MEA CULPA EN FIESTAS PATRIAS

POR LA SEGURIDAD Y DESARROLLO DEL PAÍS

Gobernar un  país como el Perú no es tarea fácil.Tenemos una población distribuida en una geografía variada y extensa que  a su vez tiene incorporada culturas y necesidades diferentes. Cada gobernante intenta satisfacer las necesidades de esta diversa población, sin embargo - con poquísimas excepciones - el curso cotidiano de la política, los intereses partidarios, las influencias económicas y el propio poder - complementado con un entorno particular - desvían la buena orientación perjudicando el curso democrático, lo cual incluso, puede  afectar la seguridad y el desarrollo nacional.

En estos dos años, la ciudadanía  ha venido incrementando  -en buena hora - su interés para que las autoridades elegidas mediante el voto popular o designadas por el Ejecutivo, respondan a las expectativas, cumplan sus promesas electorales o planes y sobretodo cumplan cada una de las funciones que la Constitución y la Ley señalan para todos ellos.

Existen grandes iniciativas y al parecer buena voluntad para avanzar en provecho del desarrollo nacional, corrigiendo grandes errores de administraciones anteriores como son, entre otros: 

• el olvido de las poblaciones marginadas, de los pueblos alejados,
• la falta de modernización de la gestión pública
• la reducida inversión e implementación de la infraestructura nacional
• el carente impulso para el desarrollo de industria con valor agregado
• la falta de cohesión e identidad nacional
• el irrespeto a la institucionalidad democrática
• deficiente lucha contra la corrupción
• limitada gestión de salud p´+ublica

Lamentablemente - seguro por ese ánimo de avanzar - se ha cometido el error de desconectarse con la población, olvidándose incluso de la propia iniciativa convertida en política nacional destinada a  lograr una mejor  gestión pública, donde la articulación interinstitucional, el gobierno abierto y electrónico se destacan como los ejes transversales, para conectar al gobierno con la ciudadanía.

Los errores, uno tras otro, han sido aprovechados por otros políticos para obtener réditos de la coyuntura quienes, muchas veces también olvidando el daño que pueden hacer al país pero anteponiendo su interés partidario para quedar en buen pie ante la población, no han perdonado nada y no dejarán de hacerlo. 

En estas  circunstancias se debe tener presente que los adversarios políticos seguirán destacando cualquier situación equivocada por más mínima que ella sea, y tampoco dudaran en magnificar los hechos. Por esta razón y a fin de superar este impasse se requiere primordialmente  materializar la  buena voluntad de quien constitucionalmente es responsable de dirigir la política nacional.

A pocos días de celebrar un nuevo aniversario patrio, es imprescindible, es urgente, realizar una adecuada introspección y no tratar de minimizar los yerros o hacerse el desentendido del tema.Si este auto-examen es sincero, se podrá colegir que el manejo político está cruzando por una tormenta política que requiere orientar el timón en  la mejor dirección en favor del país; y que se ha llegado a este clima, no por acción de los adversarios políticos, sino por propia mano.

Las manifestaciones públicas del 17 y 22 de julio son muestras que la población, apoyada por algunos colectivos de la sociedad civil,  seguirá mostrando su descontento porque el gobierno no está cumpliendo con materializar el diálogo que propugna llevar un mensaje de paz y entendimiento. Estas manifestaciones públicas, mientras se mantengan dentro de los parámetros democráticos, por un lado son saludables porque facilitan dejar atrás la tradicional indolencia ciudadana. Por otro sin embargo, constituyen una señal de alerta que nos indica que las cosas no están funcionando adecuadamente, más aún observando que constituyen la ocasión para algún partido político que sólo le interese hacer quedar mal al gobierno, y también porque estos reclamos públicos son susceptibles de la infiltración de radicales pertenecientes a la línea política del MOVADEF.

El 28 de julio constitucionalmente corresponde brindar en el Congreso de la República una "exposición detallada de la situación de la República y las mejoras y reformas que el Presidente juzgue necesarias y convenientes para su consideración por el Congreso". Esta es la gran oportunidad para dar muestras a la ciudadanía  que existe una verdadera voluntad de realizar cambios positivos, para lo cual  es necesario en primer término, reconocer todos los errores cometidos subrayando que, aunque no fueron ocasionados por mala voluntad, existieron factores  diversos que ocasionaron la adopción de malas decisiones, así de claro.

Este mea culpa, debe estar complementado con la declaración detallada de las acciones específicas con las que se corregirán los errores. Será obligatorio recalcar el respeto a las instituciones, la alternancia, el diálogo efectivo, la articulación interinstitucional, la consulta, la interacción con la sociedad civil. 

Asimismo deberá  destacarse que la dirección política nacional corresponde exclusivamente a quien el pueblo eligió; cualquier apoyo recibido de quien no ocupa un espacio en la administración pública no debe ser mencionado. Es innecesario  resaltarlo, pues los hechos en múltiples oportunidades han demostrado que contribuyen al buen gobierno e incluso a resaltar la imagen del país; pero continuar con las menciones honrosas, no solo desacreditan, sino también serán tomadas como aprovechadas intenciones electorales.

