las amenazas contra
la seguridad de la población sobrepasan la necesidad de defender la soberanía
nacional. Esta problemática abarca otras dimensiones que requieren ser
protegidas transversalmente, para lo cual se debe observar sus relaciones de
causa y efecto, para garantizar las condiciones que permitan, a todos los
peruanos, alcanzar niveles de desarrollo en provecho del bienestar general y el
establecimiento de condiciones que garanticen la vigencia del sistema
democrático peruano.
El entendimiento de
esta configuración infiere la construcción de una política pública de
seguridad, que comprenda este enfoque multidimensional, para ser aplicada en
los tres niveles de gobierno en reemplazo a la última Política de Defensa y
Seguridad Nacional, aprobada mediante el Decreto Supremo N.° 001-B-2004-SG-DE,
que no contemplaba estos aspectos, y que además tenía el carácter de secreto,
por comprender campos militares.
Identificada la
importancia y necesidad de la Seguridad Nacional en el rol del Estado,
corresponde a la nueva Política de Seguridad y Defensa Nacional, como
instrumento de la gestión pública, concretizar de forma transversal sus
objetivos y lineamientos, dando soluciones a los problemas y necesidades
detectados a través de sus dimensiones demarcadas que tienen relación con las
amenazas, preocupaciones y desafíos que enfrenta el país, que no descuidan la
función primordial de proteger no solo los intereses nacionales, sino
fundamentalmente la independencia, la soberanía y la integridad territorial de
la República.
Bajo este
enfoque, la Seguridad Nacional adquiere una magnitud distinta, mucho más amplia
y trascendente, en donde la persona humana es el elemento central de protección
junto con el Estado, comprendiendo, por su esencia, las mismas dimensiones que
configuran al Desarrollo Nacional, generándose un espacio en donde las dos se
fusionan y quedan codefinidos. De esta forma, sus marcos de interacción son
conjuntos e indivisibles, generándose una interrelación de causa-efecto
directa, por lo cual, las decisiones o medidas que se tomen para un ámbito,
seguridad o desarrollo, impactarán directamente en el otro.
DIMENSIONES
Política, Económica,
Ambiental, Salud, Educación, Social y Tecnológica
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Gráfico 14
Así, la Seguridad Nacional se enlaza con
el Desarrollo Nacional, fijando sus fines en la búsqueda compartida del
bienestar general. En este marco, la seguridad es responsable de generar y
preservar todas las salvaguardas necesarias o suficientes para garantizar que
se puedan crear las condiciones y oportunidades que le permitan al hombre, en
la medida de sus posibilidades, satisfacer sus necesidades prioritarias, en
este caso, la seguridad y desarrollo humano.
La principal
característica de la Política de Seguridad y Defensa Nacional radica en la
necesidad de enfrentar los problemas de la Seguridad Nacional con una visión
multidimensional para que las acciones del Estado y de la sociedad en su
conjunto se realicen de manera coordinada y articulada, tanto en su
planeamiento como en la preparación e implementación en todos los niveles de
gobierno.
La Política de
Seguridad y Defensa Nacional, como política multisectorial, es comprendida en
la lógica de implementación de la Política de Modernización de la Gestión
Pública, considerando que los objetivos y lineamientos tienen como finalidad la
protección de la persona humana y el Estado, razón por la que el desplazamiento
articulado de la política se vincula con las políticas públicas (sistemas
funcionales) y los planes, programas y proyectos de los sectores de los tres
niveles de gobierno, para lo cual los sistemas administrados regulan la utilización de los recursos que se
necesita para la implementación de la Política de Seguridad y Defensa Nacional.
Asimismo,
considerando los avances del Proceso de Descentralización y su articulación
vertical de políticas públicas, se
requiere la actualización de la Política de Seguridad y Defensa Nacional al
nuevo contexto normativo socio-económico, ya que con la regulación del Sistema
de Defensa Nacional mejorarán las
condiciones para implementar la política, que es de carácter multisectorial,
con objetivos y lineamientos ajustados a los escenarios y al contexto nacional
e internacional.
