EL CAOS DE LA DEMOCRACIA VENEZOLANA:LA FLECHA LANZADA

LIDERAZGO EN UNASUR Y LA OPORTUNIDAD PERDIDA

Tras catorce años de gobierno de Hugo Chávez en la República Bolivariana de Venezuela, aparece como su "sucesor" Nicolás Maduro quien, abusando del poder heredado ha conseguido finalmente juramentar al primer cargo público de ese país, en medio de  protestas y conflictos por un proceso electoral que  dio muestras de ser totalmente inequitativo, parcializado y hasta abusivo, lo cual  augura que la gobernabilidad y buen gobierno difícilmente pueda llegarles en los próximos años.

La población venezolana se encuentra claramente dividida principalmente por el efecto de un esquema populista que el gobierno de Chávez puso en marcha para mantenerse en el poder y que ahora Maduro intentara continuar, aunque probablemente con torpeza  que tarde o temprano, redundará en el descontento general.

Un cúmulo de hechos han revelado la intencionalidad de Maduro para quedarse en el poder, empezando por la prolongación de la fecha de juramentación de un moribundo Chávez, al que se suma la posesión de la Presidencia con la complicidad de Diosdado Cabello, Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Ni que decir del apresuramiento para efectuar los comicios, de la campaña electoral de Maduro con el servilismo del aparato estatal que incluyen por cierto al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal Constitucional; y para  añadir más leña al fuego, la fuerte  represión - con siete muertos - que obligó al candidato opositor Henrique Capriles Radonski a suspender las marchas y protestas en las calles y plazas, para reemplazarlas por cacerolazos domiciliarios y no dejando de incidir en su solicitud de recuento de votos, presentada el 17 de abril cuando denunció en su cuenta de Twitter que "El Comando (Simón Bolivar) esta en el CNE,el reconteo y revisión solicitado es papeletas, actas y cuadernos de votación!"

En ese contexto, el Perú al encontrarse a cargo de la Presiencia Pro tempore y en acatamiento de lo prescrito en el artículo 2° del "Protocolo adicional al Tratado constitutivo  de UNASUR sobre compromiso de la democracia" convocó al Consejo de Jefes de Estado a sesión extraordinaria, el día previo a la segunda juramentación de Maduro, como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.


Llama la atención las críticas que hubieron sobre este procedimiento, particularmente la del ex presidente Alan García, quien en mayo de 2008 firmó a nombre de todos los peruanos nuestra adhesión a UNASUR, juicios que tal vez   ignoraban la existencia de esta regulación, que el Perú no podía soslayar.

La responsabilidad  no podía obviarse, y tampoco la oportunidad  de primer orden para ejercer liderazgo, que se vio materializado con la plena asistencia -en tiempo forzado - de los Jefes de Estado integrantes de UNASUR, lo cual fortalece a la organización y por cierto beneficia al Perú.

¿Qué podía acordar el Consejo de Jefes de Estado sin tener el informe de la Misión de Acompañamiento Electoral? No mucho, sino enmarcarse en el derecho internacional público y el respeto a la soberanía de las naciones, estipulados en la Carta de las Naciones Unidas y el Tratado constitutivo de UNASUR. 

Para poder intervenir aplicando sanciones, era necesario disponer de pruebas que señalen claramente que el orden constitucional  haya sido violado. Lamentablemente, el proceso electoral no solo fue validado por el Consejo Nacional Electoral, sino también respaldado por el Tribunal Constitucional venezolano, lo cual indica que la elección estaba validada de acuerdo a las leyes de ese país, aunque todos conocemos que en realidad la democracia sigue siendo vulnerada y con ella los derechos de los ciudadanos venezolanos que no se encuentran de acuerdo con el régimen ciertamente dictatorial de Maduro y que penosamente es respaldado por la otra mitad de la población, quizás por ser beneficiada económicamente.Por eso, resulta saludable -mientras informe oportunamente - la constitución de una  Comisión de UNASUR para acompañar la investigación de los hechos violentos del 15 de abril pasado.

Aunque muchos hubieramos querido que UNASUR no reconozca los resultados de la elección  en los comicios de Venezuela, debemos considerar que el Consejo de Jefes de Estado se encontraba amarrado a las atribuciones de UNASUR, a las regulaciones internas de Venezuela  y por cierto a los intereses particulares de cada país miembro, especialmente de aquellos que tienen pendiente compromisos económicos, que no es el caso del Perú.

