FRUSTRACIÓN PRESIDENCIAL VS FRUSTRACION NACIONAL

¡QUÉ DIOS Y LA NACIÓN OS LO DEMANDEN!

Todos los peruanos queremos lo mejor para nuestras familias, y por tanto lo mejor para nuestro país. Por eso también deseamos que nuestras autoridades tengan éxito en sus gestiones, pues se supone que ellos velan por la población nacional y los intereses nacionales, más aún si se trata del Presidente de la República, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y Presidente del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional.

Para sorpresa de muchos el presidente ha manifestado que "una frustración muy grande es Chinchero. Porque yo creo que este proyecto se politizó....". Para la mayoría de los analistas, que  concuerdan que el contrato con Kuntur Wasi era lesivo para el Estado, la mayor frustración es cuánto se ha dejado de hacer en este ciclo gubernamental (un año perdido, para ser gentil) echándose la culpa al Niño Costero y al caso Lavajato (plop!).

No ha crecido la inversión, no se combatió al contrabando ni a la competencia desleal de las importaciones, la informalidad sigue avanzando, no hay progreso en la reforma del Estado, no hay pensamiento estratégico en sectores claves de la economía. No hay respeto a la institucionalidad ni a las leyes, no se reglamentan las leyes, existen decretos supremos y políticas sin implementar, tampoco se comunica bien. No hay muestras de voluntad política para la lucha contra la corrupción, tanto así que para la gran mayoría el gobierno no hace el esfuerzo suficiente en el trámite de extradición de Toledo (porque estarían involucrados el "presi" y su premier). Los maestros y los médicos siguen protestando en las calles.

El "presi", no cumple con las promesas de campaña. A pesar del avance en seguridad ciudadana, la percepción no mejora. En fin, se denota un alto grado de incumplimiento u omisión de la función pública que, a decir del código penal, es punible de pena privativa de libertad no mayor de dos años, pero -desafortunadamente - este aspecto es soslayado por el Ministerio Público.

Si todo lo anterior es grave, mucho más lo es el abandono al sistema funcional de responsabilidad constitucional de la primera autoridad: los problemas del país han dejado de planearse de manera coordinada, permitiendo que las amenazas a la seguridad no sean tratadas de manera sistémica, mostrándose ineficiencia en el gasto e ineficaficia en la acción: No se aprendió del Niño Costero, y peor:

los fondos previstos para estos fines en el Ministerio de Defensa (al haberse desaparecido a la SEDENA) que se incluyeron en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para la "formulación de políticas y directrices de planeamiento estratégico de la seguridad y defensa nacional"  se reflejan en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) con CERO SOLES, sea por desconocimiento o por falta de  voluntad política, lo cual junto a la precaria producción de inteligencia constituyen graves riesgos para la seguridad y la economía nacional que debiera corregirse este 28 de julio, a menos que se prefiera la intervención del Congreso de la República (para llamarlo obstruccionista ¿?)

También llama la atención la falta de publicidad de los más de 100 entendimientos firmados con Chile en el Congreso binacional realizado este mes. ¿Se coordinó con el Congreso de la República el contenido de ellos?

La cereza en la torta, la pone la intención de facultar y promover intereses extranjeros en nuestras zonas fronterizas. En marzo pasado se emitió el Decreto Supremo N° 001-2017-RE declarándose de necesidad pública que  cualquier Estado pueda adquirir bienes dentro de los 50 kilómetros de la frontera para la instalación de un local consular y para la residencia de funcionarios consulares, utilizando como pretexto a la Convención de Viena sobre relaciones consulares.

No señor; No, no, no!  
Esto no tiene ninguna necesidad pública. Necesidad pública son la salud, la educación y la seguridad que se descuida por dedicar mayor impulso a obras donde existen millones, que podrían favorecer a conocidas empresas.

La letra pequeña de este ciclo gubernamental pareciera ser olvidarse de los intereses nacionales, aprovechando de cualquier incidente coyuntural para disimularlo, y cuando no hay alguno relevante recurrir a la grosera actitud de "estudiar" el indulto a Fujimori. 

Tanto así se aprovecha de la coyuntura política,  que también está pasando desapercibida la Resolución Ministerial N° 334-2017-PRODUCE en la que se pone en discusión el proyecto de decreto supremo mediante el cual se  pretende conceder terrenos a empresas chilenas dentro de los 50 kilómetros de la frontera. O sea, no importa la seguridad fronteriza, menos importa las empresas nacionales. 

Por Dios y por la Patria! ¿Cuál es la necesidad pública?!

