos, recién a partir de la Declaración sobre seguridad de las Américas, realizado en el año 2003, se incorpora  la «nueva» concepción de la seguridad en el Hemisferio, determinándose que ésta tiene  alcance multidimensional... Es decir, que incluye las amenazas tradicionales y las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad de los Estados del Hemisferio

En la comunidad de seguridad nacional, por años se ha hablado de la relación entre la defensa y el desarrollo y cómo estos campos se relacionan con el ansiado bien común.

Se hablan de Instrumentos, finalidades y objetivos, que fácilmente se explican en un esquema que tiene su origen en el pensamiento del padre de la Ciencia Política, Niccolò di Bernardo Machiavelli.

El desarrollo (de un país) se aprecia como el interior de una casa, que obligadamente requiere un techo para su protección.

Pero ¿qué sucede cuando la casa crece?

Obviamente, el techo inicial, quedará chico y el interior: el desarrollo, necesitará de mayor protección, de mayor seguridad.

En el Perú, la Seguridad Nacional se conceptualiza como la situación que alcanza el Estado en la que tiene garantizada la  Soberanía, Independencia e Integridad territorial, el Estado Constitucional  de Derecho, la Paz social, y los Intereses Nacionales; así como la  Protección de la persona y los derechos humanos, mediante acciones de naturaleza diversa y carácter multidimensional que permitan hacer frente a las amenazas y las preocupaciones, con la finalidad de crear las condiciones propicias para el bienestar general

Ahora, este concepto no está sacado de la manga de quienes estuvieron encargados de actualizar la doctrina de seguridad nacional en nuestro país. Se encuentra fundamentada en nuestra Constitución Política, específicamente en los artículos 163, 164, 165, 166, 171, para el caso del concepto tradicional; y en los artículos 38 y 44 que sustentan el enfoque multidimensional.

Y, las diferentes manifestaciones de esta seguridad con enfoque multidimensional se observan en el ámbito, externo, interno, así como en el desarrollo humano, mediante indicadores que deben alertar al Sistema de Defensa Nacional cuando la gobernabilidad y estabilidad del país puedan verse afectadas.

Las diversas categorías de la seguridad nacional, también están comprendidas en los conocidos dominios o campos de la seguridad: POLÍTICO – ECONÓMICO – SOCIAL – INFORMACIONAL – TECNOLÓGICO - MILITAR

Y ¿por qué es importante la seguridad nacional? Además de la protección a la persona y al Estado mismo, debe tenerse en cuenta que cuando se invierte en seguridad y se logra obtener el ambiente deseado o se mejora éste, la estabilidad  aumenta y, por tanto, la confianza de los inversionistas, lo cual permitirá que se genere mayor inversión privada, que obviamente facilitará el crecimiento económico.

Y el crecimiento económico, a su vez, permitirá que se recauden más impuestos, y con ellos mayores fondos para la inversión social y la consecuente satisfacción de las necesidades  de nuestra sociedad.

Para que este ciclo virtuoso suceda, el estado peruano ha creado,  en 1979, un sistema funcional, que se llama Sistema de Defensa Nacional, cuya cabeza no es nada menos que el propio Presidente de la República, y está compuesto por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, una Secretaría Técnica (anteriormente la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional), la Dirección Nacional de Inteligencia, todos los ministerios, organismos públicos, así como los gobiernos regionales y gobiernos locales. Es decir, todas las entidades públicas forman parte de este sistema, que vale mencionarlo: es el único sistema funcional de responsabilidad constitucional del Presidente de la República, no existe otro.

Este Sistema, que en la práctica ha existido desde la creación de la República, también ha cumplido con los requerimientos de la Ley de Modernización del Estado, y por esta razón, mediante el reglamento del Decreto Legislativo N° 1129, emitido en el año 2013, se configura los procesos de la Seguridad y Defensa Nacional.

Tres de ellos son fundamentales: La Política de Seguridad y Defensa Nacional, la Estrategia de Seguridad y Defensa Nacional y el Planeamiento Estratégico de la Seguridad y Defensa Nacional.

Como procesos complementarios o de soporte tenemos a la gestión del Sistema, los Estudios Estratégicos, la investigación y desarrollo; y los Programas y Proyectos.

La política pública de Seguridad y Defensa Nacional, determina las brechas existentes y plantea objetivos concordantes con el Acuerdo Nacional, determinándose lineamientos de política que requieren ser articulados con los documentos de gestión de las entidades públicas. Cuando esta articulación no se hace efectiva, simplemente resulta que la política termina siendo letra muerta.

