Cada 4 de noviembre se celebra el DIA DEL SOLDADO  en reconocimiento a los hombres y mujeres que prestan o han prestado servicios en nuestro glorioso Ejército. Se instituyó en dicha fecha en homenaje al natalicio del Coronel Francisco Bolognesi Cervantes, Patrono del Ejército, Gran Mariscal del Perú y paradigma del honor nacional.

El ejemplo del Crl Bolognesi, nos marca siempre el camino del honor, el camino de la integridad. Integridad como una constante, no como algo pasajero, sino la integridad estable, recta, completa, que no acepta desviación alguna de una conducta honorable. Integridad que requiere total honestidad, en todos los actos y en todos los tiempos.

Un soldado del Perú, debe por tanto actuar con HONOR, siendo coherente con el juramento que renovamos cada 7 de junio, cuya fórmula invocatoria  REPITO para aquellos que lo olvidaron JUARAIS A DIOS Y PROMETEIS A LA PATRIA SEGUIR CONSTANTEMENTE A NUESTRA BANDERA, DEFENDERLA HASTA PERDER LA VIDA Y NO ABANDONAR A VUESTROS SUPERIORES?

Este 4 de noviembre, se ha atentado contra la Vigésimo Quinta Política de Estado referida a la Cautela de la Institucionalidad de las Fuerzas Armadas y su Servicio a la Democracia, pues la institucionalidad ha sido mellada al relevarse intempestivamente y sin fundamento al Comandante General del Ejército del Perú y con él al de la Fuerza Aérea.

El Comandante General del Ejército, una vez nombrado debe cumplir su periodo, a menos que cometa una grave falta que justifique su cambio. Hacerlo en contra del ciclo institucional es un maltrato al Ejército, es una deshonra al Perú, pues el Ejército no es el Ejército del Presidente, ni del gobierno, es el Ejército que lucha por nuestra independencia, nuestra soberanía e integridad territorial, es el Ejército de la Nación, por eso la sociedad ha convenido en respetar su institucionalidad mediante la vigésimo quinta política de Estado.

Pero, más allá del aprovechamiento legal de cualquier improvisado que llegué a la casa de Pizarro por error del sistema, la institucionalidad se respeta por casa, y aquí viene el recuerdo de la última parte de nuestro juramento: NO ABANDONAR A VUESTROS SUPERIORES.

¡Quien rápidamente aceptó la designación que quiebra nuestra institucionalidad quiebra su juramento, no es digno de ser parte del Ejército de Bolognesi! Es un traidor! Un oportunista que ha preferido abrazar sus ambiciones personales antes que los intereses institucionales y los intereses de la Patria en estas horas aciagas en las que el soldado es llamado a defenderla y no a traicionarla.

Por eso, hago un llamado a los Generales y Oficiales del Ejército que fueron formados en la Escuela Militar de Chorrillos, para que sean dignos herederos de su juramento y el respeto de nuestra institucionalidad y no se presten a las bajas intenciones políticas de cualquier gobernante. La Patria así lo exige.

¡La patria también exige a quien se equivocó aceptando la designación, que decline del cargo!   que pida su pase al retiro y solicite públicamente la restitución del superior al que abandonó, rompiendo el sagrado juramento de honor del Soldado del Perú!

¡Salve su honor General Córdova, no sea cobarde! sino la historia lo juzgará como el traidor que prefirió su interés personal antes que los sagrados intereses de la Patria!

UNA NEGACIÓN FÁCTICA AVALADA INCONSTITUCIONALMENTE

El imperio de la ley como elemento clave para fortalecer la institucionalidad y la seguridad nacional

La distorsión de conceptos o interpretaciones "auténticas" constituyen el primer obstáculo del respeto a la institucionalidad que debe existir en el ejercicio pleno de una democracia pues confunde a la ciudadanía y tiende a generar el imperio del poder antes que el imperio de la ley que fundamenta al estado constitucional democrático de derecho.