Entonces la actitud del Perú de convocar al Consejo de Jefes de Estado de UNASUR es totalmente válida y positiva desde el punto de vista de respeto al Tratado constitutivo, y también observando la perfecta ocasión para ejercer y demostrar liderazgo. Sin embargo este análisis estaría incompleto si no observamos la actitud del Perú como país individual.

Si bien nuestra Constitución Política establece que los Tratados celebrados por el Estado forman parte del  derecho nacional - y  por eso no debemos intervenir en los asuntos que son "esencialmente de la jurisdicción interna" de otros estados -  también es cierto que  nuestra carta magna preconiza el  respeto a los derechos y libertades personales lo cual es concordante con la Carta de las Naciones Unidas y la promoción de la democracia representativa que señala la Carta de la Organización de Estados Americanos.

En ese marco, era  parte del protocolo saludar a quien gana una elección popular refrendada por su máximo ente electoral,sin embargo para ser coherente con los principios democráticos el saludo y los buenos deseos en la gestión debieron ser acompañados  con la ausencia presidencial en la ceremonia de juramentación. 

Para magnificar esta ausencia como un signo de promoción a la democracia,  la gestión del Ejecutivo para la autorización de salida del país del Presidente, no podía ser obviada, pues hubiera sido incoherente que estando a cargo de la Presidencia Pro tempore se decida no asistir al evento, que como muchos apreciabamos iba a arribar al acuerdo del Consejo de Jefes de Estado con  conclusiones parecidas a las producidas.

Si decimos que la gestión del Ejecutivo estaba en el cauce adecuado, no es antitético a la previa proposición de ausencia en la ceremonia de juramentación, pues una cosa es la coherencia con el ejercicio de la Presidencia Protempore de UNASUR y otra la concordancia con los principios democráticos que nos gobiernan. En ese derrotero, todas las fuerzas políticas distintas a la del oficialismo, debieron concurrir en el voto negativo para la asistencia a la ceremonia de juramentación. Lástima que Alejandro Toledo influyó para que se otorgue la autorización ( y que luego de tirar la piedra esconda la mano), lástima que faltó completar esta idea estratégica.

SI se hubiera producido la ausencia del Presidente Constitucional del Perú a la juramentación de Nicolás Maduro, en razón de la negativa de autorización del Congreso de la República, hubieramos dado una muestra de respeto a la institucionalidad y equilibrio de poderes, y en este momento estaríamos mostrándonos ante la comunidad internacional como un país líder en el ámbito regional  que respeta y promociona la democracia.

CAPACIDADES DE LOS MIEMBROS DE LAS FFAA Y PNP

UNA AUTÓGRAFA DE LEY CON PIEDRAS EN EL CAMINO

La gran mayoría de Oficiales de las Fuerzas Armadas se forman profesionalmente, a lo largo de su carrera militar, en diferentes escuelas, universidades y centros académicos nacionales o extranjeros. Esta preparación académica combinada con la rica experiencia que los años de servicio le permiten recorrer por diversos cargos de responsabilidad, finalmente multiplican sus capacidades y competencias que, en verdad, hacen que el viejo adagio que reza que "lo único que no puede hacer un soldado, es parir", cobre relevancia.

Además de las propias ciencias militares, el desarrollo profesional de un Oficial de las Fuerzas Armadas involucra otros campos como son: administración de recursos humanos, recursos logísticos, investigación y desarrollo, relaciones públicas, gestión y administración pública, evaluación de sistemas, auditoría, finanzas, contabilidad, etc. Estas posibilidades, por cierto, no son de exclusividad nacional, pues los militares en todas las latitudes y longitudes, con mayor o menor incidencia, atravesamos por similares experiencias y vicisitudes, que enriquecen las competencias profesionales y que son reconocidas mucho más  por otras sociedades ajenas a la nuestra.

La iniciativa de la Congresista Luisa María Cuculiza Torre, mediante el Proyecto de Ley Nº 466, complementada por otros proyectos  presentados por los congresistas miembros de la Comisión Especial multipartidaria de seguridad ciudadana (PL 759), del propio Ejecutivo (PL 1182) y del congresista Alberto Beingolea Delgado (PL 1419), permitieron que el pasado 17 de octubre, el Congreso de la República aprobara el texto sustitutorio que unificaba los proyectos de ley antes mencionados, emitiéndose la correspondiente autógrafa de ley (que curiosamente aparece enmendada) remitida a Palacio de Gobierno el 29 de octubre, para el correspondiente trámite de ley.

