EL SISTEMA DE DEFENSA NACIONAL Y SUS 41 AÑOS A LA DERIVA

 HORA DE SALVAR EL BARCO LLAMADO PERÚ

No cabe duda que el principal problema del Sistema de Defensa Nacional (SIDENA), es su falta de implementación. Desde su creación formal, en 1979, nunca pudo articularse adecuadamente, a pesar de los esfuerzos de dos instituciones que tuvieron un gravitante esfuerzo en desarrollar capacidades en los componentes del sistema: El Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado (CAEN-EPG), y la desaparecida Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (SEDENA).

En sus 70 años de vida institucional, el CAEN-EPG ha recibido en sus aulas a miles de profesionales, civiles y militares, impartiendo conocimientos en tres campos: Seguridad, Defensa y Desarrollo, a través de cursos de especialización, diplomados, maestrías y doctorados del más alto nivel en materia de seguridad nacional con la finalidad de disponer de personas calificadas para conducir a las instituciones que pertenecen al primer sistema funcional del estado peruano, esfuerzo que - sin embargo - no recibió el apoyo de la voluntad política para que se implante los conocimientos especializados dentro del funcionamiento estatal

Primer sistema funcional, porque es el único sistema, que además de incluir a todas las instituciones de la administración pública de los tres niveles de gobierno, también es el único de responsabilidad constitucional del Presidente de la República: en nuestra Constitución Política no existe otro sistema funcional cuya dirección se asigne al primer servidor del Estado.

Desafortunadamente, a lo largo de nuestra historia republicana reciente, nuestros dirigentes políticos persisten en mantener en vigencia  dos paradigmas equivocados: que la Seguridad Nacional es materia exclusiva de las Fuerzas Armadas,  y que las guerras son cosas del pasado y con ello acabado el riesgo de amenazas a la seguridad nacional que comprometan su periodo (presidencial) de 5 años. Este error, soslayado por muchos, solamente consigue retrasar las posibilidades para crear las condiciones que permitan alcanzar el bienestar general, causando - con su inacción - un grave daño al país.

Ad portas de iniciar la campaña electoral, que llevará a millones de connacionales a las urnas el próximo 11 de abril de 2021, resulta necesario que los partidos políticos interesados en el destino de nuestra Patria, destierren de su ideología partidaria esos paradigmas equivocados y consideren en sus planes de gobierno acciones estratégicas que permitan implementar y poner en marcha armónicamente a todos los engranajes que logren hacer funcionar correctamente al SIDENA.

En primer término, debe entenderse que el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, requiere de un staff de profesionales capacitados en seguridad nacional, bajo el concepto de la gestión pública moderna, vale decir del planeamiento estratégico del SIDENA implementado por medio de procesos, los cuales fueron determinados en 2013, y dentro los que se destaca los denominados procesos fundamentales: La Política de Seguridad y Defensa Nacional, la Estrategia de Seguridad  y Defensa Nacional, y el Planeamiento Estratégico de largo plazo.

Ese staff debe ser parte de  una entidad de alcance multisectorial y multinivel, que permita gestionar y articular al sistema. Recordemos que ya hemos cometido dos veces el mismo error, con el iluso pensamiento  de dar semejante tarea a una organización de tercer o cuarto nivel organizacional dentro de uno de los componentes del SIDENA, específicamente al fusionar por absorción a la SEDENA en el Ministerio de Defensa. No dio resultado en 2003, y tampoco en 2016; lo único que se consiguió con esa miopía  ha sido dispersar los recursos en agravio al erario nacional, dejando que la prevención de la seguridad nacional se efectúe sin coordinación o simplemente sea inexistente, colocando en jaque a la seguridad de todos, y así tenemos que, a pesar del tiempo transcurrido, “se sigue hablando de legalidad, de transparencia; de lucha contra: la corrupción, narcotráfico, terrorismo, crimen y delincuencia organizada, y desafortunada­mente, en los últimos años sólo se muestran cuadros estadísticos que no concuerdan con la calle” (Zegarra, 2017).

La seguridad nacional, no es materia de exclusividad de los militares, requiere el concurso de múltiples disciplinas y sobre todo del entendimiento de la gestión de su propios procesos, el manejo de la cosa pública, y la claridad del conocimiento de la interconexión existente entre los problemas que afectan a nuestro país, que deben obligar a coordinar  el esfuerzo sistémico de los componentes del SIDENA, implementando acciones estratégicas en los tres niveles de gobierno. 

En ese contexto, se debe tener en cuenta que la Política de Seguridad y Defensa Nacional, cuyo proyecto inicial se perdió entre luces de semáforo de la PCM en 2015, logró publicarse (con algunas mutaciones) en 2017, aún sigue sin implementarse, so pretexto que debe ser renovada para concordar con la Guía de Políticas Nacionales publicada por el CEPLAN en 2018, tres años después de la emisión del “Método para la formulación de la Política de Seguridad y Defensa Nacional” (ISBN 978-612-46927-0-3. Depósito Legal en la Biblioteca Nacional N° 2015-041712) desarrollado por la SEDENA.