Recomendable sería también dar cuenta de la voluntad de mejorar la dirección política del país con el concurso de todos los Poderes del Estado, pues si bien constitucionalmente existe el principio de la separación de Poderes, el Estado es único e indivisible, y como señala nuestra carta magna,el Jefe de Estado es el Presidente de la República.

En blanco y negro, es necesario manifestar la voluntad de revisar exhaustivamente:

• La Ley 30056 Ley del Servicio Civil a fin de mejorarla e inclusive gestionar su derogación por las inconstitucionalidades existentes.
• La Ley del Servicio Militar modificada con el DL 1146 
• El Proyecto de la Ley Universitaria
• La elección de autoridades para promover a aquellos cuya única política sea el Perú

Finalmente, es conveniente destacar las futuras medidas efectivas en provecho de la seguridad y defensa nacional, específicamente en los aspectos relacionados a la lucha contra la corrupción, la seguridad ciudadana, la lucha contra el terrorismo, el tráfico ilícito de drogas, así como las medidas preventivas para atender desastres naturales, enfatizando la necesidad de implementarse el Sistema de Defensa Nacional, imprescindible para encaminarnos hacia el desarrollo nacional.

La noble intención de llevar al país del crecimiento económico hacia el desarrollo, no debe soslayar "la voluntad general de los pueblos", que cada día viene clamando mayores demostraciones, no declarativas, no mediante una carrerita de 5K, sino con hechos, guardando coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que señala la ley y su implementación efectiva, y también con la suficiente claridad y responsabilidad nacional para rectificar la ruta, cuando los objetivos planeados requieren un replanteamiento.


Recuperar el país es el clamor popular; la oportunidad de hacerlo está a la vuelta de la esquina.

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y SU OPORTUNIDAD HISTÓRICA

EN LA HORA CLAVE PARA CAMBIAR LA IMAGEN DETERIORADA

El Congreso de la República del Perú, el Primer Poder del Estado, tiene este 17 de julio la gran oportunidad de redimirse con el pueblo peruano asumiendo con honor la grave responsabilidad del cumplimiento de sus funciones: la convocatoria de la Segunda Legislatura Ordinaria del Período Anual de Sesiones 2012–2013 ampliada hasta esa fecha, tiene la finalidad primordial  que el Pleno del Congreso de la República se reúna para elegir al Defensor del Pueblo, a seis magistrados del Tribunal Constitucional y a los directores del Banco Central de Reserva del Perú. 

Como sabemos, el nombramiento de estas autoridades está pendiente desde el gobierno anterior, a pesar que se encuentra regulado por la propia Constitución Política, cuyo tenor  es bueno recordar:

• Los Directores del Banco Central de Reserva

  "Artículo 86.- El Banco es gobernado por un Directorio de siete miembros. El Poder Ejecutivo designa a cuatro, entre ellos al Presidente. El Congreso ratifica a éste y elige a los tres restantes, con la mayoría absoluta del número legal de sus miembros.Todos los directores del Banco son nombrados por el período constitucional que corresponde al Presidente de la República. No representan a entidad ni interés particular algunos. El Congreso puede removerlos por falta grave. En caso de remoción, los nuevos directores completan el correspondiente período constitucional."

• El Defensor del Pueblo

 "Artículo 161.- La Defensoría del Pueblo es autónoma. Los órganos públicos están obligados a colaborar con la Defensoría del Pueblo cuando ésta lo requiere.Su estructura, en el ámbito nacional, se establece por ley orgánica. El Defensor del Pueblo es elegido y removido por el Congreso con el voto de los dos tercios de su número legal. Goza de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas de los congresistas. Para ser elegido Defensor del Pueblo se requiere haber cumplido treinta y cinco años de edad y ser abogado.El cargo dura cinco años y no está sujeto a mandato imperativo. Tiene las mismas incompatibilidades que los vocales supremos."

• Los miembros del Tribunal Constitucional

"Artículo 201.- El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. Es autónomo e independiente. Se compone de siete miembros elegidos por cinco años.Para ser miembro del Tribunal Constitucional, se exigen los mismos requisitos que para ser vocal de la Corte Suprema. Los miembros del Tribunal Constitucional gozan de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas que los congresistas. Les alcanzan las mismas incompatibilidades. No hay reelección inmediata. Los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso de la República con el voto favorable de los dos tercios del número legal de sus miembros. No pueden ser elegidos magistrados del Tribunal Constitucional los jueces o fiscales que no han dejado el cargo con un año de anticipación."

Los Congresistas de la República en los últimos 20 años no gozan de prestigio y confianza de la propia ciudadanía que les ha brindado la oportunidad de representarlos para cumplir con las funciones  de legislar y fiscalizar: dando leyes, velando por el respeto de la Constitución y desarrollar a plenitud otras ocho funciones más, señaladas en el Art 102 de la Carta Magna.