Durante el debate en el parlamento se destacó algunas verdades, generalmente admitidas por  la opinión pública, como son:

1. Las remuneraciones y pensiones de los miembros de las FFAA y PNP no son adecuadas, son exiguas.

2. Los miembros de las FFAA y PNP a diferencia de otras profesiones, arriesgan sus vidas diariamente en la lucha contra la delincuencia y en defensa de la seguridad nacional.  
3. Percibir una pensión no es desempeñar un empleo. La Constitución no prohíbe, que se cobre una pensión y se cobre un sueldo. El sueldo se le paga por el  trabajo  que hace, y la pensión por el derecho que adquirió después de haber trabajado un determinado número de tiempo al servicio del Estado o al servicio de un particular.

De la argumentación y opiniones vertidas por los parlamentarios, podemos inferir lo siguiente:

1. La ley aprobada es totalmente independiente al proyecto de ley destinado a mejorar las remuneraciones y pensiones de los miembros de las FFAA y PNP.
2. Los beneficiados con la ley aprobada son un porcentaje reducido de personal de las FFAA y PNP, principalmente en situación de retiro.
3. Los congresistas de la República desconocen las potencialidades de los Oficiales de las FFAA y PNP. Al limitar su posibilidad a desarrollar labores exclusivamente en áreas de la Seguridad Nacional y Seguridad ciudadana, soslaya la preparación y experiencia en diferentes aspectos que fácilmente pueden competir con otros profesionales. Ya se dijo, la capacitación y el perfeccionamiento de estos hombres y mujeres, trasciende a las ciencias militares y desperdiciar su potencial, es simplemente desperdiciar el dinero y el tiempo que todos los peruanos invirtieron en su preparación.
4. Asimismo, considerar que el personal en situación de actividad realice una actividad pública paralela, no solo es antitético a la Constitución, también afecta la efectividad cuando preste servicios en su Unidad.

Sobre el último punto llama la atención que a pesar de lo advertido inicialmente por la Congresista Chávez Cossío y posteriormente por el Congresista León Rivera, no se haya  realizado modificación alguna al texto sustitorio aprobado.

La Congresista Chávez hizo notar que: En lo laboral existe el principio de primacía de la realidad. Es decir que lo que podamos decir (en la ley) no es válido frente a lo que sucede en la realidad. Los contratos de naturaleza privada o civil que señala la autógrafa de ley son para personas que van a realizar función pública. Por tanto, la autógrafa es inconstitucional.

Por su lado el Congresista León Rivera, luego del cuarto intermedio pedido para revisar el texto sustitorio (que finalmente no se modificó), precisó  antes de la votación lo siguiente: "no necesitamos ser grandes abogados para entender que esto que estamos aprobando sí podría colisionar con la Constitución y esto podría ser en su momento declarado inconstitucional (por afectar el art 40º) y por eso es que hoy día se está generando una expectativa probable que después estemos lamentándonos.Entonces, propongo que la Comisión de Constitución debiera pronunciarse para evitar esta inconstitucional posteriormente" No fue escuchado y de inmediato se produjo la votación que aprobó la la ley, seguida de la exoneración del segundo  escrutinio.

Si añadimos la misteriosa enmienda a la autógrafa, que siendo publicada el 17 de octubre  en el portal del Congreso, tiene ahora como fecha el 29 de octubre, (nótese el cambio de tipo de letra) que lógicamente amplía el plazo ( de 15 días) para su promulgación hasta el 21 de noviembre, acaso ¿no podríamos pensar que todo esto es una maniobra destinada a dilatar el otorgamiento de derechos a los miembros de las FFAA y PNP? 



Esperamos estar equivocados.En todo caso, este 21 de noviembre el Ejecutivo tiene tres caminos:

1. Promulga la ley tal cual se encuentra, que sería incostitucional por los argumentos vertidos por los dos congresistas antes señalados.
2. Presenta las  observaciones que hubiera que hacer sobre el todo o una parte de la ley aprobada en el Congreso.
3. No emite ningún tipo de respuesta, en cuyo caso la promulgación estaría a cargo del Congreso, con la incostitucionalidad incluida.

