INVENTARIO DE ACTIVOS CRÍTICOS NACIONALES

IMPORTANTE PASO EN FAVOR DE LA SEGURIDAD NACIONAL

En mayo de 2015 se dieron las primeras acciones multisectoriales en el proceso de la Estrategia de Seguridad y Defensa Nacional con el desarrollo de talleres para la determinación de los activos críticos nacionales (ACN), vale decir de todo aquello que el Perú debe proteger para asegurar el logro de los objetivos nacionales y garantizar la supervivencia del Estado.

Desafortunadamente, los principales componentes del Sistema de Defensa Nacional (SIDENA)  no tenían la menor idea de lo que se trataba, y tras consultas al interior de sus organizaciones formularon listados de personas, infraestructuras, computadoras, vehículos, etc, la gran mayoría de poco valor para el ámbito  nacional. 

En realidad, no era  culpa de las personas a quienes se les encargó la tarea, pues nunca habían analizado el problema, probablemente porque en sucesivos gobiernos no se ha llegado a comprender la importancia de la gestión y articulación del SIDENA, algo que se empezó a modificar con el Decreto Legislativo N°1129 y su reglamentación,  cuando por primera vez en la historia nacional se diseña y se hace conocer los procesos de la Seguridad y Defensa Nacional.

Como los listados remitidos no cumplieron con las características necesarias, se tuvo que replantear el procedimiento, y se puso a prueba  un método que incluía, manual, guías, un aplicativo para el registro, y una serie de sesiones de capacitación dirigida a servidores públicos para realizar la identificación de los activos críticos nacionales. 

Estas sesiones se efectuaron primero en forma centralizada, a finales de noviembre e inicio de diciembre de 2015; y  descentralizadamente desde diciembre de 2015 hasta junio de 2016, mes en que se obtuvo el registro de cerca del 85% de información requerida.

Analizados los resultados preliminares, en julio de 2016, se concluyó que era imprescindible formalizar todo el procedimiento, toda vez que la única norma legal que mencionaba (y solo su concepto) a los activos críticos nacionales era el reglamento del DLeg N° 1141. Por tanto, se convino que era necesario conformar una comisión interinstitucional (SEDENA -DINI - CEPLAN) para formular la reglamentación nacional de los ACN, en la que se incluiría el proceso de identificación y registro, mejorado en base a lo experimentado desde mayo de 2015 a junio de 2016; la validación; gestión de riesgo; seguimiento; así  como determinación y verificación de las medidas de protección pertinentes. 

Como era de esperarse el Primer Ministro de ese entonces (el de la luz verde) seguía en rojo para los temas de seguridad nacional (igual que un año antes  cuando  dejó al final de la bandeja de pendientes la propuesta de Política de Seguridad y Defensa Nacional) y se restó importancia a este requerimiento, que recientemente, (con aspectos que pueden mejorarse), ha sido aprobado, mediante el Decreto Supremo N° 106-2017-PCM, publicado el 10 de noviembre en el diario oficial.

Aunque el "Reglamento para la identificación, evaluación y gestión de riesgos de los Activos Críticos Nacionales" es un importante paso en favor de la seguridad nacional, urge su mejoramiento inmediato pues no solo se ha obviado el extenso trabajo y experiencia multisectorial  previa, sino que también se ha soslayado la doctrina - elaborada por años - que sustenta la necesidad y empleo del inventario de activos críticos nacionales, denotándose cierto desconocimiento de la gestión pública y del funcionamiento del Sistema de Defensa Nacional, todo lo cual no favorece a los procesos, aún truncos desde el DS N°061-2016-PCM, en provecho de la seguridad de todos los peruanos.

A pesar de esta adversidad, al igual que nuestra clasificación al mundial de Rusia, ...SÍ SE PUEDE!.... 

¿EXISTEN GANAS DE HACER BIEN LAS COSAS?

¿EN FAVOR DEL PERÚ?

El editorial del diario "El Correo" bajo el título IMPOSIBLE FALLAR, tiene una conclusión importante: "Cuando hay ganas de hacer las cosas bien, se hacen", algo que lamentablemente no se nota en la seguridad de todos; pero no hablamos solo de seguridad ciudadana, tampoco se ven hechos en la lucha contra las principales amenazas, que no permitirán - a este paso - que seamos admitidos en el club de la OCDE.

Ivan Slocovich, como todos los peruanos, cree que el gobierno tiene la oportunidad de oro "de replicar, en su ámbito, el monumental trabajo que hicieron militares, policías y bomberos apenas sucedió la emergencia" ocasionada por El Niño Costero, sin embargo la lectura de la tendencia de la política gubernamental es - hasta ahora - antitética.

