PROPUESTAS CIENTÍFICAS EN FAVOR DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Reflexiones para el Centro de Pensamiento del Perú

   Ingresar al mes de julio en el que celebraremos el ducentésimo cuarto aniversario de la proclamación de nuestra independencia, es motivo para que –como peruanos y miembros de la comunidad académica de esta casa superior de estudios– reflexionemos sobre nuestra patria y su vinculación con el Centro de Altos Estudios Nacionales, como centro de pensamiento del Perú.

   El Gral Div José del Carmen Marín Arista explicaba que “no basta que el estado exista, que sea soberano, para que pueda lograr el Bienestar nacional”; pues “precisa además, que venza las dificultades y oposiciones que encuentra al actuar en procura de aquel”.  Por eso afirmó –con absoluta claridad– que “antes de hablar de defensa a la masa ciudadana precisa darle algo qué defender; y ese algo es su BIENESTAR”, lograr mayores niveles de bienestar general, que debe ser el objetivo principal de todo gobierno para cumplir con el artículo primero de nuestra Constitución Política: Respetar la dignidad de la persona humana como fin supremo.

   Para hacer posible tal importante precepto, se requiere implementar propuestas que permitan superar las diversas crisis por las que atravesamos; sea por la inseguridad que afectan a los ciudadanos en las calles, o en el sistema de salud, o el daño ambiental ocasionado por la minería ilegal y el tráfico ilícito de drogas, acompañado de la corrupción, solo para mencionar algunos ejemplos, que precisan que los gobernantes actúen eficientemente, pero también que en estos claustros académicos se aporten soluciones.

  Y, aunque “las ideas por bondadosas que sean, no se imponen” porque “se exponen para que las acepten quienes las consideren ajustadas a la verdad”, éstas –las ideas, las recomendaciones, los proyectos como decía nuestro fundador– deben estar fundamentados y respaldados por la aplicación de un camino metodológico sólido, caso contrario no se cumple con la voluntad y la sabiduría para trascender a la gloria que inspira a quienes pertenecemos a esta relevante escuela de posgrado, y tampoco respeta  al  juramento que hicimos ante nuestra sagrada bandera.

   En este sentido, los resultados de los diferentes programas académicos deben ser notables para que sean empleados por las autoridades, particularmente las del gobierno nacional. Es aquí en el CAEN donde se estudia la realidad nacional, es aquí donde su fundador dejó el legado de analizar al Perú metodológicamente, no para llenar a la biblioteca de estudios voluminosos con verdades de perogrullo, sino para ofrecer respuestas válidas, construidas científicamente recogiendo no solo encuestas y entrevistas, también registros, hechos, observación canalizada por instrumentos que permitan efectuar análisis y discusión efectiva a fin de ofrecer resultados que verdaderamente sirvan para la seguridad, el desarrollo y la defensa nacional.

   Damas y caballeros,

   Hagamos que el Perú, la República del Perú, nuestro Perú celebre un aniversario Firme y Feliz por la Unión, y para ello, nuestra responsabilidad y a la vez nuestra obligada aspiración no es únicamente que se obtengan grados académicos.  Lo gravitante, lo primordial es entregar y difundir aportes científicos útiles para un mejor y próspero futuro nacional, y por último, para sentir la satisfacción del deber cumplido, que se afirme que vuestra contribución tenga tal estatura profesional para ganarse el atributo de ¡vale un Perú!

  Por nuestra Patria,

  ¡Qué así sea!

LESA JUSTICIA CONTRA LE DEFENSA NACIONAL

(Publicado en el Diario Correo el 28 de junio de 2025)

    Existen “profesionales” que tienen  dificultad para la  aplicación del principio de legalidad, sea por falta de entendimiento o  porque priman intereses particulares, generando interpretaciones antojadizas a la ley que vulneran el Estado constitucional democrático de derecho.

  Un buen ejemplo es la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) reponiendo en el cargo de fiscal de la nación a Patricia Benavides, una decisión fuera de sus competencias que no respeta la propia ley que invoca, pues soslaya que la retroactividad está limitada por los “derechos adquiridos de buena fe por terceros,  en cuyo caso operará a futuro”. 

    El sesgo, el empleo a medias de las leyes, parece ser moneda corriente en nuestros días. Así, más de 900 militares y policías siguen procesados –inadecuadamente– por delitos de lesa humanidad, cuando esta tipificación, de acuerdo al propio Estatuto de Roma (que se aplica desde el 1 de julio de 2002) señala que “Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor”. Además, prescribe claramente  las características  que configuran los delitos de crímenes de guerra,  de lesa humanidad y genocidio.

    Estos conceptos se tergiversan en el Perú, pues el Estado nunca propició la lesa humanidad y otros; “lo que hemos tenido en los años 80 no ha sido una guerra de exterminio contra ninguna población; fue el asalto de un grupo demencial que quiso destruir al país, a la democracia y la libertad”.