Ojala que la sensatez se imponga: que se haga  las observaciones que atentan contra la Constitución Política del Estado, y que  también se amplíe el campo de acción para que el personal de las FFAA y PNP en situación de retiro, pueda prestar servicios - además de las áreas de seguridad nacional y seguridad ciudadana - en cualquier campo de la gestión pública en la que se encuentre calificado.

BUSCANDO UNA SOLUCIÓN PARA DISEÑAR LA ESTRATEGIA MILITAR EN EL VRAEM

El Presidente Constitucional de la República, Ollanta Humala Tasso, durante su campaña para  ser elegido a la más alta investidura política de nuestro país, tuvo como bandera  la lucha contra: la pobreza, la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo. Para confirmar dichas promesas, realizó un pronunciamiento público, denominado "Compromiso de Ollanta Humala en defensa de la democracia y contra la dictadura". Así, el punto 9 de dicho compromiso, que puede ser encontrado en el portal de la Presidencia de la República del Perú (www.presidencia.gob.pe), señala claramente: "Será prioridad de mi gobierno luchar eficazmente contra la inseguridad ciudadana, el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado".

La implementación de la voluntad política, en lo que se refiere a la lucha contra el terrorismo recae sobre el Ministerio de Defensa y todos los órganos que lo componen, siendo el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) el encargado de planificar, organizar, dirigir y conducir la operaciones y acciones  militares conjuntas de las fuerzas armadas en función de los objetivos de la política de seguridad y defensa nacional.

Lamentablemente, los resultados del empleo de las fuerzas de seguridad  en el VRAEM no han sido muy halagadores, recibiéndose múltiples críticas sobre el particular y ocasionando la caída de más de un Ministro de Estado, así como el cambio de colocación de un General de División Comandante General de Región Militar, en lo que va del presente gobierno.

Algunos analistas han señalado que Humala, por ser militar en situación de retiro, creía que podía derrotar al terrorismo en el VRAEM, antes del año 2016. Los eventos señalan, que difícilmente podría lograr ese anhelo, a menos que adopte una adecuada y efectiva reacción en el campo de batalla.

Voluntad existe, tal es así que el pasado 16 de octubre, tras las críticas de falta de liderazgo político, decidió redefinir la estrategia militar y de inteligencia contraterrorista y "preocupado por la situación e incómodo porque las instrucciones impartidas a los altos mandos no habrían estado dando los resultados previstos, el mandatario convocó a los comandantes generales del Ejército, Jorge Moncada; de la Marina, Carlos Tejada; y de la Fuerza Aérea, Pedro Seabra. Reunión a la que no fue convocado el titular de Defensa, Pedro Cateriano", ni el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Más allá de las connotaciones políticas, por la ausencia del Ministro de Defensa y del Jefe del CCFFAA, Humala olvidó por completo que las Instituciones Armadas tienen por función "ejecutar las acciones de preparación, educación, capacitación, organización, mantenimiento y equipamiento del componente" terrestre, naval o aéreo, según corresponda, vale decir tener listas a a las tropas para que el CCFFAA las emplee en operaciones.

Una buena noticia para Humala, aunque mala para el Perú, es que los resultados en el VRAEM, militarmente, no han sido favorables desde su creación como Comando Especial en el año 2008. Una  rápida consulta en los buscadores de internet, noS revelarán que pocos han sido los logros, muchas las bajas, como también las justificaciones de los generalísimos comandantes responsables: tanto de la preparación de la fuerza, como de la ejecución de las operaciones.

Uno de los principales problemas, que no se logra superar, es que probablemente no se nombra a las personas más idóneas para los cargos de comando y estado mayor responsables del planeamiento y ejecución de las operaciones; además de los asuntos administrativos que no logran satisfacer las necesidades de las tropas y que incluso han tenido tintes de malos manejos, denunciados públicamente y aún no corregidos adecuadamente.