La institucionalidad no se respeta: se crean órganos para reemplazar a otros ya existentes, se duplican funciones, se deja de implementar políticas y decretos. Así, en reemplazo del Consejo de Coordinación Intergubernamental (Ley 29158) se instauró el GORE-Ejecutivo; el COEN (originalmente de INDECI) se pasó al Ministerio de Defensa "temporalmente"; la gestión de la seguridad nacional  cambió al Ministerio de Defensa, mediante el DS N° 061-2016-PCM, pero aún no se ha implementado, es decir no se ha modificado las atribuciones del MINDEF y menos se ha tramitado una LEY para la disolución de la SEDENA (inexistente en la vía de los hechos); la voluntad de favorecer a intereses extranjeros como el Decreto Supremo N° 001-2017-RE declarándose de necesidad pública que cualquier Estado pueda adquirir bienes dentro de los 50 kilómetros de la frontera, y el proyecto en provecho de empresas chilenas; la limitación (casi anulación) de la producción de inteligencia (N°071-2015-PCM), la implementación de SERVIR (cuyo plazo vence en enero de 2018) que no muestra avance, continuándose las contrataciones CAS, con perfiles antojadizos (concursos simulados?), dejándose de lado el servicio civil meritocrático, lo cual explica los pobres resultados.

Si a todos estos hechos se suman: las pocas acciones que demuestren que - de verdad -se quiere luchar contra la corrupción  (Kuntur Wasi) y la terca decisión de continuar con proyectos lesivos a la economía nacional (gaseoducto, refinería, Panamericanos); la emisión de bonos soberanos por más de 10 mil millones, que nos empeña hasta el año 2057 (Van 28 colocaciones https://www.mef.gob.pe/es/titulos-del-tesoro/bonos/bonos-soberanos/331-deuda-publica/bonos/5128-emision-de-bonos-soberanos-2017- ); la poca voluntad para traer y juzgar a Toledo; por último los mensajes incoherentes y el incumplimiento de compromisos de campaña, en realidad ....nos desalienta.

¿Imposible fallar? ¿En favor de quién? Ojalá que la voluntad demuestre que sea por el Perú.

MIRANDO EL BOSQUE

LOS PROBLEMAS DEL PERÚ

Nuestra historia nos dice, con letras de molde, que quien gobierne al Perú debe ser un estadista, "una persona con gran saber y experiencia en los asuntos del Estado", vale decir un político que no solo mire el árbol, pero también el bosque; en otras palabras que atienda los problemas y necesidades públicas del presente, pero mirando las aspiraciones del futuro, realizando la conexión de los plazos en el planeamiento de gobierno, dándole la mirada de Estado, y no quedándose en lo coyuntural, que únicamente es bueno para la foto, pero malo para el futuro del país.

En realidad los problemas del Perú, no son de ahora, datan de mucho tiempo, si no recordemos los más visibles: Corrupción, desde el inicio de la República; inseguridad ciudadana: probablemente la mayoría que vive en una urbe, desde que tuvo uso de razón, tendrá en mente lugares peligrosos en su ciudad, que se han ido incrementado a partir de finales de los 80 hasta nuestros días, y que por tal razón -ahora - nadie podrá afirmar que vive en un lugar seguro, libre de delincuentes.

Tenemos también al crimen organizado: narcotráfico, desde los 70 trasladándose con facilidad de una zona otra; trata de personas, más de 40 años avanzando hasta ubicarnos en el tercer lugar del mundo con mayor  cantidad de víctimas (2016); minería ilegal e informal, originándose en los 80 y llegando a comprender a 21 regiones del pais (de las 25 que tenemos); tala ilegal, alrededor de  30 años depredando nuestros bosques.

Como no mencionar a los conflictos sociales que afectan la gobernabilidad, que se monitorean desde 2004 y que tienen al mayor porcentaje a los originados por temas minero ambientales; y por supuesto el terrorismo que (sin contar a las guerrillas del 60) se hizo evidente a inicios de los 80, con una fase de preparación política de al menos una década.


Los desastres naturales, igualmente tienen su espacio en la seguridad, lo hemos vivido con las consecuencias del "Niño Costero", que ocuparon la mayor prioridad y tiempo en las acciones del gobierno, colocando "en espera" al resto de temas, inclusive a la obligación de "mirar el bosque".

Algo que hoy la gran mayoría no piensa como problema es el conflicto externo, sin embargo un Estado responsable no debe dejar de lado tal posibilidad (aunque sea en última prioridad), pues nuestros intereses económicos en algún momento pueden colisionar con algún país o agente extranjero (y recordemos que las guerras en el mundo siempre se iniciaron por causas económicas); por otro lado, también en nuestros días existe una lucha incesante y silente que afecta a las naciones: se desarrolla en el ciberespacio, el "Wannacry" es un claro ejemplo que debe preocuparnos, cuando cada día somos más dependientes de la interconexión digital.

Está claro que "la  seguridad de los ciudadanos abarca todo lo que ocurre en su día a día" y que los problemas señalados anteriormente, indudablemente afectan a todos los peruanos directa o indirectamente, y por tanto, no enfrentarlos adecuadamente repercuten en nuestra economía pues tendrán como respuesta inmediata el alejamiento de los inversionistas.

