Uno
de los aspectos que el Perú ha mantenido como propósito de Estado es ingresar a
la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), razón por la
que el año 2015, mediante el Decreto Supremo N° 086-2015- PCM, se declaró de
interés nacional las acciones, actividades e iniciativas desarrolladas en el
marco del proceso de vinculación del Perú a esta organización internacional.
Esta
declaratoria comprende nuestra participación en las actividades, previstas en
el Acuerdo y Memorando de Entendimiento firmados entre la OCDE y el Gobierno
del Perú el 8 de diciembre de 2014, así como en todas las demás actividades
relacionadas con la organización, promoción, impulso y apoyo a este proceso.
Esta
patriótica intención, también fue puesta
en manifiesto durante la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) del año 2014,
cuyo eslogan fue “Hacer del Perú un país del primer mundo” exponiéndose
propuestas para impulsar nuestra economía y hacerla más dinámica y competitiva,
levantada con el esfuerzo emprendedor de sus ciudadanos, con una
institucionalidad sólida y eficaz, pues
quedó claro que solo así – con el concurso de la sociedad en su conjunto – el
Perú será capaz de superar la pobreza y generar prosperidad.
La
OCDE es un foro único donde los gobiernos de 37 economías democráticas trabajan
conjuntamente para enfrentar los desafíos económicos, y sociales de la
globalización habiendo establecido la misión de promover políticas que mejoren
el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo, cuyos
miembros comparten lineamientos básicos en materia de política económica, de
democracia plural y respeto a los derechos humanos.
Para
este esfuerzo, la Presidencia del Consejo de Ministros encabeza una Comisión
Multisectorial encargada de realizar acciones de seguimiento y elaboración de
informes técnicos orientados a la ejecución del Programa País y de acercamiento
del Perú a los estándares de gobernanza y políticas públicas de la OCDE.
El
Programa País OCDE-Perú, lanzado en diciembre de 2014, ha tenido como objetivo
principal el mejoramiento de las políticas públicas y apoyar el proceso de
reformas del Perú, enfocándose en cinco
áreas prioritarias: remover barreras al crecimiento, gobernanza pública,
anti-corrupción e integridad en el sector público, capital humano y medio
ambiente. El
Programa comprende informes sobre la implementación de proyectos de
mejoramiento de capacidades, e incluye la participación en los Comités de la
OCDE y la adhesión a determinados instrumentos legales de la OCDE.
Los
principales informes que la OCDE ha formulado sobre el Perú, entre 2016 y 2017,
son los siguientes:
- § Evaluaciones del desempeño ambiental
- § La Contratación Pública en el Perú - Reforzando Capacidad y Coordinación
- § Estudio de la OCDE sobre integridad en el Perú
- § Estudio de la OCDE sobre Gobernanza Pública en Perú
- § Estudio multidimensional del Perú Volumen 2
- § Skills Beyond School Review of Peru
- § OECD Territorial Reviews: Peru 2016
- § OECD Public Governance Review: Peru
- § OECD Review of Regulatory Policy of Peru
El
más reciente avance nacional para acceder a la membresía, se produjo en mayo
2018 durante el 10° Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe
de la OCDE en París, cuando el Ministro de Economía y Finanzas, David Tuesta,
en representación del gobierno peruano, suscribió nuestra adhesión a la “Convención
para Combatir el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones
Comerciales Internacionales” y la “Convención sobre Asistencia Administrativa
Mutua en Asuntos Tributarios”.
Debe
tenerse en cuenta que convertirse en un miembro de la OCDE es un proceso largo
y complejo centrado en la mejora de la calidad de las políticas públicas, por
lo que la sugerencia de gran relevancia que propone la organización, es que el
gobierno debe responder a las demandas de los ciudadanos con la mayor
transparencia y rendición de cuentas que sean solicitadas, logrando el
fortalecimiento y la credibilidad del público con el gobierno (OCDE, 2015).
En
este contexto, es necesario entender que un indicador clave para medir el
avance del proceso, es el grado de confianza que la ciudadanía tenga en sus
instituciones públicas, particularmente aquellas responsables de conducir el
país y naturalmente en sus fuerzas de seguridad, lo cual fue destacado por
Pablo de la Flor, cuando – en CADE 2014 - apuntó claramente que “no es posible
convertirnos en un país del primer mundo con instituciones del tercer mundo”.
Un
país como el nuestro, diagnosticado en exceso, lamentablemente ha fallado en
llevar a la práctica importantes soluciones en beneficio de sus integrantes,
principalmente por falta de coordinación y articulación en los esfuerzos,
incluso no llegando a presupuestar y tampoco a implementar temas de relevancia,
olvidándose que en nuestro escenario nacional – como en cualquier parte del
mundo - las políticas sin presupuesto, son un simple “saludo a la bandera
ajena”, y aquellas que logran implementarse sin lograr cambiar la situación
problemática, son nada más que un “engaña muchachos” que afecta la economía de todos
sus ciudadanos.
Por
esta razón, no debemos soslayar que con la entrada de Colombia a la OCDE, el
Perú se ha convertido en el único país miembro de la Alianza del Pacífico que no
forma parte de esta organización.
Tampoco,
que el aspecto de mayor demanda ciudadana, el que también brinda confianza a
los inversionistas, aún se encuentra sin proceso de implementación: La Política
de Seguridad y Defensa Nacional, aprobada mediante Decreto Supremo N° 012-2017-DE en diciembre de 2017, que contiene propuestas –de obligatorio cumplimiento
- para atender los problemas de seguridad que afectan a todos los peruanos en
múltiples dimensiones, difícilmente será incluida en el proceso de planeamiento
de los sectores y gobiernos sub-nacionales, pues sus acciones articuladas de
implementación – en los tres niveles de gobierno - no han sido consideradas en
el presupuesto que el Congreso de la República debe aprobar en noviembre
próximo, para ser efectivo el año 2019.