1.1. Efectos de la Seguridad en el Desarrollo Nacional.-
Conocer la incidencia que tiene la
Seguridad Nacional para garantizar el bienestar general, que comprende la
protección de las personas y el Estado, y las acciones internas y externas de
fortalecer el desarrollo económico, es, primordialmente, entender la evolución
y la importancia de la seguridad en este mundo globalizado en donde las
relaciones económicos, las nuevas tecnologías y el acceso a la información han
configurado un nuevo orden de desarrollo mundial.
En este marco, la seguridad y el
desarrollo se interrelacionan, interactúan y articulan para lograr el objetivo
de lograr autonomía económica, permanencia de libertad y la autodeterminación,
cuando se trata de un país independientemente. El desarrollo es importante para
las naciones porque su atraso incide negativamente en la Seguridad Nacional. La
verdadera seguridad se logra cuando se alcanza el desarrollo de la Nación y
cuando las principales necesidades de su población son satisfechas con el uso
racional de los recursos y sistemas naturales, basados en una tecnología
respetuosa de los aspectos culturales y de los derechos humanos[1].
La estabilidad política del país depende
de su desarrollo económico, por lo que existe una estrecha relación entre la
violencia y la crisis económica. Los movimientos violentos, las presiones
sociales y económicas son consecuencias de las insatisfacciones de las
necesidades básicas (bienes y servicios públicos), la falta de medios
económicos[2], y
por el desacuerdo entre gobierno y sociedad acerca del uso racional de sus
recursos naturales.
En este sentido, la conexión
entre economía y seguridad no es superflua o forzosa, sino que es necesaria y
estrecha, pues el mantenimiento de las capacidades materiales de producción, la
creación del empleo (en cuanto a los efectos sobre el individuo en su economía
personal y de sus compromisos y aspiraciones) y las políticas de desarrollo del
Estado determinan las posibilidades de
supervivencia en el sistema internacional.
En esta perspectiva de seguridad
con enfoque multidimensional que se desenvuelve en un mundo globalizado, es que
se desarrolló el diagnóstico con la metodología descrita anteriormente, y que
conllevó a focalizar los problemas públicos relacionados a la seguridad
nacional, observándose que sus efectos influyen en el desarrollo, sobre todo en
el aspecto económico desde diferentes sectores y niveles de gobierno.
Conforme lo revela el constructo
general de la Seguridad Nacional, los problemas públicos con mayor
gravedad que se relacionan con el dinero
público o privado y que desde muchas direcciones afectan a la economía nacional
son la corrupción, el lavado de activos, la minería ilegal, el narcotráfico, la
inseguridad ciudadana, crimen organizado, incidentes cibernéticos, tráfico de
armas, deficiencias en los servicios judiciales y penitenciarios, inadecuada
gestión del Estado, y la limitada matriz energética. Todo esto amenaza la
inversión pública y privada. De la misma forma lo hace la depredación
ambiental, sobre todo en la Amazonía, la sobreexplotación de los recursos
naturales (forestales y marítimos), la inadecuada gestión del territorio y
ordenamiento territorial, ya que ponen en riesgo el desarrollo futuro del país.
Un visión holística de la
Seguridad Nacional, permite interrelacionar estas amenazas que interactúan en
la realidad nacional y solo la fuerza transformacional de la Política (Poder
Nacional) a través del Sistema de Defensa Nacional, permitirá construir en
forma articulada, intersectorial e intergubernamental —con la validación de la
sociedad— defensas estructuradas, bajo un enfoque multidimensional, para
enfrentar a las diferentes amenazas contra la seguridad y desarrollo, logrando
de esta forma la protección de la persona humana y del Estado, en un marco de
Desarrollo Nacional, que implica la seguridad económica, social, política,
ambiental, energética, cibernética y tecnológica.
La ausencia de una Política de
Seguridad y Defensa Nacional, con este enfoque multidimensional, conlleva a que
las amenazas se incrementen y se consoliden peligrosamente en la sociedad,
ocasionando daños graves a la persona humana y al Estado.
Gráfico N.̊ 15
II.