Las operaciones deben ser planeadas  en todos los niveles desde  el CCFFAA, los Comandos Operacionales y las Grandes Unidades y Unidades de combate. En esa cadena, particularmente en los niveles más altos, es donde se cometen las apreciaciones y decisiones equivocadas, tal vez porque muchos de esos comandos, no tuvieron la experiencia  de ser "patrulleros" (entiéndase que integraron  patrullas de combate) en sus años de oficial subalterno; algunos, con distinciones académicas y con cargos de confianza que les permitió alcanzar  los más altos grados del escalafón militar; otros que sí fueron ejecutantes "patrulleros" y con facilidad idiomática, cuya acumulación de puntaje les favoreció llegar a la cúspide de la organización, pero en las dos situaciones, no conjugando las competencias necesarias para  configurar soluciones inteligentes y efectivas, que la responsabilidad nacional exige.

En las Fuerzas Armadas y específicamente en el Ejército del Perú, existe unos ochenta Oficiales Generales, distribuidos en los diferentes niveles de organización del sistema de seguridad y defensa nacional, pero son poquísimos los que participan directamente en la lucha contra el terrorismo en el VRAEM, por razones obvias de la estructura organizacional.

La cantidad de bajas, los efectos negativos para la economía nacional y la imagen internacional de nuestro país, urge adoptar una medida que permita superar esta debilidad, que no se va a resolver creando un Destacamento nuevo en La Convención, ni aumentando la cantidad de bases contraterroristas, si es que no se tiene la estrategia apropiada, si teniéndola  no se implementa adecuadamente, peor si no se cuenta con los medios y pertrechos militares necesarios. 

La intención del Presidente, de redefinir la estrategia militar y de inteligencia contraterrorista, es un completo acierto, lo que creemos que no sea así, es el procedimiento empleado. El Presidente debe reconocer que el cargo, no le da la sabiduría necesaria para resolver el problema, ni mucho menos su experiencia como Jefe de Base Contraterrorista en Madre Mía. 

Lo que si tiene  es la capacidad de disponer de las FFAA para resolver el problema, pero no de la forma como se ha realizado en los últimos años, porque  de  lo contrario, el resultado será más de lo mismo.

No se pretende en esta columna, proponer la estrategia militar, pero si recomendar una forma de como encontrarla. Como se dijo en el Ejército del Perú existen unos ochenta Oficiales Generales, con diferentes capacidades, experiencias y competencias, a los que se les suman 18 nuevos  oficiales que alcanzaron los soles radiantes en el último proceso de ascenso.

Todos ellos, son los "más calificados" de la fuerza terrestre y por lo tanto, capaces de encontrar diversas vías de aproximación para la aplicación de procedimientos efectivos en el campo de batalla, a fin de alcanzar éxitos en la lucha contra el terrorismo.

Se propone entonces, realizar un cónclave de estos altos oficiales, para que organizados adecuadamente, estudien el problema, lo analicen y finalmente propongan soluciones que permitan superar los años de deficientes resultados en la lucha contra el terror, en el VRAEM. A ellos pueden sumarse, distinguidos congresistas de origen militar, así como otros oficiales generales que tuvieron la oportunidad de ocupar cargos importantes dentro del sistema de seguridad y defensa nacional.

Es de esperar que del "brain storming" que pueda producirse de este conglomerado de mentes calificadas y distinguidas, llegue a superarse las limitaciones que tuvieron algunos de los comandos responsables de la lucha contra el terrorismo en el VRAEM, sea por su falta de experiencia, conocimiento o liderazgo.

El "Compromiso de Ollanta Humala en defensa de la democracia y contra la dictadura" finaliza así: "Juro ante Dios, ante la Historia y ante mi pueblo que cumpliré estas promesas y seré un Presidente que solo actúa dentro de la Constitución y el Estado de derecho.

Tienen mi palabra."

La obligación de todo peruano, establecida en la Constitución Política del Estado, exige participar en la Defensa Nacional.

La propuesta está hecha. Esperamos la palabra del Presidente Ollanta Humala.

FOMENTANDO LA LIBRE OPINIÓN EN FAVOR A LA DEMOCRACIA

"LOS PUEBLOS TIENEN EL GOBIERNO QUE SE MERECEN" Gaspar Melchor  de Jovellanos

Carl Gershman, Presidente de la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés) durante  la Conferencia denominada “La democracia en el Perú: avances y retos de hoy” realizada  en las instalaciones del Museo del Congreso y de la Inquisición, expresó su especial beneplácito por los avances en provecho de la democracia en el Perú, destacando  las magníficas oportunidades que tiene nuestro país para establecernos como el referente y abanderado latinoamericano, no solo por las muestras de progreso democrático, sino  también por la especial ubicación geográfica  del Perú que permite ser el centro de múltiples cumbres y actividades internacionales, acompañadas de un crecimiento económico estable que favorece nuestra imagen internacional. Habló también de algunas debilidades de algunos gobiernos que  dicen ser democráticos pero que no desarrollan acciones que reflejan tal concepto.

