miércoles, 3 de julio de 2013

URGENTE REFLEXIÓN Y RÁPIDA REACCIÓN DEL EJECUTIVO

POR UNAS BUENAS FIESTAS PATRIAS EN ARMONÍA NACIONAL

La Autógrafa de la Ley del Servicio Civil, fue remitida en la tarde de hoy  a la Presidencia de la República para su Promulgación  u observación conforme lo señala la Constitución Política del Perú. A pesar de las advertencias, de las razones expuestas por diversos Congresistas, de las protestas de los trabajadores, el Proyecto de Ley 01846, salió del Congreso y  está ahora bajo la exclusiva responsabilidad del Ejecutivo.





Al iniciar este breve análisis, es necesario reparar que la intención de establecer un régimen único y exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado es un propósito perseguido por varios gobiernos y necesario para el ordenamiento del Estado.

Sin embargo, es notorio que – además de los aspectos contrarios a la Constitución Política del Estado que más adelante señalaremos-  no es verdad que se establecerá un régimen único, pues  no se encuentran comprendidos en esta Ley los servidores  civiles del Banco Central de Reserva, del Congreso de la República, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, la Superintendencia de Banca Seguros y AFP y la Contraloría General de la República, los obreros de los gobiernos regionales y locales,  ni los servidores sujetos a carreras especiales- que no son pocos – tales como los comprendidos en las leyes: Del Servicio Diplomático, Universitaria, Profesionales de la Salud, Reforma Magisterial, Carrera Especial Pública Penitenciaria, Ministerio Público, Carrera Judicial. Recordemos que el Artículo 40° de la Constitución Política solamente exime a los trabajadores de las empresas del Estado o de sociedades de economía mixta y a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, particularmente por su restricción al derecho de huelga, entre otras.

 Al menos tres aspectos del Proyecto de Ley aprobado por el Congreso de la República contienen aspectos contrarios a la Constitución:

1. El Art 44° establece limitación en el tiempo  para negociaciones el planteamiento de negociaciones colectivas. En otras palabras, si existen problemas que tratar, sólo podrán atenderse a partir del mes de noviembre. Insólito.

2.    El mismo artículo, adicionalmente,   restringe  las negociaciones colectivas haciéndola nulas cuando se trate de temas salariales, lo cual es absolutamente incoherente, pues históricamente las negociaciones colectivas se refieren exclusivamente a este tema;  y  por último.

3.    La prohibición para percibir pensión y remuneración simultáneamente, asunto que puntualizó clara y - por qué no decirlo -  magistralmente, el congresista Mauricio Mulder el 18 de octubre de 2012 en el propio pleno en la discusión de otro proyecto de Ley.

En esta oportunidad con motivo de la discusión del Proyecto de Ley 01848 hizo bien la  Comisión de Trabajo y Seguridad Social, en modificar el texto del Art 38  colocándolo en el Art 16 con el siguiente tenor: “Los servidores del Servicio Civil no pueden percibir del Estado más de una remuneración o emolumento o cualquier tipo de ingreso de naturaleza contraprestacional” (sic), refiriéndose al término contraprestación.

Como se sabe, finalmente  por encontrarse problemas en el Texto Sustitutorio de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, fue rechazado por el Pleno del Congreso y se volvió a discutir el presentado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, que nunca hizo la corrección en el Art 38° a pesar de las observaciones del Congresista Alberto Ismael Beingolea Delgado y Juan José Diaz Dios.

Es triste observar que muchos  representantes del pueblo no entiendan lo que significa contraprestación, empleo y pensión y por esta falta de comprensión se estrellen contra la propia Constitución Política del Perú, que todos debemos respetar, si de verdad queremos orden y justicia social.

Es una lástima, que el Congreso de la República no haya tenido la capacidad de hacer una conjunción del ambos Textos presentados por las comisiones mencionadas y se haya apresurado en sacar la autógrafa como sea.

Es penoso que la intención de establecer un régimen único y exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado, finalmente sea letra muerta que encabeza la propia Ley, convirtiéndose en una afrenta contra la inteligencia del pueblo del Perú.

