FOMENTEMOS EL RESPETO A NUESTRA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

CONTRIBUYENDO CON LA ANULACIÓN DE NORMAS O INTERPRETACIONES ANTOJADIZAS

"PIENSE, OPINE, ESCRIBA, EXPONGA, INNOVE, PLANTEE SOLUCIONES" 

Es una lástima que nuestra administración pública se haya mal acostumbrado a no respetar la Constitución Política, cada vez que alguna gestión sectorial se le ocurra emitir normas que la trasgreden, perjudicando la institucionalidad con sus interpretaciones antojadizas.Un par de perlas: la  única Disposición Complementaria final del DU 007-2007, y la Sétima Disposición Complementaria Final del DS 069-2013 EF.

La única Disposición Complementaria final del DU 007-2007 olvida que "La Constitución es muy clara, señor Presidente. La parte final del primer párrafo del artículo 40.° dice: “Ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno o más por función docente”.Percibir una pensión no es desempeñar un cargo público; percibir una pensión no es desempeñar un empleo; percibir una pensión es la recuperación de los descuentos que le hacen al trabajador para cuando se jubila o pasa al retiro" (Mulder, Libro de Debates 18 oct 2012)

Por otro lado parece desconocerse que el DU N° 038-2006 dispone de una norma complementaria emitida en el año 2011: El DECRETO SUPREMO N° 101-2011-EF cuyo Artículo 1° titulado- Definición de ingresos mensuales para efectos del Decreto de Urgencia Nº 038-2006, señala lo siguiente:

"Constituyen ingresos mensuales para efectos de lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto de Urgencia Nº 038-2006, todo aquel concepto contraprestativo, dinerario o no dinerario, y de libre disposición que percibe temporal o permanentemente una persona al servicio del Estado como consecuencia del ejercicio de la función pública, aun cuando dicho ingreso no sea otorgado directamente por la entidad estatal en la que ejerce función.

En consecuencia, forma parte del concepto de ingreso mensual, afecto a los topes contenidos en el Decreto de Urgencia N° 038-2006, las remuneraciones, honorarios y retribuciones, así como los bonos, asignaciones, estímulos, incentivos y beneficios de toda índole, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad, mecanismo y fuente de financiamiento, incluyendo bonificación por responsabilidad directiva, bonificación diferencial o bonificación por productividad cuando corresponda, la asignación extraordinaria por trabajo asistencial, los beneficios económicos generados por negociación colectiva y cualquier otro concepto contraprestativo derivado del ejercicio de la función pública, cualquiera sea su denominación, aun cuando sean abonados u otorgados por los Comités de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo con recursos transferidos del Tesoro Público, por el Fondo de Apoyo Gerencial o por organismos internacionales en el marco de convenios de administración de recursos o similares."

A pesar de esta precisión, el DECRETO SUPREMO N° 069 -2013-EF, QUE MODIFICA EL DECRETO SUPREMO N° 013-2013-EF (REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO 1132 QUE APRUEBA LA NUEVA ESTRUCTURA DE INGRESOS APLICABLE AL PERSONAL MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS Y POLICIAL DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ) (ABRIL 2013), (ingresando en un aspecto fuera de su competencia) incluye la Sétima Disposición Complementaria Final (contraria a la Constitución Política) que señala:

"En aquellos casos en que el personal militar y policial bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 1132, así como los pensionistas del Decreto Ley N° 19846 o del Decreto Legislativo N° 1133, inicie o haya reiniciado su actividad laboral para el Estado, bajo  cualquier modalidad de contratación, sus ingresos provenientes de la remuneración, ingreso no remunerativo, bonificación, pensión y todos aquellos conceptos adicionales a esta que perciban, así como el ingreso sea dinerario o no que reciba como contraprestación por la contratación para el Estado, no podrán exceder del monto máximo establecido en el Decreto de Urgencia N° 038 o norma que lo sustituya.

