GRATITUD ETERNA CON LAS FFAA Y PNP QUE LOGRARON LA PAZ DE NUESTROS DÍAS

EQUIVALENCIA EN LAS PENSIONES: A IGUAL GRADO, IGUAL PENSIÓN

Para nadie es novedad (salvo aquellos que ignoran la realidad nacional) que la vida de un militar o de un policía es muy diferente a la del ciudadano común que goza de todas las libertades, y que a diferencia de los uniformados, su familia no está pensando si retornará con vida  esa noche, esa semana, ese mes o ese año. 

Es una vida en la que se renuncia a la libertad de opinión y de expresión (no deliberancia);a elegir el lugar de residencia (se vive en el lugar donde lo destinan); transitar libremente por el territorio nacional (si se quiere viajar, se requiere autorización), a participar en la vida política; a formular peticiones colectivas; al disfrute del tiempo libre (limitado por razones del servicio); a reunirse por fines políticos; a prestar trabajo sin su libre consentimiento; a la jornada de 8 horas diarias o 48 semanales; a pertenecer a un sindicato o hacer huelga; a participar de la vida política; a ser elegido, entre otros. 

Una vida que incluso, por largo tiempo, (hasta la promulgación de la Ley 28359)  si se laboraba durante el tiempo libre, era pasible de ser pasado a la disponibilidad, porque es una profesión, una vida que se entrega 24 horas al día al servicio del país.

En los tiempos de guerra (como la librada contra el terrorismo y en defensa de la soberanía nacional durante los 80',90' y principios del siglo), las limitaciones obviamente fueron mayores, los riesgos superiores y el peligro incluía a  toda la familia. 

Gracias a los sacrificios de esos miles de peruanos, gozamos de la paz de nuestros días y de la posibilidad de desarrollo que la seguridad garantiza. Esta situación por cierto no es exclusiva de quienes estuvieron en filas solo en esos tiempos, lo ha sido siempre; y gracias a esos hombres y mujeres (ahora), la sociedad tiene la garantía de estar protegida: basta recordar quien puso las cosas en orden en el terremoto de Pisco, o en el reciente Niño Costero.

Por esta razón, la sociedad a lo largo de nuestra historia ha reconocido y ha dado distinción a este grupo humano que entrega su vida (y la de sus familias) al servicio de la Patria; y como parte de este reconocimiento ha distinguido sus vidas con un régimen laboral y previsional diferente, especial. No se trata de la Ley 19990, ni la Ley 20530 (de la que trata la modificación constitucional) ni de cualquier otro régimen en el que se goza de todos los derechos de cualquier ciudadano, estipulados en nuestra carta magna.

Mas allá de este razonamiento que responde a nuestra historia y a la historia universal (porque así y mejor se reconoce a los veterenos en otros paises), en los últimos años se generó una situación de maltrato con los pensionistas del régimen del DL N° 19846, a partir de una traición más de quien se levantara en armas, con el desprecio de sus camaradas pero con el aplauso de políticos que no comprenden o entienden la importancia que tiene para el país el hecho de conservar el ethos militar de sus FFAA. 

Maltrato contra la generación de quienes despreciaron la actuación de Locumba, dejando de ejecutar lo que el sentido común señala: a igual grado, corresponde similar pensión; a mayor grado corresponde mayor pensión. 

Revisemos el texto del DLeg N° 1133:

Los actuales pensionistas del régimen de pensiones del Decreto Ley N° 19846 (¿quiénes?:Los actuales) (Actuales, ¿cuándo?: en diciembre de 2012) percibirán además de la pensión y de los beneficios que actualmente vienen percibiendo, el monto equivalente  al incremento de la remuneración  que se otorga al personal militar y policial en actividad dispuesto en el Decreto Legislativo que aprueba la nueva estructura de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú, según el grado en base al cual percibe su pensión.

Dicho más claro, los pensionistas al 9 de diciembre de 2012 (que eran los actuales de ese momento) les corresponde percibir lo que estaban recibiendo mensualmente, más el monto del incremento que se otorga al personal en actividad. Pero, (aquí viene una de las traiciones y la venganza) a pesar que se señala claramente "los actuales pensionistas", quienes tuvieron esa condición (de actuales pensionistas) fueron soslayados del  "incremento de la remuneración  que se otorga al personal militar y policial en actividad dispuesto en en Decreto Legislativo que aprueba la nueva estructura de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú".