    El informe de la CVR describe hechos que no se ajustan a la tipificación de tales delitos y menos al tiempo para su aplicación.  Y, pese a que se promulgó la Ley 32107, existen jueces que tienen el entendimiento  difuso (o antimilitar), no comprenden que  “no hay pena sin ley” y atentan contra los que defienden al Perú. 

¡No más!

 

INCOMPRENSIÓN CONSTITUCIONAL

 

Nuestra Constitución Política establece (Art 40°) que “Ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno más por función docente o en servicios de salud como personal médico y profesionales de la salud con especialidad, conforme a ley”, lo que significa que solo se puede tener un empleo en el estado, salvo que enseñe en una institución pública.

Desde hace algunos años, muchas personas –funcionarios y directivos incluidos– no han analizado apropiadamente este mandato constitucional, lo cual se complicó cuando apareció el Decreto de Urgencia N° 038-2006 que estableció que “Ningún funcionario o servidor público que presta servicios al Estado bajo cualquier forma o modalidad contractual y régimen laboral, con excepción del Presidente de la República, percibirá ingresos mensuales mayores a seis (6) Unidades de Ingreso del Sector Público” confundiéndose pensión con remuneración al incorporarse el término “ingresos” y soslayando lo de “modalidad contractual y régimen laboral”, y pese a que el  el Decreto Supremo N° 101‐2011‐EF aclaró que ese DU está referido a “todo aquel concepto contraprestativo, dinerario o no dinerario”, la mala interpretación continuó.

A fin de salvar este malentendido, que afecta principalmente a militares y policías en situación militar de retiro (porque muchos se jubilan entre los 50 y 60 años), se emitieron las leyes 30026 y 31473, que en realidad son leyes innecesarias porque la Constitución Política tiene preeminencia, lo cual quedó confirmado por el Tribunal Constitucional con el Fundamento 7 del Expediente N.° 03432-2018-PA/TC: “la remuneración que percibe el pensionista que se reincorpora al Estado corresponde estrictamente a la contraprestación por el servicio que le brinda, y no es una dádiva de la Administración”.

Los congresistas que defendieron la ley 31473, lo único que hicieron fue defender la Constitución. Eso no es delito.

Congreso de la República y JNE ayuden a elegir un mejor futuro

 A 16 meses de las nuevas elecciones generales, nuestro Perú se encuentra sumido en diversas crisis que han generado una mayor incertidumbre, a tal extremo que –según la Superintendencia Nacional de Migraciones– 605 mil 649 peruanos salieron del territorio nacional, entre el 1 de enero y el 24 de noviembre de este año, sin registrar un reingreso: casi el doble de lo registrado en 2023.

Nuestros diversos problemas han originado este récord, con peruanos que decidieron marcharse en busca de seguridad y mejor calidad de vida, determinación que, en realidad, fue originada por mano propia al haber elegido a autoridades que –finalmente– “no los representan” y que tampoco brindaron cambios que les inspiren quedarse en el país.

La falta de legislación efectiva, partidos políticos sólidos, así como la indolencia ciudadana para participar de manera responsable en las elecciones,  nos ha llevado a que –en los últimos tres procesos electorales– se haya elegido a gobernantes que  no gozaron del respaldo mayoritario de la ciudadanía, lo cual se refleja en los resultados de cada primera vuelta. Las cifras (que incluyen a quienes decidieron no ir a las urnas)  son reveladoras: En 2011, fueron 15,306,851 los que no votaron por Humala; en 2016, Kuczynski no fue respaldado por 19,673,293; y en la última elección –con 18 candidatos– sólo 2,724,752 votaron por Castillo mientras que otros 22,563,202 no lo hicieron.

Urge que el Congreso de la República y el Jurado Nacional de Elecciones regulen e implementen normas para discriminar candidatos y para que el voto no se disperse; solo así los peruanos podremos tener la oportunidad de elegir a un gobernante que, además de ser honesto, tenga un equipo, con capacidades profesionales, que pueda demostrar que –verdaderamente– el Perú es más grande que sus problemas.

El Perú puede estar peor

 (Publicado el 29 Jul en @diariocorreo)

Las protestas efectuadas el 19 de julio –en Lima y en el interior del país–reflejan que los movimientos opositores al gobierno y al sistema democrático, aún son capaces de convencer a unos cuantos miles que, sin razonar en el nocivo efecto de sus actos, insisten en protestar sobre temas que son contrarios a la estabilidad que el Perú requiere para mejorar la economía nacional, ya afectada por la crisis política, sanitaria y climatológica de los últimos tiempos.

La sociedad debe darse cuenta que –de no adoptarse medidas efectivas– esta situación se convertirá en un círculo vicioso que menguará nuestra imagen internacional desviando a la inversión privada; ocasionando mayores pérdidas económicas, elevando el costo de vida, y perjudicando a más peruanos que cada día tendrán aprietos para completar la canasta básica familiar.