Para efectos de la presente disposición, forma parte del concepto de ingreso mensual afecto a los topes contenidos en el Decreto de Urgencia Nº 038-2006 o norma que lo sustituya, la Remuneración Consolidada, las Bonificaciones establecidas en los literales a), b) o c) del Decreto Legislativo Nº 1132, la Bonificación por Función Administrativa en el Ministerio de Defensa, pensiones, honorarios y retribuciones, así como los bonos, bonificaciones, asignaciones, estímulos, gratificaciones, incentivos y beneficios de toda índole, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad, mecanismo y fuente de financiamiento, incluyendo bonificación por responsabilidad directiva, bonificación diferencial o bonificación por productividad cuando corresponda, la asignación extraordinaria por trabajo asistencial, los beneficios económicos generados por negociación colectiva y cualquier otra contraprestación derivada del ejercicio de la función pública, cualquiera sea su denominación, aun cuando sean abonados u otorgados por entidad o empresa del Estado, por los Comités de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo, por el Fondo de Apoyo Gerencial, la Caja de Pensiones Militar - Policial o por organismos internacionales en el marco de convenios de administración de recursos o similares cial. No se consideran para dichos efectos la percepción de dietas por participación en uno (1) de los directorios de entidades o empresas públicas, así como los Aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad y Bonificación por Escolaridad los cuales sólo se podrán percibir por una entidad. En caso de exceder el monto máximo al que se hace referencia la presente disposición y que el personal militar o policial en situación de actividad o pensionista no ejerciera su derecho a elegir, en forma escrita, el ingreso que se suspende, corresponderá al Ministerio de Defensa o Ministerio del interior o la Caja de Pensiones Militar Policial suspender el exceso de los ingresos provenientes de la Remuneración Consolidada, las Bonificaciones establecidas en los literales a), b) o c) del Decreto Legislativo Nº 1132 o la pensión y todos aquellos conceptos adicionales a esta que perciban en su integridad, mientras se mantenga el supuesto de exceso en el monto máximo......"

Como puede apreciarse, la parte resolutiva de la sétima disposición complementaria final señala específicamente  qué es lo que forma parte del concepto de ingreso mensual afecto a los topes contenidos en el Decreto de Urgencia Nº 038-2006 o norma que lo sustituya, en la que solamente se considera pensiones.Sin embargo, este aspecto, ha sido soslayado por muchos organismos públicos, pese a que en esta norma (contraria a los Artículos 40° y 59° de la Contitución Política) se precisa que  únicamente en el caso que el pensionista que exceda del tope señalado  (al sumarse la Remuneración más pensión) y que no haya  precisado por escrito el ingreso que suspende, podrá ser pasible del descuento del monto del exceso, para lo cual lo podrá efectuar La Caja de Pensión Militar Policial o el Ministerio de Defensa (Interior), descontando el monto de la pensión  y todos aquellos conceptos adicionales a esta que perciban en su integridad, mientras se mantenga el supuesto de exceso en el monto máximo. Es decir, una norma que además de ser contraria a la Constitución,  y que pesar de ser contraria a normas especializadas, se ha venido aplicando sin leerse íntegramente, en perjuicio de profesionales altamente calificados.

Al promulgarse la Ley N° 30026 en mayo 2013 y publicarse, en marzo de 2014, su reglamento aprobado con el DS N°003-2014-IN se hace la precisión de cuáles son  las entidades y órganos a quienes les alcanza la norma, facultándoseles el pago de remuneración en un solo empleo, sin admitir la posibilidad que pueda percibirse ingresos simultáneos de dos o más prestaciones de servicios, salvo cuando uno de ellos provenga del ejercicio de docencia o constituya dieta por participar en algún directorio de empresa o entidad pública.

En este sentido, para los pensionistas del DL 19846 que pasaron a la situación militar de retiro antes de la promulgación del DLeg 1133, inicialmente se crearon dos clasificaciones:

Los que están comprendidos en los alcances de la Ley 30026 y su reglamento (cuyas entidades y órganos se precisan) y aquellos otros que laboren en otras entidades y puestos que no sean de Seguridad Nacional o Seguridad Ciudadana.

La diferencia en ambas categorías radica en que los beneficiados por la Ley 30026 y su reglamento (posterior al DS 069-2013-EF, y que señala que se deroga cualquier norma de igual jerarquía que se oponga) pueden tener una  remuneración hasta el tope señalado en el DU 038-2006, mientras que para aquellos otros que laboren en otras entidades y puestos que no sean de Seguridad Nacional o Seguridad Ciudadana el tope del DU mencionado está sujeto a la suma de la remuneración y la pensión (No incluyen aquellos conceptos adicionales a ésta), caso contrario no tendría razón de haberse promulgado la Ley N° 30026 ni hacerse las especificaciones que se señalan en su reglamento.

Esta situación obviamente cambia con la modificación de la Ley N° 30026 y su reglamento, lo cual  se destaca claramente en la exposición de motivos del Proyecto de Ley N° 2081-2017 CR presentado por el Congresista Edwin Donayre Gotzch, por lo que es necesario su pronta aprobación y promulgación a fin que se anulen las dos disposiciones que vulneran la Constitución Política del Perú.

Es justo y necesario.

NUESTRA INCOHERENTE SEGURIDAD

...Y NUESTRA CONSTANTE INDOLENCIA

Si dicen que Dios es peruano, y pareciera serlo... debemos rezarle más para solucionar nuestras dificultades, pues a pesar de la casi permanente crisis del último año, a pesar de la inexistente articulación del Sistema de Seguridad Nacional (de Defensa, de acuerdo a la Constitución), supervivimos  como nación, aunque en medio de amenazas a la seguridad de todos, que aparentemente solo se combaten en el papel mas no en la vida real. Y por eso a diario seguimos teniendo problemas de inseguridad que afectan la vida ciudadana y de la que solo nos damos cuenta después de cada tragedia.