Entonces, el problema de la seguridad nacional, no es solo un problema de la defensa de nuestras fronteras, como tradicionalmente se concebía; tampoco es un tema de exclusividad de las Fuerzas Armadas, aunque recientemente han vuelto a demostrar que son la "tabla de salvación" de la nación; mucho menos es un problema reciente o que pueda resolverse en "dos días", como lo precisara bien el Ministro de Defensa, y lo puntualizara la "Comisión para la restructuración integral de las fuerzas armadas" a inicios del siglo XXI: "la seguridad es un concepto más amplio que el concepto de defensa".

Ya encaminado el camino de la "reconstrucción con cambio", es imprescindible para el desarrollo del país, que se retome los iniciales pasos (que nos lleva a regresar al año 2002) para atender el bosque de problemas, implementando el Decreto Supremo 061-2016-PCM que emitiera el gobierno hace 9 meses. Creemos que este impulso lo hará efectivo el Presidente de la República luego de su viaje a Europa que, en palabras del titular del sector, permitirá "una mejor cooperación en materia de defensa" (léase seguridad nacional), y que echará a andar el Sistema de Defensa Nacional que dirige, a través de una gestión articulada (lo cual incluye destrabar el DS 071-2015-PCM,en provecho del conocimiento útil para el desarrollo de los procesos de seguridad y defensa nacional y la toma de decisiones), debido a la diversidad e  interconexión que evidencian los problemas nacionales; hacerlo de manera individual traería como consecuencia el mal empleo del erario nacional, cosa que no hace un buen economista, menos un estadista responsable, a quien de verdad le importa brindar las condiciones necesarias para el bienestar del Perú.

SEGURIDAD, PREVENCIÓN Y BUEN GOBIERNO

#UNA SOLAFUERZA  PARA EL RESPETO A LA LEY E INSTITUCIONALIDAD....

 Antes del inicio de las lluvias, huaycos e inundaciones ocasionados por el "Niño costero" muchas de las autoridades del gobierno nacional no imaginaban que todos estos fenómenos de la naturaleza conjugada con la mala gestión de gobiernos pasados, ocasionarían un grave problema contra la seguridad de las personas, crearía caos y cierta sensación de ingobernabilidad. 

 Y que si no fuera por la presión de la prensa y opinión pública, el Ejecutivo en pleno seguiría en sus cómodas posiciones y no hubiera hecho acto de presencia en el interior del país, aunque (como lo diría la Ministra de Justicia y Derechos Humanos) sin saber que hacer para solucionar el problema de la gente afectada,....hasta que llegaron las Fuerzas Armadas. 

 ¿Habrá servido todo esto para que reflexionen que el fin supremo de la sociedad y del Estado es la defensa de la persona humana? ¿qué es deber primordial del Estado proteger a la población de las amenazas contra su seguridad? 

 Quiérase o no, la gestión del Estado en procura de la responsabilidad constitucional de promover el bienestar general, está íntimamente ligado a la seguridad en toda su amplitud, en todas sus dimensiones, y que - ojalá se entienda -no es exclusividad de las Fuerzas Armadas. Quién niegue esta ineludible realidad, no es un estadista, no piensa en el Perú y su población o peor  solo observa sus intereses personales. Lamentablemente, como diría el Maestro Machiavelli, de ese tipo de gente sobran ejemplos.

 Es cierto y loable que se actuó apoyando a la población, y que se salvó el momento, pero no tratemos de tapar el sol con un dedo: Fueron acciones REACTIVAS, para "parchar", y muchas de ellas para la foto o el FB, para levantar las encuestas. De esta experiencia ha quedado demostrado que la seguridad solamente se consigue con acciones y medidas preventivas reales, no con aquellas que se ven espectaculares en un plan con bonita carátula.

Las acciones reales son aquellas que se introducen en los presupuestos y que se implementan consiguiendo resultados e impactos positivos, que se planean como dijo Sun Tzu hace muchísimo tiempo: "quien consigue ganar una batalla es que ha hecho muchas evaluaciones preliminares antes de comenzar la lucha".
Para eso deben funcionar entidades dedicadas a planear, a crear supuestos, escenarios, ensayar caminos, determinar activos críticos, encontrar a los adversarios y buscar sus debilidades, etc....eso no se hace en el día a día que enfrentan nuestros políticos, que -seguro-  con buenas intenciones, están aún aprendiendo lo que sucede en sus sectores.
La forma como funciona en los países desarrollados es  con seguridad, prevención y buen gobierno. Allí apuntamos ¿no?

 Dios quiera que ahora que la calma es aparente, se hagan esfuerzos para que la calidad de gobernar, el buen gobierno, gobernanza, como le quieran llamar, empiece a revelarse en nuestra vida diaria, con una sociedad y principalmente con autoridades que respeten las leyes y la institucionalidad, y no que se dediquen a desviar los intereses nacionales por otros particulares, a cuesta del futuro y dinero de nuestra población, de todos nosotros.

