LA REHABILITACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL

REDUNDANDO EN LA SEGURIDAD NACIONAL

En mérito al Decreto Legislativo N° 1299, el pasado mes de octubre, mediante  un acta firmada  por el Presidente de la Corte Suprema, Víctor Prado Saldarriaga, y el Ministro de Justicia, Vicente Zeballos Salinas se formalizó la transferencia de la  Gerencia de Centros Juveniles del Poder Judicial y sus órganos desconcentrados al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, lo cual significa que  todo el "Sistema de Reinserción Social del Adolescente en conflicto con la Ley Penal"  (SRSALP) dependerá de este ministerio, específicamente de la Dirección General de Asuntos Criminalísticos, conforme lo estableció la Resolución Ministerial N° 0483-2018-JUS, emitida el 09 de noviembre de 2018.

Así, esta dirección general no solo es ahora responsable de crear, estudiar y proponer medidas políticas destinadas a combatir la delincuencia de manera rápida, firme y eficaz, así como proponer mejoras del sistema penitenciario que favorezcan la reinserción de las personas encarceladas en nuestra sociedad, pues también tiene el gran reto de colocar en práctica sus propuestas para el mejor diagnóstico y rehabilitación de los adolescentes en conflicto con la ley penal.

No es poca cosa, se trata de 10 centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación (CJDR),  y 25 centros de orientación al adolescente (SOA), ubicados (los CJDR) en Lima, Ancón II (Anexo), Santa Margarita, Alfonso Ugarte (Arequipa), El Tambo (Huancayo), José Quiñones Gonzales (Chiclayo), Marcavalle (Cusco), Miguel Grau (Piura), Pucallpa y Trujillo; asi como  los SOA (régimen abierto: no quedan encerradosl) de Lima Este, Lima Norte, Rímac, Callao, Ventanilla, Arequipa, Ica, Tumbes, Cañete, Huaura, Chiclayo, Trujillo, Huancayo, Huancavelica, Chimbote, Sullana, Paucarpata, Ayacucho, Puno, Madre de Dios, Cusco, Huaraz, Pucallpa, Iquitos y Huánuco.

Sin duda que el centro juvenil de mayor renombre es el de Lima, donde solo este año se produjeron al menos tres motines, con quema de colchones y toma de rehenes, aunque sin fugas espectaculares como la ocurrida en el año nuevo de 2013, en que el sicario juvenil  Alexander Manuel Pérez Gutiérrez alias "Gringasho", contando con la miopía del tutor de servicio, escapó (cruzando varias rejas, puertas y seguridad  en su camino) junto con otros adolescentes recluidos, desde el patio de mayor seguridad  de la mencionada instalación.

Este centro estigmatizado como “Maranguita” por la ubicación que tiene desde que se creó en 1945,  viene tratando, como todos los centros del sistema, de apostar a una auténtica rehabilitación del adolescente en conflicto con la Ley Penal y promover su reinserción social, basados no solo en la experiencia adquirida en el transcurso de los años y en concordancia con las normas nacionales e internacionales sobre los derechos de los niños y adolescentes,  sino también empleando un marco teórico,  que incorpora el enfoque socioeducativo y sistémico, y la metodología de intervención formativo – preventiva – psicosocial, diferenciando dos modalidades de intervención (medio cerrado / medio abierto), fundamentados en la razón, la fe y el afecto, a fin de garantizar la resocializacion del adolescente en conflicto con la ley penal.

Para tal efecto se aprobó  - en el año 2013 - el "Plan Nacional  de Prevención y Tratamiento del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal" con tres objetivos de impacto: la reducción de conductas antisociales, lograr una administración de justicia eficaz y con enfoque garantista, y garantizar la resocialización del adolescente en conflicto con la ley penal y reparación de la víctima.

En el aspecto de la resocialización destacó la intención de alcanzar los siguientes objetivos: mejorar la eficacia de los programas socioeducativos en medio cerrado; ampliar la oferta de programas socioeducativos de medio abierto; y desarrollar programas de orientación para la ejecución de la remisión.

El referido plan, considerado como la, primera política  anti criminal que dictó el Consejo Nacional de Política Criminal (sic) , desafortunadamente no ha tenido avance significativo,  especialmente en lo que se refiere a la resocialización, persistiendo las mismas condiciones que originaron el plan, el cual fue diseñado para alcanzar sus objetivos a fines del presente año, pronto a fenecer. 

Y así, aún:

• Existe limitada oferta de centros juveniles para ejecutar las medidas socioeducativas, especialmente en medio cerrado, lo cual conlleva a la sobrepoblación de ellos, dificultando el control y los propios aspectos socioeducativos.
• La inadecuada infraestructura de los centros juveniles no permite que los programas de tratamiento sean aplicados según las normas establecidas en el SRSALP.
• No se cuenta con destacamentos policiales en la mayoría de los centros juveniles de medio cerrado para el resguardo externo, y tampoco se ha desarrollado la especialización policial para la administración de menores.
• No se dispone con el personal de tratamiento suficiente para dar una adecuada atención, y muchos de ellos no cuentan con la especialización o actualización necesaria.

Lo más grave es que, como en el caso de la fuga de alias "Gringasho", los directamente responsables de la seguridad y del tutelaje de la rehabilitación, se encuentran comprometidos en las fallas de los procesos que se realizan en los centros juveniles de medio cerrado. 

Al revisar las posibles causas encontramos que los tutores (quienes acompañan a los adolescentes permanentemente, bajo un ciclo de 24 por 48 hrs) tienen como remuneracion, aproximadamente 1,500 soles, lo cual sumado a la permisividad de los agentes de seguridad (con remuneración similar) ingresan cualquier artefacto que les sea requerido por los adolescentes, a quienes se supone deben vigilar y orientar.

Por otro lado, existe poco resultado en la reinserción de los adolescentes que salen de los medios cerrados, quienes no consiguen trabajo, engrosando al grupo de los que ni trabajan ni estudian, por lo que después de un tiempo (como sucede con adultos que egresan de las penitenciarías), recurren nuevamente al delito para obtener ingresos que les permita atender sus necesidades.