Nos hemos acostumbrado a las acciones reactivas y parece no importarnos.¿Cuánto dinero perdemos por nuestra falta de previsión? ¿Cuántas vidas colocamos en peligro por falta de articulación y coordinación?

Acaba de renunciar el segundo Ministro de Defensa del gobierno de PPK, gestión presidencial que empezó con el Decreto Supremo N° 061-2016-PCM que fusionó la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (SEDENA) al Ministerio de Defensa, lo cual hasta la fecha sigue sin implementarse, pues aún no existe  un órgano dedicado a la tarea de gestionar y articular un sistema compuesto por todos las entidades públicas. La fusión de ambos organismos es una repetición de lo hecho en 2003, sin resultados positivos, pues desafortunadamente los Ministros no desarrollaron acciones en provecho de la Seguridad Nacional, limitándose al ámbito de las Fuerzas Armadas.

El pasado 22 de diciembre se publicó la Politica de Seguridad y Defensa Nacional, aprobada con Decreto Supremo N° 012-2017-DE, la misma que fuera diseñada, formulada y articulada por la desaparecida SEDENA. De hecho hay muy pocas variaciones en el contenido de dicha política nacional, pues su elaboración original obedeció a un trabajo metodológico y articulado; y la realidad nacional -en términos de seguridad- no ha variado significativamente. Ahora hay que hacerla realidad mediante un proceso de implementación, que también fue pautado antes de este ciclo.

Entonces, quien asuma el compromiso de colocarse el fajín de Ministro de Defensa deberá tener en cuenta que su función trasciende a las Fuerzas Armadas o a la gestión de riesgo de desastres (de rectoría de la PCM), de lo contrario seguiremos jugando a "ferrocarril carril carril" abandonando la gestión y articulación del sistema funcional de mayor importancia del Perú (de responsibilidad constitucional del Presidente de la República), que simple y lamentablemente no ha funcionado por falta de voluntad, de conocimiento,  o de tiempo, con la consecuente pérdida de millones de soles (por no enfrentarse adecuadamente a las amenazas), colocándonos en riesgo y peor, con la pérdida de vida de muchos peruanos.

La historia lo juzgará.

INVENTARIO DE ACTIVOS CRÍTICOS NACIONALES

IMPORTANTE PASO EN FAVOR DE LA SEGURIDAD NACIONAL

En mayo de 2015 se dieron las primeras acciones multisectoriales en el proceso de la Estrategia de Seguridad y Defensa Nacional con el desarrollo de talleres para la determinación de los activos críticos nacionales (ACN), vale decir de todo aquello que el Perú debe proteger para asegurar el logro de los objetivos nacionales y garantizar la supervivencia del Estado.

Desafortunadamente, los principales componentes del Sistema de Defensa Nacional (SIDENA)  no tenían la menor idea de lo que se trataba, y tras consultas al interior de sus organizaciones formularon listados de personas, infraestructuras, computadoras, vehículos, etc, la gran mayoría de poco valor para el ámbito  nacional. 

En realidad, no era  culpa de las personas a quienes se les encargó la tarea, pues nunca habían analizado el problema, probablemente porque en sucesivos gobiernos no se ha llegado a comprender la importancia de la gestión y articulación del SIDENA, algo que se empezó a modificar con el Decreto Legislativo N°1129 y su reglamentación,  cuando por primera vez en la historia nacional se diseña y se hace conocer los procesos de la Seguridad y Defensa Nacional.

Como los listados remitidos no cumplieron con las características necesarias, se tuvo que replantear el procedimiento, y se puso a prueba  un método que incluía, manual, guías, un aplicativo para el registro, y una serie de sesiones de capacitación dirigida a servidores públicos para realizar la identificación de los activos críticos nacionales. 

Estas sesiones se efectuaron primero en forma centralizada, a finales de noviembre e inicio de diciembre de 2015; y  descentralizadamente desde diciembre de 2015 hasta junio de 2016, mes en que se obtuvo el registro de cerca del 85% de información requerida.

Analizados los resultados preliminares, en julio de 2016, se concluyó que era imprescindible formalizar todo el procedimiento, toda vez que la única norma legal que mencionaba (y solo su concepto) a los activos críticos nacionales era el reglamento del DLeg N° 1141. Por tanto, se convino que era necesario conformar una comisión interinstitucional (SEDENA -DINI - CEPLAN) para formular la reglamentación nacional de los ACN, en la que se incluiría el proceso de identificación y registro, mejorado en base a lo experimentado desde mayo de 2015 a junio de 2016; la validación; gestión de riesgo; seguimiento; así  como determinación y verificación de las medidas de protección pertinentes. 