ALTERNATIVA
DE INTERVENCIÓN SELECCIONADA
La Constitución
Política del Perú establece que el Estado peruano garantiza la seguridad de la
Nación, para lo cual se requiere orientar la Política de Seguridad y Defensa
Nacional en defensa de la persona humana, asegurando la paz social y la
protección de los derechos fundamentales, además de la protección al Estado,
con lo que se asegure la soberanía, independencia, integridad territorial, el
estado de derecho y los intereses nacionales.
Esta perspectiva,
que concibe la seguridad con alcance multidimensional, permite afianzar el
Desarrollo Nacional y hacer frente a la problemática de seguridad que, en su
conjunto, representan la inseguridad ciudadana, la corrupción, el tráfico
ilícito de drogas, el terrorismo, los conflictos sociales, la ineficiente
gestión pública, los riesgos de desastres, contaminación ambiental, así como al
escaso desarrollo en ciencia, tecnología e innovación.
La creciente
necesidad de contar con recursos para enfrentar las amenazas a la Seguridad
Nacional en los diferentes ámbitos y su elevado costo, limita las posibilidades
del Estado para desarrollar las capacidades funcionales, operacionales y
tecnológicas necesarias para combatir las amenazas contra la seguridad. Esta
situación requiere que, en todo contexto y principalmente en el económico, se
prioricen los presupuestos destinados a la seguridad, particularmente a los
sectores Defensa e Interior.
Frente al
incremento de la violencia y la gran sensibilidad respecto a este tema, la
Seguridad Ciudadana se ha convertido en la principal preocupación de la
población, la cual demanda al Estado un mayor y mejor servicio policial, así
como un sistema judicial y penitenciario eficiente que complemente y coadyuve a
esta tarea.
Esta situación se
ve agravada por varios factores, entre ellos, la falta de institucionalidad del
propio sistema de Seguridad Ciudadana, la escasa cantidad de efectivos
policiales, la falta de equipamiento adecuado, la corrupción en sus diferentes
modalidades, los altos índices de hacinamiento penitenciario que limitan su
rehabilitación, incrementan los niveles de peligrosidad e impiden la
resocialización de los reclusos.
Por tal razón, se
consolidará la institucionalidad del Sistema de Seguridad Ciudadana en los tres
niveles de gobierno, articulando la acción policial con la participación
ciudadana y el incremento de personal con equipamiento tecnológico que permita
fortalecer las acciones de prevención del crimen y la plataforma de gestión.
Complementariamente,
el sistema judicial tendrá que ser dotado de recursos humanos y logísticos, así
como de una estructura y procesos adecuados que le permitan impartir el
servicio de justicia con mayor transparencia y el desarrollo de los procesos
judiciales en los tiempos oportunos.
De esta forma, se
fortalecerá el sistema penitenciario dotándolo con mejor infraestructura,
fomentando las asociaciones público-privadas para tal fin, y estableciendo un
mayor nivel de gestión resocializadora y transparente.
Los conflictos
sociales están relacionados principalmente a problemas socio-ambientales y de
demarcación territorial, lo que origina situaciones de disputa entre la
sociedad y el Estado como consecuencia de actividades mineras, en sus diversas
modalidades, las cuales además están relacionadas con la generación de
actividades delictivas como la trata de personas, explotación infantil y
depredación ambiental, que producen inestabilidad política e ingobernabilidad,
así como daños contra la vida de las personas y su patrimonio, incrementando la
percepción de inseguridad en la población y desincentivando las inversiones
nacionales y extranjeras.
Para enfrentar esta
problemática, se implementarán programas en los tres niveles de gobierno que
impulsen el mejoramiento de los canales de comunicación entre el gobierno y la
población, a través del desarrollo de
acciones efectivas de prevención de la violencia para detectar los
conflictos en etapa temprana, e incluso desde una perspectiva prospectiva, que
nos permita abordarlos antes que se configuren.
También se
articularán —intersectorial e intergubernamentalmente— esfuerzos para
establecer mecanismos de cooperación, colaboración y coordinación para la
atención de demandas sociales, diálogo, capacidad de conciliación y oportunidad
para desarrollar soluciones normativas, sociales y económicas.