 Las actitudes reactivas pueden surtir efecto un tiempo, pero el respeto a la institucionalidad, el cumplimiento de la ley, sus procesos y procedimientos, asegurarán el éxito, pues son las instituciones quienes tienen los especialistas (en teoría, si el servicio civil de verdad es meritocrático) y donde existe la experiencia de haberse administrado casos similares, o al menos de haberse estudiado y planeado.

No se puede estar ninguneando u obviando a quienes tienen que cumplir funciones que la ley exige, eso es mal gobierno. Por eso, que -en el futuro- INDECI, se preocupe de los procesos de gestión de riesgos de desastres (ya le quitaron  la reconstrucción que era de CENEPRED); que el Ministerio del Interior atienda el orden interno, y si no tiene la capacidad recurra a las FFAA; y que estás cumplan el rol que la Constitución y la Ley les señala, cada cual con sus atribuciones, cumpliendo su deber y su especialización como dice el refrán:"zapatero a tus zapatos".

Cada cual en su labor, no interponiendo o superponiéndose en las funciones de otros. Hay quienes deben planear, hay quienes deben gestionar y articular y también quienes tiene que capacitar (para crear cuadros), ejecutar, controlar y supervisar; si no se hace así quedaremos atrapados en medio del tráfico de la ingobernabilidad, que la ven otros estados y los inversionistas extranjeros, quienes obviamente no colocarán un centavo en donde no hay seguridad, inestabilidad o donde las instituciones sean solo una caricatura.

 El buen gobierno, se demuestra haciendo funcionar los sistemas e instituciones, aplicando e implementando las políticas públicas que responden a las necesidades de la población.

Y si finalmente,el deber primordial del Estado está relacionado a la persona, a protegerlo de las amenazas a la seguridad (pues solo así habrá crecimiento y desarrollo) entonces es deber de quien dirige el gobierno -en cualquiera de sus niveles- prevenir sistémicamente. 

Hay que hacer que funcione el Sistema de Defensa Nacional, gestionado y articulado en todos sus procesos, claro siempre que de verdad se piense en los intereses nacionales. 

 ¿Queremos crecimiento, ingresar a la OCDE, que suba el PBI? Entonces actuemos coherentemente y que el Sistema arranque nuevamente.Un sistema que tiene muchos componentes (todas las entidades públicas y gobiernos) y que por eso hace dificil la tarea -nunca hecha plenamente- y que desafortunadamente fue detenido cuando estaba dando los pasos fundamentales. Tal detenimiento vista de otro ángulo no es más que una acción que linda con la ignorancia o que demuestra una terca falta de capacidad para gobernar; o mucho peor, con la traición. 

¿Cuánto restará al PBI las amenazas a la seguridad que vemos que avanzan sin que haya alguien que las trate de manera sistémica? MOVADEF, narcotráfico, trata de personas, minería y tala ilegal, contrabando, conflictos que afectan el orden interno, servicio civil con profesionales que no conocen que deben hacer, corrupción en todos los niveles.....

¡Qué la prosperidad de todos los peruanos se trabaje con seguridad, prevención y buen gobierno!......¡qué no sea otro cuentazo!

OBSERVACIONES AL PROYECTO DE LEY N° 772/2016-CR PARA MODIFICAR DIVERSOS ARTÍCULOS DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1141 DECRETO LEGISLATIVO DE FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA NACIONAL-SINA Y DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA -DINI

Mediante la Ley N° 30535, publicada el 10 de enero pasado, se ha realizado modificaciones al Decreto Legislativo N° 1141, dentro de los cuales se define el marco de actuación de la función de inteligencia al en uno de sus objetivos que anteriormente incluía la responsabilidad de “proteger las capacidades nacionales y evitar acciones de inteligencia de actores que representen amenazas a la seguridad nacional”.

Proteger las capacidades nacionales, es un ámbito que sobrepasa al Sistema de Inteligencia Nacional, y que corresponde al Sistema de Defensa Nacional, por eso se hizo bien en modificar este objetivo centrándolo en una de los ámbitos de la función de Inteligencia, de esta manera: “8.2 Proteger las capacidades nacionales frente a acciones de inteligencia u otras encubiertas provenientes de actores que representan amenazas a la seguridad nacional”

La función de inteligencia tiene solamente dos ámbitos: Inteligencia y Contrainteligencia, traducidos en obtener conocimiento útil para enfrentar a las amenazas a la seguridad nacional, y en negar el acceso a la inteligencia adversaria, lo cual permitirá proteger a los Activos Críticos Nacionales. Estas tareas incluyen el empleo de operaciones encubiertas, de ser necesario.