El Planeamiento Estratégico de la Seguridad y Defensa Nacional, visualiza un horizonte de largo plazo, de manera de crear el escenario apuesta que permita configurar acciones estratégicas con la finalidad de llegar a esa situación ideal y posible, pero que  hoy no existe.

Por su lado, la estrategia de seguridad nacional, determina los cursos y medios  de acción para alcanzar los objetivos propuestos en la política, en armonía con los escenarios del planeamiento estratégico, y siempre teniendo en consideración a las fuerzas opositoras que se interpondrán en las intenciones propuestas por la Política de Seguridad y Defensa Nacional.

En este punto reflexionemos cómo los peruanos visualizamos al Perú.

Algunos imaginan al Perú considerando estrictamente su división política. Otros lo  relacionan con sus vecinos inmediatos. También hay personas que lo relacionan como parte de la sub región. Igualmente, habrá personas que ubican a nuestro Perú como parte del globo terráqueo

Todos debiéramos pensar que el Perú es el centro de nuestro mundo, para que de esta forma nos relacionemos internacionalmente. Sin embargo, la realidad nos dice que el mundo no tiene una figura estática.

Realidad que también incorpora nubosidad, que no nos permite saber de manera inmediata cuáles son las fuerzas que se opondrán a nuestros buenos deseos, como  a los objetivos y lineamientos de la política de seguridad y defensa nacional

El Perú es un país que tiene diversas amenazas, que no son nuevas, pero que requieren ser controladas, mitigadas y erradicadas para tener las condiciones necesarias que faciliten  alcanzar el bienestar general.

Estos son los principales problemas de seguridad de nuestro país:

·        Delincuencia y crimen organizado

·        Corrupción

·        Terrorismo

·        Conflictos sociales que afectan la gobernabilidad

·        Tráfico ilícito de drogas y delitos conexos

·        Deterioro del medio ambiente

·        Ataques cibernéticos, entre otras amenazas

El gráfico hace parecer que nuestros problemas de seguridad son simples y estructurados

Desafortunadamente, nuestros problemas de seguridad nacional son mucho más complejos y complicados.

Este otro gráfico, que muestra el enmarañado de relaciones de la problemática existente puede ayudar a imaginarse la multidimensionalidad de los problemas de seguridad nacional





Y ¿cómo participamos nosotros?

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, como parte del Sistema de Defensa Nacional, dispone de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional para planear, articular, programar y ejecutar acciones en provecho de la seguridad de todos. De manera general el MTPE tiene responsabilidad en los siguientes aspectos de la seguridad nacional:

En Soberanía, Independencia e Integridad territorial tenemos  que trabajar en:

·        IDENTIDAD NACIONAL

·        PROTECCIÓN DE RECURSOS CLAVES

·        MOVILIZACIÓN NACIONAL

En el Estado Constitucional de Derecho, nos interesan acciones para el respeto y promoción de la institucionalidad

En cuanto a intereses nacionales, tenemos la promoción del empleo para fortalecer la economía y bienestar

Y en lo relacionado a la protección de la persona y los derechos humanos, es importante que el Ministerio, impulse acciones para la protección de los derechos laborales, la igualdad de oportunidades, así como la participación en los procesos de la gestión de riesgo de desastres, particularmente para asistir a las poblaciones  afectadas por fenómenos naturales como son las lluvias intensas, el friaje y los sismos de gran magnitud e intensidad, que ocasionen daños a la población.






En este contexto, es importante puntualizar que recientemente, en diciembre del año pasado, se aprobó la Política de Seguridad y Defensa Nacional, que viene a ser la primera política pública de esta materia tan importante y trascendente para la vida de nuestro país.

Y afirmamos que es así, pues en el año 2003 se aprobó una parecida, la Política de Defensa y Seguridad Nacional, que tuvo como particular característica que su contenido era secreto, y por ello no era pública y tampoco se pudo implementar.

La Política de Seguridad y Defensa Nacional, tiene 3 objetivos y 29 lineamientos. De éstos últimos se ha determinado que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tiene participación directa o indirectamente, en 14 de ellos

En el primer objetivo GARANTIZAR LA SOBERANÍA, LA INDEPENDENCIA, LA INTEGRIDAD TERRITORIAL Y LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES NACIONALES

El Ministerio debe formular e implementar:

 La directiva de seguridad y defensa nacional  del MTPE, que empieza con el reconocimiento del ámbito ministerial, lo cual incluye a las entidades adscritas y programas, así como las actividades de difusión de estas responsabilidades. Esta conferencia forma parte de este trabajo

La formulación de la directiva de seguridad del MTPE naturalmente debe cubrir todas las categorías de la seguridad nacional bajo el enfoque multidimensional

La directiva y plan de movilización nacional, que determine la forma como debe desarrollarse las dos etapas de la movilización en el Ministerio, vale decir la movilización propiamente dicha, como también la desmovilización.