Los efectos del
tráfico ilícito de drogas son una amenaza permanente para la seguridad y salud
de las personas, un perjuicio para la imagen exterior del país y un
distorsionador de la dinámica económica, por estar vinculados a actos de
corrupción y operaciones financieras de lavado de activos, situación que se ve
agravada por su nexo con organizaciones
terroristas, a los que financian sus acciones para su resurgimiento político
con la reactivación de su ideología en las universidades y gremios en general a
través de organismos de fachada, e incluso por el financiamiento a movimientos
políticos que buscan insertarse en la actividad pública. Es por esto que
resulta indispensable actuar de manera multidisciplinaria para promover el
proceso integral de reforma normativa, así como el alineamiento, concordancia y
coherencia de los indicadores de los planes nacionales destinados a luchar
contras estos ilícitos, y sus conexos.
Parte importante de
este cuadro general de problemas es que el territorio nacional no ha sido
integrado sistémicamente debido a la inadecuada gestión territorial, lo que
impide el desarrollo planificado y la identificación de la infraestructura
crítica nacional para el desarrollo de sus actividades económicas y humanas.
Estas variables negativas influyen en la generación y el escalamiento de
conflictividad política y social, que se produce entre otras causas, por la
incompleta delimitación territorial así como por el indebido aprovechamiento de
los recursos naturales. Estas situaciones constituyen riesgos de
fragmentaciones internas, dificultan las posibilidades de desarrollo y la
generación de oportunidades para la población, lo que impide avanzar en la
configuración de un sólido proceso de conexión entre los ámbitos urbano y
rural, así como en la consolidación de la Nación.
Para superar esta
situación adversa, se llevará a cabo el proceso estratégico para el
ordenamiento territorial que propenda a mejorar la capacidad de gestión y
abastecimientos de servicios del Estado, y a garantizar el desarrollo inclusivo
y articulado entre los distintos niveles de gobierno con las mancomunidades
regionales y la sociedad en su conjunto, integrando las zonas fronterizas y
mejorando la infraestructura del país, identificando los ámbitos prioritarios
para el bienestar del Estado Nación; al mismo tiempo se propenderá a que estos
cambios positivos coadyuven a garantizar la seguridad humana, la reducción de
la pobreza en el país y a cerrar la brecha social.
Contar con
autonomía productiva y diversificada de alimentos, energía, ciencia y
tecnología permitirá afirmar la Seguridad Nacional, lo cual involucra el
incremento de la investigación científica articulando los sectores público,
privado y académico, en la búsqueda de eficiencia y efectividad colectiva a
través del fomento del estudio y desarrollo de “clústeres”, acción conjunta que
también permitirá fortalecer las empresas del Estado relacionadas a la Seguridad
Nacional.
Habiéndose
establecido la sólida relación entre la seguridad y el desarrollo, y teniendo
en cuenta que este último tiene como elemento fundamental el soporte
energético, se debe priorizar el abastecimiento energético para un desarrollo sostenible,
es decir debemos priorizar el desarrollo que satisfaga las necesidades
actuales, sin comprometer la capacidad de desarrollo de las futuras generaciones.
Por tal motivo, la
previsión del crecimiento energético se hará bajo el fomento de nuevos
proyectos de fuentes renovables, priorizando el abastecimiento hidroeléctrico,
respetando los compromisos asumidos por el Estado, especialmente en aspectos
referidos a la seguridad ambiental; pero también incentivando el empleo de
tecnologías de consumo de gas natural y su uso en actividades domiciliarias,
transporte, comercio e industria. Esta previsión —desarrollada en forma continua,
suficiente, segura e inclusiva, así como la protección de las fuentes de
producción y transporte de energía— permitirá evitar riesgos que afecten a
nuestro crecimiento económico.
Por un lado, a lo
largo de nuestra vida republicana, el Estado no ha consolidado una cultura de
Seguridad Nacional, lo que se ve reflejado en una ciudadanía que no tiene un concepto
estandarizado e interiorizado del significado y los alcances de la Seguridad
Nacional, ya que esta ha sido identificada únicamente con aspectos militares,
sin lograr comprender la naturaleza diversa de los problemas que enfrenta y el
alcance de las dimensiones en las cuales se desarrolla.