En consecuencia, considerar a la Dirección Nacional de Inteligencia  como la autoridad técnica normativa en materia de seguridad digital (17.8), no es correcto, pues esa categoría de la Seguridad es de competencia del Sistema de Defensa Nacional, que dispone de una entidad responsable en temas de ciberseguridad, a pesar que aún no ha emitido la Política  Nacional de la Información que permita hacer frente a las amenazas a la Seguridad Nacional  en el Ciberespacio. Lo que sí consideramos adecuado son las otras funciones agregadas sobre la materia (17.17; 17.18) que sí se encuentran enmarcadas en el ámbito de la función de Inteligencia.

Empleando este mismo argumento, no es adecuado que la DINI elabore el Plan Nacional de Seguridad Digital, pues las acciones de seguridad y defensa nacional son de competencia del Sistema de Defensa Nacional. Debe tenerse en cuenta que la DINI, brinda el conocimiento útil, a sus usuarios y son ellos quienes adoptan las medidas de seguridad o Defensa, conforme lo establezca y apruebe el Presidente de la República, quien es también quien preside y dirige el Sistema de Defensa Nacional.

Por otro lado, estimamos inadecuado volver a modificar el art 10° relativo al Plan de Inteligencia Nacional, incluyendo a la seguridad digital y gestión de riesgos. Este plan debe centrarse en dar las responsabilidades para orientar el esfuerzo de búsqueda de información en todas las dimensiones, no solo en el ciberespacio, en atención a las conclusiones obtenidas en la Apreciación de Inteligencia.

 Asimismo, es pertinente recordar que en “el Proceso de planeamiento de Inteligencia (PPI), la gestión de riesgos se materializa principalmente en la determinación de escenarios de riesgos. Esta determinación se realiza tomando en cuenta el  Inventario de Activos Críticos Nacionales (IACN) –que contiene la relación de activos imprescindibles para el logro de los objetivos de Estado–, la misión u objetivos de Estado y la inteligencia disponible.

Con fines de generar conocimiento (Inteligencia), el análisis consiste en evaluar el riesgo de un proceso o política en particular en función a las capacidades o ventajas que puede presentar un actor determinado.

Con fines de seguridad(Contrainteligencia), el análisis consiste en establecer los niveles de riesgo que soporta cada activo crítico tomando en cuenta las formas de acción establecidas en la inteligencia disponible.

De este modo, es posible realizar –sobre la planteada en el IACN– una nueva priorización, y así orientar de manera eficiente los recursos de inteligencia y contrainteligencia, en la planificación de las actividades de Inteligencia Nacional”. En síntesis, la gestión de riesgos es una actividad que se realiza tanto en el proceso de Inteligencia como en el de Contrainteligencia, no constituye un proceso independiente.

En este sentido, consideramos que el artículo 10° debe permanecer tal como lo establece la Ley N° 30535.

Finalmente, estimamos que corresponde al Congreso de la República conformar un Grupo de Trabajo especial para realizar un profundo análisis del Decreto Legislativo N° 1141,en el que debe tenerse en cuenta las conclusiones y recomendaciones del Informe Final presentado por la Comisión Reorganizadora de Alto Nivel de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) creada con el Decreto Supremo N° 013-2015-PCM.

ES NECESARIO PRECISAR 
La necesidad de conformar el grupo de trabajo antes señalado, está en concordancia al DS N°071-2015-PCM que dispuso se continúe con la suspensión de ejecución de acciones de inteligencia operativa, contrainteligencia y consolidación de apreciaciones a cargo de la DINI, dispuesta en la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 013-2015-PCM, hasta la aprobación de la nueva Ley de la Dirección Nacional de Inteligencia, basada (de acuerdo a la parte considerativa de dicho DS) en el Informe final de la Comisión reorganizadora citada.

En otras palabras, mientras que no se promulgue la nueva Ley, el ente rector del Sistema de Inteligencia Nacional mantendría recortada sus funciones, situación en la que se encuentra desde  marzo de 2015, a menos que se emita una norma legal que levante la suspensión.

NO MÁS PROTESTAS Y LAMENTACIONES

SI QUEREMOS INGRESAR A LA OCDE, NO MÁS GENERALES DESPUÉS DE LA GUERRA

Cuando la noche del pasado 22 de noviembre aparecieron las primeras informaciones del viaje de Nadine Heredia a Europa para ocupar el cargo de directora de la Oficina de Enlace de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), probablemente muchos habrán pensado que en algún momento la ex primera dama iba a abandonar el país.

Así, bajo las narices de todas las autoridades y sin restricción legal, Heredia salió por nuesfro primer aeropuerto dejando sorprendida a la ciudadanía, que luego ha tenido que observar - como se ha hecho usual - acciones reactivas gubernamentales como la del ministerio de Relaciones Exteriores que expresó al representante oficial del la FAO en el Perú, John Preissing, el desagrado y la protesta del gobierno peruano por una decisión que puede ser interpretada como una interferencia a una investigación fiscal en curso en el Perú.