Es importante que se entienda claramente que de no efectuarse la implementación de medidas de manera articulada, coordinada multisectorialmente y en los tres  niveles de gobierno, como lo detalla la Política de Seguridad y Defensa Nacional, que el pasado 20 de diciembre cumplió un año de publicada, seguiremos sin solucionar, no solamente los problemas de rehabilitación y reinserción de los adolescentes en conflicto con la ley penal, sino también de aquellos adultos que salen de las penitenciarías, colocando en riesgo la seguridad ciudadana, la imagen del país, afectando la economía, la gobernabilidad y la seguridad nacional.

Feliz Navidad!  #ElPerúPrimero

SEGURIDAD NACIONAL: CLAVE PARA HACER DEL PERÚ UN PAÍS DEL PRIMER MUNDO

EL LARGO PROCESO PARA ACCEDER A LA MEMBRESÍA DE LA OCDE

Uno de los aspectos que el Perú ha mantenido como propósito de Estado es ingresar a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), razón por la que el año 2015, mediante el Decreto Supremo N° 086-2015- PCM, se declaró de interés nacional las acciones, actividades e iniciativas desarrolladas en el marco del proceso de vinculación del Perú a esta organización internacional.

Esta declaratoria comprende nuestra participación en las actividades, previstas en el Acuerdo y Memorando de Entendimiento firmados entre la OCDE y el Gobierno del Perú el 8 de diciembre de 2014, así como en todas las demás actividades relacionadas con la organización, promoción, impulso y apoyo a este proceso.

Esta  patriótica intención, también fue puesta en manifiesto durante la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) del año 2014, cuyo eslogan fue “Hacer del Perú un país del primer mundo” exponiéndose propuestas para impulsar nuestra economía y hacerla más dinámica y competitiva, levantada con el esfuerzo emprendedor de sus ciudadanos, con una institucionalidad sólida y eficaz,  pues quedó claro que solo así – con el concurso de la sociedad en su conjunto – el Perú será capaz de superar la pobreza y generar prosperidad.

La OCDE es un foro único donde los gobiernos de 37 economías democráticas trabajan conjuntamente para enfrentar los desafíos económicos, y sociales de la globalización habiendo establecido la misión de promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo, cuyos miembros comparten lineamientos básicos en materia de política económica, de democracia plural y respeto a los derechos humanos.

Para este esfuerzo, la Presidencia del Consejo de Ministros encabeza una Comisión Multisectorial encargada de realizar acciones de seguimiento y elaboración de informes técnicos orientados a la ejecución del Programa País y de acercamiento del Perú a los estándares de gobernanza y políticas públicas de la OCDE.

El Programa País OCDE-Perú, lanzado en diciembre de 2014, ha tenido como objetivo principal el mejoramiento de las políticas públicas y apoyar el proceso de reformas del Perú, enfocándose  en cinco áreas prioritarias: remover barreras al crecimiento, gobernanza pública, anti-corrupción e integridad en el sector público, capital humano y medio ambiente. El Programa comprende informes sobre la implementación de proyectos de mejoramiento de capacidades, e incluye la participación en los Comités de la OCDE y la adhesión a determinados instrumentos legales de la OCDE.

Los principales informes que la OCDE ha formulado sobre el Perú, entre 2016 y 2017, son los siguientes:

• §  Evaluaciones del desempeño ambiental
• §  La Contratación Pública en el Perú - Reforzando Capacidad y Coordinación
• §  Estudio de la OCDE sobre integridad en el Perú
• §  Estudio de la OCDE sobre Gobernanza Pública en Perú
• §  Estudio multidimensional del Perú Volumen 2
• §  Skills Beyond School Review of Peru
• §  OECD Territorial Reviews: Peru 2016
• §  OECD Public Governance Review: Peru
• §  OECD Review of Regulatory Policy of Peru

El más reciente avance nacional para acceder a la membresía, se produjo en mayo 2018 durante el 10° Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe de la OCDE en París, cuando el Ministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, en representación del gobierno peruano, suscribió nuestra adhesión a la “Convención para Combatir el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales” y la “Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Tributarios”.

Debe tenerse en cuenta que convertirse en un miembro de la OCDE es un proceso largo y complejo centrado en la mejora de la calidad de las políticas públicas, por lo que la sugerencia de gran relevancia que propone la organización, es que el gobierno debe responder a las demandas de los ciudadanos con la mayor transparencia y rendición de cuentas que sean solicitadas, logrando el fortalecimiento y la credibilidad del público con el gobierno (OCDE, 2015).

En este contexto, es necesario entender que un indicador clave para medir el avance del proceso, es el grado de confianza que la ciudadanía tenga en sus instituciones públicas, particularmente aquellas responsables de conducir el país y naturalmente en sus fuerzas de seguridad, lo cual fue destacado por Pablo de la Flor, cuando – en CADE 2014 - apuntó claramente que “no es posible convertirnos en un país del primer mundo con instituciones del tercer mundo”.

Un país como el nuestro, diagnosticado en exceso, lamentablemente ha fallado en llevar a la práctica importantes soluciones en beneficio de sus integrantes, principalmente por falta de coordinación y articulación en los esfuerzos, incluso no llegando a presupuestar y tampoco a implementar temas de relevancia, olvidándose que en nuestro escenario nacional – como en cualquier parte del mundo - las políticas sin presupuesto, son un simple “saludo a la bandera ajena”, y aquellas que logran implementarse sin lograr cambiar la situación problemática, son nada más que un “engaña muchachos” que afecta la economía de todos sus ciudadanos.

Por esta razón, no debemos soslayar que con la entrada de Colombia a la OCDE, el Perú se ha convertido en el único país miembro de la Alianza del Pacífico que no forma parte de esta organización.