Urge que las autoridades nacionales y de las entidades de la sociedad civil mejoren su comunicación estratégica, para que esa minoría no continúe realizando acciones que deterioren la gobernabilidad. Hay que hacerles entender que Castillo atentó contra la institucionalidad del Estado; que Boluarte –aunque no le guste a la mayoría– fue elegida para suceder al vacado; que cualquier cambio constitucional debe hacerse de acuerdo al marco normativo existente; que los malos congresistas también fueron elegidos en las urnas; y que este tipo de protestas –peor si son violentas– lo único que consiguen es recrudecer los problemas nacionales.

Las dificultades continuarán presentándose debido al cambio climático y al Fenómeno El Niño Global, que ya se está sintiendo en nuestro agro. Si no reaccionamos, el déficit hídrico pronto tocará la puerta a todos. Necesitamos recursos para enfrentar la adversidad. Por eso, es hora de poner coto a la protesta insensata; si no cambiamos, solo seremos los peruanos quienes seguiremos perdiendo, pues los inversionistas continuarán alejándose de la incertidumbre y violencia nacional; buscarán otro lugar. ¿Eso queremos? 

Sendero Luminoso, sus ilusos y los aprovechadores

 (Publicado en @DiarioCorreo el 08 Jul 23)

Cuando las Fuerzas del Orden vencieron a Sendero Luminoso en los años 90 y posteriormente –a principios del siglo 21– lo desalojaron del Valle del Huallaga para arrinconarlo en el VRAEM, se advirtió la necesidad de consolidar dicho éxito con acciones en el campo político. Los hechos revelan que se desoyó tal recomendación; y así, en nuestros días la penetración ideológica antisistema se observa en diversos sectores de nuestro país.

Incluso, luego de haber pasado por la experiencia de tener un gobierno auspiciado por un partido político con propuestas contrarias al ordenamiento constitucional –que causaron grave perjuicio a la economía nacional– parece no haber sido suficiente para mejorar el entendimiento político de un sector de la población, pues aún existen connacionales que –razonando contra el Perú– se prestan para apoyar acciones que perjudicarán nuestro quehacer diario, alejando la inversión y el turismo.

Ante esta posibilidad, la sociedad y el Estado no deben repetir la historia de permisividad, si la violencia perturba el orden público durante la protesta anunciada para el 19 de julio. Es inaceptable repetir escenas de resistencia de nuestros valerosos policías; en su reemplazo, es imprescindible imponer la autoridad deteniendo y sancionando a quienes pretendan atentar contra la institucionalidad de nuestra democracia.

La opinión pública, tampoco debe dejarse sorprender por quienes intenten aprovechar esta coyuntura para disimular actos que colisionan contra la ética y la ley; o para impulsar sus intereses personales y políticos, metiendo la mano en la llaga de las imperfecciones existentes en la gestión pública.

A cambio, debe pronunciarse para que el Congreso de la República tenga una mesa directiva capaz de impulsar las reformas necesarias que impidan volver a tener autoridades lesivas para el interés nacional; y también para que se impulsen –de manera efectiva– la implementación de políticas, evidenciadas en soluciones reales, que verdaderamente justifiquen la ejecución del gasto público.

¡Cierren el Congreso!

 (Publicado en @diariocorreo el 24 Jun 23)

Lo que dice el título de este texto, lo gritan quienes no entienden que los congresistas son sus representantes, que el Legislativo –además de formular leyes– brinda el principal contrapeso al Poder Ejecutivo. Son peruanos que piensan que el parlamento es responsable de implementar políticas, con acciones de gobierno, en provecho de la seguridad, salud y educación; connacionales que fácilmente son convencidos por ideologías foráneas y por otras que no desean la unidad nacional: creen en Evo Morales; siguen como borregos a los que postulan una asamblea constituyente (MOVADEF y CONULP); venden su firma por una lata de atún; en suma, ignoran su responsabilidad ciudadana y –con su actitud– traicionan a su familia y al Perú.

 

Sin embargo, existe un problema recurrente en el primer poder del Estado: hay varios parlamentarios que –además de no contar con capacidades para cumplir su función–denotan un comportamiento antitético con los valores morales, patrióticos y democráticos. Esas pésimas características alimentan el desánimo de la población, haciendo que se meta en el mismo saco a congresistas justos y pecadores.

 

Para cambiar esta iterativa situación es imprescindible modificar nuestra normatividad legal para que: 1. El JNE no brinde acceso a la inscripción de partidos con ideario antisistema; y con planteamientos distintos a las políticas de Estado y a los objetivos nacionales. 2. Solo se permita la inscripción de candidatos de incuestionable calidad moral y democrática. 3. Los congresistas electos ejerzan su cargo después de aprobar un curso de capacitación. 4. Cambios constitucionales: a. art 92 evitar que el congresista ejerza la función de Ministro de Estado. b. Art 93 el congresista sólo represente al ámbito territorial por el que fue elegido.

 

Podrían existir otras mejoras –como la renovación a mitad del periodo– pero nada cambiará  si no se ejecutan medidas efectivas para educar al "electarado" que, por ignorancia o por convertirse en "cojudigno", elige mal para después quejarse de su propia decisión, perjudicando al país.