Si fuera de real necesidad pública, ¿Por qué no va Zavalita a Tacna y explica a su heroico  pueblo tremenda afrenta? 

Porque seguramente lo sacarían a patadas.

LA CORRUPCIÓN: PROBLEMA QUE AFECTA LA SEGURIDAD NACIONAL

DE VERDAD,...... ¿ SE LA QUIERE COMBATIR?

La corrupción es percibida como uno de los principales problemas de nuestra sociedad, y lamentablemente la llevamos sobre los hombros desde los orígenes de nuestra República. Las encuestas nacionales sobre percepciones de la corrupción en el Perú, corroboran la gravedad del problema.

Recordemos que la VIII Encuesta Nacional sobre “Percepciones de la corrupción en el Perú 2013” revela que los peruanos consideramos que los tres problemas fundamentales del país - fuente de preocupación e inseguridad - son la delincuencia, la corrupción y el consumo de drogas.

Aunque la corrupción alcanza a todas las instituciones públicas, el Poder Judicial, la Policía y el Congreso aparecen como las más vulnerables a ésta y, a su vez, como las menos confiables para combatirla. Sin embargo para Alfonso Quiroz, fallecido historiador que estudió a fondo este problema expuesto en su libro “Historia de la Corrupción en el Perú”,  la corrupción ha circundado los grupos de poder, particularmente  gobernantes, políticos y militares.

No cabe duda que este fenómeno tiene implicancia en la Seguridad Nacional, pues se encuentra vinculada  con el tráfico ilícito de drogas, al lavado de activos, afecta al sistema judicial y penitenciario, y en ella se encuentra involucrados funcionarios, y servidores del sector público y privado. Es así que la Conferencia Anual de Ejecutivos CADE 2014, consideró a la corrupción como un problema  social que requiere ser combatido por el sector público y privado,  la academia, la sociedad civil y la población en su conjunto.

Actualmente existen avances facilitados por las normas jurídicas y acciones ejecutivas, como por ejemplo:

-       El fortalecimiento de la Procuraduría Pública Anticorrupción a través del incremento de su presupuesto.

-       Creación de CONABI encargada de ordenar procesos de incautación y administración de bienes nacionales.

-       Apertura  del registro de sancionados y destituidos de SERVIR.

-       Creación de INFOBRAS, registro de obras para monitoreo del avance y cumplimiento de obras.

-       Incorporación del Perú a la Sociedad de Gobierno Abierto.

-       Creación de la campaña “Yo denuncio la corrupción”

-       Creación del Centro de orientación al denunciante y en la elaboración de un Manual del Denunciante.

 Sin embargo, la población sigue sin percibir efectividad en la lucha contra la corrupción e incluso lo está incorporando como  algo normal en nuestra sociedad; así por ejemplo tenemos frases como: “No importa que robe, pero que haga obra”, lo cual es una señal de deterioro que debe llamar la atención, si es que queremos hacer del Perú, un país del primer mundo.

Nuestro día a día nos revela que ni las leyes ni el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción han tenido resultados efectivos para disminuir la corrupción en el país, principalmente aquella ligada al tráfico ilícito de drogas y a la corrupción de funcionarios, lo cual deslegitima a las autoridades que no muestran voluntad en la vía de los hechos, quedándose solo en la fase del discurso.

Lo que el Perú necesita para superar este flagelo nacional, es voluntad política efectiva y participación popular. En ese sentido urge  una  óptima   difusión del Manual del Denunciante, la implementación del Centro de Orientación al Denunciante entre la ciudadanía, particularmente en colegios y municipalidades, y el compromiso de la sociedad civil para abrir  mayores canales de denuncia de actos de corrupción que finalmente se plasmen en la condena judicial  de los malos ciudadanos que corrompen a nuestra sociedad; y también desarrollar acciones para que  la ciudadanía supere el  fatalismo expresado en esta interrogante: ¿para qué denunciar y exponerme a represalias si los corruptos no irán a la cárcel o no recibirán una pena justa?

Por eso es fundamental  que la voluntad política  se  haga realidad con la sanción efectiva de los infractores, para lo cual  es necesario que  - cuanto antes  - la lucha contra la corrupción se vea materializada en la implementación de un Plan Piloto mediante el cual – públicamente  - una institución representativa del Estado sea examinada detalladamente para sancionar los actos de corrupción que pudieran haber sido cometidos por sus funcionarios y servidores públicos,  enfocándose en aquellos revelados a través de los signos exteriores de riqueza.