A pesar que la ciudadanía no participa aún enérgicamente, por la mala actuación de sus legisladores, la rápida promulgación de la Ley del Servicio Civil, está siendo una muestra de lo que puede hacer una población indignada cuando se siente atropellada por la poca buena voluntad de gestión de las autoridades elegidas en las urnas.

Solo para muestra  de esta falta de voluntad, tenemos:

• La indolencia para dar  cumplimiento al Procedimiento de control sobre la legislación delegada, exclusivamente para el caso de los decretos legislativos que contravengan la Constitución Política o excedan el marco de la delegación de facultades otorgadas por el Congreso.Nadie dijo "esta boca es mía" en el Congreso, nunca se recomendó la  derogación o la modificación para subsanar el exceso o la contravención,en el tema de la modificación de la Ley del Servicio Militar, que ha llegado incluso a que el Poder Judicial detenga el sorteo previsto en el Decreto Legislativo N° 1146.
• La aprobación del proyecto de la Ley del Servicio Civil, sin una adecuada revisión, sin haberse hecho acumulación de los textos sustitutorios, habiéndose oído a los gremios pero sin escucharlos, sacándose la aprobación del pleno "contra viento y marea" al mismo estilo de antaño: al carpetazo, la mayoría manda, aunque las razones  digan lo contrario, todo por consigna partidaria. La respuesta se recibe en las calles y toda la buena gestión gubernamental - estabilidad económica de por medio - se pone en riesgo por la terca postura de alguien que no cavila adecuadamente.
• La determinación de candidatos para ocupar los cargos, principalmente en el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, ha dado el triste espectáculo de la repartición de un botín, más que la equilibrada selección, donde primordialmente prime los intereses del Perú, antes que los particulares o partidarios. 

“Fue como una repartija. Un reparto es un acuerdo lógico que se tiene que dar en el Congreso entre distintas fuerzas, pero se convierte en repartija cuando lo desnaturalizan en su esencia. En lugar de buscar a personas idóneas para encargarse del TC han puesto a abogados que tienen militancia política”, dijo en declaraciones para RPP el Congresista Mauricio Mulder, describiendo, en efecto lo sucedido en el Congreso.

“De la noche a la mañana le han dado tres cupos al nacionalismo. El fujimorismo ha venido con la consigna de aceptar lo que sea por meter a (Rolando) Souza y no es constitucionalista, es penalista”, criticó. En ese sentido, Mulder cuestionó directamente la postulación de Pilar Freitas, ex procuradora cercana a Alejandro Toledo, a la Defensoría del Pueblo. “El señor Toledo ha mandado a decir, a través de su vocero, que la Defensoría del Pueblo es de PP, como si fuera una propiedad”.....Todo  lo que refleja una pobrísima actitud del Primer Poder del Estado.

Mas allá de los intereses partidarios, está siempre el Perú. El propio Presidente de la República,  a través de RPP, ha recalcado en reciente entrevista que "uno como Estado y como Gobierno tengo la obligación constitucional, así no quiera, que es de defender la propiedad privada, como tengo que respetar el estado derecho y fortalecer la independencia de los poderes del Estado".

Dijo también, que su visión de país, es una visión de largo plazo en la cual podamos consolidar las instituciones. Si pues, el respeto al Perú, es el respeto a las Leyes y las Instituciones.  Las instituciones tienen reglas que las sostienen y las instituciones fundamentales las regula incluso la propia Constitución, como es el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional, los Directores del Banco Central de Reserva y el Defensor del Pueblo.

La responsabilidad del Congreso para nombrar a las autoridades más idóneas a los cargos señalados debe ser tan independiente que en el supuesto negado de infracción constitucional, el propio Parlamento tenga la libertad de acusarlos en acatamiento del Art 99° de la Constitución Política.

El Presidente del Poder Legislativo  ha señalado hoy que existen magistrados, como el presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, que tuvieron vínculos con los tenedores de los  bonos agrarios.“Urviola ha sido ejecutivo del Banco de Crédito, por lo que no podría tener imparcialidad al momento de dar el fallo”, razón por la que el procurador del Congreso ha interpuesto una solicitud ante el colegiado, a fin de que sus miembros se inhiban de votar sobre el caso del bono agrario.

Este mismo criterio debe observar el Pleno del Congreso, guardando coherencia con el respeto a la independencia de los poderes, guardando coherencia con el respeto de la institucionalidad democrática, guardando respeto al pueblo del Perú.

Entonces, sería un grave error de todos los Congresistas de la República que, este histórico 17 de julio, saquen  como sea el nombramiento de estas autoridades(voto en bloque,"intercambio de figuritas"), porque simplemente tienen los votos, sin observar la más importante calificación: Que las autoridades por elegir no  representen a entidad ni interés particular alguno.El único interés de ellos,debe ser siempre el Perú.

La historia os juzgará!