Identidad nacional y deberes sagrados que cumplir

 (Publicado en @diariocorioreo el 10 Jun 23)

Hace muchos años, cuando el 7 de junio era una fecha festiva, no existía duda sobre la pertinencia de los cursos de Educación Cívica e Instrucción premilitar. Eran tiempos en que –por tal motivo– los edificios y todas las viviendas de las ciudades enarbolaban sus banderas rojiblancas; y a lo largo de la jornada  se realizaban diversas actividades conmemorando el aniversario de la Batalla de Arica, instituido –desde 1924– como el “Día de la Bandera”, fusionándose con la ceremonia de “Renovación del juramento de fidelidad a la bandera” que se fue normada luego de haberse inaugurado la Plaza Bolognesi en la ciudad de Lima, en 1905. 

La importancia del hecho histórico, en que las tropas peruanas lideradas por el ínclito Coronel Francisco Bolognesi Cervantes  sucumbieron por el honor nacional, trasciende al Ejército del Perú: constituye una oportunidad para que todos los peruanos –con uniforme o sin él– renovemos ese juramento trabajando unidos e identificados por el significado sublime  del cumplimiento del deber, sea como ciudadanos o como parte de la estructura del Estado.

El binomio de “identidad nacional y deberes sagrados que cumplir”, que nos trasmite la epopeya de Arica, es una exigencia para impulsar en todo el país –en primer término– el fortalecimiento del sentimiento patriótico, con acciones efectivas que implican mayor presencia del Estado, campañas de civismo, y la implementación de programas educativos que prioricen los valores democráticos de la  República del Perú.

Y, por otro lado,  cumplir eficientemente con el rol que nos señala la Constitución y las leyes, particularmente para mejorar la gestión pública, despojándonos de personas que aceptaron un cargo estatal sin calificar para desempeñarlo convirtiéndose en obstáculos para nuestra seguridad y desarrollo, pues solo calientan el asiento de una oficina a expensas del pago de nuestros impuestos. Ambos elementos son indispensables para que el Perú verdaderamente sea “Firme y feliz por la unión”.

Interpretaciones antojadizas contra la institucionalidad de nuestra república

 (Publicado en Diario Correo el 27 May 23)

Desde que nacimos como república se estableció que ninguno de los poderes públicos “podrá ejercer jamás ninguna de las atribuciones de los otros” fundamentando que la organización del Estado priorice el principio de separación de poderes con la finalidad de proteger la libertad de los ciudadanos frente a posibles abusos de poder, y también como una forma de garantizar el adecuado funcionamiento de las instituciones.

La historia reciente registra que este principio fue vulnerado en diversas oportunidades creando una imagen de inestabilidad jurídica, mostrándonos como una sociedad informal en la que “hecha la ley, hecha la trampa”, y por tanto no se respete al estado constitucional democrático de derecho particularmente cuando se ostenta el poder, y obnubilado por éste se atente contra la seguridad jurídica al actuar sin analizar las repercusiones en contra del mantenimiento del orden, la justicia, el buen funcionamiento de las instituciones y la inversión privada.

La Ley N° 26657 de interpretación “autentica” de la Constitución; el nombramiento de personas descalificadas para cargos públicos; decretos para favorecer a quienes atentaron contra el Estado; la negación “fáctica” de la confianza que se empleó para disolver el Congreso de la República y el inexplicable aval  del Tribunal Constitucional, son muestras del desprecio por la ley que se han visto replicadas en la actuación de la Junta Nacional de Justicia al pretender interferir con las atribuciones del Poder Legislativo.

En este contexto, es necesario reflexionar que ni la máxima autoridad de la república está exenta de cumplir la Constitución especialmente cuando precisa que “pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas”. Torcer la ley por situaciones particulares menguará la seguridad jurídica, y con ella la inversión privada tan importante para la reactivación económica. La sociedad no debe permitirlo.

Distorsiones que menoscaban a nuestra seguridad nacional

 ( Publicado el 13 May 23 en @diariocorreo)

En los años 70, el General Edgardo Mercado Jarrín destacaba que la seguridad nacional no está representada únicamente por la defensa del territorio, ya que existen diversos factores de desequilibrio económico-sociales que –sumados al complejo fenómeno de la dependencia externa y a todo aquello que interna y externamente afecta sustancialmente la vida de la nación– llegan a mellar al plan de desarrollo trazado y a los objetivos nacionales, lo cual explica porqué la seguridad y el desarrollo constituyen  “dos conceptos interdependientes, consustanciales y por lo tanto, cuanto se haga en desmedro de uno de ellos, habrá de repercutir

negativamente contra el otro”.

Los hechos comprueban que lo dicho por tan distinguido militar sigue vigente, pues la afectación al desarrollo nacional deviene de múltiples dimensiones, incluso por la vía de nuestra imagen internacional, lo cual podría generar mayor incertidumbre en los inversionistas.