Tampoco, que el aspecto de mayor demanda ciudadana, el que también brinda confianza a los inversionistas, aún se encuentra sin proceso de implementación: La Política de Seguridad y Defensa Nacional, aprobada mediante Decreto Supremo N° 012-2017-DE  en diciembre de 2017, que contiene propuestas –de obligatorio cumplimiento - para atender los problemas de seguridad que afectan a todos los peruanos en múltiples dimensiones, difícilmente será incluida en el proceso de planeamiento de los sectores y gobiernos sub-nacionales, pues sus acciones articuladas de implementación – en los tres niveles de gobierno - no han sido consideradas en el presupuesto que el Congreso de la República debe aprobar en noviembre próximo, para ser efectivo el año 2019.

LA LEY DE MOVILIZACIÓN NACIONAL

LOS CAMBIOS PENDIENTES EN PROVECHO DE LA SEGURIDAD NACIONAL

La normatividad legal relativa a la movilización nacional empezó a regir en nuestro país mediante la Ley N° 7864 promulgada en octubre de 1933, relacionada a las "medidas destinadas a pasar de la organización de paz a la organización de guerra", denominándose a ellas como Movilización Nacional.

Esta particularidad es incluida recién en una Constitución el año de 1979, en el capítulo referido a la Defensa Nacional y el Orden Interno de la Constitución, estableciéndose que "La ley prescribe los alcances y los procedimientos de la movilización". Posteriormente, días antes de finalizar el gobierno del General Morales Bermúdez, en julio de 1980, se publicó el Decreto Ley N° 23118 precisándose que "la movilización es un proceso permanente inherente a la Defensa Nacional" y que "tiene por finalidad adecuar el Potencial Nacional a los requerimientos de la Defensa Nacional para disponer y asignar oportunamente los recursos necesarios que permitan afrontar situaciones de emergencia que atenten contra la Seguridad Nacional".

El mencionado concepto se mantuvo con el Decreto Legislativo N° 733 de 1991 - de corta duración - que fue derogado por la Ley N° 25415 de marzo de 1992, para  restituir la vigencia del Decreto Ley N° 23118 hasta 2003 en que se promulgó la Ley N° 28101.

La Constitución Política del Estado de 1993, que motivó la actualización de la Ley precitada, con lenguaje parecido a la del año 1979, señala que la "ley determina los alcances y procedimientos de la movilización para los efectos de la defensa nacional". En esa ley, vinculante hasta nuestros días, se conceptualiza que "la movilización es un proceso permanente e integral que consiste en adecuar el poder y potencial nacional a los requerimientos de la Defensa Nacional, a fin de disponer y asignar oportunamente los recursos necesarios para afrontar situaciones de emergencia ocasionadas por conflictos o desastres que atenten contra la seguridad, cuando éstos superen las previsiones de personal  bienes y servicios, así como las posibilidades económicas y financieras".

En la actualidad, de manera general el sentido de este concepto, no ha variado. En realidad podríamos afirmar que este pensamiento está enmarcado en el pensamiento global. Así, para los Estados Unidos de América la movilización "es el proceso de reunión y organización de recursos nacionales para apoyar los objetivos nacionales en tiempo de guerra u otras emergencias" (Joint Publication 4-05, 2014).

En el Perú, a pesar de haber tenido conflictos externos, guerra contra el terrorismo y emergencias de gran magnitud, la movilización nacional nunca se ha puesto en práctica bajo los términos del Decreto Ley N° 23118 o de la Ley N° 28101, lo cual no significa que una ley de esta naturaleza no sea útil. Todo lo contrario, la seguridad de la nación depende primordialmente de medidas preventivas, y las disposiciones de la actual Ley de Movilización Nacional son precisamente actividades de salvaguarda ante la posibilidad del agotamiento de medios para enfrentar situaciones de emergencia.

La Ley N° 28101, a pesar de haberse formulado con anterioridad a la publicación del Reglamento de la Ley N° 26889, Ley Marco para la producción y sistematización legislativa, tiene la estructura apropiada, distinguiéndose claramente las disposiciones generales y las partes sustantiva, procedimental y final que debe observarse en toda Ley. Es así que considera los siguientes títulos: Generalidades, el proceso de movilización y desmovilización, organismos y responsabilidades, recursos de la movilización, dechos y retribuciones, infracciones y sanciones, financiamiento y ejecución de la movilización, y, disposiciones complementarias, transitorias y finales.

La ley propiamente  contiene precisiones legalmente aceptables y acordes con nuestra realidad, sin embargo en lo que se ha fallado es en la implementación. Las etapas de planeamiento y preparación han sido soslayados en todos los niveles, empezando por los planes, empadronamientos que no se han tomado con seriedad, quizás porque a la hora de la emergencia, las Fuerzas Armadas han asumido el problema con sus propios medios o con apoyo de entidades de manera oficial, aunque sobrepasando las formalidades establecidas en los instrumentos de implementación de la ley.

La falta de asignación presupuestal, ha sido otro gran problema, limitando no, pero si anulando la posibilidad de realizar ejercicios de movilización y demovilización, con lo que se trasmitió un equivocado mensaje a la población, con el riesgo consecuente a la seguridad nacional.

En los años transcurridos desde la concepción de la necesidad de prepararnos para afrontar situaciones de emergencia - vía movilización nacional -que son casi los mismos años desde la creación del Sistema de Defensa Nacional, sus componentes son prácticamente los mismos, variándose particularmente la ubicación del ente técnico, hoy no definido en razón de no haberse implementado el DS N° 061-2016- PCM que -entre otros- fusionó a la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional al Ministerio de Defensa (algo que también se hizo en 2003, sin resultados positivos).

Los contenidos que requieren ser modificados en la Ley N° 28101 son:

• El aspecto conceptual del planeamiento de la desmovilización, que contrariamente a lo precisado en el artículo 11°, debe realizarse en forma concurrente con la etapa de movilización propiamente dicha. No es adecuado, esperar el  momento en que se visualiza el término de la movilización para recién pensar en planear la desmovilización. 
• Las funciones que corresponden al Consejo de Defensa Nacional (hoy Consejo de Seguridad y Defensa Nacional) deben circunscribirse al máximo nivel del proceso, vale decir: disponer la ejecución de la movilización y desmovilización, la emisión de la directiva nacional y otras disposiciones complementarias que por el nivel sea necesaria la concurrencia del Consejo. Los planes y otros documentos deben ser administrados por la entidad que gestione y articule al Sistema de Defensa Nacional.
• Las sanciones por imponer deben ser claras, por lo que se debe corregir el artículo 36.5
• No es adecuado mantener la posibilidad de doble sanción como lo contempla el artículo 37° de la ley.

