EL IMPERIO DE LA LEY

 Y EL FOMENTO DE  LA INSTITUCIONALIDAD

El Perú atravesó por una nueva crisis política que ha dejado precedentes contrarios al imperio de la ley y al respeto de la institucionalidad, dos variables importantes para conducirnos por el camino al desarrollo y la seguridad que se traduzca en confianza de los inversionistas y al final, en beneficio de la economía nacional.

Siempre repetimos que la  corrupción es uno de los problemas más graves que atentan contra la seguridad nacional, y sabemos que ésta tiene entre sus causas la mala o limitada gestión pública, como también la generación y promoción de la informalidad, porque  como "Pepe el vivo""somos criollos" y aprovechamos la oportunidad,  como pasando la luz roja cuando no hay nadie en las pistas y porque nadie se da cuenta. 

Y ¿qué relación tiene este relato con la coyuntura política? Veamos:

La Ministra de Educación, Marilú Martens, fue interpelada por el Congreso de la República por haber mostrado falta de capacidad en la administración de su sector teniendo como su máxima demostración una huelga que paralizó la educación escolar por dos meses. 
Como era de esperarse se oían voces de plantearse la censura, lo cual se reveló a través de un twit de la bancada de Fuerza Popular.

Adelantándose a la formalización de la moción de censura o quizás pensando que ya fuera presentada, el Presidente del Consejo de Ministros planteó -por carta- primero, la renovación de confianza y luego (corrigiéndose) solicitó que se le "reciba en sesión del pleno del Congreso para presentar una cuestión de confianza, de conformidad con el artículo 133° de la Constitución Política del Perú y con el artículo 86° c) del Reglamento de la República".

Esta actitud pareciera ser idea del propio presidente PPK, quien deslizó esta misma posiblidad en los  casos de Saavedra y Thorne: Ante una censura, plantear la cuestión de confianza, amenazando con la disolución. 

Pero, ¿es este un procedimiento legal o una "sacada de vuelta" a la Constitución y la Ley? Analicemos el sustento de la carta de Zavala:el art 133° de la CPP y el 86° c del Reglamento del CR:

Art 133°.- El Presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la confianza le es rehusada, o si es censurado, o si renuncia o es removido por el Presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete.

Art 86°- c) La cuestión de confianza sólo se plantea por iniciativa ministerial y en sesión del Pleno del Congreso. Puede presentarla el Presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo en su conjunto o cualquiera de los ministros. Será debatida en la misma sesión que se plantea o en la siguiente.

En el derecho constitucional y parlamentario la lectura  como su entendimiento es integral vale decir, no debe aplicarse de manera independiente, ni los artículos  de la CPP ni los del Reglamento del Congreso pues se crea antinomia (Lea a Enrique Bernales https://goo.gl/9tRVRA)

En este sentido, el pedido del Primer Ministro es contradictorio y por lo tanto nació muerto, pues está amarrado al art 86° c) (también descrito en el art 132° de la CPP) que señala que la cuestión de confianza sólo se plantea por iniciativa ministerial. 

No hubo una iniciativa ministerial, lo que hubo fue una interpelación y una anunciada, pero no formalizada, moción de censura que apresuró al Ejecutivo (en su errado conocimiento) para "mostrar autoridad". 

Si no hubo iniciativa ministerial, entonces no cabía el planteamiento de cuestión de confianza. No existía sustento jurídico para hacerlo y por lo tanto se convirtió en un acto inadecuado e improcedente que lo único que podía al aceptarse fue generar una nueva crisis.

Lejos de la prudencia  y el análisis constitucional el Congreso (accionado por la mayoría de un partido) aceptó el juego político, sin importar el imperio de la ley ni el respeto a la institucionalidad, creando un precedente de informalidad del más alto nivel que trajo como consecuencia un estado de incertidumbre poniendo en jaque a la gobernabilidad y a la seguridad jurídica, que finalmente trae como consecuencia la desconfianza ante los ojos del mundo.

La cuestión de confianza se plantea en sesión del pleno en la que se presenta una iniciativa ministerial o cuando se expone el plan general de gobierno, no es una figura que sirva para hacer contrapeso al mecanismo de control llamado interpelación o censura. Tanto el Ejecutivo y Legislativo dieron muestras de desconocimiento o de irrespeto a la institucionalidad y al imperio de la ley, haciéndonos ver ante el mundo como un Estado informal, en donde no existe  seguridad jurídica. Ambos actuaron como si dijeran "hecha la ley, hecha la trampa" Mal ejemplo para la ciudadanía. 

¿Camino a la OCDE? 

¿EXISTEN GANAS DE HACER BIEN LAS COSAS?

¿EN FAVOR DEL PERÚ?

El editorial del diario "El Correo" bajo el título IMPOSIBLE FALLAR, tiene una conclusión importante: "Cuando hay ganas de hacer las cosas bien, se hacen", algo que lamentablemente no se nota en la seguridad de todos; pero no hablamos solo de seguridad ciudadana, tampoco se ven hechos en la lucha contra las principales amenazas, que no permitirán - a este paso - que seamos admitidos en el club de la OCDE.