El Congreso de la República no se quedó atrás pues, pues además de diversas manifestaciones individuales de novatos y "experimentados" congresistas, acordaron por unanimidad (118 votos) comunicar su "protesta contra el comunicado emitido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), mediante el cual defiende el nombramiento de la señora Nadine Heredia Alarcón como directora de la Oficina de Enlace de dicha entidad, puesto que esta organización no ha merituado que dicho acto de nombramiento pone en grave riesgo el curso regular de las investigaciones judiciales y parlamentarias que incluyen delitos de corrupción, seguidos en Perú, contra la señora Heredia Alarcón"; exhortándolos "a dejar sin efecto el nombramiento de la señora Nadine Heredia Alarcón, como directora de la Oficina de Enlace de dicha organización."

Sobre el caso, el congresista Jorge del Castillo manifestó que "es obvio que un nombramiento de un organismo internacional no se hace de un día para el otro" al tiempo que presentó un grupo de correos electrónicos entre Heredia y José Graziano da Silva, director de la FAO,  señalando que ellos demostrarían que la designación fue coordinada desde febrero.

Mas allá que, en esta oportunidad, nadie se rasgó las vestiduras por la forma como se obtuvieron las comunicaciones electrónicas, nos queda esa amarga sensación de haber sido burlados -una vez más - por aquellos que siempre pueden hacer lo que les venga en gana en nuestro país, en donde las previsiones son cosas que solo se señalan después del incendio, donde las autoridades siempre están sorprendidas y solamente protestan sin que nadie sea responsable de adoptar medidas de largo aliento, para evitar que el Perú sea visto como un país bananero, un país poco previsor y mal estructurado, que sueña ingresar al club de la OCDE sin tener las condiciones de seguridad que allí se tiene "por defecto".

Sabemos que la corrupción es una de las amenazas a la seguridad y desarrollo nacional, sabemos que las conexiones del crimen son grandes, pero no implementamos medidas preventivas, que en este caso tienen el título de un nombre técnico: Inteligencia, aquella que investiga indicios, que  busca atar cabos para evitar daños y anteponer  la fuerza de la ley o de los intereses nacionales, esa función desprestigiada por la mano de Montesinos, pero que es tan importante para que nadie deje mal parado al Perú, esa tarea silenciosa, criticada y mal entendida por algunos que creen que por ser autoridades o personalidades no deben ser escrutados por ser respetables, puros e intocables, aunque la historia después nos demuestre lo contrario.

Y si bien la Constitución Política especifica que "toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad" no quiere decir que el Estado sea iluso y deje de observar, verificar, investigar y analizar cualquier indicio que junto a otros puedan atentar contra la ley, la paz social o la seguridad nacional. La previsión es parte de la seguridad que todos queremos y necesitamos para alcanzar nuestro desarrollo, pero lamentablemente los hechos nos revelan que aún nuestro sistema democrático se "cuelga", quedándose pasmado y dejando indefensa a su institutcionalidad democrática y a todos sus integrantes.

El Perú requiere que se reflote la función de inteligencia, pero una inteligencia para el país, jamás  con fines partidarios, una inteligencia que responda únicamente a la ley, a los intereses nacionales y la seguridad de todos los peruanos.

Si de verdad queremos un país desarrollado, si queremos ingresar a la OCDE, debemos ser conscientes que es importante contar con las condiciones de un país democráticamente organizado, con instituciones implementadas que funcionen y que nos permitan prever antes que lamentar. 

Cuando? ......
Ya!!!

POLITIQUEROS Y "GOBERNANTES"

EL CALVARIO POLÍTICO DE NUESTRO PERÚ

Quiérase o no, nuestro país como cualquier otro encarga su administración y el futuro de su población, en manos de gobernantes que - en nuestro caso - casi nunca han logrado satisfacer a la expectativa general, sea porque no cumplen con sus promesas electorales, toman decisiones equivocadas, se dejan influenciar por personas de su entorno, se aíslan de la realidad nacional, establecen prioridades distintas al interés nacional, entregan cargos de confianza a personas sin el perfil requerido, no planean o lo hacen inadecuadamente, no se comunican ni dialogan oportunamente; en fin, no reúnen las características indispensables para gobernar; aquellas que todos los peruanos debiéramos observar al momento de elegir nuestro destino.

Esta situación, se complica más cuando los opositores buscan resaltar el mínimo error del gobernante de turno, yerro que muchas veces es replicado - en exceso - por algunos medios de prensa que  no reparan convertir la noble profesión, en el vil oficio. Y así, entramos "entra en trompo" con problemas menores que, luego cual bola de nieve, llegan a afectar la gobernabilidad. 

¡Qué bueno fuera que esas zancadillas entre politiqueros mejorasen las condiciones de vida de todos los peruanos!; lamentablemente lo único que logran es, primero alejarnos de la aspiración de llegar a ser un país del primer mundo y después reflejar una imagen de "país bananero" para satisfacción de nuestros adversarios y para temor de los inversionistas.