Los aspectos de forma que requieren ser modificados, se encuentran relacionados a la actualización de los nombres de las entidades que garantizan el proceso de la movilización, para lo cual es imprescindible que se defina la situación del organismo encargado de la gestión y articulación del Sistema de Defensa Nacional, que se encuentra en el limbo legal por falta de implementación del DS N° 061-2016-PCM.

En consecuencia, para que el proceso de movilización nacional funcione adecadamente es imprescindible primero culminar las etapas pendientes de realizar desde el Ejecutivo, para luego tramitar las modificaciones sugeridas. 

Por último será necesario modificar los instrumentos de implementación que hagan del proceso una gestión práctica y útil, y que necesariamente deben encontrarse respaldados del presupuesto correspondiente. Caso contrario este proceso -importante para la seguridad de la nación- seguirá siendo un saludo a la bandera ajena. 

¿EXISTEN GANAS DE HACER BIEN LAS COSAS?

¿EN FAVOR DEL PERÚ?

El editorial del diario "El Correo" bajo el título IMPOSIBLE FALLAR, tiene una conclusión importante: "Cuando hay ganas de hacer las cosas bien, se hacen", algo que lamentablemente no se nota en la seguridad de todos; pero no hablamos solo de seguridad ciudadana, tampoco se ven hechos en la lucha contra las principales amenazas, que no permitirán - a este paso - que seamos admitidos en el club de la OCDE.

Ivan Slocovich, como todos los peruanos, cree que el gobierno tiene la oportunidad de oro "de replicar, en su ámbito, el monumental trabajo que hicieron militares, policías y bomberos apenas sucedió la emergencia" ocasionada por El Niño Costero, sin embargo la lectura de la tendencia de la política gubernamental es - hasta ahora - antitética.

La institucionalidad no se respeta: se crean órganos para reemplazar a otros ya existentes, se duplican funciones, se deja de implementar políticas y decretos. Así, en reemplazo del Consejo de Coordinación Intergubernamental (Ley 29158) se instauró el GORE-Ejecutivo; el COEN (originalmente de INDECI) se pasó al Ministerio de Defensa "temporalmente"; la gestión de la seguridad nacional  cambió al Ministerio de Defensa, mediante el DS N° 061-2016-PCM, pero aún no se ha implementado, es decir no se ha modificado las atribuciones del MINDEF y menos se ha tramitado una LEY para la disolución de la SEDENA (inexistente en la vía de los hechos); la voluntad de favorecer a intereses extranjeros como el Decreto Supremo N° 001-2017-RE declarándose de necesidad pública que cualquier Estado pueda adquirir bienes dentro de los 50 kilómetros de la frontera, y el proyecto en provecho de empresas chilenas; la limitación (casi anulación) de la producción de inteligencia (N°071-2015-PCM), la implementación de SERVIR (cuyo plazo vence en enero de 2018) que no muestra avance, continuándose las contrataciones CAS, con perfiles antojadizos (concursos simulados?), dejándose de lado el servicio civil meritocrático, lo cual explica los pobres resultados.

Si a todos estos hechos se suman: las pocas acciones que demuestren que - de verdad -se quiere luchar contra la corrupción  (Kuntur Wasi) y la terca decisión de continuar con proyectos lesivos a la economía nacional (gaseoducto, refinería, Panamericanos); la emisión de bonos soberanos por más de 10 mil millones, que nos empeña hasta el año 2057 (Van 28 colocaciones https://www.mef.gob.pe/es/titulos-del-tesoro/bonos/bonos-soberanos/331-deuda-publica/bonos/5128-emision-de-bonos-soberanos-2017- ); la poca voluntad para traer y juzgar a Toledo; por último los mensajes incoherentes y el incumplimiento de compromisos de campaña, en realidad ....nos desalienta.

¿Imposible fallar? ¿En favor de quién? Ojalá que la voluntad demuestre que sea por el Perú.

MÁS ALLÁ DE LA LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

SUGERENCIAS AL PROYECTO DE LEY 206-2006-CR

De conformidad con el artículo 165° de la Constitución Política del Perú, las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno cuando se haya decretado Estado de Emergencia o Estado de Sitio. En esas circunstancias es totalmente adecuado autorizar su participación en operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas, como lo propone el Proyecto de Ley N° 206-2016-CR de autoría del Congresista Carlos Tubino.

Es cierto que las Fuerzas Armadas no se preparan para la lucha contra las drogas como sí lo hace la Policía Nacional, vale decir en todas sus fases. Sin embargo cuando se trata de operaciones de interdicción estamos refiriéndonos a una operación específica en la que hay que tomar un objetivo en un determinado espacio, para lo cual las Fuerzas Armadas, de manera general, sí se encuentran entrenadas. La variación fundamental estará en el conocimiento del dispositivo, composición y fuerzas  del adversario por oponer, cuyas particularidades corresponden al campo de las operaciones policiales y en las que se tendrá que capacitar.

Es totalmente correcto el razonamiento que se hace en la exposición de motivos, al sugerirse la ineficacia e ineficiencia en el uso de los medios por no emplear a las tropas en la captura de delincuentes que trafican con droga en la zona de responsabilidad del Comando del VRAEM, particularmente en las áreas donde no tiene alcance la Policía Nacional.

Bajo estos conceptos, se debería impulsar el trámite de aprobación de este proyecto de ley, cuya última gestión data del 08 de noviembre de 2016. No obstante, es necesario anotar que el proyecto no debería considerar de interés nacional la creación de una escuela especializada de las FFAA y PNP para instrucción y entrenamiento contra el tráfico ilícito de drogas, pues esta decisión, la implementación, es de competencia del Poder Ejecutivo y no necesariamente una escuela puede ser la mejor solución. En este sentido, es pertinente que el proyecto incluya el plazo para la emisión del plan de implementación y de la reglamentación respectiva.