La democracia, ha sido desde los tiempos de la antigüedad la mejor forma de gobierno  que haya existido, pero no existe duda que la perfección es difícil de alcanzar, pues depende del deseo efectivo de cada pueblo en robustecerla, no únicamente como forma de gobierno sino incluso como forma de vida.

Si bien es cierto que las evidencias expuestas por Carl Gershman son halagadoras, sabemos que tenemos muchísimo trabajo por delante, si de verdad queremos impulsar nuestra imagen internacional a través de un verdadero compromiso para merecernos un mejor gobierno y una alentadora gobernabilidad, que redundará favorablemente en el progreso y desarrollo nacional.

Nuestra carta política establece que "los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas, conforme a ley" (Art 35º), sin embargo  la mayoría de peruanos recurren al facilismo de no participar en el proceso político de la sociedad, tal vez porque aún no ha sido posible sacudirse de  la indolencia de esclavo que heredamos de los años de dominación colonial. Por eso es común escuchar frases como "no tengo tiempo", "no es mi responsabilidad, para eso están los políticos", "soy apolítico", "no puedo asistir a la reunión pero estoy de acuerdo con la mayoría", etc 

También es cierto que los dirigentes políticos, convenientemente han retrasado el fortalecimiento de los partidos políticos en contraposición a lo propuesto en  la Constitución del Estado, creando ante la opinión pública primero división y luego desanimo para su impulso. En primer término están los "padres de la Patria" que por años  prolongaron la aprobación de la  "Ley de Partidos Políticos" (Nº 28094) que aunque promulgada en 2003, un día como hoy, aún no se vitaliza adecuadamente en la práctica.

Por eso observamos que las organizaciones políticas solamente brillan durante las campañas electorales y muchas de ellas se olvidan del Perú y también  de promover el desarrollo de sus cuadros (tal vez por el interés de los propios líderes del momento), cuando deberían mantenerse activos, estudiando las mejores soluciones para los problemas del país, mejorando sus propuestas de planes de gobierno, capacitando a sus cuadros, desarrollando actividades que promuevan la participación de la sociedad, haciendo que el peruano de a pie opine, motivando a la libre  expresión de ideas para brindar ingeniosos aportes , de esos que los peruanos sabemos que podemos otorgar, y  no limitándose a la crítica destructiva o convenida por intereses particulares que no le hacen nada bien a la sociedad peruana.

La participación ciudadana es importante para el crecimiento democrático de nuestro país. Debemos tomar conciencia que nuestra obligación democrática trasciende el voto en las urnas, que mientras no aportemos una solución a cualquier problema nacional, formamos también parte del problema. De allí la necesidad de fomentar el fortalecimiento de los partidos políticos y el pleno ejercicio de las  "libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos".

Y en este punto, me detengo para resaltar que ningún gobierno puede arrogarse el título de democrático, si en forma efectiva no asegura que estas libertades no tengan jamás la mínima amenaza para quien en ejercicio de sus derechos constitucionales lo haga por medio  de la palabra oral, o escrita o la imagen, incluso colocando el dedo en la llaga revelando verdades que puedan molestar a quien ostente un alto cargo público.

Los gobernantes y autoridades públicas, deben aceptar que mientras exista  variedad de opiniones se obtendrá mejores argumentos para la gobernabilidad del país. Si bien es cierto las autoridades políticas, llegan a sus cargos mediante el voto popular o por designación de algún funcionario del Ejecutivo, eso no les otorga el conocimiento y mucho menos la experiencia que otros ciudadanos puedan tener sobre un tema en particular.

En nuestro país, lamentablemente esas libertades no están plenamente aseguradas, pues existe amenaza muy disimulada para quien opina algo que no le guste a quien ostente el poder a través de un cargo público. Por eso las restricciones de algunas publicaciones en algunos medios de información, por eso también las renuncias provocadas de algunos servidores o funcionarios públicos que "osaron" en advertir de algún yerro de la administración. Así, no fomentamos la democracia, así no forjamos la República.