En la práctica los nuevos pensionistas (a partir de 2013)  fueron los que recibieron el incremento monetario, mientras que los "antiguos" (los "actuales" al 9 de diciembre de 2012) fueron "castigados" , y no se destinaron los fondos que el Estado otorga a este régimen especial. Al no ser escuchados, se recurrió diversas acciones, pero no hubo voluntad de cumplir la ley, lo cual fue recogido por los candidatos presidenciales quienes se comprometieron  a corregir esta ilógica inequidad.

Como el Presidente PPK no dio muestras de cumplir el compromiso hecho, el Congreso de la República intervino para enmendar la injusticia, el incumplimiento de la Ley, que antojadizamente no era aplicado; y así tras idas y venidas promulgó por insistencia la Ley N° 30683, cuya parte medular, en realidad, tiene el mismo significado que lo escrito en el D Leg N° 1133; son palabras distintas pero que traducidas en soles son exactamente equivalentes. 

Observemos el texto del artículo único de la Ley N° 30683:

"Los pensionistas del régimen de pensiones del Decreto Ley N° 19846, perciben como pensión un monto equivalente a la remuneración consolidada que se otorga al personal militar y policial en actividad dispuesto en el Decreto Legislativo que aprueba la nueva estructura de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú, según el grado remunerativo al cual perciben su pensión de conformidad con los artículos  5, 10, 39, y 41 del Decreto Ley 19846 y sus normas modificatorias y complementarias".

Para tener presente, en diciembre de 2012, antes del D Leg N° 1133 (y 1132), no existía la remuneración consolidada. Ésta es igual a la remuneración de la época más el incremento otorgado en la nueva estructura especificada en el DLeg N° 1132.

Entonces, si lo señalado en el DLeg 1133 (no ejecutado) en soles, es equivalente, es igual a lo que se norma con la reciente Ley N° 30683, ¿De qué inconstitucionalidad se habla? La Ley N° 30683, simplemente hace lo que estamos mal acostumbrados en los últimos gobiernos: Una ley para que se cumpla la ley!

¿Camino a la OCDE? 

Si eso queremos, entonces cumplamos con la ley, los compromisos y usemos el sentido común! Y sobre todo seamos agradecidos con quienes nos brindaron la paz de hoy! Qué no haya guerra por las pensiones de los veteranos, qué haya justicia!

Las FFAA y PNP serán por siempre el sustento y respaldo de la Patria!

MÁS ALLÁ DE LA LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

SUGERENCIAS AL PROYECTO DE LEY 206-2006-CR

De conformidad con el artículo 165° de la Constitución Política del Perú, las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno cuando se haya decretado Estado de Emergencia o Estado de Sitio. En esas circunstancias es totalmente adecuado autorizar su participación en operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas, como lo propone el Proyecto de Ley N° 206-2016-CR de autoría del Congresista Carlos Tubino.

Es cierto que las Fuerzas Armadas no se preparan para la lucha contra las drogas como sí lo hace la Policía Nacional, vale decir en todas sus fases. Sin embargo cuando se trata de operaciones de interdicción estamos refiriéndonos a una operación específica en la que hay que tomar un objetivo en un determinado espacio, para lo cual las Fuerzas Armadas, de manera general, sí se encuentran entrenadas. La variación fundamental estará en el conocimiento del dispositivo, composición y fuerzas  del adversario por oponer, cuyas particularidades corresponden al campo de las operaciones policiales y en las que se tendrá que capacitar.

Es totalmente correcto el razonamiento que se hace en la exposición de motivos, al sugerirse la ineficacia e ineficiencia en el uso de los medios por no emplear a las tropas en la captura de delincuentes que trafican con droga en la zona de responsabilidad del Comando del VRAEM, particularmente en las áreas donde no tiene alcance la Policía Nacional.

Bajo estos conceptos, se debería impulsar el trámite de aprobación de este proyecto de ley, cuya última gestión data del 08 de noviembre de 2016. No obstante, es necesario anotar que el proyecto no debería considerar de interés nacional la creación de una escuela especializada de las FFAA y PNP para instrucción y entrenamiento contra el tráfico ilícito de drogas, pues esta decisión, la implementación, es de competencia del Poder Ejecutivo y no necesariamente una escuela puede ser la mejor solución. En este sentido, es pertinente que el proyecto incluya el plazo para la emisión del plan de implementación y de la reglamentación respectiva.