En lo personal, sobre el Art 38° de la ahora Autógrafa de Ley,   no solo escribí un artículo este blog (http://bit.ly/12mLrGs),  sino también emití mi opinión sobre el tema, el 31 de Mayo de 2013, en el portal del Congreso y puede verse allí: http://www.congreso.gob.pe/pvp/forosl/opiniones.asp

En este mes de la Patria, espero fraternalmente que el Ejecutivo reflexione sobre el particular, estudie bien la propuesta, dialogue, explique y corrija lo que tiene que enmendar; también que mejore su línea de comunicación y participación ciudadana efectiva, para evitar mayores protestas, a fin de evitar que la paz y el clima nacional se ponga  al "rojo vivo" antes del mensaje presidencial con ocasión de las Fiestas Patrias.

Que la conducta de muchos prohombres que pasaron por el Parlamento Nacional sean motivo de reflexión para que en el Legislativo se deje de observar la conducta de "chí seño" y votar sin efectuar un razonamiento promedio, olvidándose de la responsabilidad  que tienen con la ciudadanía, al habérseles brindado la oportunidad de su vida: servir a la Patria desde la posición más privilegiada, como es el Primer Poder del Estado.


Las buenas intenciones no sirven si no se materializan con acciones, de nada vale recibir opiniones -que las ha habido muchas - si no se analizan y no se discuten con razones respaldadas por argumentos legales. Se equivocan si persisten en actuar de esta manera.

viernes, 24 de mayo de 2013

TOTAL CORRUPCIÓN HAY EN TODOS LADOS!



N de R.-Un artículo de opinión que reproducimos por ser un tema actual y de importancia para el Perú.



REFLEXIÓN CON OCASIÓN DE LA PRESENTACIÓN  DEL LIBRO DEL HISTORIADOR PERUANO ALFONSO QUIROZ



Para que nuestro país, el Perú, llegue - algún día - a un estado de bienestar estable en el que se haya minimizado los índices de pobreza y seamos una sociedad justa y ordenada  falta aún bastante camino por recorrer; y definitivamente no llegaremos a buen puerto sin el concurso de todos los peruanos.

La informalidad, la injusticia, las leyes que no se cumplen, la incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace, el mal ejemplo, la corrupción generalizada y por último la indolencia de esclavo, que como sociedad no logramos sacudir, nos hace pensar  lo difícil que resulta el esfuerzo de muchos peruanos que intentamos, con nuestro aporte diario, vencer todo tipo de adversidades, vencer a quienes -por obvias conveniencias personales y principalmente económicas - intentan mantener un sistema en el que  reina la "viveza" y que tiene como lema "hecha la ley, hecha la trampa". Ardua tarea, que no dejaremos de impulsar, laborando, impulsando, participando, denunciando, opinando y por último motivando a que se multipliquen los peruanos honestos y de buena voluntad, con la única finalidad que algún día, el Perú sea  la patria grande, la patria digna, la patria justa, con la que muchos y buenos peruanos que nos antecedieron, soñaron alcanzar. 

La presentación del libro "Historia de la corrupción en el Perú", realizazada por el Instituto de Estudios Peruanos y el Instituto de Defensa Legal el pasado14 de mayo, escrito por el fallecido historiador Alfonso W. Quiroz, que resulta ser una versión mejorada de su libro “Corrupt Circles: Costs of Unbound Graft in Peru”, publicado por la editorial Johns Hopkins Press en 2008 - motivo de esta reflexión - nos presenta un país gravemente herido por la corrupción administrativa y estatal, que puede notarse desde los últimos años del periodo colonial hasta nuestros días. La descripción y el análisis en detalle que realiza sobre el abuso de los recursos públicos nos ayudan a entender cómo la corrupción ha limitado el desarrollo y el progreso del país, y a la vez nos deja el enorme desafío que tenemos todos los peruanos de esta generación, para unirnos en su lucha y no caer en el sistema oscuro que avergüenza nuestro pasado y el presente que hoy vivimos. 


