¡EL PERÚ PRIMERO!

El primer mensaje del Ingeniero Martín Alberto Vizcarra Cornejo, como  Presidente de la República, ha resaltado que para no perjudicar al país se debe marcar el punto final de una política de odio y confrontación; y que se debe dejar de lado los intereses y apetitos personales priorizándose el bienestar de todos.

Ha dejado claro que su  mayor esfuerzo estará centrado en la lucha contra la corrupción; y que para poder enfrentar de manera eficiente los grandes desafíos y necesidades que tiene nuestro país se requiere lograr la estabilidad institucional, la cual nos marcará el camino del crecimiento ordenado y equitativo, democrático e integrador.

Ello  implica la necesidad de ser un país más competitivo, y eso se consigue al generar empleo de calidad para todos los peruanos sin distingo de edades y género, logrando implementar una sólida educación y, sin descuidar la salud ni el desarrollo de las regiones, porque todos los peruanos no podemos esperar más, y todo eso, tan nobles propósitos , dependen  exclusivamente de nuestro comportamiento. Es cierto, como lo puntualizó el Presidente, éste debe ser el momento histórico en que todos debemos poner al Perú primero.

El Presidente Vizcarra se ha convertido así, en la esperanza de millones de conciudadanos que en las elecciones pasadas se encontraron ante la disyuntiva de elegir a políticos tradicionales, y su mensaje es realmente motivador, aunque  debemos recordar que cuando él postuló a la vicepresidencia avaló un plan de gobierno (fue el jefe de campaña), que quedó en el papel, por falta de voluntad de su predecesor.

Por eso, luego de  pasada la emoción política sería recomendable dar espacio a la reflexión, considerando que de los primeros pasos de nuestro Presidente depende el bienestar de todos, por lo que sería loable (a pesar de lo dicho) rescatar lo bueno que pudo haberse logrado en el ciclo anterior, para no seguir repitiendo nuestra historia  llena de "refundaciones institucionales" y que en casi todos los casos tal refundación se ha materializado con el “borrón y cuenta nueva” o con “todo lo anterior estuvo mal”, con odios y confrontaciones que no dejan avanzar, dejándose de lado gestiones y avances positivos en provecho del país. En ese sentido, es imprescindible poner paños fríos al calor político y analizar bien la composición de su gabinete ministerial, a fin de evitar el largo tiempo en el proceso de aprendizaje que suele presentarse cuando hay un cambio de gobierno y que obstaculiza al vigor que requiere la atención a la necesidad pública.

Este es un cambio de gobierno, sí, pero no es un cambio de postulados, pues el Presidente Vizcarra no ha objetado el plan de gobierno por el cual se le eligió como Vicepresidente de la República. En este contexto, lo que es importante es realizar el cambio de actitud, de agilizar la gestión pública, porque de verdad el Perú está primero y los peruanos no debemos esperar más.

Dentro de las cosas importantes que realice el Presidente de la República está - sin duda – la implementación de políticas públicas que cubran las brechas de las necesidades nacionales, por lo que será requisito corregir la “zafada de cuerpo” realizada cuando, en febrero de 2017, se modificó el Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, retirándose la responsabilidad de la coordinación de las políticas nacionales y sectoriales  que ordena la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo,  para después – mediante el reglamento que regula las políticas nacionales, aprobado con DS N° 029-2018-PCM, trasladar la responsabilidad del “visto bueno” metodológico al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, ente rector del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico cuyo ámbito está circunscrito a los planes, mas no al de las políticas.

Finalmente, que bueno sería que se tenga en cuenta que la reactivación económica depende principalmente del marco multidimensional de la seguridad nacional que brinda confianza a los inversionistas, lo cual conlleva principalmente tres aspectos: la implementación del DS N° 061-2016-PCM (funcionamiento del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, su Secretaría Técnica y la implementación de los procesos de la seguridad y defensa nacional), el impulso de la modernización de gestión pública, y tener un servicio civil que tenga a las personas correctas en el lugar correcto, entendiéndose a las que cumplen los perfiles (conocimiento y experiencia) inclusive aquellos de confianza.  