A pesar de todo este esfuerzo, mientras que la amenaza sea tratada separadamente, sin observarse sus conexiones con otros ilícitos que afectan a la seguridad nacional, si no se gestionan sistémicamente, y solo se le enfrenta reactivamente, la acción del Estado seguirá siendo ineficaz e ineficiente, pues solo la interdicción o la erradicación no serán suficientes, y consecuentemente la  producción de droga se mudará a otro lugar, y continuará la corrupción, la trata de personas y el lavado de activos que merma nuestra gobernabilidad y crecimiento económico.

Por eso llama la atención el poco esfuerzo que hace el Estado por proteger a la población de las amenazas a su seguridad (Art 44° CPP). Así el Ejecutivo, de un plumazo desapareció a la SEDENA, la entidad que estuvo encargada de gestionar los procesos de la seguridad y defensa nacional, y aún no la reemplazó,  pues todavía no se ha implementado el DS-061-2016- PCM, bajo las narices del Congreso de la República que tampoco ha dado muestras de preocuparse en realizar el control político de este aspecto, en perjuicio de los intereses nacionales.

En este extemo, tampoco la Defensoría del Pueblo está cumpliendo su rol de supervisión del cumplimiento de los deberes de la administración pública, que afectan los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad; y por último, el Ministerio Público y el Poder Judicial ¿No deberían estar cuestionando a quienes por omisión o negligencia no cumplen con las funciones en beneficio de la seguridad de todos? 
Y, ¿la sociedad civil? ¿La prensa?...¿Interesa más la primera plana que los intereses nacionales? ¿más que la seguridad y desarrollo nacional?

CUIDADO CON EL TIMÓN

SE PUEDE VENIR LA TORMENTA

Cualquier analista político estará de acuerdo que estamos viviendo circunstancias poco prometedoras, lo cual se siente en las calles del país. No es para menos, en diez meses se han dado señales de tener más de aquello que siempre deseamos cambiar. Aunque  se tuvo otra presentación, que hacía pensar en el  mejoramiento económico, en respirar aires de seguridad, las cosas denotan lo contrario con ausencia de organización y deficiente comunicación, lo cual crea la duda razonable en relación a los intereses que importan o las prioridades de trasfondo.

Empezando  con compromisos que no se cumplen, falta de implementación de leyes y decretos, inacción en procesos, invasión y superposición de funciones (pese a mandamiento expreso), beneficio a empresa en adenda, soslayamiento de gobiernos subnacionales, intención manifiesta de incluir en contrataciones a empresas asociadas a Odebrecht, ocultamiento de realidad (para hacer creer que las cosas mejoran), inseguridad constante, salida de Toledo, declaraciones antitéticas con las acciones, obvia presión negada al Contralor, defensa de lo indefendible, preocupantes declaraciones en sentidos opuestos (que se presentan con mayor frecuencia), tratar asuntos internos en el exterior, lucha de palabra contra la corrupción, son algunos de  los hechos percibidos  por la  ciudadanía como desalentadores.

Se suma una deficiente comunicación entre Poderes del Estado, principalmente con la representación nacional, que repercute en los bolsillos de la gente y en la confianza que se debiera tener en esta etapa inicial. Sería bueno, alejar los aires "de lujo" y mejorar la organización y el curso de las acciones, para que éstas se encuentren más ligadas a la solución de problemas, protección de los activos críticos, e implementación de políticas y estrategias, y que se incorporen en el planeamiento operativo a través de la ejecución del presupuesto nacional.

La terca actitud de "ser dueño de la verdad" a espaldas de la población, de los  compromisos de campaña, reflejan no ser el cambio esperado, peor si continuan acciones - revelada en los medios -en provecho de intereses particulares. Es necesario hacer una revisión sesuda de los errores cometidos y salvarlos  con soluciones aceptables; es importante dar muestras que se desea "ubicar bien el norte" en provecho del bienestar de todos los peruanos.

Urge un giro en el timón, cuidando en no caer en declaraciones que parezcan desvaríos, y evitar  "dispararse a los pies", pues solo así evitarán dar la oportunidad para que pidan el cambio de timón, usando el art. 113° de la Constitución

#UNASOLAFUERZA

DEBEMOS REPETIRLO!

Cada vez que nuestra selección de fútbol juega un partido por las eliminatorias o la Copa América, todos los peruanos nos ponemos la camiseta nacional y estamos pendiente del avance del encuentro deportivo.Los que no pueden asistir al estadio, se reunen en algún local, en alguna casa, o lo escuchan por radio. Cualquiera sea el medio, la gran mayoría busca conectarse con el desarrollo del juego: ocurre el fenómeno de la conexión en masa, de la unidad de ideales.

Los efectos del reciente nesfasto "Niño Costero" ocasionaron también esa particular conducta, esa  conexión que nos identificó con el interés nacional, demostrando que los peruanos somos solidarios, y que cuando nos proponemos hacerlo, ponemos nuestro hombro, nuestro espíritu y nuestro corazón para resolver un problema de nuestra nación, más aún si afecta a nuestros connacionales.

En el diario quehacer, no siempre se repite esta conexión y nos sustraemos a lo particular, permitiendo que a nuestro alrededor sucedan eventos que afecta nuestra paz social, nuestros derechos y el futuro de nuestros descendientes. ¿Por qué para unas cosas nos unimos automáticamente y para otras -que están a nuestro alcance - simplemente las obviamos? ¿Será por falta de motivación? Tal vez, ¿ausencia de liderazgo?

Es cierto que las necesidades y los problemas públicos deben ser resueltos por nuestras autoridades, y que deben contar con el soporte de la sociedad civil y la participación de todos. Sin embargo, seamos realistas, las autoridades motivan poco y casi ni lideran para conseguir la participación de la sociedad, y a veces parece que no les interesa conseguir tal concurso, y solo reaccionan con la presión mediática o la protesta popular.