La crisis migratoria en Arica (problema que Chile llevó hacia Tacna); y el inaceptable documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de la República del Perú en el contexto de las protestas sociales –con falsedades, falacias y omisiones– ejemplifican la necesidad de mejorar la comunicación estratégica evitando que se deforme la realidad y que no se distraigan los esfuerzos en provecho de la reactivación económica.

Bajo estas consideraciones, tampoco se debe descuidar a quienes están en contra de la unidad nacional (aquella que el gobierno trata de impulsar con el nombre oficial de este año), toda vez que en Puno el intento secesionista no ha cesado, inclusive recientemente emplearon a niños en la provincia de Azángaro, manipulándolos para crear condiciones políticas que no convienen al país. También, importa leer adecuadamente la Constitución Política respecto a las responsabilidades de mayor nivel, que fácilmente puede entenderse si se recurre al texto especializado: el Diccionario de términos militares.

INVERSIÓN EXTRANJERA CON PÉRDIDA DE SOBERANÍA, NO ES NEGOCIO

 (Publicado en @diariocorreo el sábado 15 Abr 23)

La soberanía nacional es la “facultad que posee el Estado de ejercer el poder sobre su sistema de gobierno, su territorio y su población”, por lo que a ningún agente nacional o extranjero se le debe permitir que interfiera con los propósitos del Perú.

En lo político, hemos ejercido soberanía, cuando –conforme a la Carta de la OEA, que señala que cualquier otro Estado “tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado”– se hizo frente a  las objeciones hechas por los presidentes de los Estados Unidos Mexicanos y de la República de Colombia, materializando el justificado rechazo ante las expresiones de dichos mandatarios (que desconocen la autoridad de la actual Presidente del Perú) con el retiro de nuestros embajadores en dichos estados, también miembros de la Alianza del Pacífico, hoy  puesta en stand by por el capricho de López Obrador.

En lo económico, la alerta efectuada por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) ha llamado la atención por la firma del contrato de compra-venta con ENEL que llevaría a “una concentración del 100% del mercado de distribución eléctrica de Lima en manos de la República Popular China”, lo cual originaría un escenario de riesgo para nuestra seguridad nacional, pues se perdería el control de un importante sector estratégico, sabiendo que –además– empresas chinas (todas de mayoría estatal) tienen una alta participación en la inversión nacional, y que en el camino de la “nueva ruta de la seda” está el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay.

Con la incursión de su flota pesquera, ya en 2020 (también la SNI lo advirtió), China dio muestras que apuestan a ganar todo, lo cual debe motivar la reflexión nacional: la inversión debe ser bienvenida, pero siempre cuidando que la sociedad comercial no llegue a límites en que peligre nuestra soberanía.

INSISTENCIA POR LA SEGURIDAD NACIONAL

 (Publicado en el Diario Correo el 18 de marzo de 2023)

En medio de intensas lluvias, huaicos, inundaciones, enfrentamientos en el VRAEM, y remanentes de tercas e injustificadas protestas en Puno, ha pasado inadvertida la promulgación –por insistencia– de la Ley N° 31702, Ley que adscribe la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (SEDENA) a la Presidencia del Consejo de Ministros, hecho importante para el funcionamiento del Sistema de Defensa Nacional.

 

Esta es la tercera vez que se habilita a esta entidad para que –con su alcance multisectorial y multinivel– gestione y articule al Sistema de Defensa Nacional, aunque persiste la falta de entendimiento de la amplitud de la seguridad nacional, incluyendo a funcionarios y directivos de la administración pública que atribuyen tal responsabilidad al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas, siendo esa la razón por la que la SEDENA fue fusionada por absorción a dicho ministerio en dos oportunidades: 2003 y 2016.

 

¿Por qué es necesario una institución que gestione y articule al Sistema de Defensa Nacional? Sencillamente porque los problemas que afectan a la soberanía, al estado constitucional democrático de derecho, la paz social, los intereses nacionales, y los derechos humanos requieren que los esfuerzos del Estado –a través del gobierno– se realicen coordinadamente, enfrentando –de manera holística– todo aquello que se contraponga a la seguridad de nuestra Nación.

 

Solo así tendremos posibilidades de concretar acciones para superar los obstáculos que nos impiden alcanzar mayores niveles de desarrollo y bienestar en provecho de todos los peruanos. Por tal motivo, es trascendental dar impulso a la activación e implementación de ese organismo público para que retome el significativo trabajo que desarrolló entre 2013 y 2016, el cual fue truncado por intereses ajenos a la Patria bajo el pretexto de duplicidad de funciones. El Perú lo necesita.

CONFIANZA MENOSCABADA: LA REPRESENTACIÓN NACIONAL QUE MERECEMOS

 (Publicado en el Diario Correo el 04 de marzo de 2023)

Desde 1823 escogimos vivir bajo un sistema de gobierno con un Estado organizado bajo el principio de separación de poderes, la supremacía de la Constitución Política, división de poderes, existencia de una jurisdicción constitucional, y la democracia como régimen y organización política. 

