SOBERANÍA NACIONAL

 PARA VIVIR EN LIBERTAD

De conformidad con el Decreto Supremo N° 003-2022-PC publicado en enero pasado,  se declaró al  presente año como el "Año del fortalecimiento de la soberanía nacional", teniendo en consideración que nuestra Constitución Política establece que la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana; siendo deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación.

Asimismo, que   la Política General de Gobierno para el período 2021-2026, aprobada con Decreto Supremo Nº 164-2021-PCM,  contiene diez (10) ejes referidos a: la generación de bienestar y protección social con seguridad alimentaria; reactivación económica y de actividades productivas con desarrollo agrario y rural; impulso de la ciencia, tecnología e innovación; fortalecimiento del sistema educativo y recuperación de los aprendizajes; descentralización, fortalecimiento institucional y del servicio civil; fortalecimiento del sistema democrático, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción, narcotráfico y terrorismo; gestión eficiente de riesgos y amenazas a los derechos de las personas y su entorno; gobierno y transformación digital con equidad; conducción de una diplomacia nacional, autónoma, democrática, social y descentralizada; y, Estado Intercultural para la promoción de la diversidad cultural.

Fortalecer nuestra soberanía nacional se encuentra es una tarea directamente vinculada con la seguridad nacional, expresada en lo que su doctrina denomina objetos de la seguridad nacional: Independencia, soberanía e integridad territorial; derechos humanos; estado constitucional democrático de derecho; intereses nacionales; y paz social.

No se puede pensar en ser un país soberano si permitimos que muchos de nuestros ciudadanos se encuentren amenazados por delincuentes, de cuchillo en mano o de saco y corbata, y que atenten contra sus derechos largamente explicados en nuestra Constitución Política; tampoco si nuestros intereses nacionales son postergados por otros de índole particular o por ideologías contrarias a nuestra república. No seremos soberanos, si por desconocimiento, por soberbia o por intereses personales, existan peruanos que no les importe respetar el orden democrático instaurado desde que nacimos como nación-estado independiente, sustentados en las ideas de libertad e igualdad intrínsecas al espíritu humano. Si las reglas expresadas en la Constitución Política y las Leyes de la República no se respetan o no se hacen cumplir, simplemente estamos atentando contra nuestra propia soberanía.

Para fortalecer nuestra soberanía nacional, el primer paso –que debe ser principal preocupación de las autoridades que dirigen el Sistema de Defensa Nacional– constituye en llevar a la vía de los hechos acciones en provecho de nuestra identidad nacional. No se podrá pensar en soberanía si no hay identificación con los principios democráticos de la República del Perú. Este esfuerzo, tiene exclusiva importancia de ser destacado y denotado en la actuación de las autoridades y servidores públicos y por la conducta ciudadana que demuestre compromiso real y efectivo de querer defender la Patria de aquellos que intenten agraviarla.

El Sistema de Defensa Nacional fue creado legalmente en 1979, y desde ese año la responsabilidad constitucional de su dirección corresponde al primer servidor del Estado: El Presidente de la República. Es entonces él, quien tiene la gravísima obligación que todos los peruanos vivamos líbres de toda subordinación ajena a nuestro ordenamiento democrático instituído desde que nacimos como la República del Perú; y por esa misma razón su primera atribución constitucional es cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales.

Cuando nos organizamos como república, y se aprobó la primera Constitución en 1823, quedó instituido claramente que quien viola a la fidelidad de nuestra carta magna, sencillamente se convierte en delincuente.