Es cierto, el futuro del Perú depende de nuestro comportamiento, pero primordialmente depende de una gestión nacional que no debe tener pausa, porque el Perú no puede esperar más!
------------------------------------------------------------------
Llegado el momento el Presidente Vizcarra realizó lo políticamente correcto, vale decir: sostener la palabra empeñada. 

Creemos que debe rescatarse todo lo bueno, pues existen sectores donde sí hubieron avances, los cuales -quiérase o no - se retrasan o se dejan de lado cuando hay cambio de titulares.  Para continuar con esta buena voluntad, los equipos deben obedecer al antiguo refrán de la gestión the personal:"the right man in the right place"

Nada peor, para todos los ciudadanos, que se realicen nombramientos en cargos especializados a personas que pueden ser muy buenas  en su profesión, pero que retrasan la esperanza del Perú cuando recién van a aprender el ejercicio de altas responsabilidades.

Lo mejor para el Perú será que los demás componentes de los equipos ministeriales (funcionarios y directivos) respondan a la voluntad del mandatario: tener a los más calificados para el puesto.

#ElPeruPrimero

MÁS ALLÁ DE LA LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

SUGERENCIAS AL PROYECTO DE LEY 206-2006-CR

De conformidad con el artículo 165° de la Constitución Política del Perú, las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno cuando se haya decretado Estado de Emergencia o Estado de Sitio. En esas circunstancias es totalmente adecuado autorizar su participación en operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas, como lo propone el Proyecto de Ley N° 206-2016-CR de autoría del Congresista Carlos Tubino.

Es cierto que las Fuerzas Armadas no se preparan para la lucha contra las drogas como sí lo hace la Policía Nacional, vale decir en todas sus fases. Sin embargo cuando se trata de operaciones de interdicción estamos refiriéndonos a una operación específica en la que hay que tomar un objetivo en un determinado espacio, para lo cual las Fuerzas Armadas, de manera general, sí se encuentran entrenadas. La variación fundamental estará en el conocimiento del dispositivo, composición y fuerzas  del adversario por oponer, cuyas particularidades corresponden al campo de las operaciones policiales y en las que se tendrá que capacitar.

Es totalmente correcto el razonamiento que se hace en la exposición de motivos, al sugerirse la ineficacia e ineficiencia en el uso de los medios por no emplear a las tropas en la captura de delincuentes que trafican con droga en la zona de responsabilidad del Comando del VRAEM, particularmente en las áreas donde no tiene alcance la Policía Nacional.

Bajo estos conceptos, se debería impulsar el trámite de aprobación de este proyecto de ley, cuya última gestión data del 08 de noviembre de 2016. No obstante, es necesario anotar que el proyecto no debería considerar de interés nacional la creación de una escuela especializada de las FFAA y PNP para instrucción y entrenamiento contra el tráfico ilícito de drogas, pues esta decisión, la implementación, es de competencia del Poder Ejecutivo y no necesariamente una escuela puede ser la mejor solución. En este sentido, es pertinente que el proyecto incluya el plazo para la emisión del plan de implementación y de la reglamentación respectiva.

A pesar de todo este esfuerzo, mientras que la amenaza sea tratada separadamente, sin observarse sus conexiones con otros ilícitos que afectan a la seguridad nacional, si no se gestionan sistémicamente, y solo se le enfrenta reactivamente, la acción del Estado seguirá siendo ineficaz e ineficiente, pues solo la interdicción o la erradicación no serán suficientes, y consecuentemente la  producción de droga se mudará a otro lugar, y continuará la corrupción, la trata de personas y el lavado de activos que merma nuestra gobernabilidad y crecimiento económico.

Por eso llama la atención el poco esfuerzo que hace el Estado por proteger a la población de las amenazas a su seguridad (Art 44° CPP). Así el Ejecutivo, de un plumazo desapareció a la SEDENA, la entidad que estuvo encargada de gestionar los procesos de la seguridad y defensa nacional, y aún no la reemplazó,  pues todavía no se ha implementado el DS-061-2016- PCM, bajo las narices del Congreso de la República que tampoco ha dado muestras de preocuparse en realizar el control político de este aspecto, en perjuicio de los intereses nacionales.