A pesar de todo este esfuerzo, mientras que la amenaza sea tratada separadamente, sin observarse sus conexiones con otros ilícitos que afectan a la seguridad nacional, si no se gestionan sistémicamente, y solo se le enfrenta reactivamente, la acción del Estado seguirá siendo ineficaz e ineficiente, pues solo la interdicción o la erradicación no serán suficientes, y consecuentemente la  producción de droga se mudará a otro lugar, y continuará la corrupción, la trata de personas y el lavado de activos que merma nuestra gobernabilidad y crecimiento económico.

Por eso llama la atención el poco esfuerzo que hace el Estado por proteger a la población de las amenazas a su seguridad (Art 44° CPP). Así el Ejecutivo, de un plumazo desapareció a la SEDENA, la entidad que estuvo encargada de gestionar los procesos de la seguridad y defensa nacional, y aún no la reemplazó,  pues todavía no se ha implementado el DS-061-2016- PCM, bajo las narices del Congreso de la República que tampoco ha dado muestras de preocuparse en realizar el control político de este aspecto, en perjuicio de los intereses nacionales.

En este extemo, tampoco la Defensoría del Pueblo está cumpliendo su rol de supervisión del cumplimiento de los deberes de la administración pública, que afectan los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad; y por último, el Ministerio Público y el Poder Judicial ¿No deberían estar cuestionando a quienes por omisión o negligencia no cumplen con las funciones en beneficio de la seguridad de todos? 
Y, ¿la sociedad civil? ¿La prensa?...¿Interesa más la primera plana que los intereses nacionales? ¿más que la seguridad y desarrollo nacional?

RECONSTRUCCIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA

SIN QUE SE PIERDA LA MEMORIA

Falta un mes, para que el "presi" informe a la Nación el avance alcanzado durante el primer año de su mandato y, a la vista de todos, requiere adoptar un plan de reconstrucción, pero no por los daños ocasionados por el "Niño Costero" (que junto a Lava Jato se presentan como pretexto para no haber podido actuar en diversos frentes) si no por los efectos de una limitada conducción política cuyas acciones, contrariamente a lo señalado en la presentación de la Política General de Gobierno (dos días después de anular la gestión del Sistema de Defensa Nacional), han  revelado privilegiar a determinados intereses económicos, olvidándose de la prosperidad de todos los peruanos.

Se habló de reducir significativamente las desigualdades, y se observó la autógrafa de ley para corregir las inequidades de los pensionistas de las FFAA y PNP; de oportunidades, inversión social, agua e infrestructura, y se aprovechó de las lluvias para crear un organismo que duplica las funciones del CENEPRED;  de seguridad y lucha contra la corrupción, y cada vez estamos más inseguros agudizándose las amenazas que restan la confianza de los inversionistas, empezando por la corrupción; de empleo, formalización y reactivación de la economía, y observamos cómo de haber estado - según dijo Zavalita - "en piloto automático", ahora el piloto se olvidó a donde iba; y de no ser por el Ministro de Defensa y las Fuerzas Armadas, posiblemente el acercamiento del Estado al ciudadano hubiera sido nulo. 

En esas condiciones, sigue sin respuesta la interrogante de Basadre que replicara el Premier: "¿Cómo hacemos para acortar esas brechas que agreden a los ideales republicanos y así instaurar una patria fraterna e igualitaria?" Definitivamente no servirá hacerlo como se ha  venido enfrentando,  pues nos alejamos diametralmente: primero por anular el avance en la gestión de la seguridad de la Nación, y también por no continuar con el esfuerzo colectivo, haciendo que la cooperación política haya sido concordante con el discurso de investidura, en donde la palabra diálogo solo aparece en tres oportunidades.

Mas allá de discursos, se deben dar muestras de capacidades para gerenciar y trabajar concurrentemente por los intereses nacionales, y no como lo cree la opinión pública: siguiendo los criterios de  lobbies, en favor de particulares, destacada con la terquedad por Kuntur Wasi, tanto así que no importó colocar en riesgo  la "honestidad" del primer Ministro de Economía.