Ivan Slocovich, como todos los peruanos, cree que el gobierno tiene la oportunidad de oro "de replicar, en su ámbito, el monumental trabajo que hicieron militares, policías y bomberos apenas sucedió la emergencia" ocasionada por El Niño Costero, sin embargo la lectura de la tendencia de la política gubernamental es - hasta ahora - antitética.

La institucionalidad no se respeta: se crean órganos para reemplazar a otros ya existentes, se duplican funciones, se deja de implementar políticas y decretos. Así, en reemplazo del Consejo de Coordinación Intergubernamental (Ley 29158) se instauró el GORE-Ejecutivo; el COEN (originalmente de INDECI) se pasó al Ministerio de Defensa "temporalmente"; la gestión de la seguridad nacional  cambió al Ministerio de Defensa, mediante el DS N° 061-2016-PCM, pero aún no se ha implementado, es decir no se ha modificado las atribuciones del MINDEF y menos se ha tramitado una LEY para la disolución de la SEDENA (inexistente en la vía de los hechos); la voluntad de favorecer a intereses extranjeros como el Decreto Supremo N° 001-2017-RE declarándose de necesidad pública que cualquier Estado pueda adquirir bienes dentro de los 50 kilómetros de la frontera, y el proyecto en provecho de empresas chilenas; la limitación (casi anulación) de la producción de inteligencia (N°071-2015-PCM), la implementación de SERVIR (cuyo plazo vence en enero de 2018) que no muestra avance, continuándose las contrataciones CAS, con perfiles antojadizos (concursos simulados?), dejándose de lado el servicio civil meritocrático, lo cual explica los pobres resultados.

Si a todos estos hechos se suman: las pocas acciones que demuestren que - de verdad -se quiere luchar contra la corrupción  (Kuntur Wasi) y la terca decisión de continuar con proyectos lesivos a la economía nacional (gaseoducto, refinería, Panamericanos); la emisión de bonos soberanos por más de 10 mil millones, que nos empeña hasta el año 2057 (Van 28 colocaciones https://www.mef.gob.pe/es/titulos-del-tesoro/bonos/bonos-soberanos/331-deuda-publica/bonos/5128-emision-de-bonos-soberanos-2017- ); la poca voluntad para traer y juzgar a Toledo; por último los mensajes incoherentes y el incumplimiento de compromisos de campaña, en realidad ....nos desalienta.

¿Imposible fallar? ¿En favor de quién? Ojalá que la voluntad demuestre que sea por el Perú.

POR LA VERDADERA MERITOCRACIA EN EL EJÉRCITO

MINISTRO NIETO HAGA HISTORIA

Casi todos los años en octubre, después de publicarse los ascensos en el Ejército, aparecen reclamos y muestras de descontento con los resultados. Algunos suelen decir, que siempre habrá descontentos, pues no hay vacantes para todos. Sin embargo, esta recurrente situación debe llamar la atención, sobretodo cuando se trata de la mayor fuerza armada del país, en cuyos hombros descansa la defensa terrestre de la nación, y más aún cuando estas manifestaciones se han hecho públicas antes de los resultados finales.

Desafortunadamente, conforme concluyó la Comisión Bernales, en el pasado se han cometido irregularidades favoreciendo a oficiales que - sin que fueran malos -necesariamente no eran los que reunían los méritos en un determinado proceso. 

Estos errores, usualmente cometidos por comandos que, dejando de lado los principios y tradiciones del Ejército del Perú, olvidaron la majestuosidad de su institucionalidad (con la permisiva complicidad de un Alto Mando y Estado Mayor egoistamente interesado) e hicieron que solamente prevalezcan sus deseos, "sacandole la vuelta a la norma", de manera que al ser cuestionados afirmaron sin inmutarse, que los ascensos se realizaron conforme a ley, particularmente en los altos grados.

Existen dos momentos en que la "meritocracia" puede ser fácilmente sobrepasada: Al emitir la Apreciación del Comando Superior y  cuando la Junta de Selección hace uso del 3%, que se suma a la NOTA DEL CUADRO DE APTITUD Y NOTAS (coeficiente= 0.97).

En el primer concepto, conocido como el "aplausómetro", lejos de cumplir con complementar la nota de potencial del candidato (un promedio de toda su carrera), se le distorsiona: muchos calificadores, emiten juicio de oficiales que no conocen profesionalemente (lo que se logra solo cuando se labora en una misma dependencia) y en vez de ello "intercambian figuritas" en una o dos horas. Y si el resultado no es el que los "altos intereses institucionales" desean, el Comité de Revisión lo puede cambiar, y para que no quede huella, se incineran las fichas individuales, quedando solo un acta: por "transparencia".

Por último, en la fase final (cuando ya se pudo haber hecho alteraciones) el jurado se reune, y en la práctica (sin atender al significado de los atributos) coloca 20 a quien se quiere ascender y al resto 13, lo cual no hace más que jugarle sucio a la meritocracia que propugna la ley de ascensos. Mayor detalle puede observarse en http://bit.ly/2wYPvGh

Señor Ministro de Defensa, sea coherente con sus orígenes y haga historia: supervise estas dos etapas que desde que se implantaron han sido mal empleadas, perjudicando al Ejercito del Perú y a muchos honestos soldados, que aún lo conforman.