En este extemo, tampoco la Defensoría del Pueblo está cumpliendo su rol de supervisión del cumplimiento de los deberes de la administración pública, que afectan los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad; y por último, el Ministerio Público y el Poder Judicial ¿No deberían estar cuestionando a quienes por omisión o negligencia no cumplen con las funciones en beneficio de la seguridad de todos? 
Y, ¿la sociedad civil? ¿La prensa?...¿Interesa más la primera plana que los intereses nacionales? ¿más que la seguridad y desarrollo nacional?

ARTICULACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA SEGURIDAD NACIONAL

SU VINCULACIÓN AL QUEHACER, POLÍTICO, SOCIAL Y ECONÓMICO DEL PAÍS

En diciembre de 2012, mediante Decreto Legislativo N° 1129 se reguló la naturaleza, finalidad, funciones y estructura  del Sistema de Defensa Nacional, el cual garantiza la Seguridad Nacional, para la afirmación de los derechos fundamentales y el Estado constitucional de derecho, en el marco de una gestión pública moderna, razón por la que el ámbito de aplicación de dicho sistema, se encuentra en todo el territorio de la república, comprendiendo a los organismos públicos, personas naturales y jurídicas de nacionalidad peruana, quienes están obligadas a participar en la Defensa Nacional, conforme  lo establece la Constitución Política del Estado.

El órgano de más alto nivel de decisión política y de coordinación estratégica en materia de Seguridad y Defensa Nacional es el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, el que es presidido por el Presidente de la República, el mismo que cuenta con la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (SEDENA) como la entidad responsable de la gestión del sistema a fin de articular el funcionamiento de sus componentes.

Para garantizar la Seguridad Nacional, el Sistema de Defensa Nacional desarrolla los Procesos de la Seguridad y Defensa Nacional teniendo como base las Políticas de Estado, la Concepción Política Estratégica y la Concepción Estratégica de la Seguridad y Defensa Nacional. Dicho procesos, fueron concebidos para  interrelacionarse tanto para la conducción política, como para la conducción estratégica de la Seguridad y Defensa Nacional y se clasificaron en procesos fundamentales y procesos de soporte.

Los procesos fundamentales son: La Política,  la Estrategia, y el Planeamiento Integral de la Seguridad y Defensa Nacional, mientras que los procesos de soporte que inicialmente se determinaron son: El desarrollo de estudios estratégicos, de  programas y proyectos especiales para la Seguridad y Defensa Nacional, la Investigación y Desarrollo para la Seguridad y Defensa Nacional, y finalmente la Gestión del Sistema de Defensa Nacional.

El concepto que  primigeniamente se tuvo para interrelacionar los procesos de la Seguridad y Defensa Nacional se basó en la definición de una ruta crítica que colocaba a los procesos en dos ejes: el largo plazo, y el corto y mediano plazo, todos basados en la Concepción Política  Estratégica y la Concepción Estratégica de Seguridad y Defensa Nacional.

Para el largo plazo, se visualizó que el Planeamiento Integral de la Seguridad y Defensa Nacional, alineado con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, se plasme a través de la Directiva para el planeamiento integral de la Seguridad y Defensa, y así poder establecer previsiones que determinen y preparen los recursos del Estado en los diferentes niveles de gobierno para hacer frente a las necesidades de desarrollo sostenido en condiciones de paz y seguridad.

Para el corto y mediano plazo, se estableció que la Política de Seguridad Nacional, determine  los lineamientos generales para alcanzar los Objetivos de Seguridad y Defensa Nacional, así como para orientar la formulación de la Estrategia de Seguridad y Defensa Nacional, nunca antes desarrollada en la historia republicana nacional.