Hay tiempo aún para corregir los errores y encausar el trabajo en provecho de los intereses del Perú. Sólo se tiene que ser coherente con los planteamientos del plan de gobierno que los ha llevado a dirigir el país: "Sin seguridad no hay inversión y no prospera el bienestar y la actividad económica y social. La seguridad de los ciudadanos abarca todo lo que ocurre en su día a día, incluyendo la tranquilidad de la vida cotidiana, la estabilidad jurídica, el derecho de vivir en paz en una sociedad democrática y que respeta a los derechos humanos".

En este tiempo, no es nada conveniente las poses, ni los arrebatos. Aquí lo que importa es fomentar el diálogo, de lograr el concurso nacional, de liderar motivando y dejar de lado cualquier otro interés que no sea el nacional. Eso se demuestra con hechos y no con un par de tuits; se revela cumpliendo las funciones que la ley señala, trasparentando las acciones, mostrando los avances y enmendando los yerros, cada cual en su campo: El Ejecutivo implementando las políticas públicas (muchas desactualizadas), el legislativo formulando leyes y realizando el control político, del cual solo han dado una pequeña muestra (aunque Zavalita se moleste), los gobiernos sub nacionales desarrollando sus localidades, y la sociedad civil participando plenamente. Nadie tiene que enojarse si se equivoca, nadie debe hacer escarnio del error. 

Es hora de pensar en el Perú, pongámonos la camiseta y ¡seamos siempre #UNASOLAFUERZA!

¿MAREO DE PODER....O QUÉ?!

LA VOCACIÓN DE SERVICIO SE DEMUESTRA CORRIGIENDO ERRORES Y CON GESTIÓN TRANSPARENTE

¿Será posible que - de verdad, algún día - la expresión de Jorge Basadre "El Perú es más grande que sus problemas", deje de ser solo una alentadora aspiración y se convierta en una realidad nacional?  Depende de todos nosotros, sus ciudadanos, cuya gran mayoría - equivocadamente -cree que su participación democrática está circunscrita en depositar una cédula en las urnas para elegir a las autoridades, que suponemos han de solucionar las necesidades públicas  o que promoverán el mejoramiento de  nuestra economía personal o familiar.

Nuestros deseos, desafortunadamente no terminan siendo lo esperado,  pues los ganadores, seguramente con las mejores intenciones, no resultan ser lo que parecían en la campaña, sea por falta de liderazgo, reducido equipo para ocupar los numerosos puestos de funcionarios de confianza en la administración pública, desorganización, desconocimiento del problema público, limitada visión de largo plazo, poca experiencia en el manejo de la cosa pública o en la interacción política, desequilibrio en la comunicación estratégica, devolución de favores (lindando con la corrupción) y peor que todo lo anterior: mantener la creencia que lo saben todo, que el resto está equivocado o que no colaboran por resentimiento.

Y así, cuando la improvisación es más grande que el planeamiento de Estado, los equipos de campaña se van desintegrando y los cargos oficiales  no se ocupan por las personas que hipotéticamente estudiaron el problema, que son especialistas en la materia del sector por administrar; y aparecen nuevas personalidades, comunes o "de lujo" que "desconocen mayormente" el área en que se van a desempeñar y al ocuparlo su sentido común resulta insuficiente, empezando porque necesitan rodearse de colaboradores, gente de confianza que necesariamente tampoco son especialistas, por lo que terminan con la inconstitucional conducta de vulnerar las leyes, dejando de lado lo básico como el cumplimiento de sus propias funciones, reemplazándolas por otras actividades mediáticas, para la tribuna, o para dar cuenta a los críticos y a la opinión pública, resaltando que sí trabajan duro y que están avanzando en la solución del problema público, cuando todo indica que el camino tomado los aleja del interés nacional.

En esa "ruta sin hoja", sin planeamiento sistémico, sin servicio civil meritocrático, en algunos casos con equipos de perfil de "chi señó", se recurre a la "mecedora", al sobredimensionamiento de acciones, al engaño, a la demagogia, a medias verdades, al ocultamiento de lo fáctico, que fácilmente es recogido por los adversarios políticos convirtiendo el escenario político en una aburrida novela en la que perdemos todos, pero en la que alguien va a ganar (dinero y/o poder) aprovechando de la oportunidad que las circunstancias ofrecen.

Los problemas del Perú, no son solo grandes, son diversos, complejos y mutantes, y todos están relacionados a la economía, la cual se mejora cuando existe el estado de confianza de saber que se han adoptado todas las medidas preventivas, de estar seguros que las leyes se cumplen, que las instituciones se respetan y que la justicia llega oportunamente.Nuestros problemas, tampoco son nuevos; por eso es iluso pensar o tratar de hacer pensar a la población que se van a solucionar de la noche a la mañana, peor aún cuando la credibilidad se pierde por falta de honestidad en la gestión pública.

Mucho por corregir, sí; seamos parte de la solución: participemos!

SEGURIDAD, PREVENCIÓN Y BUEN GOBIERNO

#UNA SOLAFUERZA  PARA EL RESPETO A LA LEY E INSTITUCIONALIDAD....

 Antes del inicio de las lluvias, huaycos e inundaciones ocasionados por el "Niño costero" muchas de las autoridades del gobierno nacional no imaginaban que todos estos fenómenos de la naturaleza conjugada con la mala gestión de gobiernos pasados, ocasionarían un grave problema contra la seguridad de las personas, crearía caos y cierta sensación de ingobernabilidad. 

 Y que si no fuera por la presión de la prensa y opinión pública, el Ejecutivo en pleno seguiría en sus cómodas posiciones y no hubiera hecho acto de presencia en el interior del país, aunque (como lo diría la Ministra de Justicia y Derechos Humanos) sin saber que hacer para solucionar el problema de la gente afectada,....hasta que llegaron las Fuerzas Armadas. 

 ¿Habrá servido todo esto para que reflexionen que el fin supremo de la sociedad y del Estado es la defensa de la persona humana? ¿qué es deber primordial del Estado proteger a la población de las amenazas contra su seguridad? 