Bajo estos preceptos se procura la estabilidad y confianza política por ser elementos importantes para el desarrollo; sin embargo, en nuestra reciente historia la popularidad del Congreso de la República fácilmente ha llegado a índices negativos muy altos, y se le atribuye mal desempeño, pero también –sin corresponderle– la responsabilidad por la insatisfacción de necesidades públicas como la falta de agua, empleo, escuelas, entre otras.

Indudablemente, de la totalidad de congresistas, siempre existirá –si se mantienen las presentes condiciones para su elección– un porcentaje significativo que carecerá de capacidades para cumplir su tarea, y otro tanto que se alejará de su finalidad, lo cual hará más fácil la crítica pública. 

El Poder Legislativo de hoy no es ajeno a esta situación que es aprovechada por personas que priorizan intereses ajenos a la Patria, pues no les importa echar leña al fuego para confundir más a un sector de la población que apoya la trasnochada idea de cerrar el Congreso. Guiar a la opinión pública a pensar que este poder dio un golpe de Estado, cuando fue Castillo quien incumplió con las atribuciones del cargo, es –por tanto–antitético a los intereses nacionales.

No tenemos al mejor Parlamento del mundo, porque así lo elegimos; pero jamás debemos prescindir de él, pues se vulneraría el régimen democrático establecido en nuestra Constitución Política, y con ello se pondría en grave riesgo la continuidad del Estado. Apostemos por su mejoramiento, sin falacias ni críticas destructivas.

DEBERES QUE CUMPLIR: RESPETAR LA LEY PARA GENERAR CREDIBILIDAD

 (Publicado en el Diario Correo el 18 de febrero de 2023)

En el Perú de hoy, muchos actúan como la persona adúltera: declaran amor por su cónyuge, pero tienen citas con su amante. Dicen que aman al Perú, se emocionan con la selección de fútbol; sin embargo, a la hora de cumplir con las reglas de la sociedad, las desconocen, les importa poco o no las cumplen; y con su mal ejemplo hacen que otros repliquen su conducta “sacando la vuelta a la ley”, “porque son vivos”, creando –con su acción– deterioro a la sociedad e incertidumbre ante los ojos del mundo.

Aspiramos prosperidad, no obstante –para cumplir las normas legales– muchos prefieren soslayarlas; o peor, exigen acciones contrarias a la normatividad. Esa actitud crea incertidumbre e irremediablemente aleja al turismo y a la inversión.

El turismo cae cuando impunemente se subvierte el orden interno bloqueando carreteras para hacer ingobernable al país. Las transnacionales cierran sus operaciones cuando les incendian locales bajo el pretexto que los congresistas elegidos, “ya no representan al pueblo”, y porque el Poder Legislativo retrasa su labor, sin mencionar que es boicoteado por una minoría que distorsiona su rol.

Ni los turistas, ni los inversionistas tendrán certidumbre jurídica o confianza con una sociedad que –bajo el subterfugio de ser demócrata– patea el tablero del estado constitucional y democrático de derecho.

Solo cuando entendamos la importancia de ser buenos ciudadanos, respetando la ley, y no deteniendo al país por caprichos ideológicos o por falta de firmeza, podremos generar credibilidad hacia el exterior; y así, brindar el marco de seguridad, imprescindible para mejorar nuestra economía y –lógicamente– para alcanzar mayores niveles de bienestar. Quien no tome este camino, simplemente es enemigo del Perú y condena a las futuras generaciones.

DOBLEGADOS POR EL VANDALISMO QUE DESTRUYE AL PERÚ

 (Publicado en el Diario Correo el 04 de febrero de 2023)

Increíblemente, frente a nuestras propias narices, se está generando un grave escenario contra la seguridad nacional. El pueblo del Perú está permitiendo que un minúsculo grupo de manifestantes violentos –que representan no más del 0.15 % de la población nacional– coloque en jaque a nuestra gobernabilidad, afectando negativamente a la economía nacional, y que, con su persistente actitud violatoria de la ley, esté tirando por los suelos a nuestra imagen y credibilidad internacional.

Los hechos son evidentes: quiebra y debilitamiento de empresas, particularmente relacionadas al turismo; paralización de la Minera Las Bambas; cierre de la ciudadela Machu Picchu; recomendación de gobiernos para que sus ciudadanos no viajen al Perú; y para colmo, la difusión del informe de Moody's que cambia la perspectiva de la calificación de riesgo del Perú, de estable a negativa.

La sociedad y el Estado peruano han fallado por no detener –de manera efectiva– las acciones de los enemigos de la Patria que tienen la –ya no escondida– finalidad de intentar que se quiebre el sistema unitario y democrático que abrazamos desde 1823.

La sociedad ha cedido al chantaje violentista; y así, ahora la opinión pública se ha comprado la idea del adelanto del sufragio, sin importar las condiciones desfavorables que harán repetir  la historia de insatisfacción por la elección de autoridades poco representativas.

