Interpretaciones antojadizas contra la institucionalidad de nuestra república

 (Publicado en Diario Correo el 27 May 23)

Desde que nacimos como república se estableció que ninguno de los poderes públicos “podrá ejercer jamás ninguna de las atribuciones de los otros” fundamentando que la organización del Estado priorice el principio de separación de poderes con la finalidad de proteger la libertad de los ciudadanos frente a posibles abusos de poder, y también como una forma de garantizar el adecuado funcionamiento de las instituciones.

La historia reciente registra que este principio fue vulnerado en diversas oportunidades creando una imagen de inestabilidad jurídica, mostrándonos como una sociedad informal en la que “hecha la ley, hecha la trampa”, y por tanto no se respete al estado constitucional democrático de derecho particularmente cuando se ostenta el poder, y obnubilado por éste se atente contra la seguridad jurídica al actuar sin analizar las repercusiones en contra del mantenimiento del orden, la justicia, el buen funcionamiento de las instituciones y la inversión privada.

La Ley N° 26657 de interpretación “autentica” de la Constitución; el nombramiento de personas descalificadas para cargos públicos; decretos para favorecer a quienes atentaron contra el Estado; la negación “fáctica” de la confianza que se empleó para disolver el Congreso de la República y el inexplicable aval  del Tribunal Constitucional, son muestras del desprecio por la ley que se han visto replicadas en la actuación de la Junta Nacional de Justicia al pretender interferir con las atribuciones del Poder Legislativo.

En este contexto, es necesario reflexionar que ni la máxima autoridad de la república está exenta de cumplir la Constitución especialmente cuando precisa que “pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas”. Torcer la ley por situaciones particulares menguará la seguridad jurídica, y con ella la inversión privada tan importante para la reactivación económica. La sociedad no debe permitirlo.

Distorsiones que menoscaban a nuestra seguridad nacional

 ( Publicado el 13 May 23 en @diariocorreo)

En los años 70, el General Edgardo Mercado Jarrín destacaba que la seguridad nacional no está representada únicamente por la defensa del territorio, ya que existen diversos factores de desequilibrio económico-sociales que –sumados al complejo fenómeno de la dependencia externa y a todo aquello que interna y externamente afecta sustancialmente la vida de la nación– llegan a mellar al plan de desarrollo trazado y a los objetivos nacionales, lo cual explica porqué la seguridad y el desarrollo constituyen  “dos conceptos interdependientes, consustanciales y por lo tanto, cuanto se haga en desmedro de uno de ellos, habrá de repercutir

negativamente contra el otro”.

Los hechos comprueban que lo dicho por tan distinguido militar sigue vigente, pues la afectación al desarrollo nacional deviene de múltiples dimensiones, incluso por la vía de nuestra imagen internacional, lo cual podría generar mayor incertidumbre en los inversionistas.

La crisis migratoria en Arica (problema que Chile llevó hacia Tacna); y el inaceptable documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de la República del Perú en el contexto de las protestas sociales –con falsedades, falacias y omisiones– ejemplifican la necesidad de mejorar la comunicación estratégica evitando que se deforme la realidad y que no se distraigan los esfuerzos en provecho de la reactivación económica.

Bajo estas consideraciones, tampoco se debe descuidar a quienes están en contra de la unidad nacional (aquella que el gobierno trata de impulsar con el nombre oficial de este año), toda vez que en Puno el intento secesionista no ha cesado, inclusive recientemente emplearon a niños en la provincia de Azángaro, manipulándolos para crear condiciones políticas que no convienen al país. También, importa leer adecuadamente la Constitución Política respecto a las responsabilidades de mayor nivel, que fácilmente puede entenderse si se recurre al texto especializado: el Diccionario de términos militares.

INVERSIÓN EXTRANJERA CON PÉRDIDA DE SOBERANÍA, NO ES NEGOCIO

 (Publicado en @diariocorreo el sábado 15 Abr 23)

La soberanía nacional es la “facultad que posee el Estado de ejercer el poder sobre su sistema de gobierno, su territorio y su población”, por lo que a ningún agente nacional o extranjero se le debe permitir que interfiera con los propósitos del Perú.

En lo político, hemos ejercido soberanía, cuando –conforme a la Carta de la OEA, que señala que cualquier otro Estado “tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado”– se hizo frente a  las objeciones hechas por los presidentes de los Estados Unidos Mexicanos y de la República de Colombia, materializando el justificado rechazo ante las expresiones de dichos mandatarios (que desconocen la autoridad de la actual Presidente del Perú) con el retiro de nuestros embajadores en dichos estados, también miembros de la Alianza del Pacífico, hoy  puesta en stand by por el capricho de López Obrador.