Es inapropiado seguir dejando en stand by la implementación de esta política, pensando que debe adaptarse a la guía del CEPLAN. Se desconoce que el SIDENA es un sistema funcional especial, muy grande y por lo tanto, pretender que se incluya dentro del texto de política los servicios a proveerse, y los indicadores para  su cumplimiento y evaluación, harían que esta política se convierte en un super libro, pues tendría que formularse los servicios e indicadores de seguridad nacional inherentes a los 19 ministerios, 132 entidades adscritas a los ministerios, 16 entidades autónomas, 52 universidades públicas, 44 entidades de los gobiernos regionales y  1893  entidades que corresponden a los gobiernos locales, además de las entidades que conforman el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Por tal razón, es que esta política se diseñó para que se conciba con métricas que debieron materializarse en indicadores formulados coordinadamente con los componentes del sistema durante el proceso de implementación. Lamentablemente, desde su publicación en 2017 no se ha hecho sencillamente por falta de conocimiento, ya que ese expertise  era exclusivo de la Dirección General de Política y Estrategia de la SEDENA, y porque su transferencia del conocimiento fue truncada por el fatídico Decreto Supremo N° 061-2016-PCM que dejó en el limbo, una vez más, a la gestión y articulación del SIDENA.

Fatídico, porque también colocó en situación delicada al CAEN-EPG, restándole iniciativa administrativa al dejar de ser unidad ejecutora, lo cual ha llevado a que su organización esté dependiente de la buena voluntad de la administración ajena a sus claustros, generando inestabilidad en su planta orgánica, aunque - debo puntualizar - gestando una ejemplar capacidad de resiliencia demostrada con el impulso y desarrollo de  diversos programas académicos y de investigación, manteniendo a esa casa de estudios - a pesar de todo - en el sitial que soñara su fundador, el Gral Div José del Carmen Marín Arista.

Queda pues colocar las cosas en su verdadera dimensión: el SIDENA es un sistema funcional especial, diferente, e importante para el desarrollo y seguridad de todos, que no debe seguir sin la atención que obliga nuestra carta fundamental. En ese sentido, es menester que los funcionarios, directivos y servidores públicos comprendan que su planeamiento estratégico  es un proceso integral, permanente y dinámico, mediante el cual se armonizan los procesos de la seguridad y defensa nacional para concebir acciones, y adoptar previsiones de carácter multidimensional con la finalidad de: minimizar o superar las amenazas y preocupaciones de la seguridad nacional, y crear las condiciones propicias para alcanzar el bienestar general.

Algunos, que desconocen la realidad nacional, que no disponen de mirada estratégica, o que no les importa el interés nacional, dirán que es innecesario dar prioridad  a la implementación del SIDENA, ya que que en estos últimos 41 años no se ha comprometido gravemente al Perú y que si hemos vivido “sin problemas” graves tantos años, podríamos hacerlo otros tantos más, destinando  los recursos en la solución de otros temas de interés en el periodo presidencial (corto plazo). De ser así, seguiremos desperdiciando medios y perdiendo vidas por la falta de articulación en acciones estratégicas que sirvan para erradicar o mitigar problemas que guardan mucha conexión entre sí, como son - entre otros - el tráfico ilícito de drogas, el terrorismo, el lavado de activos, la corrupción, la minería ilegal, la contaminación ambiental, la trata de personas, la delincuencia común y organizada y los conflictos sociales que afectan la gobernabilidad, todos ellos animados por intereses ajenos a la Patria; en otras palabras seguiremos comprometiendo el Perú de las futuras generaciones. 

Eso debe cambiar, es hora de darle norte al país, esa es la obligación de todos y principalmente de quienes se comprometen a servir antes que todo al Perú.

BIBLIOGRAFÍA 

Zegarra, Fernando. (2017, Mayo 12). De la reacción al corto plazo:¿Jodiendo al Perú?. Diario Expreso- Perú  Recuperado de https://www.expreso.com.pe/opinion/de-la-reaccion-al-corto-plazo-jodiendo-al-peru/

Decreto Supremo N° 036-2013-PCM Reglamento del Decreto Legislativo N 1129, que Regula el Sistema de Defensa Nacional, 04 de abril de 2013

Decreto Supremo N° 061-2016-PCM que aprueba la adscripción de organismos públicos y la modificación de la dependencia, adscripción o fusión de instancias de la Presidencia del Consejo de Ministros a diversos ministerios

¿DE QUÉ TRATA LA SEGURIDAD NACIONAL?

LO QUE TODOS LOS PERUANOS DEBEMOS SABER: TAMBIÉN QUIENES TRABAJAN EN LA ADMINISTRACIÓN 

Cuando se hace esta pregunta a cualquier ciudadano, casi de inmediato referirán a la seguridad ciudadana, a la actividad de serenazgo, o también a la Policía Nacional. Existirán otros, principalmente los servidores públicos, y también – increíblemente – directivos y funcionarios públicos, que señalarán que la Seguridad Nacional es un tema de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, o de los Ministerios de Defensa o Interior.