Esta estrategia nacional, determina el empleo ponderado de los instrumentos del Poder Nacional para alcanzar los objetivos propuestos en la Política de Seguridad y Defensa Nacional, constituyéndose como elemento de coordinación  entre los distintos componentes del Sistema de Defensa Nacional y la sociedad, a partir de una perspectiva multidimensional de la Seguridad Nacional.

Tanto la Política como la Estrategia de Seguridad y Defensa Nacional, se ven fusionadas para establecer las responsabilidades de los componentes del Sistema de Defensa Nacional, por medio de la Directiva de Seguridad y Defensa Nacional, como también por directivas específicas y lineamientos que permitan su implementación, a través de la gestión del Sistema de Defensa Nacional.

A pesar que la SEDENA, fue re – creada en diciembre de 2012, es recién en setiembre de 2013 que recibe un presupuesto mínimo para cumplir sus importantes responsabilidades, las que se iniciaron mediante los correspondientes estudios y análisis de nuestra realidad, contrastándolos con nuestros  intereses nacionales, lo cual ha permitido que, durante el año 2014, se vayan completando los diseños esenciales, teniéndose previsto que el presente año sus procesos adecuadamente articulados empiecen a vincularse con el quehacer político, social y económico del país.

Para este propósito, es necesario tener en cuenta que en el futuro, todo gobernante y los responsables de la conducción del Sistema de Defensa Nacional, por ser de interés público y de necesidad nacional,  consideren el planteamiento que aquí se expone, iniciando éste con la importancia del Acuerdo Nacional y su vinculación al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, entendiéndose que este último instrumentaliza las aspiraciones para el  futuro del Perú.

En base a ellos, la Concepción estratégica del gobernante y su correspondiente Concepción Estratégica de la Seguridad y Defensa Nacional, son tamizadas por la Realidad Nacional, que nos revelará las necesidades públicas de seguridad  permitiendo que se emita la Política de Seguridad y Defensa Nacional.

Simultáneamente el Planeamiento Estratégico Integral para la Seguridad y Defensa Nacional se desarrolla alineado al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y coordinado – como elemento inspirador – con la Política de Seguridad y Defensa Nacional. De la interacción de ambos procesos, se formula el Plan Estratégico Especial para la Seguridad y Defensa Nacional, como instrumento clave para instrumentalizar  la Política de Seguridad y Defensa Nacional, el cual será mejorado, en su oportunidad, mediante la aplicación de los lineamientos técnicos para la implementación de la Política de Seguridad y Defensa Nacional, como también por la Estrategia de Seguridad y Defensa Nacional.

A partir de la aplicación de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, el Plan Estratégico Especial Multisectorial para la Seguridad y Defensa Nacional, permitirá que la satisfacción de las necesidades de la Seguridad Nacional planteados en la Política, en la Estrategia y en el Planeamiento Estratégico Integral para la Seguridad y Defensa Nacional, se concreten de manera vinculante por su inclusión en los Planes Sectoriales Multianuales, en los Planes Estratégicos Institucionales, y principalmente en los Planes Operativos Institucionales, que aplican el Presupuesto Nacional.

Las directivas de Seguridad que apruebe el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, establecerán las responsabilidades necesarias,  y a su vez, junto con las estrategias específicas, se constituirán como elementos retroalimentadores, y en su debido momento fortalecerán a los procesos fundamentales, para que finalmente se vinculen al presupuesto anual. De la misma forma se comportarán los procesos de soporte: El desarrollo de estudios estratégicos,  y los programas y proyectos especiales para la Seguridad y Defensa Nacional; así como  la Investigación y Desarrollo para la Seguridad y Defensa Nacional.

Toda esta interacción de procesos no podrían articularse sin el apoyo de la Gestión del Sistema de Defensa Nacional que establece el conjunto de acciones y procedimientos que realizan los componentes del Sistema de Defensa Nacional relacionados con el fortalecimiento de capacidades, evaluación y optimización del marco normativo, enlace interinstitucional, evaluación y supervisión que permitan garantizar la Seguridad Nacional que todos los peruanos de hoy y del mañana deseamos y debemos tener.