Por eso - por el Perú -es importante trazar una hoja de ruta que incluya la gestión de seguridad para que pueda darse paso a  la reactivación de la economía, sin olvidar el aspecto social y los compromisos adoptados, convocando la cooperación de los otros Poderes del Estado en provecho de la justicia social,  y principalmente cuidando la memoria en la conducción política, que solo ha generado incertidumbre y desconfianza.

CRISIS POLÍTICA

¿PERMISIVIDAD, TERQUEDAD, DESORIENTACIÓN, O INTERESES PARTICULARES?

Hace un año el presidente PPK  declaró "Vota con alegría, piensa en la democracia y el diálogo porque es lo único que nos va a salvar de la corrupción y el narcotráfico”. En estos últimos meses, la vorágine política no nos ha conducido necesariamente por ese camino. Lastimósamente, pareciera que se siguen salvando la corrupción y el crimen, que tanto afectan a la seguridad del país.

Menos auspiciosas fueron sus manifestaciones en el extranjero, al punto que el congresista Mauricio Mulder dijo, en febrero pasado, que eran desafortunadas, cuando señaló que  Estados Unidos no invierte mucho tiempo en América Latina porque “es como un perro simpático”. Recientemente, en su viaje a Europa, el presidente precisó que "si el Congreso quiere censurar a los ministros por cualquier pequeño desliz que tengan, entonces la situación se torna en ingobernable”.

Tendría razón, si la premisa fuera correcta. Para mala suerte nuestra, salvo el "ministro del amor", los otros casos no son pequeños deslices: La presunta corrupción de su asesor estaba siendo dilatada, si no fuera por la prensa; en Educación también se trató de corrupción; el reclamo de la opinión pública y presión del Parlamento por la pésima adenda que claramente favorecía a Kuntur Wasi y las reuniones con sus representantes, hizo que el Ministro de Transportes y Comunicaciones renuncie; la deslucida actuación del Ministro del Interior se puso en relieve por la permisividad con MOVADEF; y por último la presión negada ejercida por el Ministro de Economía y Finanzas  (a nombre del Presi), aún no desmentida por Thorne, son muestras gruesas de falta de dirección.

Esta limitación opaca el trabajo de otros sectores que -aunque generalmente desarticulados - han hecho el esfuerzo para avanzar en medio de un sistema dificil de lidiar, cuando no se combina bien el lo técnico con lo político, cuando falla la comunicación estratégica, y cuando - en algunos casos - se trata de disimular los yerros, lo cual tampoco juega a favor de un gobierno, que por un lado agradece la participación de las FFAA en la atención a la población ante los desastres ocasionados por el "Niño Costero", y ahora en el friaje y heladas, pero que actúa en sentido contrario cuando se trata de cumplir con el compromiso firmado para corregir el desequilibrio ocasionado por el gobierno anterior -fuera del incumplimiento del DL 19846 -en relación a las pensiones de los jubilados de dicho régimen, lo que ha generado que el congresista Edwin Donayre piense que "PPK se muestra como un presidente ilegítimo y fraudulento".

Entonces, se estarían validando las palabras de Luis Benavente (Vox Populi): "El país está en una circunstancia política complicada y no hay capacidad de respuesta".

Crisis política, que esperamos se sepa superar para no llegar a una situación de ingobernabilidad.

CONTROVERSIAS SOBRE LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

Y UNA GENERALIZACIÓN PERNICIOSA

"No conozco a un solo converso político que haya terminado en el centro y aceptado la mesura o suscrito un cierto escepticismo. Todos marchan a las antípodas con el paso marcial de quienes, por fin, han descubierto "la verdad". Y hablan como pontífices sobre su nueva fe."

                                                                                                                          César Hildebrandt

El una vez censurado Ministro del Interior (en su segunda oportunidad), después de haber sido presidente del Consejo Nacional de Inteligencia del gobierno de Alejandro Toledo; fundador de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), bachiller en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú; y también militante, por doce años, de Vanguardia Revolucionaria, Fernando Rospigliosi Capurro, ha escrito un artículo, publicado en el diario El Comercio bajo el título "Narcotráfico: persistiendo en el error", el cual contiene apreciaciones necesarias de reflexionar. Ver:
http://elcomercio.pe/opinion/columnistas/narcotrafico-persistiendo-error-f-rospigliosi-noticia-1952421?flsm=1

Es cierto que los militares no están preparados para combatir el narcotráfico, pues esta es una tarea de orden interno cuya responsabilidad es de la Policía Nacional. Las Fuerzas Armadas se preparan para la guerra, su instrucción y entrenamiento está dedicado para  enfrentar en combate al enemigo externo, pero también al interno.