Este, es un problema de casi toda nuestra vida republicana, que debería haber quedado mejor entendido desde que en 1979 se crea el Sistema de Defensa Nacional, estableciéndose que “es obligación de todos los peruanos participar activamente en la Defensa Nacional” y que “toda persona que tenga conocimiento sobre algún acto que atente contra la Seguridad Nacional está obligada a ponerlo en conocimiento de la autoridad competente. (DL N° 22653), concepto que recoge el Tribunal Constitucional al explicar el art 38° de nuestra Constitución Política (Exp. 00143-2008-HC FJ 4)

Todos los peruanos debemos saber que nuestra norma legal de más alto nivel dispone que: 

• “El Estado garantiza la seguridad de la Nación mediante el Sistema de Defensa Nacional”, 

• “El Presidente de la República dirige el Sistema de Defensa Nacional” (Art 163). 

Y que previamente señala que “Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación…” (Art 44°)

De estos fundamentos constitucionales, de instrumentos internacionales de los que el Perú es signatario, y de la Política de Seguridad y Defensa Nacional vigente (aprobada en diciembre de 2018), entendemos que la Seguridad Nacional es la “Situación que alcanza el Estado en la que tiene garantizada la soberanía, independencia e integridad territorial, el Estado constitucional de derecho, la paz social y los intereses nacionales; así como la protección de la persona humana y los derechos humanos, mediante acciones de naturaleza diversa y carácter multidimensional, que permitan hacer frente a las amenazas y las preocupaciones, con la finalidad de crear las condiciones propicias para el bienestar general” (SEDENA, 2015).

Este concepto involucra por cierto, a todo el Sistema de Defensa Nacional, que desde 1979 con la aprobación del DL 22653 hasta nuestros días, en que rige el Decreto Legislativo N° 1129, incluye a todos los ministerios, organismos públicos, gobiernos regionales y gobiernos locales, bajo la dirección del Presidente de la República; y no puede ser de otra forma, sencillamente porque el activo más importante de un Estado es su propia estabilidad y supervivencia.

Entonces, constituye un error grave que los titulares de las entidades públicas, sus funcionarios y directivos, primero desconozcan que forman parte del único sistema funcional de responsabilidad constitucional del Presidente de la República; y después, que no programen y ejecuten actividades de su competenciafuncional relacionadas a la Seguridad Nacional, que se ven expresadas en la Política de Seguridad y Defensa Nacional y sustentadas en el enfoque multidimensional de la Seguridad Nacional.

En el Perú, este enfoque tiene su origen en la concepción doctrinaria de dos ilustres peruanos: 

• El General José del Carmen Marín, quien en términos muy simples señalaba: “no hay desarrollo sin defensa, ni tampoco hay defensa sin desarrollo”, sentencia precursora a otra que más de 20 años después, en 1994, fue incorporada  por  James Gustave Speth en el Informe de Desarrollo humano de  la Naciones Unidas dejando clara la idea que “Sin paz no puede haber desarrollo; pero sin desarrollo, la paz está amenazada.”

• Por su lado, el General Edgardo Mercado Jarrín - el más destacado geopolítico del Perú - en el marco de la X Conferencia de Ejércitos Americanos realizada en Caracas en 1973, cuestionó la limitada concepción de los fines de un Estado tradicional donde la seguridad representaba esencialmente la defensa del territorio, sin considerar los factores de desequilibrio económico-sociales, así como el complejo fenómeno de la dependencia externa y todo aquello que interna y externamente afecta sustancialmente la vida de la nación. Precisó claramente que  “Una política de Seguridad Nacional, debe permitir resolver, de acuerdo a criterios de justicia, los profundos problemas sociales y económicos internos y externos que ponen en peligro los objetivos nacionales y el ejercicio de la política de desarrollo trazada, eliminando así, como resultado derivado, los antagonismos y presiones de todo orden”.

Para enfrentar los problemas de la Seguridad Nacional, en concordancia con la Política de  Modernización de la Gestión Pública, en el año 2013 se establecieron los Procesos de  la Seguridad y Defensa Nacional (DS N°037-2013-PCM) , realizando una gran transformación en la gestión del Sistema de Defensa Nacional, pues por muchísimos años la Seguridad Nacional estuvovinculada al “Proceso de la Política Nacional” (Centro de Altos Estudios Nacionales, 2008) que tenía como producto principal a la Directiva de Seguridad Nacional. 

Los procesos de la Seguridad y Defensa Nacional son siete (07), y tres (03) de ellos son fundamentales: La Política de Seguridad y Defensa Nacional, la Estrategia de Seguridad y Defensa Nacional, y el Planeamiento Estratégico Integral de la Seguridad y Defensa Nacional (Planeamiento de largo Plazo). Además se diseñaronprocesos complementarios  como son: Desarrollo de Estudios Estratégicos para la Seguridad y Defensa Nacional, Investigación y Desarrollo para la Seguridad y Defensa Nacional, Desarrollo de Programas y Proyectos de Seguridad y Defensa Nacional. 