Por otro lado, un
amplio sector de la población no cuenta con una adecuada educación que promueva
la paz social, lo cual incrementa los comportamientos delictivos, al igual que
la indiferencia de las autoridades regionales, municipales y de la propia
ciudadanía, quienes evitan involucrarse en esta problemática.
Por ambas razones,
se uniformizarán los conceptos de la materia y se promoverá su difusión en el
sistema educativo, para fortalecer la convivencia pacífica, el compromiso,
orgullo y la identidad nacional de los peruanos.
La imagen del Perú
se impulsará para proyectar al mundo, una nación que se desarrolla de manera
pacífica, que busca vigorizar su relaciones de cooperación, integración e
identificación de intereses comunes con los estados del orbe, poniendo énfasis
en los estados vecinos, con la finalidad de incrementar los niveles de
confianza que coadyuven a garantizar la paz y estabilidad en la región,
fomentando el principio de solución pacífica de controversias entre los Estados
y el respeto a sus instrumentos jurídicos correspondientes. Todo esto afianzará
los principios de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario
conforme a la Constitución y los Tratados Internacionales.
En ese sentido, la
comunidad peruana en el exterior se constituye en una herramienta de gran
importancia para tal fin, por lo que se impulsará su organización para afianzar
su identidad y compromiso en provecho de los intereses nacionales, pues además
de representar la décima parte de la población peruana, que contribuye con sus
remesas de una manera considerable al PBI nacional, constituye un elemento
clave de relación e interacción con los países donde radican sus integrantes.
Por ello, se
profundizarán las líneas de cooperación, en los ámbitos bilateral y
multilateral, y se reforzarán las acciones de integración regional. De la misma
forma, se ampliará la realización de labores conjuntas entre fuerzas armadas,
la integración de agendas en temas de seguridad, la promoción del intercambio
de experiencias, el combate a las amenazas a la seguridad internacional y el
despliegue de tareas de vigilancia y control de la Amazonía, cuya protección se
ha convertido en tema de interés mundial debido a su capacidad de disminuir los
efectos adversos que originan el cambio climático al absorber grandes
cantidades de dióxido de carbono.
En consideración al
gran porcentaje que territorialmente ocupa la Amazonía en nuestro país y como
parte de los compromisos asumidos por el Estado a nivel nacional e
internacional, se fortalecerá el control y protección de la Amazonía, y se
promoverá su desarrollo y ocupación ordenada respetando los ecosistemas y la
identidad social y cultural de las comunidades nativas.
De igual forma, se
incrementará la participación de nuestro país en acciones de política
internacional destinados a generar conocimiento científico y aspirar al mejor
desarrollo de nuestros intereses en la Antártida.
Por otro lado,
habiéndose alcanzado un elevado nivel de informatización a nivel nacional,
concordante con la tendencia global, se impulsará la creación de un Sistema
Nacional de Ciberseguridad, con la participación del sector privado y la
sociedad en su conjunto, que promueva la formación de especialistas para la
defensa del ciberespacio.
En este amplio
contexto, se fortalecerán las misiones constitucionales de las Fuerzas Armadas
y la Policía Nacional para incrementar las capacidades operacionales y recursos
humanos de estas instituciones, con la finalidad de garantizar la paz internacional y el orden
interno —a través de la integración de sistemas relacionados con la seguridad—
para disuadir, enfrentar, combatir eficazmente y eliminar a las organizaciones
terroristas y de narcotraficantes.
Siendo prioritario
el Desarrollo Nacional, se generarán las condiciones que permitan la
participación efectiva de las Fuerzas Armadas en el desarrollo económico y
social del país, y en la defensa civil, lo cual también favorecerá la
consolidación de sus vínculos con la sociedad, a fin de proteger y promover el
impulso a la consecución de los intereses nacionales.
Finalmente, en su
conjunto, la Política de Seguridad y Defensa Nacional fortalecerá el Sistema de
Defensa Nacional a través de la Secretaria de Seguridad y Defensa Nacional,
promoviendo y articulando la participación activa de todos los poderes del
Estado, sectores, organismos públicos, niveles de gobierno, y de la sociedad en
general, dentro del marco del Acuerdo Nacional, el Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional, y de conformidad al ordenamiento jurídico del Estado
peruano.
