La corrupción es percibida como uno de los principales
problemas de nuestra sociedad, y lamentablemente la llevamos sobre los hombros desde los
orígenes de nuestra República. Las encuestas nacionales sobre percepciones de
la corrupción en el Perú, corroboran la gravedad
del problema.
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Recordemos que la VIII Encuesta Nacional sobre
“Percepciones de la corrupción en el Perú 2013” revela que los peruanos
consideramos que los tres problemas fundamentales del país - fuente de
preocupación e inseguridad - son la delincuencia, la corrupción y el consumo de
drogas.
Aunque la corrupción alcanza a todas las instituciones
públicas, el Poder Judicial, la Policía y el Congreso aparecen como las más
vulnerables a ésta y, a su vez, como las menos confiables para combatirla. Sin
embargo para Alfonso Quiroz, fallecido historiador que estudió a fondo este
problema expuesto en su libro “Historia de la Corrupción en el Perú”, la corrupción ha circundado los grupos de
poder, particularmente gobernantes,
políticos y militares.
No cabe duda que este fenómeno tiene implicancia en la
Seguridad Nacional, pues se encuentra vinculada con el tráfico ilícito de drogas, al lavado de
activos, afecta al sistema judicial y penitenciario, y en ella se encuentra
involucrados funcionarios, y servidores del sector público y privado. Es así
que la Conferencia Anual de Ejecutivos CADE 2014, consideró a la corrupción como
un problema social que requiere ser
combatido por el sector público y privado,
la academia, la sociedad civil y la población en su conjunto.
Actualmente existen avances facilitados por las normas
jurídicas y acciones ejecutivas, como por ejemplo:
- El fortalecimiento de la Procuraduría Pública
Anticorrupción a través del incremento de su presupuesto.
- Creación de CONABI encargada de ordenar procesos de incautación
y administración de bienes nacionales.
- Apertura del
registro de sancionados y destituidos de SERVIR.
- Creación de INFOBRAS, registro de obras para monitoreo del
avance y cumplimiento de obras.
- Incorporación del Perú a la Sociedad de Gobierno Abierto.
- Creación de la campaña “Yo denuncio la corrupción”
- Creación del Centro de orientación al denunciante y en la
elaboración de un Manual del Denunciante.
Nuestro día a día nos revela que ni las leyes ni el Plan
Nacional de Lucha contra la Corrupción han tenido resultados efectivos para
disminuir la corrupción en el país, principalmente aquella ligada al tráfico
ilícito de drogas y a la corrupción de funcionarios, lo cual deslegitima a las
autoridades que no muestran voluntad en la vía de los hechos, quedándose solo
en la fase del discurso.
Lo que el Perú necesita para superar este flagelo nacional,
es voluntad política efectiva y participación popular. En ese sentido urge una óptima
difusión del Manual del Denunciante, la
implementación del Centro de Orientación al Denunciante entre la ciudadanía,
particularmente en colegios y municipalidades, y el compromiso de la sociedad civil
para abrir mayores canales de denuncia
de actos de corrupción que finalmente se plasmen en la condena judicial de los malos ciudadanos que corrompen a nuestra
sociedad; y también desarrollar acciones para que la ciudadanía supere el fatalismo expresado en esta interrogante:
¿para qué denunciar y exponerme a represalias si los corruptos no irán a la
cárcel o no recibirán una pena justa?
Por
eso es fundamental que la voluntad
política se haga realidad con la sanción efectiva de los
infractores, para lo cual es necesario
que - cuanto antes - la lucha contra la corrupción se vea
materializada en la implementación de un Plan Piloto mediante el cual –
públicamente - una institución
representativa del Estado sea examinada detalladamente para sancionar los actos
de corrupción que pudieran haber sido cometidos por sus funcionarios y
servidores públicos, enfocándose en
aquellos revelados a través de los signos exteriores de riqueza.