Los peruanos debemos, sacudirnos de la "indolencia de esclavo" y procurar mayor participación para exigir que en nuestro país rija el imperio de la ley, y así podamos tener políticos, que cuiden la "salud" de los peruanos, a la "manera de los pastores y vaqueros", como lo decía el gran Platón.

Quien aspire a formar parte de un gobierno, además de reunir los pergaminos y capacidades personales ya señalados, esencialmente debe conocer como funciona e interaccionan  las entidades estatales y también, cómo éstas se articulan con la sociedad.

Quien aspire a formar parte de un gobierno, primordialmente debe conocer las necesidades del pueblo, las aspiraciones de éste, como también,  los intereses nacionales que favorezcan el  desarrollo de sus ciudadanos y también alcanzar el tan ansiado bienestar general.

Si estuviéramos solos en el mundo, tal vez eso sería suficiente, pero como no es así, también debe ser consciente que todo país, tiene fuerzas opositoras, nacionales y foráneas, que discurrirán en dirección contraria a  la voluntad general de los peruanos.

Por eso, como lo señalaba Sun Tzu, "lo que le vale al soberano ilustrado para luchar, conquistar y lograr las cosas a un nivel superior al de los hombres  ordinarios, es la capacidad de prognosis que poseen. Lo que llamamos capacidad de prognosis no puede provenir de los espíritus, ni de los dioses, ni ser producto de analogías con eventos pasados. Debe ser obtenido de hombres que conocen la situación del enemigo.De ahí se deduce el empleo de espías"

Para gobernar el país y poder llevarlo por el camino del primer mundo, se requiere salvar todas las dificultades que interpondrán los enemigos, adversarios y amenazas contra la Seguridad Nacional. Solamente el gobernante que tenga toda la información útil, podrá adoptar la mejor decisión en favor del Perú.


Toda esta información, solamente puede ser proporcionada por una entidad especializada en el manejo de la actividad de Inteligencia.Y si  se quiere tener éxito, debe entenderse claramente dos conceptos fundamentales: primero, la actividad de inteligencia, a diferencia del resto de otras en el Estado, es secreta; y segundo la Inteligencia, la de verdad, debe saberlo todo. 

Muchos politiqueros, podrán argumentar que son preceptos totalitarios, porque no terminan de entender  que esas dos condiciones son generales, para cualquier tipo de gobierno. Para un gobierno democrático la Inteligencia además, primero, debe obedecer estrictamente a los intereses nacionales, no a los intereses políticos partidarios; y segundo debe estar sometido a los controles  que aseguren, que la actividad se desarrolle cumpliendo lo señalado, y por supuesto, una última característica, aunque parezca redundante, que su trabajo no sea revelado por nadie, pues de lo contrario, no sería secreto, no sería Inteligencia.

Y si ello sucediera, seguir los consejos de Sun Tzu, quien dio una receta acorde con sus tiempos: "Si los planes de operaciones secretos son prematuramente divulgados, el agente junto con las personas a quien éste contó los planes deben ser ejecutados". 

Ahora bien,y solamente para caracterizar la actividad de Inteligencia en el Perú, pensemos juntos: si todo país tiene enemigos, adversarios y amenazas, ¿se mostrarán solos? ¿Se expondrán fácilmente?. 

Para ilustrar mejor, pensemos en la mayor amenaza del Perú: la corrupción. 
Los corruptos, ¿se mostrarán fácilmente?.Los corruptos, aquellos cuya mayor aspiración es llenarse los bolsillos con el dinero de todos los peruanos, se colocarán un letrero para poder ser identificados?, ¿Cuál es la forma de diferenciar a un ciudadano correcto de otro que es corrupto?,¿Cómo saber que un ciudadano no es atrapado por la tentación de la corrupción?,¿Qué suelen hacer los corruptos con el dinero de sus ganancias? Si lo invierten, ¿lo harán a nombre propio? o ¿utilizarán a familiares o amigos como testaferros?. La compra de inmuebles, ¿no  es una forma que emplean los corruptos, para "invertir" sus ganancias?

Después de haber dado respuesta a estas interrogantes, podrá entenderse un poco que el acopio de datos sobre propiedades , que por lo demás es información pública, no es ningún ilícito, sino más bien un procedimiento para distinguir entre inocentes y corruptos. No hay que rasgarse las vestiduras, ni confundir a la opinión pública señalando que se atenta contra la intimidad, la intimidad no es pública.

No está mal que,  para buscar información se incluya también a  personas conocidas por no ser corruptas. ¿Acaso la experiencia no nos ha enseñado que muchas personas conocidas como notables, resultaron ser corruptas? 



El Perú, como cualquier país que se precie de estar encaminado  hacia el primer mundo, debe contar con un aparato de Inteligencia que actúe en forma secreta, que lo sepa todo y que sea controlado adecuadamente, para que provea la información útil que facilite la adopción de las mejores decisiones, para así desarrollar las políticas del Acuerdo Nacional y alcanzar los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional,  porque solo así se alcanzará  el bienestar y beneficio de toda su población.