Todos estos procesos deben ser planeados, programados e implementados coordinadamente mediante otrodenominado Gestión del Sistema de Defensa Nacional, que se instrumentaliza a través del Planeamiento Estratégico del Sistema de Defensa Nacional, para armonizar procesos y componentes, de manera de actuar sistémica y articuladamente, con la finalidad que los esfuerzos (de gestión: recursos humanos y económicos) no queden dispersos y sin ser vinculadosapropiadamente, de tal forma que se evite cualquier efecto negativo  en el desarrollo y la  seguridad de todos.

Por lo tanto, el antiguo concepto de Planeamiento Estratégico para la Defensa ha sido reemplazado por el de Planeamiento Estratégico del Sistema de Defensa Nacional, que resulta ser un proceso integral, permanente y dinámico, en el que se integran los procesos de la seguridad y defensa nacional para concebir acciones de carácter multidimensional que permitan hacer frente a las amenazas y  preocupaciones que afectan a la Seguridad Nacional.

El enfoque multidimensional de la Seguridad Nacional, debe ser el norte para el entendimiento de las responsabilidades institucionales en la administración pública, y también en el ámbito privado (en su función de instrumento del poder nacional), lo cual no debe confundirse con la extrema idea de convertir a la gestión pública en actividades de Seguridad Nacional, más bien entender la importancia de impulsar los principios de prevención, coordinación y articulación interinstitucional que favorecen al cumplimiento de los deberes del Estado, consagrados en nuestra ley de leyes.

El enfoque multidimensional de nuestra Seguridad Nacional, se origina a partir de los ámbitos establecidos en la Constitución Política, e incorpora diversas facetas, convertidas en Categorías de la Seguridad Nacional quedentro de ellas destaca factores, que son los elementos principales por atenderse, para evitar que afecten la gobernabilidad y los intereses nacionales. Esos factores, deben ser inventariados, vigilados y ser motivo de la implementación de planes coordinados dentro de la administración pública, derivados de los procesos fundamentales de la Seguridad y Defensa Nacional.

Pero….el gran problema que actualmente tiene el Sistema de Defensa Nacional, es que los conocimientos de la adecuada gestión del sistema que debe desarrollarse a través de los procesos fundamentales (principalmente) de la Seguridad y Defensa Nacional, son poco conocidos (por civiles y militares, que no participaron en dicha transformación), pues se construyeron entre los años 2012 y 2015, y antes que empiecen a ser implementados, fueron truncados por haberse anulado a la entidad que estuvo a cargo de gestionarlos (SEDENA); y hoy se encuentran encargados a una reducida unidad funcional (En el Ministerio de Defensa), que tiene mucha dificultad para impulsar a un sistema tan grande como la propia administración pública, pues no solo debido a supequeña organización; además se encuentra ubicada en el cuarto nivel organizacional, dentro de un componente del propio sistema, que por añadidura está encargado del campo militar, lo cual no solo le resta  iniciativa, le obstaculiza su labor, sino que también mantiene - en el imaginario de nuestras sociedad - la equivocada idea que la Seguridad Nacional es una tarea que corresponde a las Fuerzas Armadas.

Para que se alcance  las condiciones que promuevan el bienestar general  (que a su vez nos facilite el ingreso al club de la OCDE), es importante que la administración pública actúe en concordancia a la Política de Modernización de la gestión pública; y, consecuentemente que, como integrantes  del Sistema de Defensa Nacional, implementen sus procesos fundamentales; lo cual requiere que  los funcionarios, directivos y servidores de la administración pública cumplan no solo sus responsabilidades como integrantes del Sistema de Defensa Nacional, sino también que difundan el alcance del enfoque multidimensional de la Seguridad Nacional. 

No queda duda, que estas dos acciones facilitarán la gobernabilidad y mejorarán las posibilidades para alcanzar los objetivos que inspiran nuestros intereses nacionales. Por eso, es imprescindible que el conocimiento refuerce la voluntad  como reza el casi olvidado antiguo himno pre- militar: Antes que todo el Perú!

LA REHABILITACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL

REDUNDANDO EN LA SEGURIDAD NACIONAL

En mérito al Decreto Legislativo N° 1299, el pasado mes de octubre, mediante  un acta firmada  por el Presidente de la Corte Suprema, Víctor Prado Saldarriaga, y el Ministro de Justicia, Vicente Zeballos Salinas se formalizó la transferencia de la  Gerencia de Centros Juveniles del Poder Judicial y sus órganos desconcentrados al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, lo cual significa que  todo el "Sistema de Reinserción Social del Adolescente en conflicto con la Ley Penal"  (SRSALP) dependerá de este ministerio, específicamente de la Dirección General de Asuntos Criminalísticos, conforme lo estableció la Resolución Ministerial N° 0483-2018-JUS, emitida el 09 de noviembre de 2018.