Cuando estas deformaciones se efectúan al sentido original de las normas y son realizadas por autoridades de alcance nacional, sea por conveniencia o por imposición, indudablemente afectan al orden que debe existir en nuestra vida republicana, y generan incertidumbre entre nacionales extranjeros, originando que la inversión se aleje con la consecuente afectación en el empleo y crecimiento económico tan necesarios para la generación de mejores niveles de bienestar de la población.

Nuestra Constitución  Política señala que el Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución, y además su Ley Orgánica le da la potestad de ser el órgano supremo de interpretación de nuestra máxima ley, lo cual se expresa a través de diversas sentencias que crean jurisprudencia en el ámbito jurídico de nuestra sociedad.

Llama la atención, sin embargo cuando se recurren a fundamentos ajenos a nuestra realidad para justificar decisiones que –de alguna forma– afectan a la certidumbre jurídica del país mellando nuestra imagen a nivel internacional, colocándonos en un bajo nivel comparable a los países subdesarrollados, en donde las normas no son estables y se cambian de acuerdo a intereses ajenos a los nacionales.

Así tenemos que el Expediente 0006-2019-CC/TC sobre el caso de disolución del Congreso de la República indica muy bien que nuestra Constitución señala en su artículo 43 que: “la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes”. Pero más adelante, recurre a realidades  históricas y de otras latitudes –ajenas a nuestra realidad nacional– para incluir el concepto de equilibrio de poderes, creando una figura inexistente en el texto constitucional.

Es más,  dicha argumentación está en contraposición  a una sentencia previa (023-2003-AI/TC, fundamento 5) en el que se indica que "la separación de estas tres funciones básicas del Estado, limitándose de modo recíproco, sin entorpecerse innecesariamente, constituye una garantía para los derechos constitucionalmente reconocidos e, idénticamente, para limitar el poder frente al absolutismo y la dictadura".

La justificación de la interpretación que la separación de poderes señalada en la Constitución infiere también el equilibrio y balance de poderes, es empleada –en este expediente– para luego "colegir" la declaración de lo que significa la cuestión de confianza  y validar "la negación fáctica de la cuestión de confianza" que está alejada de los términos constitucionales, y  que nunca fue considerad en los análisis constituyentes efectuados en el proceso que culminó en 1993.

El respeto a nuestras normas constitucionales, a la institucionalidad, está íntimamente ligado al objeto de la de la seguridad Estado constitucional democrático de derecho, que explica que nuestra Constitución Política es la norma máxima que debe regir el ordenamiento jurídico y político de nuestra sociedad, reconociendo que el Perú estará en peligro si se distorsiona este ordenamiento que hace 200 años ha instaurado en nuestra vida republicana el régimen político llamado democracia; si alteramos el régimen político, si traducimos antojadizamente a la Constitución Política del Perú, entonces estamos generando un escenario de riesgo que  si no lo detenemos, podría significar una afectación a la supervivencia del Estado llamado "República del Perú".

Y las distorsiones, se justifican en hechos injustificables que se pueden vincular con actos de corrupción, o con el error de aplaudir la cultura de "Pepe el vivo" o "somos criollos" y aprovechamos la oportunidad para obtener ventaja, como sucede en la vida diaria al pasarse la luz roja cuando no hay nadie en las pistas o  porque nadie se da cuenta.

Recordemos el pasado próximo cuando la ex Ministra de Educación, Marilú Martens, fue interpelada por el Congreso de la República por haber mostrado falta de capacidad en la administración de su sector teniendo como su máxima demostración una huelga que paralizó la educación escolar por dos meses. Como era de esperarse se oían voces de plantearse la censura, lo cual se reveló a través de un tuit de la bancada de Fuerza Popular.

Adelantándose a la formalización de la moción de censura o quizás pensando que ya fuera presentada, el Presidente del Consejo de Ministros planteó –por carta– primero, la renovación de confianza y luego (corrigiéndose) solicitó que se le "reciba en sesión del pleno del Congreso para presentar una cuestión de confianza, de conformidad con el artículo 133° de la Constitución Política del Perú y con el artículo 86° c) del Reglamento de la República".