Que existe data de involucramiento con la corrupción y narcotráfico de algunos elementos de las FFAA, en la década de los 90, es una realidad que no se puede ocultar. Lamentable experiencia que terminó con el enjuiciamiento y carcelería de aquellos que no esfuvieron a la altura de los principios del Ejército de Bolognesi y que infringieron la Ley.

Señalar que lo mismo ha venido ocurriendo en el VRAEM, es una acusación seria, y si existe un reportaje de la agencia Associated Press (2015) que describe lo que "todo el mundo sabe en esa zona" que la "coca sale en avionetas desde Perú en narices de militares”,  y peor  “que los comandantes militares en el VRAEM cobran US$10,000 por vuelo para permitirles aterrizar y despegar sin que nadie los moleste", indudablemente es de inferir que ya se haya efectuado una investigación y acusación fiscal. 

Si eso no ha ocurrido, existen dos posibilidades:1.Que el Ministerio Público haya llegado a la conclusión que lo dicho, era falso.  2. Que no haya  cumplido con su función, soslayando efectuar la investigación y denuncia en las narices de toda la sociedad. 

Si la investigación y la  denuncia fue efectuada y el proceso sigue en curso ¿por qué razón no lo señala Rospigliosi? ¿Acaso para validar que los militares son intocables?, o para desprestigiarlos ¿?

Y ¿qué significaría, si en efecto se realizó la investigación y se verificó que el reportaje no respondía a la realidad y que las declaraciones del narcotraficante atrapado, simplemente buscaban distraer a la autoridad? ¿Mala intención? o simplemente mala praxis periodistica, para ser gentil, al informar a medias?

Y en la situación hipotética de haberse obviado efectuar la investigación ¿que pasó con el Perú? ¿que pasó con las autoridades y la sociedad civil? Dificilmente creer que esto haya sucedido, que todos se coludieron con la delincuencia.

De qué se trata, ¿de perjudicar al gobierno al distorsionar lo dispuesto para la actuacion de las FFAA en el VRAEM? o es que aún se actúa como "en Andahuaylas, adoctrinando a campesinos desde el púlpito de un comunismo dispuesto a tomar las armas" (Hildebrandt, 2011) buscando desprestigiar a los militares?


No es cierto pues, que las FFAA realizarán investigación criminal por el hecho de haber asumido el control del orden interno, en virtud a lo dispuesto al Decreto Supremo N° 076-2016-PCM. No es una situación inventada por el gobierno, es una aplicación de lo especificado en la  Constitución Política, que fue resaltado por el Ministro de Defensa en una de sus primeras declaraciones al asumir el cargo de este complicado sector.

Tampoco es cierto que los militares son intocables, diriamos todo lo contrario, que se han ensañado con muchos de ellos por involucrarlos en delitos, por el simple hecho de haber laborado en zonas de emergencia donde hubieron desaparecidos en los 80 y 90.

Pero, también esta mal generalizar al indicar que "Cuando son corrompidos por el narcotráfico –cosa que ocurre con frecuencia cuando se les pone en esa tarea–, es casi imposible que la policía, fiscales y jueces les pongan un dedo encima. Nadie se atreve".

Primero, los militares al asumir el control del orden interno no persiguen a los narcotráficantes, lo sigue haciendo la Policía, y en caso que las FFAA detengan a un presunto delincuente, lo entregan a la PNP.

Segundo, que haya habido elementos de las FFAA que se vieron involucrados con el narcotráfico, no significa que eso ocurre frecuentemente, es una afrenta generalizarlo.

Sería un error, por ejemplo, asegurar que todos los Ministros del Interior no cumplieron con su responsabilidad en la lucha contra el narcotráfico (o algo más), porque el titular del año 2001, a pesar que  fuera notificado de la presencia y salida de la droga por el Valle del Monzón, a pesar de haberse expuesto de la necesidad de instalar unidades de la PNP en dicho corredor,  simplemente no lo hizo, y la droga siguió produciéndose y saliendo por ausencia de control policial.

Las generalizaciones de este tipo, atentan contra las personas e instituciones y no ayudan a mejorar las condiciones de seguridad que nuestro país requiere para ingresar a la OCDE.