¡QUÉ DIOS Y LA NACIÓN OS LO DEMANDEN!
Todos los peruanos queremos lo mejor para nuestras familias, y por tanto lo mejor para nuestro país. Por eso también deseamos que nuestras autoridades tengan éxito en sus gestiones, pues se supone que ellos velan por la población nacional y los intereses nacionales, más aún si se trata del Presidente de la República, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y Presidente del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional.
Para sorpresa de muchos el presidente ha manifestado que "una frustración muy grande es Chinchero. Porque yo creo que este proyecto se politizó....". Para la mayoría de los analistas, que concuerdan que el contrato con Kuntur Wasi era lesivo para el Estado, la mayor frustración es cuánto se ha dejado de hacer en este ciclo gubernamental (un año perdido, para ser gentil) echándose la culpa al Niño Costero y al caso Lavajato (plop!).
No ha crecido la inversión, no se combatió al contrabando ni a la competencia desleal de las importaciones, la informalidad sigue avanzando, no hay progreso en la reforma del Estado, no hay pensamiento estratégico en sectores claves de la economía. No hay respeto a la institucionalidad ni a las leyes, no se reglamentan las leyes, existen decretos supremos y políticas sin implementar, tampoco se comunica bien. No hay muestras de voluntad política para la lucha contra la corrupción, tanto así que para la gran mayoría el gobierno no hace el esfuerzo suficiente en el trámite de extradición de Toledo (porque estarían involucrados el "presi" y su premier). Los maestros y los médicos siguen protestando en las calles.
El "presi", no cumple con las promesas de campaña. A pesar del avance en seguridad ciudadana, la percepción no mejora. En fin, se denota un alto grado de incumplimiento u omisión de la función pública que, a decir del código penal, es punible de pena privativa de libertad no mayor de dos años, pero -desafortunadamente - este aspecto es soslayado por el Ministerio Público.
Si todo lo anterior es grave, mucho más lo es el abandono al sistema funcional de responsabilidad constitucional de la primera autoridad: los problemas del país han dejado de planearse de manera coordinada, permitiendo que las amenazas a la seguridad no sean tratadas de manera sistémica, mostrándose ineficiencia en el gasto e ineficaficia en la acción: No se aprendió del Niño Costero, y peor:
los fondos previstos para estos fines en el Ministerio de Defensa (al haberse desaparecido a la SEDENA) que se incluyeron en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para la "formulación de políticas y directrices de planeamiento estratégico de la seguridad y defensa nacional" se reflejan en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) con CERO SOLES, sea por desconocimiento o por falta de voluntad política, lo cual junto a la precaria producción de inteligencia constituyen graves riesgos para la seguridad y la economía nacional que debiera corregirse este 28 de julio, a menos que se prefiera la intervención del Congreso de la República (para llamarlo obstruccionista ¿?)
También llama la atención la falta de publicidad de los más de 100 entendimientos firmados con Chile en el Congreso binacional realizado este mes. ¿Se coordinó con el Congreso de la República el contenido de ellos?
La cereza en la torta, la pone la intención de facultar y promover intereses extranjeros en nuestras zonas fronterizas. En marzo pasado se emitió el Decreto Supremo N° 001-2017-RE declarándose de necesidad pública que cualquier Estado pueda adquirir bienes dentro de los 50 kilómetros de la frontera para la instalación de un local consular y para la residencia de funcionarios consulares, utilizando como pretexto a la Convención de Viena sobre relaciones consulares.
No señor; No, no, no!
Esto no tiene ninguna necesidad pública. Necesidad pública son la salud, la educación y la seguridad que se descuida por dedicar mayor impulso a obras donde existen millones, que podrían favorecer a conocidas empresas.
La letra pequeña de este ciclo gubernamental pareciera ser olvidarse de los intereses nacionales, aprovechando de cualquier incidente coyuntural para disimularlo, y cuando no hay alguno relevante recurrir a la grosera actitud de "estudiar" el indulto a Fujimori.
Tanto así se aprovecha de la coyuntura política, que también está pasando desapercibida la Resolución Ministerial N° 334-2017-PRODUCE en la que se pone en discusión el proyecto de decreto supremo mediante el cual se pretende conceder terrenos a empresas chilenas dentro de los 50 kilómetros de la frontera. O sea, no importa la seguridad fronteriza, menos importa las empresas nacionales.
Por Dios y por la Patria! ¿Cuál es la necesidad pública?!
Si fuera de real necesidad pública, ¿Por qué no va Zavalita a Tacna y explica a su heroico pueblo tremenda afrenta?
Porque seguramente lo sacarían a patadas.
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