La movilización nacional es un proceso que debe compararse como los seguros que muchas personas pagamos (de vida, de autos, de salud, etc.), lo tenemos, lo pagamos religiosamente, con la esperanza de nunca tener que utilizarlo.

La directiva/plan para la determinación y protección de los activos críticos nacionales y procesos claves, que  nos permite determinar  aquellos activos, sean recursos humanos o materiales que son de necesidad vital para el funcionamiento del Estado o de la propia entidad.

También tenemos la directiva para fomentar el orgullo y la identidad nacional, que ya venimos implementando con las ceremonias de izamiento del pabellón nacional, como una de las actividades por desarrollarse.

En cuanto al objetivo 2: GARANTIZAR EL ORDEN INTERNO CONTRIBUYENDO AL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA  INSTITUCIONALIDAD POLÍTICA Y JURÍDICA DEL ESTADO

El MTPE debe formular e implementar

La política nacional para la promoción de la libertad sindical, la erradicación del trabajo forzoso, infantil, la igualdad de oportunidades y no discriminación

La directiva o plan de difusión de normas que permita que todas nuestras disposiciones de alcance nacional o sectorial, no caigan en saco roto en perjuicio de nuestra institucionalidad

Los planes de seguridad de instalaciones que incluyen los planes contraincendios y de evacuación

Los planes relacionados a gestión de riesgos de desastres, la participación del ministerio, sus entidades adscritas y programas en acciones en provecho de las poblaciones afectadas por desastres o calamidades.

El plan de continuidad operativa que permitirá que nuestra entidad siga funcionando a pesar que pueda ocurrir algún evento que afecte sus instalaciones o personas.

La directiva/plan para fortalecer la lucha contra ilícitos que afectan el orden interno como son la inseguridad ciudadana, el terrorismo,  el tráfico ilícito de drogas, la minería ilegal, entre otros

La directiva y plan para la lucha contra la corrupción, lacra que afecta a nuestro país desde los inicios de nuestra República

También el plan nacional de reinserción Laboral para personas  rehabilitadas por la justicia

La directiva para la implementación y funcionamiento del Centro de Emergencia Sectorial, conforme lo señala la Ley del Sistema de Gestión de Riesgo de Desastres.

Asimismo, la política nacional para la prevención de conflictos laborales.

En relación al objetivo 3 ALCANZAR NIVELES DE DESARROLLO SOSTENIBLE QUE CONTRIBUYAN A GARANTIZAR LA SEGURIDAD NACIONAL

Es necesario contar con una directiva nacional para fomentar la igualdad de oportunidades en el trabajo. (Hoy salió publicado en “El Peruano” la aprobación del “Plan sectorial para la igualdad y  la  no discriminación  en el empleo y la ocupación 2018 - 2021", lo cual está muy bien, pero nuestro alcance debe superar el campo sectorial)

Un plan nacional para promover la creación de puestos de trabajo en ZZEE y pobreza, y de ser necesario

Actualizar la directiva para la protección del medio ambiente

Como vemos, existen varias  responsabilidades, que quizás nunca las hemos relacionado con la seguridad nacional. Para impulsar éstas y otras actividades vinculadas a la implementación de la política de seguridad y defensa nacional, y  al plan nacional de gestión de riesgos de desastres el Ministerio cuenta con  una Oficina de Seguridad y Defensa Nacional, cuya sigla es OSDENA (conforme lo señala el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1129, que regula el Sistema de Defensa Nacional) .
La OSDENA tiene dos campos principales la Seguridad y Defensa Nacional; y la Gestión de Riesgo de Desastres. También, se incluye  al componente de supervisión de seguridad de la instalación. Y por último la previsión del funcionamiento del Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial, conforme lo dispone el Reglamento de la Ley del Sistema de Gestión de Riesgo de Desastres

Ahora que sabemos que, como trabajadores del Ministerio, tenemos que aportar nuestro esfuerzo para la seguridad de todos, debemos saber que para concretar nuestra participación existe un ciclo que empieza con el conocimiento de lo que se debe hacer, lo cual permitirá que se realice las actividades de planeamiento de manera adecuada y articulada.

Luego vendrá la implementación, que se logra primero con la coordinación en todos los aspectos y la colaboración de cada uno de los órganos del Ministerio, incluidos por cierto a las entidades adscritas y los programas, de  tal manera de lograr la mayor participación de todos sus integrantes, para que finalmente se convierta en una actividad incorporada a nuestra cultura organizacional.

