LA REHABILITACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL

REDUNDANDO EN LA SEGURIDAD NACIONAL

En mérito al Decreto Legislativo N° 1299, el pasado mes de octubre, mediante  un acta firmada  por el Presidente de la Corte Suprema, Víctor Prado Saldarriaga, y el Ministro de Justicia, Vicente Zeballos Salinas se formalizó la transferencia de la  Gerencia de Centros Juveniles del Poder Judicial y sus órganos desconcentrados al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, lo cual significa que  todo el "Sistema de Reinserción Social del Adolescente en conflicto con la Ley Penal"  (SRSALP) dependerá de este ministerio, específicamente de la Dirección General de Asuntos Criminalísticos, conforme lo estableció la Resolución Ministerial N° 0483-2018-JUS, emitida el 09 de noviembre de 2018.

Así, esta dirección general no solo es ahora responsable de crear, estudiar y proponer medidas políticas destinadas a combatir la delincuencia de manera rápida, firme y eficaz, así como proponer mejoras del sistema penitenciario que favorezcan la reinserción de las personas encarceladas en nuestra sociedad, pues también tiene el gran reto de colocar en práctica sus propuestas para el mejor diagnóstico y rehabilitación de los adolescentes en conflicto con la ley penal.

No es poca cosa, se trata de 10 centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación (CJDR),  y 25 centros de orientación al adolescente (SOA), ubicados (los CJDR) en Lima, Ancón II (Anexo), Santa Margarita, Alfonso Ugarte (Arequipa), El Tambo (Huancayo), José Quiñones Gonzales (Chiclayo), Marcavalle (Cusco), Miguel Grau (Piura), Pucallpa y Trujillo; asi como  los SOA (régimen abierto: no quedan encerradosl) de Lima Este, Lima Norte, Rímac, Callao, Ventanilla, Arequipa, Ica, Tumbes, Cañete, Huaura, Chiclayo, Trujillo, Huancayo, Huancavelica, Chimbote, Sullana, Paucarpata, Ayacucho, Puno, Madre de Dios, Cusco, Huaraz, Pucallpa, Iquitos y Huánuco.

Sin duda que el centro juvenil de mayor renombre es el de Lima, donde solo este año se produjeron al menos tres motines, con quema de colchones y toma de rehenes, aunque sin fugas espectaculares como la ocurrida en el año nuevo de 2013, en que el sicario juvenil  Alexander Manuel Pérez Gutiérrez alias "Gringasho", contando con la miopía del tutor de servicio, escapó (cruzando varias rejas, puertas y seguridad  en su camino) junto con otros adolescentes recluidos, desde el patio de mayor seguridad  de la mencionada instalación.

Este centro estigmatizado como “Maranguita” por la ubicación que tiene desde que se creó en 1945,  viene tratando, como todos los centros del sistema, de apostar a una auténtica rehabilitación del adolescente en conflicto con la Ley Penal y promover su reinserción social, basados no solo en la experiencia adquirida en el transcurso de los años y en concordancia con las normas nacionales e internacionales sobre los derechos de los niños y adolescentes,  sino también empleando un marco teórico,  que incorpora el enfoque socioeducativo y sistémico, y la metodología de intervención formativo – preventiva – psicosocial, diferenciando dos modalidades de intervención (medio cerrado / medio abierto), fundamentados en la razón, la fe y el afecto, a fin de garantizar la resocializacion del adolescente en conflicto con la ley penal.

Para tal efecto se aprobó  - en el año 2013 - el "Plan Nacional  de Prevención y Tratamiento del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal" con tres objetivos de impacto: la reducción de conductas antisociales, lograr una administración de justicia eficaz y con enfoque garantista, y garantizar la resocialización del adolescente en conflicto con la ley penal y reparación de la víctima.

En el aspecto de la resocialización destacó la intención de alcanzar los siguientes objetivos: mejorar la eficacia de los programas socioeducativos en medio cerrado; ampliar la oferta de programas socioeducativos de medio abierto; y desarrollar programas de orientación para la ejecución de la remisión.

El referido plan, considerado como la, primera política  anti criminal que dictó el Consejo Nacional de Política Criminal (sic) , desafortunadamente no ha tenido avance significativo,  especialmente en lo que se refiere a la resocialización, persistiendo las mismas condiciones que originaron el plan, el cual fue diseñado para alcanzar sus objetivos a fines del presente año, pronto a fenecer. 