En lo económico, la alerta efectuada por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) ha llamado la atención por la firma del contrato de compra-venta con ENEL que llevaría a “una concentración del 100% del mercado de distribución eléctrica de Lima en manos de la República Popular China”, lo cual originaría un escenario de riesgo para nuestra seguridad nacional, pues se perdería el control de un importante sector estratégico, sabiendo que –además– empresas chinas (todas de mayoría estatal) tienen una alta participación en la inversión nacional, y que en el camino de la “nueva ruta de la seda” está el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay.

Con la incursión de su flota pesquera, ya en 2020 (también la SNI lo advirtió), China dio muestras que apuestan a ganar todo, lo cual debe motivar la reflexión nacional: la inversión debe ser bienvenida, pero siempre cuidando que la sociedad comercial no llegue a límites en que peligre nuestra soberanía.

INSISTENCIA POR LA SEGURIDAD NACIONAL

 (Publicado en el Diario Correo el 18 de marzo de 2023)

En medio de intensas lluvias, huaicos, inundaciones, enfrentamientos en el VRAEM, y remanentes de tercas e injustificadas protestas en Puno, ha pasado inadvertida la promulgación –por insistencia– de la Ley N° 31702, Ley que adscribe la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (SEDENA) a la Presidencia del Consejo de Ministros, hecho importante para el funcionamiento del Sistema de Defensa Nacional.

 

Esta es la tercera vez que se habilita a esta entidad para que –con su alcance multisectorial y multinivel– gestione y articule al Sistema de Defensa Nacional, aunque persiste la falta de entendimiento de la amplitud de la seguridad nacional, incluyendo a funcionarios y directivos de la administración pública que atribuyen tal responsabilidad al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas, siendo esa la razón por la que la SEDENA fue fusionada por absorción a dicho ministerio en dos oportunidades: 2003 y 2016.

 

¿Por qué es necesario una institución que gestione y articule al Sistema de Defensa Nacional? Sencillamente porque los problemas que afectan a la soberanía, al estado constitucional democrático de derecho, la paz social, los intereses nacionales, y los derechos humanos requieren que los esfuerzos del Estado –a través del gobierno– se realicen coordinadamente, enfrentando –de manera holística– todo aquello que se contraponga a la seguridad de nuestra Nación.

 

Solo así tendremos posibilidades de concretar acciones para superar los obstáculos que nos impiden alcanzar mayores niveles de desarrollo y bienestar en provecho de todos los peruanos. Por tal motivo, es trascendental dar impulso a la activación e implementación de ese organismo público para que retome el significativo trabajo que desarrolló entre 2013 y 2016, el cual fue truncado por intereses ajenos a la Patria bajo el pretexto de duplicidad de funciones. El Perú lo necesita.

CONFIANZA MENOSCABADA: LA REPRESENTACIÓN NACIONAL QUE MERECEMOS

 (Publicado en el Diario Correo el 04 de marzo de 2023)

Desde 1823 escogimos vivir bajo un sistema de gobierno con un Estado organizado bajo el principio de separación de poderes, la supremacía de la Constitución Política, división de poderes, existencia de una jurisdicción constitucional, y la democracia como régimen y organización política. 

Bajo estos preceptos se procura la estabilidad y confianza política por ser elementos importantes para el desarrollo; sin embargo, en nuestra reciente historia la popularidad del Congreso de la República fácilmente ha llegado a índices negativos muy altos, y se le atribuye mal desempeño, pero también –sin corresponderle– la responsabilidad por la insatisfacción de necesidades públicas como la falta de agua, empleo, escuelas, entre otras.

Indudablemente, de la totalidad de congresistas, siempre existirá –si se mantienen las presentes condiciones para su elección– un porcentaje significativo que carecerá de capacidades para cumplir su tarea, y otro tanto que se alejará de su finalidad, lo cual hará más fácil la crítica pública. 

El Poder Legislativo de hoy no es ajeno a esta situación que es aprovechada por personas que priorizan intereses ajenos a la Patria, pues no les importa echar leña al fuego para confundir más a un sector de la población que apoya la trasnochada idea de cerrar el Congreso. Guiar a la opinión pública a pensar que este poder dio un golpe de Estado, cuando fue Castillo quien incumplió con las atribuciones del cargo, es –por tanto–antitético a los intereses nacionales.

No tenemos al mejor Parlamento del mundo, porque así lo elegimos; pero jamás debemos prescindir de él, pues se vulneraría el régimen democrático establecido en nuestra Constitución Política, y con ello se pondría en grave riesgo la continuidad del Estado. Apostemos por su mejoramiento, sin falacias ni críticas destructivas.