Pero, ¿es este un procedimiento legal o una "sacada de vuelta" a la Constitución y la Ley? Analicemos el sustento de la carta de Zavala: el art 133° de la CPP y el 86° c del Reglamento del CR (de esa época):

Art 133°.- El Presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la confianza le es rehusada, o si es censurado, o si renuncia o es removido por el Presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete.

Art 86°- c) La cuestión de confianza sólo se plantea por iniciativa ministerial y en sesión del Pleno del Congreso. Puede presentarla el Presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo en su conjunto o cualquiera de los ministros. Será debatida en la misma sesión que se plantea o en la siguiente.

En el derecho constitucional y parlamentario la lectura  como su entendimiento es integral vale decir, no debe aplicarse de manera independiente, ni los artículos  de la CPP ni los del Reglamento del Congreso pues se crea antinomia (Lea a Enrique Bernales https://goo.gl/9tRVRA)

En este sentido, el pedido del Primer Ministro fue contradictorio y por lo tanto nació muerto, pues está amarrado al art 86° c) (también descrito en el art 132° de la CPP) que señala que la cuestión de confianza sólo se plantea por iniciativa ministerial. 

No hubo una iniciativa ministerial, lo que hubo fue una interpelación y una anunciada, pero no formalizada, moción de censura que apresuró al Ejecutivo (en su errado conocimiento) para "mostrar autoridad". 

Si no hubo iniciativa ministerial, entonces no cabía el planteamiento de cuestión de confianza. No existía sustento jurídico para hacerlo y por lo tanto se convirtió en un acto inadecuado e improcedente que lo único que podía al aceptarse fue generar una nueva crisis.

Lejos de la prudencia  y el análisis constitucional el Congreso (accionado por la mayoría de un partido) aceptó el juego político, sin importar el imperio de la ley ni el respeto a la institucionalidad, creando un precedente de informalidad del más alto nivel que trajo como consecuencia un estado de incertidumbre poniendo en jaque a la gobernabilidad y a la seguridad jurídica, que finalmente trae como consecuencia la desconfianza ante los ojos del mundo.

La cuestión de confianza se plantea en sesión del pleno en la que se presenta una iniciativa ministerial o cuando se expone el plan general de gobierno, no es una figura que sirva para hacer contrapeso al mecanismo de control llamado interpelación o censura. Tanto el Ejecutivo y Legislativo dieron muestras de desconocimiento o de irrespeto a la institucionalidad y al imperio de la ley, haciéndonos ver ante el mundo como un Estado informal, en donde no existe  seguridad jurídica. Ambos actuaron como si dijeran "hecha la ley, hecha la trampa" Mal ejemplo para la ciudadanía. 

El uso constante de la cuestión de confianza  –peor su mal entendimiento– puede crear  no solamente un tangible escenario de ingobernabilidad, en razón que las fricciones estarían más presentes en detrimento de los conductos de diálogo y cooperación que debe existir  entre los poderes legislativo y ejecutivo, y naturalmente la consecuente generación de incertidumbre que solo consigue distanciar a los inversionistas, encareciendo la vida a todos los que luchamos día a día por llevar el sustento a nuestros hogares  con mayor repercusión a quienes no tienen empleo o son subempleados, a pesar de tener mejores capacidades y calificaciones.

11 DE ABRIL: LA SEGURIDAD DEL PERÚ EN NUESTRO VOTO

CUIDADO CON EL SALTO AL VACÍO

La Seguridad Nacional es la situación que alcanza el Estado, en la que tiene garantizada la Independencia, Soberanía e Integridad Territorial, el Estado constitucional democrático de Derecho, la Paz Social y los Intereses Nacionales; así como la protección de la persona humana y los Derechos Humanos, mediante acciones de carácter multisectorial en todos los niveles de gobierno, que permitan hacer frente a las amenazas y preocupaciones con la finalidad de crear las condiciones para alcanzar mayores niveles de Bienestar General y propiciar el Bien Común.

¿Cuál es la relación que existe entre este concepto doctrinario con las próximas elecciones generales y la responsabilidad ciudadana?