Y así, aún:

• Existe limitada oferta de centros juveniles para ejecutar las medidas socioeducativas, especialmente en medio cerrado, lo cual conlleva a la sobrepoblación de ellos, dificultando el control y los propios aspectos socioeducativos.
• La inadecuada infraestructura de los centros juveniles no permite que los programas de tratamiento sean aplicados según las normas establecidas en el SRSALP.
• No se cuenta con destacamentos policiales en la mayoría de los centros juveniles de medio cerrado para el resguardo externo, y tampoco se ha desarrollado la especialización policial para la administración de menores.
• No se dispone con el personal de tratamiento suficiente para dar una adecuada atención, y muchos de ellos no cuentan con la especialización o actualización necesaria.

Lo más grave es que, como en el caso de la fuga de alias "Gringasho", los directamente responsables de la seguridad y del tutelaje de la rehabilitación, se encuentran comprometidos en las fallas de los procesos que se realizan en los centros juveniles de medio cerrado. 

Al revisar las posibles causas encontramos que los tutores (quienes acompañan a los adolescentes permanentemente, bajo un ciclo de 24 por 48 hrs) tienen como remuneracion, aproximadamente 1,500 soles, lo cual sumado a la permisividad de los agentes de seguridad (con remuneración similar) ingresan cualquier artefacto que les sea requerido por los adolescentes, a quienes se supone deben vigilar y orientar.

Por otro lado, existe poco resultado en la reinserción de los adolescentes que salen de los medios cerrados, quienes no consiguen trabajo, engrosando al grupo de los que ni trabajan ni estudian, por lo que después de un tiempo (como sucede con adultos que egresan de las penitenciarías), recurren nuevamente al delito para obtener ingresos que les permita atender sus necesidades.

Es importante que se entienda claramente que de no efectuarse la implementación de medidas de manera articulada, coordinada multisectorialmente y en los tres  niveles de gobierno, como lo detalla la Política de Seguridad y Defensa Nacional, que el pasado 20 de diciembre cumplió un año de publicada, seguiremos sin solucionar, no solamente los problemas de rehabilitación y reinserción de los adolescentes en conflicto con la ley penal, sino también de aquellos adultos que salen de las penitenciarías, colocando en riesgo la seguridad ciudadana, la imagen del país, afectando la economía, la gobernabilidad y la seguridad nacional.

Feliz Navidad!  #ElPerúPrimero

POR UNA ADMINISTRACIÓN "DE LUJO"

QUE DE "BUENA LECHE"

El caso de "Pura vida" ha hecho derramar la gota de "mala leche" que nos revela la limitada capacidad, que existe en nuestro país, para ejercer la autoridad, donde  aún se celebra al más pen... que vive del sonso, o donde se ha hecho usual la frase "hecha la ley, hecha la trampa", aprovechándose de la indolencia de nuestra sociedad que, a pesar de tanto escándalo, aún no ha podido sacudirse de ella. ¿Cuánto tiempo más hubieran tardado nuestras autoridades para procesar a los implicados  de Odebrecht? ¿Seguiría sin investigarse al Contralor si hubiera dado "luz verde" a la adenda con Kuntur Wasi? ¿Qué hubiera pasado si el gobierno de Panamá no suspendía la comercialización del producto "Pura vida"? ¿Cuántos años más tendríamos que convivir con el producto engañoso por el "error" de DIGESA?

Tenemos un cúmulo de situaciones que (sin generalizar) denotan que las personas responsables de hacer cumplir las leyes y normas legales, o no tienen las capacidades para hacerlo, o se encuentran involucradas en actos de corrupción, en perjuicio de todos los peruanos. En cualquier caso, este es un tema de gestión pública, de mala gestión pública que solo tratamos con énfasis cuando las cosas revientan, inclusive a  pesar que  algunos de ellos fueron hecho públicos o denunciados con aterioridad, pero que, por efecto de un nuevo escándalo (o un psicosocial), pasan al olvido.