 Quiérase o no, la gestión del Estado en procura de la responsabilidad constitucional de promover el bienestar general, está íntimamente ligado a la seguridad en toda su amplitud, en todas sus dimensiones, y que - ojalá se entienda -no es exclusividad de las Fuerzas Armadas. Quién niegue esta ineludible realidad, no es un estadista, no piensa en el Perú y su población o peor  solo observa sus intereses personales. Lamentablemente, como diría el Maestro Machiavelli, de ese tipo de gente sobran ejemplos.

 Es cierto y loable que se actuó apoyando a la población, y que se salvó el momento, pero no tratemos de tapar el sol con un dedo: Fueron acciones REACTIVAS, para "parchar", y muchas de ellas para la foto o el FB, para levantar las encuestas. De esta experiencia ha quedado demostrado que la seguridad solamente se consigue con acciones y medidas preventivas reales, no con aquellas que se ven espectaculares en un plan con bonita carátula.

Las acciones reales son aquellas que se introducen en los presupuestos y que se implementan consiguiendo resultados e impactos positivos, que se planean como dijo Sun Tzu hace muchísimo tiempo: "quien consigue ganar una batalla es que ha hecho muchas evaluaciones preliminares antes de comenzar la lucha".
Para eso deben funcionar entidades dedicadas a planear, a crear supuestos, escenarios, ensayar caminos, determinar activos críticos, encontrar a los adversarios y buscar sus debilidades, etc....eso no se hace en el día a día que enfrentan nuestros políticos, que -seguro-  con buenas intenciones, están aún aprendiendo lo que sucede en sus sectores.
La forma como funciona en los países desarrollados es  con seguridad, prevención y buen gobierno. Allí apuntamos ¿no?

 Dios quiera que ahora que la calma es aparente, se hagan esfuerzos para que la calidad de gobernar, el buen gobierno, gobernanza, como le quieran llamar, empiece a revelarse en nuestra vida diaria, con una sociedad y principalmente con autoridades que respeten las leyes y la institucionalidad, y no que se dediquen a desviar los intereses nacionales por otros particulares, a cuesta del futuro y dinero de nuestra población, de todos nosotros.

 Las actitudes reactivas pueden surtir efecto un tiempo, pero el respeto a la institucionalidad, el cumplimiento de la ley, sus procesos y procedimientos, asegurarán el éxito, pues son las instituciones quienes tienen los especialistas (en teoría, si el servicio civil de verdad es meritocrático) y donde existe la experiencia de haberse administrado casos similares, o al menos de haberse estudiado y planeado.

No se puede estar ninguneando u obviando a quienes tienen que cumplir funciones que la ley exige, eso es mal gobierno. Por eso, que -en el futuro- INDECI, se preocupe de los procesos de gestión de riesgos de desastres (ya le quitaron  la reconstrucción que era de CENEPRED); que el Ministerio del Interior atienda el orden interno, y si no tiene la capacidad recurra a las FFAA; y que estás cumplan el rol que la Constitución y la Ley les señala, cada cual con sus atribuciones, cumpliendo su deber y su especialización como dice el refrán:"zapatero a tus zapatos".

Cada cual en su labor, no interponiendo o superponiéndose en las funciones de otros. Hay quienes deben planear, hay quienes deben gestionar y articular y también quienes tiene que capacitar (para crear cuadros), ejecutar, controlar y supervisar; si no se hace así quedaremos atrapados en medio del tráfico de la ingobernabilidad, que la ven otros estados y los inversionistas extranjeros, quienes obviamente no colocarán un centavo en donde no hay seguridad, inestabilidad o donde las instituciones sean solo una caricatura.

 El buen gobierno, se demuestra haciendo funcionar los sistemas e instituciones, aplicando e implementando las políticas públicas que responden a las necesidades de la población.

Y si finalmente,el deber primordial del Estado está relacionado a la persona, a protegerlo de las amenazas a la seguridad (pues solo así habrá crecimiento y desarrollo) entonces es deber de quien dirige el gobierno -en cualquiera de sus niveles- prevenir sistémicamente. 

Hay que hacer que funcione el Sistema de Defensa Nacional, gestionado y articulado en todos sus procesos, claro siempre que de verdad se piense en los intereses nacionales. 

 ¿Queremos crecimiento, ingresar a la OCDE, que suba el PBI? Entonces actuemos coherentemente y que el Sistema arranque nuevamente.Un sistema que tiene muchos componentes (todas las entidades públicas y gobiernos) y que por eso hace dificil la tarea -nunca hecha plenamente- y que desafortunadamente fue detenido cuando estaba dando los pasos fundamentales. Tal detenimiento vista de otro ángulo no es más que una acción que linda con la ignorancia o que demuestra una terca falta de capacidad para gobernar; o mucho peor, con la traición. 

¿Cuánto restará al PBI las amenazas a la seguridad que vemos que avanzan sin que haya alguien que las trate de manera sistémica? MOVADEF, narcotráfico, trata de personas, minería y tala ilegal, contrabando, conflictos que afectan el orden interno, servicio civil con profesionales que no conocen que deben hacer, corrupción en todos los niveles.....

¡Qué la prosperidad de todos los peruanos se trabaje con seguridad, prevención y buen gobierno!......¡qué no sea otro cuentazo!

POLITIQUEROS Y "GOBERNANTES"

EL CALVARIO POLÍTICO DE NUESTRO PERÚ

Quiérase o no, nuestro país como cualquier otro encarga su administración y el futuro de su población, en manos de gobernantes que - en nuestro caso - casi nunca han logrado satisfacer a la expectativa general, sea porque no cumplen con sus promesas electorales, toman decisiones equivocadas, se dejan influenciar por personas de su entorno, se aíslan de la realidad nacional, establecen prioridades distintas al interés nacional, entregan cargos de confianza a personas sin el perfil requerido, no planean o lo hacen inadecuadamente, no se comunican ni dialogan oportunamente; en fin, no reúnen las características indispensables para gobernar; aquellas que todos los peruanos debiéramos observar al momento de elegir nuestro destino.