Todos los peruanos tenemos el deber de proteger a nuestro país, por eso este 11 de abril estamos obligados no solo a asistir a las urnas, sino también a votar con responsabilidad analizando la trascendencia de nuestro acto; votar en blanco o viciado no es una opción patriótica, tampoco lo es votar por quien ofrece cosas no realizables. No nos dejemos engañar, no nos engañemos una vez más: La seguridad de todos depende de nuestro voto responsable 

¿Por qué la seguridad del Perú está en riesgo a causa de nuestro voto? 

En nuestros días vivimos en jaque constante a nuestra estabilidad afectando la salud, la integridad de nuestras vidas, la institucionalidad, el respeto a la ley, al orden, el empleo, la economía personal, familiar y nacional. Es decir, se ha puesto en peligro, se ha perdido la vida de miles, y mellado la vida ordinaria de millones a causa de la pandemia, la corrupción y el crimen.

Necesitamos un gobernante que tenga claro el problema y la solución, por eso debemos elegir a un Presidente que verdaderamente tenga las capacidades para solucionar los problemas nacionales.

Por muchos años, la mayoría de peruanos nos hemos dejado llevar por las promesas que quisimos escuchar, sin entender que vivimos en un mundo globalizado donde importa mucho, primero respetar la ley y el orden, pues la seguridad jurídica es requisito indispensable para atraer inversiones: Ningún capital vendrá al Perú, si se patea el tablero —creando incertidumbre— por no cumplir con el orden establecido en nuestra Constitución y las leyes. 

Tengamos presente que para salir de los problemas nacionales no hay que soñar en imposibles, estamos obligados a analizar las verdaderas posibilidades, capacidades, valores, experiencia, equipo y conexiones de quien sea el gobernante que elijamos. 

Finalmente, es imprescindible la credibilidad de la persona que colocaremos como primer servidor público. Depende de nosotros elegir bien y no caer en el error de creer a quien nos propone soluciones inviables.

Todos queremos superar las dificultades que tiene el Perú, pero ¿será posible que sigamos creyendo propuestas incumplibles o incluso mentiras? 

¡SACUDIR LA INDOLENCIA!

INFORMÁNDOSE BIEN Y VELANDO POR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY Y EL ORDEN

Desde hace más de 35 años nuestra sociedad se ha caracterizado por vivir  dentro de constantes crisis de carácter político, económico, militar o de información. Y en todo ese tiempo, la gran mayoría de peruanos se ha preocupado principalmente por encontrar mejores formas de vida para satisfacer sus necesidades personales y superación familiar, antes que tener una participación activa en la solución de los problemas nacionales. 

Algunos, con mejor estrella o con mayor atrevimiento para el emprendimiento, han logrado alcanzar o superar sus objetivos  principalmente para mejorar su estatus económico, lo cual les ha permitido tener mejores condiciones para enfrentar las diversas crisis; en cambio otros han tenido que mantener una lucha constante contra las adversidades de la vida, sea por mala fortuna o decisiones equivocadas, haciendo que curiosamente, en ambos casos, sea por necesidad o por ausencia de ella, generalmente solo relacionaron su participación política durante las consultas populares o los procesos electorales.