La política de modernización de la gestión pública es  donde radica el problema, pues no se nota el esfuerzo de implementar adecuadamente ninguno de sus  cinco pilares: Políticas, planes, estratégicos y operativos; gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional; presupuesto para resultados; servicio civil meritocrático; y sistema de información, evaluación y gestión del conocimiento; y tampoco se ve un verdadero avance en los tres ejes transversales que complementan a los pilares señalados: gobierno abierto, gobierno electrónico y articulación interinstitucional.

Y si la madre de nuestros problemas es la gestión pública, su corazón -definitivamente -son las personas, pues son ellas (nuevamente, sin generalizar) las que se equivocan (de verdad o a propósito), las que dejan de cumplir sus responsabilidades; son las personas que no cumplen con implementar la Política de modernización de la gestión pública. Y, como reza el dicho popular, todo empieza por la cabeza. 

Son los titulares de las entidades los responsables de hacer que los directivos y servidores públicos honren al Perú, empezando por dar bien el primer paso de la gestión de personal: el reclutamiento. Y esta premisa es facilmente demostrable, basta entrar al motor de búsqueda de empleos que administra el Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo, y podrá observarse la diversidad de requisitos (cuando se publican) que se solicitan para puestos similares, dando la impresión (en diversos casos) que no responden a la verdadera necesidad; algo que la Autoridad del Servicio Civil, debiera supervisar.

Peor, existen entidades que justo en el periodo de los procesos de selección, su servidor se "cuelga", y los teléfonos no responden.Y mucho más vergonzoso, cuando los resultados de las  verificaciones de las capacidades técnicas, se presentan con preguntas rebuscadas o que no corresponden al cargo por ocupar. Finalmente, para colocar la cereza de la torta, los resultados de las pruebas escritas no se muestran adecuadamente: La trasparencia, principio del gobierno abierto, debería brillar a plenitud si se entregara los resultados que permitan a  los candidatos que aprecien sus errores.

Por otro lado, tenemos servidores de confianza que, cual "mil oficios", transitan fácilmente de un sector a otro, particularmente cuando cambian de ministro o de jefe de entidad, teniendo que pasar por un periodo de aprendizaje y conocimiento del problema, y capacitación para poder responder al reto, periodo que puede durar el tiempo en que pueden ser llevados a otra entidad. Para que el aparato estatal funcione adecuadamente todos sus funcionarios, directivos y servidores públicos deben contar con las competencias del cargo y funciones que van a desempeñar.

Así estamos, nuestra administración pública no cumple necesariamente con tener "la persona adecuada, en el lugar adecuado" salvo que haya voluntad política,  como la demostrada por la señora Carmen Masías, que a su retorno a DEVIDA encontró un equipo lleno de abogados, cuando sus procesos requieren de profesionales de diversas disciplinas, lo cual corrigió dando un giro a la gestión (lo que no significa que los abogados que trabajaban allí fuersn malos profesionales),  demostrándose con la emisión de una renovada estrategia nacional de lucha contra las drogas. ¡Cuánto ganaría el Perú, si este ejemplo se replicara!

El caso del Contralor, es  digno de Ripley: Mientras que no había problema con la adenda del contrato con Kuntur Wasi, las presuntas infracciones (previas a su nombramiento ) fueron sobrepasadas; pero como se puso "en sus trece", le cayó el cargamontón, que debió ocurrir en el momento de su nombramiento, o apenas se efectuó el cambio de la administración. Ahora, es probable que sea destituído por "faltas graves", cometidas previas a su desempeño como Contralor; faltas que alguien debió reparar y  corregir oportunamente, y no lo hizo.  

Esa o esas personas, que han permitido que lleguemos a esta situación, seguramente pasarán desapercibidos sin que nadie investigue las razones de su inacción o su complicidad. Ojala me equivoque.

Entonces, cuando tengamos una administración pública con personas que respondan a las funciones sustantivas de sus organizaciones, con más personas idóneas para el funcionamiento de los sistemas funcionales y administrativos, podremos enfrentar adecuadamenente a los problemas de nuestra sociedad, principalmente a la corrupción que tanta "mala leche" nos da.

Todo cambiará cuando los perfiles para los puestos sean realmente los que responden a la necesidad de los procesos, y se haga el ejercicio realizado por la señora Masías. Solamente así tendremos una administración pública de lujo.