Y el Estado, sometiendo a nuestros policías a resistir estoicamente antes que cumplir con su misión constitucional, está siendo altamente permisivo con la violencia descuidando la responsabilidad fundamental de garantizar la continuidad del Estado-Nación. Aceptar, indolente o solapadamente, que se sobrepasen las reglas de la república, nos puede conducir a mayor incertidumbre, anomia y anarquía.

IMPONER LA LEY O SUCUMBIR ANTE LA PROTESTA NECIA

 

(Publicado en el Diario Correo el 21 de enero de 2023 )

Al generarse un escenario de riesgo para la Seguridad Nacional, el gobierno

tiene el deber de establecer un régimen de excepción. Esta condición, que

incluyó pérdidas humanas y grave daño a la economía, hizo que –desde el 14

de diciembre pasado, en Lima y diversas localidades– se declare el estado de

emergencia suspendiendo, entre otros, el derecho “a reunirse pacíficamente sin

armas”.

Reclamar por una idea sin fundamento podría ser aceptable, pero nunca es

admisible si legalmente se ha restringido estas acciones. Tampoco es tolerable

la inercia, permisividad o la apología de la violencia. 

En consecuencia, si

alguien desobedece la ley, es imperativo corregirlo.

Cuando la protesta persigue la anarquía en perjuicio de la seguridad de la

Nación, urge “proteger a la población, de la infiltración ideológica,

antidemocrática, subversiva y fundamentalista que procure destruir nuestra

cultura y ridiculizar nuestras tradiciones, para transformar las estructuras del

Estado e imponer un sistema totalitario”.

Por tanto, es imprescindible comprender que las autoridades cumplen su

responsabilidad al restaurar el orden de manera efectiva, evitando que la

necedad supere al imperio de la ley. Finalmente, los ciudadanos también deben

entender que –frente a tanta exigencia ilegal– hacerse de la vista gorda, es

equivalente a dejar que sus hijos adolescentes hagan del cuerpo en su

comedor.

INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD DEL PERÚ

 (Publicado en el Diario Correo el 07 de enero de 2023)

El sentido común indica que, para un óptimo resultado en la solución de problemas, es indispensable contar con la mejor información. Y lógicamente, en el nivel nacional, las decisiones –si precisan ser acertadas– requerirán de insumos que faciliten plantear acciones en beneficio de los objetivos nacionales.

 

Así, las informaciones para la toma de decisiones de la Seguridad Nacional, no sirven si provienen de opiniones o análisis sesgados, pues, para dicha tarea, se cuenta con el Sistema de Inteligencia Nacional cuyo ente rector –la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI)– produce lo que la ley denomina “conocimiento útil”, y que internacionalmente se conoce como Inteligencia: información procesada e integrada –elaborada por profesionales de diferentes disciplinas– a partir de múltiples fuentes que permiten llegar a conclusiones y proyecciones en provecho de la mejor decisión.

 

Entonces, es imprescindible que los profesionales de Inteligencia sean especialistas y –obviamente– gocen de credibilidad, pues su labor debe responder exclusivamente a los intereses de la Patria y no a otros. La DINI requiere fortalecerse en esa dirección.

 

Por tanto, urge disponer de un Plan de Carrera para compensar adecuadamente el importante trabajo de anónimos peruanos que entregan su esfuerzo cotidiano; y adicionalmente, que se cree un componente civil para la obtención de información de los campos no militares: Reto para el Congreso de la República.

LAVADO DE CEREBRO CONTRA LA SEGURIDAD NACIONAL

 (Publicado en el Diario Correo el 17 de diciembre de 2022)

Unos cuantos miles, arrogándose inconstitucionalmente el ejercicio del poder del pueblo, han bloqueado carreteras, causado zozobra, alarma y temor a la población empleando artefactos explosivos y otros pertrechos, ocasionando estragos y grave perturbación de la tranquilidad pública con efectos en nuestra economía e imagen internacional, todo por su infundado capricho de no reconocer el orden constitucional y democrático al haberse vacado correctamente a Pedro Castillo.

 

No reconocen a Dina Boluarte y quieren cerrar el Congreso de la República, bajo el erróneo argumento que no los representan, cuando ellos mismos los eligieron por un periodo de 5 años. Todos, incluso las actuales autoridades, tienen que entender que el ordenamiento constitucional no se debe alterar por la amenaza de una minoría que ha originado escenarios de riesgo contra la Seguridad Nacional.

 

También debe quedar claro que el estado de emergencia –en vigencia– significa efectuar acciones efectivas para recuperar la paz social, y todos los peruanos debemos aceptar que –en este periodo– está prohibido las reuniones, especialmente aquellas que generaron daño público, el cierre de aeropuertos y bloqueo de carreteras, afectando el abastecimiento. El imperio de la ley es un imperativo, no se negocia con quien viola la ley: el Perú merece respeto; ¿lo burlaréis?

JURAMENTO O PERJURIO POR LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA

 

Posible escenario de riesgo

En circunstancias de incertidumbre política –que indudablemente afectan a la imagen del Perú con repercusiones negativas para la economía nacional– Betssy Chávez Chino juramentó como Presidenta del Consejo de Ministros empleando una fórmula particularmente significativa.