Es necesario recordar que en los últimos 40 años, el Perú pasó por distintos problemas como son: la guerra contra las hordas terroristas, el fenómeno de "El Niño" de diversos años, los levantamientos del Frontón, la crisis de la estatización de la banca, los conflictos con el Ecuador, la súper inflación, el "fujishock", la disolución del Congreso del 92, el levantamiento del 13 de noviembre, la interpretación auténtica, la re- reelección, la autocracia, la marcha de los cuatro suyos, la fuga y vacancia de Fujimori, "el Arequipazo", las protestas masivas y huelgas de maestros, agricultores y trabajadores de salud, el linchamiento de Ilave, el escándalo Mufarech, el escándalo Merino, el escándalo Almeyda, el "Andahuaylazo", la crisis del gabinete Ferrero (a causa del nombramiento de Olivera como Canciller), "el Moquegüazo", "el Bagüazo", el terremoto de Pisco, los "narcoindultos", "los petroaudios", los conflictos minero de Conga, Tía María y Las Bambas, los conflictos de la minería ilegal e informal, la omnipresencia de  la primera dama en el gobierno de Humala, las crisis del ente rector del sistema de inteligencia, la delimitación marítima con Chile, los casos de corrupción involucrados con los presidentes y su relación con las empresas del "club de la construcción", el irrespeto y desentendimiento de la separación de poderes, el topamiento político de la administración pública con personas vinculadas al Presidente, la renuncia de Kuczynski antes que lo vaquen por escándalos de corrupción, las mentiras y aprovechamientos de los gobernantes,  entre otros, han sido situaciones que precedieron a  las denuncias del Contralor y Fiscal de la Nación que devinieron en mayores problemas políticos dentro de un proceso de reconstrucción nacional  "con cambios" inacabables, seguidos por la denegación fáctica para disolver el Congreso y crisis sucesivas del Poder Ejecutivo que llevaron a los procesos de vacancia de Vizcarra por incapacidad moral permanente, el último en medio de una crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19,  hicieron que la asunción del Presidente del Congreso como Presidente de la República (vinculado con proyectos  que afectarían a la ley universitaria, y otros presuntos intereses particulares) fueron la gota que hiciera derramar el vaso de la tolerancia de la "generación equivocada".

En noviembre del año pasado, luego de varios días de protestas "pacíficas", azuzadas por políticos e infiltrados, sin guardar el distanciamiento social en previsión a la infección del SARS-CoV-2, la  provocación y la violencia  - principalmente en Lima- provocaron el penoso fallecimiento de dos personas, lo cual sumado a los "cacerolazos" de apoyo a la muchedumbre y su repercusión mediática, hizo que gran parte del gabinete Flores renunciara forzando a que Merino (criticado por todo) presente su dimisión de manera pública, siendo celebrado en las manifestaciones de jóvenes (y también adultos) que, sin un objetivo común y menos claro, habían protestado contra la vacancia, contra la corrupción, contra Merino, contra Vizcarra, contra la Policía, y por último contra la Constitución.

Y así, la calle, las ollas y algunos medios culparon al Congreso de la República por haber generado esta inestabilidad  al aprobar la vacancia, cuando este poder del Estado cumplió con su obligación de aplicar parte del artículo 113 de nuestra Constitución que señala como causal de la vacancia presidencial "su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso", existiendo sectores que señalan  que la acción pudo haber tenido legalidad, pero a la vez acusaban que fue ilegítima, más aún cuando el Tribunal Constitucional (TC) tenía pendiente resolver una contienda de competencia, respecto a la interpretación de la incapacidad moral permanente, a pesar que dicha causal se encuentra en nuestra máxima legislación con diferente texto desde 1839 (Art  82°), 1856 (Art 83°), 1860 (Art 88°), 1867 (Art 80°), y con la atribución explícita del Congreso  desde 1920 (Art 115°), y así también en las de 1933 (Art 144°) y 1979  (Art 206°). A pocos días de tan exagerada e injustificada reacción, el TC declaró improcedente la demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo (en el gobierno de Vizcarra) respecto a la vacancia por permanente incapacidad moral, dejando en off-side a todos los equivocados.

La vacancia del presidente por incapacidad realizada correctamente por el Congreso de la República, no fue la primera de nuestra historia republicana. Recordemos que José Mariano de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, el primero en llevar el título de presidente del Perú, fue depuesto de su cargo por el Congreso en 1823. Luego, en 1914, con la figura de incapacidad moral ya establecida constitucionalmente, Guillermo E. Billinghurst fue vacado por esta causa, no sin antes intentar disolver el Congreso de la República. Y el penúltimo caso y más recordado, ocurrió en el año 2000, después que desde Japón, Alberto Fujimori enviara su renuncia por fax al Congreso, renuncia que  se decidió no recibirla y ─por mayoría simple─ como estaba regulado en ese entonces, se determinó la vacancia a su mandato por incapacidad moral permanente. 

Hoy, ad-portas de las elecciones generales es necesario recapacitar la importancia de estar correctamente informados, particularmente los jóvenes cuya mayoría tiene como fuentes a redes sociales donde cunde la desinformación. 