Esta situación, se complica más cuando los opositores buscan resaltar el mínimo error del gobernante de turno, yerro que muchas veces es replicado - en exceso - por algunos medios de prensa que  no reparan convertir la noble profesión, en el vil oficio. Y así, entramos "entra en trompo" con problemas menores que, luego cual bola de nieve, llegan a afectar la gobernabilidad. 

¡Qué bueno fuera que esas zancadillas entre politiqueros mejorasen las condiciones de vida de todos los peruanos!; lamentablemente lo único que logran es, primero alejarnos de la aspiración de llegar a ser un país del primer mundo y después reflejar una imagen de "país bananero" para satisfacción de nuestros adversarios y para temor de los inversionistas.

Los peruanos debemos, sacudirnos de la "indolencia de esclavo" y procurar mayor participación para exigir que en nuestro país rija el imperio de la ley, y así podamos tener políticos, que cuiden la "salud" de los peruanos, a la "manera de los pastores y vaqueros", como lo decía el gran Platón.

Quien aspire a formar parte de un gobierno, además de reunir los pergaminos y capacidades personales ya señalados, esencialmente debe conocer como funciona e interaccionan  las entidades estatales y también, cómo éstas se articulan con la sociedad.

Quien aspire a formar parte de un gobierno, primordialmente debe conocer las necesidades del pueblo, las aspiraciones de éste, como también,  los intereses nacionales que favorezcan el  desarrollo de sus ciudadanos y también alcanzar el tan ansiado bienestar general.

Si estuviéramos solos en el mundo, tal vez eso sería suficiente, pero como no es así, también debe ser consciente que todo país, tiene fuerzas opositoras, nacionales y foráneas, que discurrirán en dirección contraria a  la voluntad general de los peruanos.

Por eso, como lo señalaba Sun Tzu, "lo que le vale al soberano ilustrado para luchar, conquistar y lograr las cosas a un nivel superior al de los hombres  ordinarios, es la capacidad de prognosis que poseen. Lo que llamamos capacidad de prognosis no puede provenir de los espíritus, ni de los dioses, ni ser producto de analogías con eventos pasados. Debe ser obtenido de hombres que conocen la situación del enemigo.De ahí se deduce el empleo de espías"

Para gobernar el país y poder llevarlo por el camino del primer mundo, se requiere salvar todas las dificultades que interpondrán los enemigos, adversarios y amenazas contra la Seguridad Nacional. Solamente el gobernante que tenga toda la información útil, podrá adoptar la mejor decisión en favor del Perú.


Toda esta información, solamente puede ser proporcionada por una entidad especializada en el manejo de la actividad de Inteligencia.Y si  se quiere tener éxito, debe entenderse claramente dos conceptos fundamentales: primero, la actividad de inteligencia, a diferencia del resto de otras en el Estado, es secreta; y segundo la Inteligencia, la de verdad, debe saberlo todo. 

Muchos politiqueros, podrán argumentar que son preceptos totalitarios, porque no terminan de entender  que esas dos condiciones son generales, para cualquier tipo de gobierno. Para un gobierno democrático la Inteligencia además, primero, debe obedecer estrictamente a los intereses nacionales, no a los intereses políticos partidarios; y segundo debe estar sometido a los controles  que aseguren, que la actividad se desarrolle cumpliendo lo señalado, y por supuesto, una última característica, aunque parezca redundante, que su trabajo no sea revelado por nadie, pues de lo contrario, no sería secreto, no sería Inteligencia.

Y si ello sucediera, seguir los consejos de Sun Tzu, quien dio una receta acorde con sus tiempos: "Si los planes de operaciones secretos son prematuramente divulgados, el agente junto con las personas a quien éste contó los planes deben ser ejecutados". 

Ahora bien,y solamente para caracterizar la actividad de Inteligencia en el Perú, pensemos juntos: si todo país tiene enemigos, adversarios y amenazas, ¿se mostrarán solos? ¿Se expondrán fácilmente?. 

Para ilustrar mejor, pensemos en la mayor amenaza del Perú: la corrupción. 
Los corruptos, ¿se mostrarán fácilmente?.Los corruptos, aquellos cuya mayor aspiración es llenarse los bolsillos con el dinero de todos los peruanos, se colocarán un letrero para poder ser identificados?, ¿Cuál es la forma de diferenciar a un ciudadano correcto de otro que es corrupto?,¿Cómo saber que un ciudadano no es atrapado por la tentación de la corrupción?,¿Qué suelen hacer los corruptos con el dinero de sus ganancias? Si lo invierten, ¿lo harán a nombre propio? o ¿utilizarán a familiares o amigos como testaferros?. La compra de inmuebles, ¿no  es una forma que emplean los corruptos, para "invertir" sus ganancias?

Después de haber dado respuesta a estas interrogantes, podrá entenderse un poco que el acopio de datos sobre propiedades , que por lo demás es información pública, no es ningún ilícito, sino más bien un procedimiento para distinguir entre inocentes y corruptos. No hay que rasgarse las vestiduras, ni confundir a la opinión pública señalando que se atenta contra la intimidad, la intimidad no es pública.

No está mal que,  para buscar información se incluya también a  personas conocidas por no ser corruptas. ¿Acaso la experiencia no nos ha enseñado que muchas personas conocidas como notables, resultaron ser corruptas? 



El Perú, como cualquier país que se precie de estar encaminado  hacia el primer mundo, debe contar con un aparato de Inteligencia que actúe en forma secreta, que lo sepa todo y que sea controlado adecuadamente, para que provea la información útil que facilite la adopción de las mejores decisiones, para así desarrollar las políticas del Acuerdo Nacional y alcanzar los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional,  porque solo así se alcanzará  el bienestar y beneficio de toda su población.

Finalmente, debe quedar claro que todo gobernante, todo aquel que se precie de ser político y principalmente todos los integrantes del aparato estatal que sirven a todos los peruanos - por ser de interés público y de necesidad nacional -  deben considerar que la Seguridad Nacional debe estar  alineada al Acuerdo Nacional y vinculada únicamente a una Política y a una Estrategia  que responda a los intereses nacionales. Lo demás, debe ser reclamado por la población - a viva  voz -  como traición a la Patria.