De esa forma podremos afirmar que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo cumple su responsabilidad como integrante del Sistema de Defensa Nacional

Entonces la Seguridad Nacional, no solo se trata de participar en simulacros, en acciones de respuesta ante incidentes………En ceremonias cívico patrióticas………O en la seguridad de la instalación.

Se trata de mucho más, porque desafortunadamente nuestro Perú grande y lleno de riquezas, siempre tendrá, enemigos, adversarios y amenazas que pretendan afectar nuestra seguridad nacional

Y para ello, desde este lugar de la Patria, las entidades adscritas y cada uno de los programas del Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo, unidos como una sola fuerza debemos laborar articuladamente en beneficio de la seguridad y desarrollo de nuestro Perú.




martes, 21 de noviembre de 2017

INVENTARIO DE ACTIVOS CRÍTICOS NACIONALES

IMPORTANTE PASO EN FAVOR DE LA SEGURIDAD NACIONAL

En mayo de 2015 se dieron las primeras acciones multisectoriales en el proceso de la Estrategia de Seguridad y Defensa Nacional con el desarrollo de talleres para la determinación de los activos críticos nacionales (ACN), vale decir de todo aquello que el Perú debe proteger para asegurar el logro de los objetivos nacionales y garantizar la supervivencia del Estado.

Desafortunadamente, los principales componentes del Sistema de Defensa Nacional (SIDENA)  no tenían la menor idea de lo que se trataba, y tras consultas al interior de sus organizaciones formularon listados de personas, infraestructuras, computadoras, vehículos, etc, la gran mayoría de poco valor para el ámbito  nacional. 

En realidad, no era  culpa de las personas a quienes se les encargó la tarea, pues nunca habían analizado el problema, probablemente porque en sucesivos gobiernos no se ha llegado a comprender la importancia de la gestión y articulación del SIDENA, algo que se empezó a modificar con el Decreto Legislativo N°1129 y su reglamentación,  cuando por primera vez en la historia nacional se diseña y se hace conocer los procesos de la Seguridad y Defensa Nacional.

Como los listados remitidos no cumplieron con las características necesarias, se tuvo que replantear el procedimiento, y se puso a prueba  un método que incluía, manual, guías, un aplicativo para el registro, y una serie de sesiones de capacitación dirigida a servidores públicos para realizar la identificación de los activos críticos nacionales. 

Estas sesiones se efectuaron primero en forma centralizada, a finales de noviembre e inicio de diciembre de 2015; y  descentralizadamente desde diciembre de 2015 hasta junio de 2016, mes en que se obtuvo el registro de cerca del 85% de información requerida.

Analizados los resultados preliminares, en julio de 2016, se concluyó que era imprescindible formalizar todo el procedimiento, toda vez que la única norma legal que mencionaba (y solo su concepto) a los activos críticos nacionales era el reglamento del DLeg N° 1141. Por tanto, se convino que era necesario conformar una comisión interinstitucional (SEDENA -DINI - CEPLAN) para formular la reglamentación nacional de los ACN, en la que se incluiría el proceso de identificación y registro, mejorado en base a lo experimentado desde mayo de 2015 a junio de 2016; la validación; gestión de riesgo; seguimiento; así  como determinación y verificación de las medidas de protección pertinentes. 

Como era de esperarse el Primer Ministro de ese entonces (el de la luz verde) seguía en rojo para los temas de seguridad nacional (igual que un año antes  cuando  dejó al final de la bandeja de pendientes la propuesta de Política de Seguridad y Defensa Nacional) y se restó importancia a este requerimiento, que recientemente, (con aspectos que pueden mejorarse), ha sido aprobado, mediante el Decreto Supremo N° 106-2017-PCM, publicado el 10 de noviembre en el diario oficial.

Aunque el "Reglamento para la identificación, evaluación y gestión de riesgos de los Activos Críticos Nacionales" es un importante paso en favor de la seguridad nacional, urge su mejoramiento inmediato pues no solo se ha obviado el extenso trabajo y experiencia multisectorial  previa, sino que también se ha soslayado la doctrina - elaborada por años - que sustenta la necesidad y empleo del inventario de activos críticos nacionales, denotándose cierto desconocimiento de la gestión pública y del funcionamiento del Sistema de Defensa Nacional, todo lo cual no favorece a los procesos, aún truncos desde el DS N°061-2016-PCM, en provecho de la seguridad de todos los peruanos.

A pesar de esta adversidad, al igual que nuestra clasificación al mundial de Rusia, ...SÍ SE PUEDE!....