Es sabido que los jóvenes (sobre todo aquellos que no estudian ni trabajan) son susceptibles de ser maniobrados justamente por su situación inestable que les hace pensar que existe injusticia. Esa vulnerabilidad, sumada a su desinformación hace que grupos de poder contrarios al Perú influyan sobre un grupo de jóvenes que correctamente debe llamarse "la generación equivocada".

Se equivocaron al no analizar correctamente la situación de separación de poderes, y a la interpretación correcta de la capacidad del Congreso de la República para vacar a una persona que ocupó la Presidencia de la República y que —según parece— calculó todo su accionar político para lograr influencia en diversos sectores del Estado, de manera que tuviera la posibilidad de evadir las acciones antitéticas a la ley  y antiéticas a la función pública.

Se equivocaron al hacer caso a un sesgado médico radial que avalaba que salir a protestas al aire libre era seguro para evitar contagiarse del COVID-19, lo que fue el origen de la segunda ola que hoy vivimos.

Se equivocaron pues en seguir como borreguitos a quienes los azuzaron, sin pensar, sin leer, sin analizar y sin respetar la ley y el orden y creer en ideologías que históricamente han llevado a la ruina a muchas naciones.

A pocos días de ir a las urnas,  tanto los jóvenes de la "generación equivocada" como también todos los adultos, tienen la obligación primero de asistir y ser responsables votando por un candidato (el voto en blanco o viciado si bien puede ser una expresión de rechazo, es también una "lavada de manos" que solo contribuye a que existan partidos que puedan superar la valla electoral sin merecerlo), y para ello previamente informarse bien, no solo de los planes de gobierno (que pudieran ser muy literarios), pero también de las características personales  de los candidatos, principalmente de quien postula a la Presidencia de la República.

Entonces, es imprescindible NO ELEGIR a un Presidente que sea mentiroso, deshonesto, y que por su derrotero, por la historia de su vida, podamos determinar que estando en el poder le "interesará un pepino" velar por el bienestar del pueblo peruano o simplemente que no tenga las capacidades para conducir nuestro futuro próximo.

Sea responsable, infórmese bien; y también contribuya con el Perú: cumpla la Ley y mantenga el orden. 

 

 

Referencias

https://diariouno.pe/columna/la-vacancia-del-virrey/

https://elcomercio.pe/politica/vacancia-presidencial-destituidos-tres-mandatarios-noticia-482865-noticia/?ref=ecr

https://elpopular.pe/actualidad/2020/11/11/son-4-presidentes-vacados-congreso-37148

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/download/8962/9370/0

https://elcomercio.pe/politica/presidentes-peru-vacados-incapacidad-moral-informe-noticia-482083-noticia/?ref=ecr

EL SISTEMA DE DEFENSA NACIONAL Y SUS 41 AÑOS A LA DERIVA

 HORA DE SALVAR EL BARCO LLAMADO PERÚ

No cabe duda que el principal problema del Sistema de Defensa Nacional (SIDENA), es su falta de implementación. Desde su creación formal, en 1979, nunca pudo articularse adecuadamente, a pesar de los esfuerzos de dos instituciones que tuvieron un gravitante esfuerzo en desarrollar capacidades en los componentes del sistema: El Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado (CAEN-EPG), y la desaparecida Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (SEDENA).

En sus 70 años de vida institucional, el CAEN-EPG ha recibido en sus aulas a miles de profesionales, civiles y militares, impartiendo conocimientos en tres campos: Seguridad, Defensa y Desarrollo, a través de cursos de especialización, diplomados, maestrías y doctorados del más alto nivel en materia de seguridad nacional con la finalidad de disponer de personas calificadas para conducir a las instituciones que pertenecen al primer sistema funcional del estado peruano, esfuerzo que - sin embargo - no recibió el apoyo de la voluntad política para que se implante los conocimientos especializados dentro del funcionamiento estatal

Primer sistema funcional, porque es el único sistema, que además de incluir a todas las instituciones de la administración pública de los tres niveles de gobierno, también es el único de responsabilidad constitucional del Presidente de la República: en nuestra Constitución Política no existe otro sistema funcional cuya dirección se asigne al primer servidor del Estado.