Así, esta dirección general no solo es ahora responsable de crear, estudiar y proponer medidas políticas destinadas a combatir la delincuencia de manera rápida, firme y eficaz, así como proponer mejoras del sistema penitenciario que favorezcan la reinserción de las personas encarceladas en nuestra sociedad, pues también tiene el gran reto de colocar en práctica sus propuestas para el mejor diagnóstico y rehabilitación de los adolescentes en conflicto con la ley penal.

No es poca cosa, se trata de 10 centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación (CJDR),  y 25 centros de orientación al adolescente (SOA), ubicados (los CJDR) en Lima, Ancón II (Anexo), Santa Margarita, Alfonso Ugarte (Arequipa), El Tambo (Huancayo), José Quiñones Gonzales (Chiclayo), Marcavalle (Cusco), Miguel Grau (Piura), Pucallpa y Trujillo; asi como  los SOA (régimen abierto: no quedan encerradosl) de Lima Este, Lima Norte, Rímac, Callao, Ventanilla, Arequipa, Ica, Tumbes, Cañete, Huaura, Chiclayo, Trujillo, Huancayo, Huancavelica, Chimbote, Sullana, Paucarpata, Ayacucho, Puno, Madre de Dios, Cusco, Huaraz, Pucallpa, Iquitos y Huánuco.

Sin duda que el centro juvenil de mayor renombre es el de Lima, donde solo este año se produjeron al menos tres motines, con quema de colchones y toma de rehenes, aunque sin fugas espectaculares como la ocurrida en el año nuevo de 2013, en que el sicario juvenil  Alexander Manuel Pérez Gutiérrez alias "Gringasho", contando con la miopía del tutor de servicio, escapó (cruzando varias rejas, puertas y seguridad  en su camino) junto con otros adolescentes recluidos, desde el patio de mayor seguridad  de la mencionada instalación.

Este centro estigmatizado como “Maranguita” por la ubicación que tiene desde que se creó en 1945,  viene tratando, como todos los centros del sistema, de apostar a una auténtica rehabilitación del adolescente en conflicto con la Ley Penal y promover su reinserción social, basados no solo en la experiencia adquirida en el transcurso de los años y en concordancia con las normas nacionales e internacionales sobre los derechos de los niños y adolescentes,  sino también empleando un marco teórico,  que incorpora el enfoque socioeducativo y sistémico, y la metodología de intervención formativo – preventiva – psicosocial, diferenciando dos modalidades de intervención (medio cerrado / medio abierto), fundamentados en la razón, la fe y el afecto, a fin de garantizar la resocializacion del adolescente en conflicto con la ley penal.

Para tal efecto se aprobó  - en el año 2013 - el "Plan Nacional  de Prevención y Tratamiento del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal" con tres objetivos de impacto: la reducción de conductas antisociales, lograr una administración de justicia eficaz y con enfoque garantista, y garantizar la resocialización del adolescente en conflicto con la ley penal y reparación de la víctima.

En el aspecto de la resocialización destacó la intención de alcanzar los siguientes objetivos: mejorar la eficacia de los programas socioeducativos en medio cerrado; ampliar la oferta de programas socioeducativos de medio abierto; y desarrollar programas de orientación para la ejecución de la remisión.

El referido plan, considerado como la, primera política  anti criminal que dictó el Consejo Nacional de Política Criminal (sic) , desafortunadamente no ha tenido avance significativo,  especialmente en lo que se refiere a la resocialización, persistiendo las mismas condiciones que originaron el plan, el cual fue diseñado para alcanzar sus objetivos a fines del presente año, pronto a fenecer. 

Y así, aún:

• Existe limitada oferta de centros juveniles para ejecutar las medidas socioeducativas, especialmente en medio cerrado, lo cual conlleva a la sobrepoblación de ellos, dificultando el control y los propios aspectos socioeducativos.
• La inadecuada infraestructura de los centros juveniles no permite que los programas de tratamiento sean aplicados según las normas establecidas en el SRSALP.
• No se cuenta con destacamentos policiales en la mayoría de los centros juveniles de medio cerrado para el resguardo externo, y tampoco se ha desarrollado la especialización policial para la administración de menores.
• No se dispone con el personal de tratamiento suficiente para dar una adecuada atención, y muchos de ellos no cuentan con la especialización o actualización necesaria.

Lo más grave es que, como en el caso de la fuga de alias "Gringasho", los directamente responsables de la seguridad y del tutelaje de la rehabilitación, se encuentran comprometidos en las fallas de los procesos que se realizan en los centros juveniles de medio cerrado. 

Al revisar las posibles causas encontramos que los tutores (quienes acompañan a los adolescentes permanentemente, bajo un ciclo de 24 por 48 hrs) tienen como remuneracion, aproximadamente 1,500 soles, lo cual sumado a la permisividad de los agentes de seguridad (con remuneración similar) ingresan cualquier artefacto que les sea requerido por los adolescentes, a quienes se supone deben vigilar y orientar.