Como era de esperarse el Primer Ministro de ese entonces (el de la luz verde) seguía en rojo para los temas de seguridad nacional (igual que un año antes  cuando  dejó al final de la bandeja de pendientes la propuesta de Política de Seguridad y Defensa Nacional) y se restó importancia a este requerimiento, que recientemente, (con aspectos que pueden mejorarse), ha sido aprobado, mediante el Decreto Supremo N° 106-2017-PCM, publicado el 10 de noviembre en el diario oficial.

Aunque el "Reglamento para la identificación, evaluación y gestión de riesgos de los Activos Críticos Nacionales" es un importante paso en favor de la seguridad nacional, urge su mejoramiento inmediato pues no solo se ha obviado el extenso trabajo y experiencia multisectorial  previa, sino que también se ha soslayado la doctrina - elaborada por años - que sustenta la necesidad y empleo del inventario de activos críticos nacionales, denotándose cierto desconocimiento de la gestión pública y del funcionamiento del Sistema de Defensa Nacional, todo lo cual no favorece a los procesos, aún truncos desde el DS N°061-2016-PCM, en provecho de la seguridad de todos los peruanos.

A pesar de esta adversidad, al igual que nuestra clasificación al mundial de Rusia, ...SÍ SE PUEDE!.... 

PERÚ, PERÚ, PERÚ!!!

#PONTELACAMISETA

Estamos a pocos días de la presentación de la Presidenta del Consejo de Ministros y su gabinete ante el Congeso de la República, para cumplir con el mandato constitucional de exponer la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión, pero - como se preveía para estos días- la preocupación popular ha colocado en primer lugar a los partidos de fútbol para la clasificación al torneo mundial de Rusia 2018.

Mientras tanto, la Primera Ministra se ha dedicado a  sostener reuniones con las diferentes bncadas políticas a fin de obtener - sin dificultad - el voto de confianza del Legislativo, que le permita conducir la implementación de políticas o acciones de política, ante la ausencia de políticas conocidas. Y hacemos esta distinción porque es totalmente legal que el gobierno desarrolle acciones que persigan un fin, sin que se encuentren detallados en un documento que lleve las características de política pública, y que a este conjunto de acciones las denomine política.

En este contexto, es recomendable que se evite gobernar sin comprometer la participación de la sociedad, sin observar los problemas por resolver, sin actuar  coordinadamente, siempre conducirá a cuestionar su legitimidad e incrementará la incertidumbre que tanto daño hace a la imagen-país.
En esta segunda etapa, el Ejecutivo tiene la gran oportunidad de enfocarse en los intereses nacionales y dar muestras fácticas que ese es su verdadero norte; las palabras no valen.

Creemos que lo primero que debería hacer, es conocer cuáles son sus alcances y sus límites, para evitar la duplicidad de funciones y gasto innecesario de recursos, por lo que es de particular importancia que las autoridades (Ministros, Viceministros, Directores) y sus equipos de asesores conozcan bien  la ley y  la respeten. 
Cualquier innovación será siempre bienvenida, pero debe cuidarse que no se quede en la informalidad vg: El GORE-Ejecutivo se instauró cuando había una Comisión encargada de hacer lo mismo en la PCM; el COEN-INDECI y el COEN-MINDEF (creado para "articular la participación multisectorial del Estado en la gestión del riesgo de desastres para la atención de emergencias ante la ocurrencia de lluvias y peligros asociados durante el año 2017") siguen operando simultáneamente dentro de un mismo sector.

La organización es - entonces - el primer paso que el gobierno debiera adecuar, si quiere enrumbar en favor de los intereses nacionales, lo cual incluye el sinceramiento y priorización de las políticas públicas por implementar. Para este fin, a estas alturas, debe haber hecho un análisis de la realidad nacional y aceptar que los problemas del país están íntimamente a la seguridad nacional, que tercamente se niega a gestionar, a pesar que la Constitución Política le otorga tremenda responsabilidad. De no hacerlo, continuarán desarrollándose las amenazas a nuestra seguridad, como son la delincuencia común y el crimen organizado, la corrupción, el tráfico ilícito de drogas, terrorismo, minería legal e informal, etc, amenazas que deben ser tratadas sistémicamente y no con esfuerzos dispersos, amenazas que impiden nuestro camino al desarrollo.

Es indispensable que la Presidenta del Consejo de Ministros, presente el reajuste de la Política General del Gobierno corrigiendo yerros,  y defina claramente los objetivos por alcanzar, señalando metas medibles, sin olvidar de considerar las promesas de campaña que hicieron que PPK logre su deseo personal: ser la primera autoridad nacional. 

En estas circunstancias, sería recomendable que el gobierno (tres Poderes) escuche el clamor del pueblo, y atienda sus necesidades, y que - de verdad - se ponga la camiseta del Perú!