Desafortunadamente, a lo largo de nuestra historia republicana reciente, nuestros dirigentes políticos persisten en mantener en vigencia  dos paradigmas equivocados: que la Seguridad Nacional es materia exclusiva de las Fuerzas Armadas,  y que las guerras son cosas del pasado y con ello acabado el riesgo de amenazas a la seguridad nacional que comprometan su periodo (presidencial) de 5 años. Este error, soslayado por muchos, solamente consigue retrasar las posibilidades para crear las condiciones que permitan alcanzar el bienestar general, causando - con su inacción - un grave daño al país.

Ad portas de iniciar la campaña electoral, que llevará a millones de connacionales a las urnas el próximo 11 de abril de 2021, resulta necesario que los partidos políticos interesados en el destino de nuestra Patria, destierren de su ideología partidaria esos paradigmas equivocados y consideren en sus planes de gobierno acciones estratégicas que permitan implementar y poner en marcha armónicamente a todos los engranajes que logren hacer funcionar correctamente al SIDENA.

En primer término, debe entenderse que el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, requiere de un staff de profesionales capacitados en seguridad nacional, bajo el concepto de la gestión pública moderna, vale decir del planeamiento estratégico del SIDENA implementado por medio de procesos, los cuales fueron determinados en 2013, y dentro los que se destaca los denominados procesos fundamentales: La Política de Seguridad y Defensa Nacional, la Estrategia de Seguridad  y Defensa Nacional, y el Planeamiento Estratégico de largo plazo.

Ese staff debe ser parte de  una entidad de alcance multisectorial y multinivel, que permita gestionar y articular al sistema. Recordemos que ya hemos cometido dos veces el mismo error, con el iluso pensamiento  de dar semejante tarea a una organización de tercer o cuarto nivel organizacional dentro de uno de los componentes del SIDENA, específicamente al fusionar por absorción a la SEDENA en el Ministerio de Defensa. No dio resultado en 2003, y tampoco en 2016; lo único que se consiguió con esa miopía  ha sido dispersar los recursos en agravio al erario nacional, dejando que la prevención de la seguridad nacional se efectúe sin coordinación o simplemente sea inexistente, colocando en jaque a la seguridad de todos, y así tenemos que, a pesar del tiempo transcurrido, “se sigue hablando de legalidad, de transparencia; de lucha contra: la corrupción, narcotráfico, terrorismo, crimen y delincuencia organizada, y desafortunada­mente, en los últimos años sólo se muestran cuadros estadísticos que no concuerdan con la calle” (Zegarra, 2017).

La seguridad nacional, no es materia de exclusividad de los militares, requiere el concurso de múltiples disciplinas y sobre todo del entendimiento de la gestión de su propios procesos, el manejo de la cosa pública, y la claridad del conocimiento de la interconexión existente entre los problemas que afectan a nuestro país, que deben obligar a coordinar  el esfuerzo sistémico de los componentes del SIDENA, implementando acciones estratégicas en los tres niveles de gobierno. 

En ese contexto, se debe tener en cuenta que la Política de Seguridad y Defensa Nacional, cuyo proyecto inicial se perdió entre luces de semáforo de la PCM en 2015, logró publicarse (con algunas mutaciones) en 2017, aún sigue sin implementarse, so pretexto que debe ser renovada para concordar con la Guía de Políticas Nacionales publicada por el CEPLAN en 2018, tres años después de la emisión del “Método para la formulación de la Política de Seguridad y Defensa Nacional” (ISBN 978-612-46927-0-3. Depósito Legal en la Biblioteca Nacional N° 2015-041712) desarrollado por la SEDENA.