Por otro lado, existe poco resultado en la reinserción de los adolescentes que salen de los medios cerrados, quienes no consiguen trabajo, engrosando al grupo de los que ni trabajan ni estudian, por lo que después de un tiempo (como sucede con adultos que egresan de las penitenciarías), recurren nuevamente al delito para obtener ingresos que les permita atender sus necesidades.

Es importante que se entienda claramente que de no efectuarse la implementación de medidas de manera articulada, coordinada multisectorialmente y en los tres  niveles de gobierno, como lo detalla la Política de Seguridad y Defensa Nacional, que el pasado 20 de diciembre cumplió un año de publicada, seguiremos sin solucionar, no solamente los problemas de rehabilitación y reinserción de los adolescentes en conflicto con la ley penal, sino también de aquellos adultos que salen de las penitenciarías, colocando en riesgo la seguridad ciudadana, la imagen del país, afectando la economía, la gobernabilidad y la seguridad nacional.

Feliz Navidad!  #ElPerúPrimero

EL NUEVO PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 2018-2023

LA IMPORTANCIA DE NO COMETER LOS MISMOS ERRORES

Cuando al ciudadano común y corriente se le pregunta sobre seguridad, de inmediato lo relacionará con su propia protección y la de su entorno inmediato: la seguridad ciudadana; y señalará que los avances son muy pocos o nulos. Algunos responsabilizarán directamente al gobierno (Ejecutivo) y con ellos a la Policía. Otros adicionalmente, lo relacionarán con la municipalidad a través del servicio de serenazgo; pero escasas personas denotarán la participación de los propios ciudadanos, la sociedad civil, el sector privado y los medios de comunicación para enfrentar la inseguridad ciudadana.

Este año, se dará por terminado el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana (PNSC)  2013-2018 , para dar paso a uno nuevo que empezará a regir a partir del año 2019. La propuesta fue elaborada por una comisión multisectorial que ha sostenido más de 30 sesiones de trabajo, desarrolladas entre los meses de marzo y octubre del presente año, para que finalmente el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) lo apruebe por unanimidad, el pasado 06 de noviembre.

La comisión multisectorial comprendió a los representantes de los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Educación, Salud, Economía y Finanzas, Relaciones Exteriores, Transportes y Comunicaciones, Mujer y Poblaciones Vulnerables y Desarrollo e Inclusión Social. Asimismo, de la Policía Nacional del Perú, del Instituto Nacional Penitenciario y la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú. Por otro lado, se consideró la participación de los representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Asamblea Nacional de Presidentes Regionales, Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), Municipalidad Metropolitana de Lima, Sociedad Nacional de Seguridad y otras instituciones, en calidad de invitados.

A fin de contar con la participación de los directamente afectados, el Ministerio del Interior (CONASEC), comunicó el pasado 23 de noviembre que los ciudadanos podrían remitir sus opiniones, comentarios y sugerencias de los ciudadanos para mejorar la propuesta del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023, hasta el día de hoy, 05 de diciembre de 2018. Con la recolección de aportes, se procesarán las opiniones y sugerencias a fin de ser incluidas en la versión final del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023. Buena intención, que hubiera sido más productiva si se hubiera efectuado con mayor difusión.

A diferencia del plan por fenecer, la propuesta no refleja haber sido abordada bajo un esquema metodológico sólido, a pesar que incluye enfoques transversales interesantes y componentes de intervención (que solo son citados en un gráfico).

La propuesta presenta una evaluación engañosa del PNSC anterior, pues señala que “se aprecia que se alcanzó el cumplimiento de la meta en referida a la violencia contra la mujer, niños, niñas y adolescentes. Con respecto a los otros tres indicadores, se aprecia un cumplimiento parcial en torno a la victimización y reingreso de internos a establecimientos penitenciarios. El indicador relacionado a la prevalencia de consumo de drogas fue sólo medido hasta el año 2014”, soslayando cual ha sido el avance en la solución a las causas directas de la violencia y el delito que aún siguen incidiendo en la  ciudadanía.

Por otro lado, no se observa que se haya recogido informes de las principales ciudades afectadas por la violencia y el delito. Tampoco se señala haber tenido en consideración a la Política de Seguridad y Defensa Nacional publicada en diciembre de 2017, ni la situación de funcionamiento (en la materia específica) en las Oficinas de Seguridad y Defensa Nacional de las entidades públicas, particularmente en los gobiernos regionales y locales, y por último se desconoce la efectividad que han tenido los comités de seguridad ciudadana.

Estos aspectos dificultarán que el problema nacional sea resuelto adecuadamente, lo que  puede apreciarse rápidamente al compararse los objetivos estratégicos de los planes nacionales (del que está por terminar y de la propuesta aprobada)

Como puede observarse, los objetivos de la propuesta son más reactivos, y a pesar que se señala que la seguridad ciudadana es un problema que debe atenderse multisectorialmente (y en todos los niveles de gobierno), no queda claro que la responsabilidad sea de todos los componentes del Sistema de Seguridad Ciudadana y menos de la relación que se tiene con el Sistema de Defensa Nacional y con los instrumentos del poder nacional.