Las hoy autoridades circunstanciales de nuestra política nacional, deben alejar la soberbia y ser conscientes que el cargo que ejercen u ostentan y el poco o mucho poder que puedan obtener de él, es simplemente limitado, no es eterno. Dejen de imponer su verdad, dejen de promover la adulación, fomenten el diálogo, escuchen, promuevan la exposición de propuestas, acepten que como humanos pueden cometer errores y reconozcan que pueden haber personas mucho más capacitadas para determinadas tareas. Por último no promuevan el temor a la libre expresión, no tomen revanchas porque alguien haga público su desacuerdo a alguna de las acciones que son de su competencia o responsabilidad.

Y tu, ciudadano de a pie, no te quedes allí sentado pensando que los gobernantes y el Estado te debe resolver tus problemas. Si tienes una idea, habla, exprésala, coméntala, difúndela. Hoy existen diversos medios para hacer llegar nuestras propuestas, úsalas, sacúdete de la indolencia y del temor; y finalmente se consciente de la importancia que tiene el fortalecimiento de las organizaciones políticas para el desarrollo democrático de nuestro país.

Jamás un "chi señó", menos un timorato cuando la Patria está de por medio, cuando el futuro de nuestros hijos puede verse amenazado por la falta de capacidad o desidia de los funcionarios y autoridades públicas, cuya obligación es servir al pueblo. 

El Perú merece mejores ciudadanos y los buenos ciudadanos merecen un mejor gobierno. 

Ahora, te toca a ti.

A LA PUNTA DEL CERRO

LO QUE APRENDIMOS EN LA ESCUELA

La gran mayoría de Oficiales del Ejército del Perú fuimos formados profesionalmente en la Escuela Militar de Chorrillos. Allí, además de las materias  de ciencias y humanidades propias de la carrera, reforzamos los valores que cada cual traía de su casa y que tenía que ajustarse al perfil del cadete, de lo contrario no se hubiera debido acceder al centro de estudios.

Los conocimientos y el entrenamiento recibidos durante los años de cadete, preparan al Oficial para los cargos iniciales, y conforme van pasando los años y la promoción a nuevos grados, la educación y entrenamiento van puliendo al Oficial, de manera tal de estar capacitado para mayores responsabilidades y retos, en las que debe poner de manifiesto su inteligencia y capacidad para resolver las diversas situaciones a las que debe enfrentar.

Uno de los aspectos más importantes que aprendimos desde nuestra Alma Mater  es el proceso de planeamiento, que se inicia desde el reconocimiento del problema y la apreciación de la situación, para después  efectuar análisis, con propuestas  de solución que luego de ser cotejadas permiten arribar a conclusiones y recomendaciones. De esta forma se elabora un cronograma y plan de trabajo en los que también se contemplan situaciones para resolver posibles contingencias. Eso nos enseñan en la Escuela.

Pero, sería iluso tratar de ocultar que - como en toda parte - existen miembros de la institución que no alcanzan a tener ni el perfil deseado y tampoco consiguen  aprehender los conocimientos  recibidos y con el tiempo llegan incluso a ser Instructores en la propia Escuela.

Y estando en ese cargo de importancia, por la trascendencia institucional, no reaccionan y lejos de reforzar sus competencias, creen ser dueños de la verdad. Y cuando en el curso de la instrucción, algún cadete le formula una pregunta, que no tienen idea como responder, no les queda más que imponer el poder que el grado les brinda  y, ante el atrevimiento del cadete toda la sección (unos 30 cadetes) son enviados a darse una vuelta a la carrera, o a la punta del cerro, con lo que se pretende soslayar la pregunta o darse tiempo para encontrar una  respuesta.

Qué bueno sería, que nuestra primera autoridad política, quien  a juicio de MVLL lo está haciendo bien, pudiera recordar lo aprendido en la Escuela Militar para  replantear su plan de trabajo, establecer adecuadamente la agenda y atacar los principales problemas de los que aqueja nuestro país, principalmente la corrupción que prometió erradicar, sin tener que recurrir a los artilugios de algunos despreocupados instructores y más bien teniendo presente las excelentes enseñanzas de los soldados, que nos antecedieron, formados en la Escuela, que con su ejemplo y sus virtudes nos enseñaron el camino del deber, del honor y de la gloria.