Es inapropiado seguir dejando en stand by la implementación de esta política, pensando que debe adaptarse a la guía del CEPLAN. Se desconoce que el SIDENA es un sistema funcional especial, muy grande y por lo tanto, pretender que se incluya dentro del texto de política los servicios a proveerse, y los indicadores para  su cumplimiento y evaluación, harían que esta política se convierte en un super libro, pues tendría que formularse los servicios e indicadores de seguridad nacional inherentes a los 19 ministerios, 132 entidades adscritas a los ministerios, 16 entidades autónomas, 52 universidades públicas, 44 entidades de los gobiernos regionales y  1893  entidades que corresponden a los gobiernos locales, además de las entidades que conforman el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Por tal razón, es que esta política se diseñó para que se conciba con métricas que debieron materializarse en indicadores formulados coordinadamente con los componentes del sistema durante el proceso de implementación. Lamentablemente, desde su publicación en 2017 no se ha hecho sencillamente por falta de conocimiento, ya que ese expertise  era exclusivo de la Dirección General de Política y Estrategia de la SEDENA, y porque su transferencia del conocimiento fue truncada por el fatídico Decreto Supremo N° 061-2016-PCM que dejó en el limbo, una vez más, a la gestión y articulación del SIDENA.

Fatídico, porque también colocó en situación delicada al CAEN-EPG, restándole iniciativa administrativa al dejar de ser unidad ejecutora, lo cual ha llevado a que su organización esté dependiente de la buena voluntad de la administración ajena a sus claustros, generando inestabilidad en su planta orgánica, aunque - debo puntualizar - gestando una ejemplar capacidad de resiliencia demostrada con el impulso y desarrollo de  diversos programas académicos y de investigación, manteniendo a esa casa de estudios - a pesar de todo - en el sitial que soñara su fundador, el Gral Div José del Carmen Marín Arista.

Queda pues colocar las cosas en su verdadera dimensión: el SIDENA es un sistema funcional especial, diferente, e importante para el desarrollo y seguridad de todos, que no debe seguir sin la atención que obliga nuestra carta fundamental. En ese sentido, es menester que los funcionarios, directivos y servidores públicos comprendan que su planeamiento estratégico  es un proceso integral, permanente y dinámico, mediante el cual se armonizan los procesos de la seguridad y defensa nacional para concebir acciones, y adoptar previsiones de carácter multidimensional con la finalidad de: minimizar o superar las amenazas y preocupaciones de la seguridad nacional, y crear las condiciones propicias para alcanzar el bienestar general.

Algunos, que desconocen la realidad nacional, que no disponen de mirada estratégica, o que no les importa el interés nacional, dirán que es innecesario dar prioridad  a la implementación del SIDENA, ya que que en estos últimos 41 años no se ha comprometido gravemente al Perú y que si hemos vivido “sin problemas” graves tantos años, podríamos hacerlo otros tantos más, destinando  los recursos en la solución de otros temas de interés en el periodo presidencial (corto plazo). De ser así, seguiremos desperdiciando medios y perdiendo vidas por la falta de articulación en acciones estratégicas que sirvan para erradicar o mitigar problemas que guardan mucha conexión entre sí, como son - entre otros - el tráfico ilícito de drogas, el terrorismo, el lavado de activos, la corrupción, la minería ilegal, la contaminación ambiental, la trata de personas, la delincuencia común y organizada y los conflictos sociales que afectan la gobernabilidad, todos ellos animados por intereses ajenos a la Patria; en otras palabras seguiremos comprometiendo el Perú de las futuras generaciones. 

Eso debe cambiar, es hora de darle norte al país, esa es la obligación de todos y principalmente de quienes se comprometen a servir antes que todo al Perú.

BIBLIOGRAFÍA 

Zegarra, Fernando. (2017, Mayo 12). De la reacción al corto plazo:¿Jodiendo al Perú?. Diario Expreso- Perú  Recuperado de https://www.expreso.com.pe/opinion/de-la-reaccion-al-corto-plazo-jodiendo-al-peru/

Decreto Supremo N° 036-2013-PCM Reglamento del Decreto Legislativo N 1129, que Regula el Sistema de Defensa Nacional, 04 de abril de 2013

Decreto Supremo N° 061-2016-PCM que aprueba la adscripción de organismos públicos y la modificación de la dependencia, adscripción o fusión de instancias de la Presidencia del Consejo de Ministros a diversos ministerios