A pesar, que se puntualiza que en el PNSC 2013-2018 “la mayoría de indicadores a nivel de actividades se encuentran relacionados con la entrega de determinados productos (mapas, planes, actas, normas); o como productos de acciones específicas de sensibilización (eventos, charlas, talleres, cursos)” la propuesta contiene indicadores similares, que no miden el resultado final, es decir que no podrá determinarse el cambio de la situación problemática.

Se ha hecho bien en priorizar y focalizar algunos aspectos y territorios, pero no se ha debido dejar de lado aquellos aspectos que no fueron implementados como por ejemplo:

-       Fortalecimiento de capacidades de los gobiernos regionales y locales para que sus planes sean adecuadamente formulados y puedan ser articulados con los planes de desarrollo concertados (incluso cambio de éstos), y principalmente incluidos en los planes operativos. Nótese que, es muy probable que las asignaciones presupuestales de este plan no estén siendo consideradas en el presupuesto anual 2019.

-       Participación de los medios de comunicación social, que están presentes para informar la comisión del delito, pero ausentes (con pocas excepciones) en la labor educativa y de prevención que, como instrumentos del poder nacional, les corresponde.

-       Participación efectiva de las juntas vecinales: Los ciudadanos se quejan mucho y participan poco en actividades de prevención e información de situaciones de riesgo que a diario observan y que no comunican a las autoridades, muchas veces para no hacerse problemas, lo cual indica la necesidad de mejorar los canales de comunicación.

-       Estudio de modificaciones legales para que los agresores no sean liberados sin haber sido sancionados: De las diferentes quejas ciudadanas es fácil inferir que existe un vació legal por resolver.

-       Fortalecimiento de la especialización de la policía nacional

-       Articulación con el sistema de defensa nacional para la atención de otras amenazas a la seguridad nacional, que luego afectan a las personas y ciudades.

La seguridad ciudadana es un problema de los gobiernos locales, que cuando se deja de atender adecuadamente  se convierte en un problema nacional, como en nuestros días. Si se deja de implementar las acciones para mejorarla de manera efectiva, estaremos comprometiendo la imagen del país, la economía nacional y finalmente la seguridad nacional.

De allí la necesidad de plantear adecuadamente el problema, sin disimular los errores cometidos en la poca implementación del PNSC 2013-2018, y también cuidando en no volver a repetir los mismos errores; por tanto es menester nacional que el trabajo esté sustentado metodológicamente. 

Debe tenerse presente en todo momento, lo que la propia propuesta señala, en cada una de sus páginas: El Perú Primero

EL REFERÉNDUM DEL 9 DE DICIEMBRE

PENSANDO EN LOS INTERESES NACIONALES

A pocos días de realizarse el referéndum que intenta modificar algunos artículos de la Constitución Política, pero que ulteriormente no resolverá los principales problemas de nuestro país, nadie podrá negar que la gran mayoría de la población no conoce plenamente el contenido de los proyectos de ley circunscritos a las cuatro preguntas a resolverse este 9 de diciembre, fecha épica -por recordar la batalla de Ayacucho que liberó a toda América del yugo realista - en la que también se celebra el día del Ejército del Perú, una institución cuyos integrantes han dado claras muestras de sacrificio (familias incluidas) en defensa de la soberanía nacional y la democracia, logrando, junto a policías y civiles, alcanzar las condiciones de paz que hoy vivimos.

Debido a la crisis del Consejo Nacional de la Magistratura, encargada de nombrar jueces y fiscales, se plantea, mediante la pregunta 1, si se aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Funciones. La primera novedad es el cambio de nombre de la entidad. Importante? Trascedental? No creemos.

Lo importante radica en que los integrantes de esa institución, de acuerdo al proyecto, ya no serán nombrados "a dedo", sino que serán seleccionados mediante concurso público a cargo de una Comisión Especial, conformado por 7 autoridades. Esto sí es una buena noticia, siempre que se verifique que los candidatos efectivamente cumplan con los requisitos, particularmente lo relacionado a la solvencia e idoneidad moral, para después no tener desagradables sorpresas. Cobra, entonces, relevancia en el control público, en las tareas de la Secretaría Técnica, que estaría a cargo del MINJUSDH.

Lo malo del proyecto es que, por efecto del cambio de nombre, será necesario modificar (sic) la Ley Orgánica (¿No será aprobar una nueva?) y esperar 90 días (se entiende útiles) para poder seleccionar a sus miembros, quienes solo  así podrán revisar los nombramientos, ratificaciones, evaluaciones y procedimientos disciplinarios efectuados por los consejeros removidos por el Congreso de la República.

Entonces, no esperemos que esta Junta Nacional de Justicia empiece a funcionar de inmediato. A pesar de ello, un SI contundente es necesario para ordenar el país, colocando a los más competentes para cumplir tan importantes responsabilidades. ¡Qué así sea!

