Cuando
al ciudadano común y corriente se le pregunta sobre seguridad, de inmediato lo
relacionará con su propia protección y la de su entorno inmediato: la seguridad
ciudadana; y señalará que los avances son muy pocos o nulos. Algunos
responsabilizarán directamente al gobierno (Ejecutivo) y con ellos a la Policía. Otros adicionalmente, lo relacionarán con la municipalidad a través
del servicio de serenazgo; pero escasas personas denotarán la participación de
los propios ciudadanos, la sociedad civil, el sector privado y los medios de
comunicación para enfrentar la inseguridad ciudadana.
Este
año, se dará por terminado el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana (PNSC) 2013-2018 , para dar paso a uno nuevo que
empezará a regir a partir del año 2019. La propuesta fue elaborada por una
comisión multisectorial que ha sostenido más de 30 sesiones de trabajo,
desarrolladas entre los meses de marzo y octubre del presente año, para que
finalmente el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) lo apruebe por unanimidad,
el pasado 06 de noviembre.
La
comisión multisectorial comprendió a los representantes de los ministerios de
Justicia y Derechos Humanos, Educación, Salud, Economía y Finanzas, Relaciones
Exteriores, Transportes y Comunicaciones, Mujer y Poblaciones Vulnerables y
Desarrollo e Inclusión Social. Asimismo, de la Policía Nacional del Perú, del
Instituto Nacional Penitenciario y la Intendencia Nacional de Bomberos del
Perú. Por otro lado, se consideró la participación de los representantes del
Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Asamblea Nacional de
Presidentes Regionales, Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE),
Municipalidad Metropolitana de Lima, Sociedad Nacional de Seguridad y otras
instituciones, en calidad de invitados.
A
fin de contar con la participación de los directamente afectados, el Ministerio
del Interior (CONASEC), comunicó el pasado 23 de noviembre que los ciudadanos
podrían remitir sus opiniones, comentarios y sugerencias de los ciudadanos para
mejorar la propuesta del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023, hasta el día de hoy, 05 de diciembre de
2018. Con la recolección de aportes, se procesarán las opiniones y
sugerencias a fin de ser incluidas en la versión final del Plan Nacional de
Seguridad Ciudadana 2019-2023. Buena intención, que hubiera sido más productiva
si se hubiera efectuado con mayor difusión.
A
diferencia del plan por fenecer, la propuesta no refleja haber sido abordada bajo un esquema metodológico sólido, a pesar que incluye enfoques transversales
interesantes y componentes de intervención (que solo son citados en un gráfico).
La
propuesta presenta una evaluación engañosa del PNSC anterior, pues señala que “se
aprecia que se alcanzó el cumplimiento de la meta en referida a la violencia
contra la mujer, niños, niñas y adolescentes. Con respecto a los otros tres
indicadores, se aprecia un cumplimiento parcial en torno a la victimización y
reingreso de internos a establecimientos penitenciarios. El indicador
relacionado a la prevalencia de consumo de drogas fue sólo medido hasta el año
2014”, soslayando cual ha sido el avance en la solución a las causas directas
de la violencia y el delito que aún siguen incidiendo en la ciudadanía.
Por
otro lado, no se observa que se haya recogido informes de las principales ciudades
afectadas por la violencia y el delito. Tampoco se señala haber tenido en
consideración a la Política de Seguridad y Defensa Nacional publicada en
diciembre de 2017, ni la situación de funcionamiento (en la materia específica)
en las Oficinas de Seguridad y Defensa Nacional de las entidades públicas,
particularmente en los gobiernos regionales y locales, y por último se desconoce la efectividad que han tenido los comités de seguridad ciudadana.
Estos
aspectos dificultarán que el problema nacional sea resuelto adecuadamente, lo que puede apreciarse rápidamente al compararse los objetivos estratégicos de los
planes nacionales (del que está por terminar y de la propuesta aprobada)
Como
puede observarse, los objetivos de la propuesta son más reactivos, y a pesar
que se señala que la seguridad ciudadana es un problema que debe atenderse
multisectorialmente (y en todos los niveles de gobierno), no queda claro que la
responsabilidad sea de todos los componentes del Sistema de Seguridad Ciudadana
y menos de la relación que se tiene con el Sistema de Defensa Nacional y con
los instrumentos del poder nacional.
A
pesar, que se puntualiza que en el PNSC 2013-2018 “la mayoría de indicadores a
nivel de actividades se encuentran relacionados con la entrega de determinados
productos (mapas, planes, actas, normas); o como productos de acciones
específicas de sensibilización (eventos, charlas, talleres, cursos)” la
propuesta contiene indicadores similares, que no miden el resultado final, es decir que no podrá determinarse el cambio de la situación problemática.
Se
ha hecho bien en priorizar y focalizar algunos aspectos y territorios, pero no
se ha debido dejar de lado aquellos aspectos que no fueron implementados como
por ejemplo:
- Fortalecimiento de capacidades de los
gobiernos regionales y locales para que sus planes sean adecuadamente
formulados y puedan ser articulados con los planes de desarrollo concertados
(incluso cambio de éstos), y principalmente incluidos en los planes operativos.
Nótese que, es muy probable que las asignaciones presupuestales de este plan no
estén siendo consideradas en el presupuesto anual 2019.
- Participación de los medios de
comunicación social, que están presentes para informar la comisión del delito,
pero ausentes (con pocas excepciones) en la labor educativa y de prevención que, como instrumentos del poder nacional, les corresponde.
- Participación efectiva de las juntas
vecinales: Los ciudadanos se quejan mucho y participan poco en actividades de
prevención e información de situaciones de riesgo que a diario observan y que no
comunican a las autoridades, muchas veces para no hacerse problemas, lo cual indica
la necesidad de mejorar los canales de comunicación.
- Estudio de modificaciones legales para
que los agresores no sean liberados sin haber sido sancionados: De las
diferentes quejas ciudadanas es fácil inferir que existe un vació legal por
resolver.
- Fortalecimiento de la especialización de
la policía nacional
- Articulación con el sistema de defensa
nacional para la atención de otras amenazas a la seguridad nacional, que luego afectan a las personas y ciudades.
La seguridad ciudadana es un problema de
los gobiernos locales, que cuando se deja de atender adecuadamente se convierte en un
problema nacional, como en nuestros días. Si se deja de implementar las acciones para mejorarla de manera efectiva, estaremos comprometiendo la
imagen del país, la economía nacional y finalmente la seguridad nacional.
De allí la necesidad de plantear adecuadamente
el problema, sin disimular los errores cometidos en la poca implementación del
PNSC 2013-2018, y también cuidando en no volver a repetir los mismos errores; por tanto es menester nacional que el trabajo esté sustentado metodológicamente.
Debe tenerse presente en todo momento, lo que la propia propuesta señala, en cada una de sus páginas: El Perú Primero
Debe tenerse presente en todo momento, lo que la propia propuesta señala, en cada una de sus páginas: El Perú Primero
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