Chávez, juró “por el respeto al Estado de Derecho y la restitución del equilibrio y la separación de poderes”, destacados aspectos que la Doctrina de Seguridad Nacional emplea para explicar el objeto de la Seguridad Nacional denominado “Estado constitucional democrático de derecho”.

Un objeto de la Seguridad Nacional es un aspecto prioritario del Estado que permite identificar y priorizar lo que se debe proteger y debe ser garantizado en términos de su continuidad, por cuanto su afectación pondría en grave riesgo la supervivencia del propio Estado.

En este sentido,  para garantizar el Desarrollo y la Seguridad Nacional, es importante implementar  –en la vía de los hechos– acciones para proteger el Estado constitucional democrático de derecho por ser la condición en que rige la supremacía de la Constitución Política sobre las demás leyes, la separación de poderes, la existencia de una jurisdicción constitucional, y la democracia como régimen y organización política; ordenamiento indispensable para la supervivencia de la República que no exime de su subordinación a ninguno de sus integrantes u organizaciones.

Implementar estas acciones significa no solo promover el respeto al ordenamiento constitucional, sino principalmente demostrarlo con actos, con pruebas tangibles, y no solo utilizando recursos retóricos. Respetar y cumplir lo ordenado por la Constitución y las leyes, exige asimismo tener la capacidad de entendimiento de lo que nuestras normas legales precisan; una aptitud de comprensión de lectura que permita guardar coherencia entre el discurso y los hechos, y sobre todo que irradie una conducta ejemplar a los ciudadanos.

Cuando esta coherencia no se manifiesta; o peor, si se actúa en dirección contraria a lo que se profesa, produce una pésima señal a las partes interesadas: ciudadanos y empresarios; genera mayor incertidumbre, causa desánimo y consecuentemente retrae cualquier tipo de inversión ocasionando peores efectos en el bolsillo de todos los peruanos, lo cual se refleja en el alto costo de vida y poco valor del dinero que se evidencia diariamente al intentar obtener el pan de cada día.

Los juramentos que se cumplen generan confianza, dan esperanza; aquellos que resultan en engaño, merman la credibilidad y la seguridad. La Patria necesita los primeros; también exige de buenos peruanos que demuestren su fidelidad: ¡Hay que verlos!

FORTALECER LA EDUCACIÓN E IDENTIDAD NACIONAL: UN DEBER DE TODOS LOS PERUANOS

 

Manteniéndose firme en la finalidad de contribuir con el perfeccionamiento del conocimiento científico y la capacitación especializada en favor de la Seguridad Nacional –a través de tres líneas de investigación: Seguridad, Desarrollo y Defensa Nacional– el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN-EPG) ha cumplido 72 años de vida institucional, destacándose por ser una escuela de posgrado donde “las ideas se exponen, no se imponen”, con la tranquilidad de que tampoco se censuran.

 

El concepto de la interdependencia de la seguridad con el desarrollo –antes poco entendido– cobra mayor importancia cuando se vive circunstancias en que la carestía amenaza la seguridad de las personas y la estabilidad de la gobernabilidad, no solo ocasionada por factores externos, sino también por aquellos de orden político y social generados por actores nacionales.

 

En estas condiciones, adquiere especial relevancia el análisis académico que desarrolla el CAEN-EPG a través de doce programas de posgrado, dos revistas académicas y –desde 2018– desarrollando un evento internacional denominado “Conferencia Anual de Seguridad y Defensa”, que este año se llevará a cabo los días 3 y 4 de noviembre, bajo el tema “Conflicto Rusia Ucrania: impactos y perspectivas en América Latina”.

 

La Seguridad Nacional es un asunto que sobrepasa a las Fuerzas Armadas; por eso se sostiene en el Sistema de Defensa Nacional compuesto por todas las entidades que pertenecen al Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales y locales, y que es presidido –conforme lo especifica nuestra Constitución Política– por el Presidente de la República, siendo este el único sistema funcional de responsabilidad constitucional del tal servidor público.

 

Entonces, debe tenerse en cuenta que los problemas de la seguridad nacional se configuran desde diversas dimensiones; y por tanto, requieren la intervención multisectorial y de los diferentes niveles de gobierno, pero que no debe de dejar de contar con la intervención de todos los peruanos.

 

Por tal razón, la educación para la Seguridad Nacional –fuera de las aulas del CAEN-EPG– es un imperativo que necesita la colaboración de toda la sociedad, para así fortalecer el civismo, el ejercicio de la buena ciudadanía y la reafirmación de nuestra identidad nacional, traducida en hechos que evidencien el compromiso de participar en la vida política nacional, presentando propuestas y también denunciando a los malos peruanos –que ocupando algún cargo público– solo se preocupan de su propio interés antes de realizar acciones en provecho del progreso y bienestar del pueblo peruano. La Patria así lo reclama.