La pregunta 2 está relacionada a regular el financiamiento de las organizaciones políticas, resaltándose que  éstas tendrán tambien financiamiento público.... What!? ?...Sí, financiamiento con el dinero de todos los peruanos, ese que es escaso para tantas necesidades.

De acuerdo al proyecto la propaganda electoral en radio y televisión se efectuará mediante financiamiento  público indirecto, propaganda que, como sabemos, es siempre la de costos más elevados.

Pueda que para algunos la propuesta les parezca interesante, pero  pensemos: ¿si no se ha podido cumplir adecuadamente con la fiscalización de los procesos anteriores? ¿acaso esto no significa que aún no estamos preparados para que del escaso erario nacional se distraiga fondos con este propósito? No es el momento, no es aún adecuado para nuestra realidad política bastante desordenada.

Un cambio constitucional que resultaría ser muy popular y tal vez de rápida respuesta, es si se estaría de acuerdo con la no reelección de congresistas. Debido a la mala imagen de los integrantes del Congeso de la República, no ahora sino desde hace mucho tiempo, la gran mayoría estaría de acuerdo.

Resulta que la pregunta 3 dice a la letra: ¿Aprueba usted la reforma constitucional que prohibe la reelección inmediata de parlamentarios de la República?, ojo: no dice congresistas porque está conectada a la pregunta 4, que cambia el nombre del Congreso de la República por el de Parlamento de la República.

Por tanto, de no aprobarse el proyecto de ley sobre ese tema (pregunta 4)  se quedaría sin sustento legal el cargo de Parlamentario de la República, pues la Constitución Política del Perú no tiene dicho cargo, en ninguna parte de su texto.

Por otro lado, reflexionemos ¿Resulta útil para la solución de los problemas del país que no exista reelección de nuestros representantes al Congreso? El mal desempeño de esa entidad es consecuencia, no de la reelección de sus integrantes, sino mas bien por la falta de capacidades de muchos de ellos que les limita desempeñarse de la mejor manera en el cargo, denotándose que la gran mayoría  no conoce los procedimientos parlamentarios y que ellos los aprende sobre la marcha (aunque no todos).

Los legisladores experimentados, los que dan la talla en la representación nacional, normalmente son los que experimentan el proceso político y parlamentario, y eso sólamente se consigue en la arena del Congreso.

Por eso es importante que nuestros representantes sean bien elegidos (responsabilidad del electorado) para que cumplan adecuadamente sus funciones. Limitar su reelección no va a solucionarlo. Lo que sí podría mejorar la labor del primer poder del Estado, sería condicionar el ejercicio del cargo de congresista al cumplimiento de un programa  que mejore sus conocimientos, eso sería mucho más efectivo, y para ello no se requiere una modificación constitucional.

Considerando que la pregunta 4 ha recibido el máximo apoyo  para que se vote por el NO, esta situación traería como consecuencia que así se gane el SI en la pregunta 3, la modificación resultaría inaplicable. Por ello consideramos que un NO, es mucho mejor para el país.

La pregunta 4, que ya tiene un NO por delante, debido a la extensa propaganda en su contra (y no por sus 59 modificaciones), desafortunadamente  es un proyecto que revela haber sido formulado como si fuera un "saludo a la bandera ajena", pues no es coherente en su contenido, y es además confuso.

Sin embargo, es necesario precisar que el hecho de intentar aclarar -en el proyecto de ley por consultar -  las condiciones en que se realizaría el cierre de la Cámara de Diputados, resulta totalmente legítimo, pues empleando como base  la Constitución vigente, el tema se encuentra dentro del artículado. Debe tenerse presente que el Poder Legislativo, tiene toda la potestad de modificar los proyectos de ley, sea quien sea el proponente.

A pesar de cualquier otro argumento, al igual que los proyectos de las dos preguntas anteriores, debemos ser conscientes que aún no estamos preparados para realizar estos cambios, pues estaríamos retrocediendo al año 1992 en que  existía alto retraso en los procedimientos parlamentarios  con la consecuente postergación de los cambios legislativos requeridos para la mejor gestión pública en provecho de la ciudadanía.

El Perú,  primero necesita madurar políticamente, para lo cual es necesario contar con profesionales que respondan a un manual de perfiles de puestos en el Ejecutivo, y también con  partidos políticos sólidos, con propósitos definidos,  con representantes elegidos democráticamente y no con el peso de su sus billeteras; y,  por supuesto, con intereses que respondan a las necesidades de las poblaciones a las que representan.

Definitivamente, el NO resulta ser adecuado para esta última pregunta.

Este 9 de diciembre, honrando a nuestros héroes y a quienes defendieron la paz, tengamos presente que "de los esfuerzos de hoy depende la suerte" no de América, tampoco de nuestra Patria, pero si del correcto ejercicio de nuestra democracia.

Acudamos a las urnas, con el conocimiento de lo que conviene a los intereses nacionales, y siendo conscientes que esos intereses se cuidan haciendo bien las cosas y no como en "carrera de caballos, parada de burros".

Por el bien del país, nuestro voto será: SI, NO, NO, NO.