Finalmente, debe quedar claro que todo gobernante, todo aquel que se precie de ser político y principalmente todos los integrantes del aparato estatal que sirven a todos los peruanos - por ser de interés público y de necesidad nacional -  deben considerar que la Seguridad Nacional debe estar  alineada al Acuerdo Nacional y vinculada únicamente a una Política y a una Estrategia  que responda a los intereses nacionales. Lo demás, debe ser reclamado por la población - a viva  voz -  como traición a la Patria.

REORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA

ANÁLISIS TÉCNICO

La Presidencia del Consejo de Ministros, mediante Decreto Supremo 013-2015 ha declarado en reorganización la Dirección Nacional de Inteligencia por un periodo de ciento ochenta días. Las consideraciones del mencionado decreto supremo señalan que, resulta necesario reorganizarla “con el objeto de fortalecer su rectoría en el sistema de inteligencia nacional; lograr mayores niveles de confianza en la ciudadanía; eficiencia en la producción de inteligencia en materia de seguridad nacional; y, el uso transparente de los recursos públicos todo ello en el marco del pleno respeto de las normas constitucionales y los principios democráticos que rigen al Estado peruano”.

Una serie de dispositivos legales precede esta “necesidad pública”, aunque ninguno de ellos contiene un aspecto normativo que prevea un proceso de  reorganización. Si no existe una norma legal que prevea la reorganización de esta entidad y siendo el DLeg 1141 una norma de rango de ley, solamente otra ley debiera modificarla para incluir el proceso de reorganización. Corresponde al Congreso de la República y al Tribunal Constitucional pronunciarse sobre este aspecto.

Ahora bien, dentro de las normas de la parte considerativa  del DS 015-2015-PCM, se incluye al propio DLeg 1141 que expidiera el Ejecutivo en diciembre de 2012, en uso de atribuciones de la ley 29915 justamente para dinamizar la producción de inteligencia nacional en un marco de control democrático, mediante la mejor fiscalización del Congreso de la República, la Contraloría General de la República y la propia Presidencia del Consejo de Ministros, que ulteriormente lograría, por esta acción, la confianza de la población nacional.

El DLeg 1141 contempla que la producción de inteligencia se realiza de acuerdo al Plan de Inteligencia Nacional, el cual debe ser aprobado por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional el mes de abril del año anterior a su aplicación, vale decir con la suficiente anticipación para efectos presupuestales y con el concurso de las más altas autoridades nacionales.

La rectoría del Sistema de inteligencia Nacional, y el control del uso de los fondos públicos, son aspectos que también se encuentran descritos en el DLeg 1141, el cual tampoco fue objetado por el Congreso de la República. 

Los mecanismos para la producción de inteligencia y su correspondiente control introducidos en el DLeg 1141, de hecho superan a la derogada Ley 28664, Ley del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA y de la Dirección Nacional de Inteligencia – DINI. 

Pareciera que no se ha observado que la población muestra su confianza, no con la emisión de nuevos dispositivos legales, sino con muestras claras del cumplimiento de ellas, y mejor aún  con el ejercicio del control que en ellas se emite; y el DLeg 1141  de hecho contiene una serie de actividades de control, que probablemente no se han ejercido.

En este contexto antitético al sentido común, para ser gentil, se dispone el nombramiento de una comisión reorganizadora de alto nivel que estará “integrada por tres personalidades de distinguida e intachable trayectoria personal y profesional”, que recuerda a la comisión reorganizadora que en la primera década de este siglo diera como resultado crear un órgano de línea en el Ministerio de Defensa, para atender la política de Seguridad y Defensa Nacional en los campos no militares, lo cual no tuvo ningún sentido y naturalmente ningún resultado positivo, en ese aspecto.

Este razonamiento, debe llamarnos la atención, pues no solo se trata de contar con personalidades intachables, es también importante, para la seguridad nacional, que dichas personalidades tengan el suficiente conocimiento y la experiencia adecuada para que puedan cumplir con la tarea establecida.

Para colocar la cereza de la torta, el DS 015-2015-PCM dispone que los otros componentes del Sistema de Inteligencia Nacional “se encargarán de producir Inteligencia Nacional para el Presidente de la República y el Consejo de Ministros”, lo que no solo revela de desconocimiento, pues  de estos componentes solamente dos tienen capacidad para producir inteligencia: militar y policial, que no son igual a la producción de inteligencia nacional.

Por último, al dejar de encargar la labor de rectoría, se  infiere que cada órgano de inteligencia deberá proporcionar esta inteligencia nacional, al Presidente de la República para las demás decisiones y para la ejecución de los procesos de la Seguridad Nacional, lo cual es contrario al principio de especialidad de la actividad de inteligencia.

En estas condiciones, ¿se podrá  producir el conocimiento útil para el proceso de toma de decisiones en materia de seguridad nacional?

¿Se podrá proteger las capacidades nacionales y evitar acciones de inteligencia de actores que representen amenazas a la seguridad nacional?