La corrupción constituye un fenómeno insidioso, amplio, variado y global que comprende actividades tanto públicas como privadas. No se trata únicamente del tosco saqueo del patrimonio del Estado. La corruptela comprende el ofrecimiento y la recepción de sobornos; la malversación y mala asignación de fondos y gastos públicos; los escándalos financieros y políticos; el fraude electoral, el tráfico de influencias y otras trasgresiones administrativas como el financiamiento ilegal de partidos políticos en busca de favores indebidos. No obstante sus efectos recurrentes y cíclicos, hasta esta publicación ha sido poco lo que sabíamos acerca de las causas específicas de la corrupción en el país y sus costos económicos e institucionales. Desde una perspectiva histórica , el minucioso trabajo de Alfonso W. Quiroz, basado en una amplia gama de fuentes de archivos y en interpretaciones sugerentes, explica cómo la corrupción ha limitado el desarrollo y el progreso del país.


Cecilia Blondet, Directora Ejecutiva de Proética, se encargó de hacer un sumario del libro, resaltando que se trata de una monumental obra, muy documentada, que describe el fenómeno de la corrupción en el Perú, destacando  que los grupos de corrupción han circundado entre gobernantes, políticos y militares.  

Hizo mención que el libro describe los círculos de la corrupción de la época de San Martín, Bolívar, Gamarra, Castilla,los Jefes y gobernantes en la aciaga Guerra por el guano y el salitre, los involucrados en los contratos de Dreyfus y Grace, el oncenio de Leguía, el Apra - el partido mejor organizado del Perú, pero también el más nefasto que no dudó en usar el crimen y el chantaje - Odría, el escándalo del contrabando en el gobierno de Belaunde, los aprovechadores en el gobierno de Velasco y  finalmente los actos de corrupción en los gobiernos de Alan García y Fujimori. 

Gobernantes, políticos y militares, son el común denominador de la corrupción en toda nuestra historia. ¡Qué vergüenza! Libertadores, Defensores de la Patria, pero no dejando de engrosar el bolsillo!  

La obra de Quiroz es única, pues presenta la verdad “oculta”, la que muchos pasan por desapercibida, tal vez por no querer verse reflejados, o la que otros tantos aceptan, porque se cree que no hay remedio y la dejan pasar, bajo el argumento de: “que se puede hacer!”, “no importa, robó pero hizo obra”. 

Es tan común aceptar la corrupción, que quizás muchos de los que puedan leer estas líneas, si darse cuenta, participaron o estuvieron incluidos en un acto de esa naturaleza. Es tan común que incluso, es expresada desde hace casi dos décadas, en la popular versión musical  “Las Torres” de los “Noséquién y los nosecuantos”: TOTAL CORRUPCIÓN, HAY EN TODOS LADOS!. 

En las Fuerzas Armadas, principalmente en el Ejército, hemos escuchado en todos los tiempos que la Institución es inmaculada, que no es ella la que se  involucra en malos actos, sino los hombres (y ahora mujeres) que lo componen.  Linda sentencia que nos han vendido, algunas élites con el fin de levantar la mística, y que otras interesadas la pusieron en relieve para mimetizar sus malévolos proyectos. No pues, la Institución no puede existir sin sus componentes, en actividad y en retiro. Y si permitimos - con nuestro silencio - que sucedan actos contra la ética, contra la Ley y los reglamentos, entonces también somos culpables. 

Quiroz, menciona a las élites militares como las involucradas en la corrupción. Pero, seamos sensatos ¿podremos pensar que las élites, los Comandantes Generales que incurrieron en actos de corrupción, lo hicieron solos? Sin duda, han necesitado tener aliados, sus “leales”, que se han prestado a firmar documentos, transportar materiales, vender bienes, dar de baja indebidamente artículos de la cadena logística, vender combustible, chantajear a Oficiales de menor graduación; propiciar de palabra la honestidad y de obra incurrir en el robo, en la injusticia, en la componenda, gente que forma el círculo perverso y que después - con el tiempo (como no pasa nada) - repite el mal ejemplo.

La historia de la corrupción que presenta Quiroz, llega hasta el año 2000.  Y… ¿la historia entre ese año y nuestros días? Esa,no lo neguemos, esa es la historia que la vivimos, la sabemos nosotros y la que  muchos por “supervivencia” callan. 

Si nos formaron en la verdad alimentados del mejor plato de valores éticos, morales y religiosos: “La honestidad y la lealtad son  valores que se aprenden con el  con el ejemplo". Entonces debemos ser honestos y leales con nuestra Patria; y la verdad de nuestros días, nos revela a gobernantes, políticos y - penoso para quienes nos enrolamos a las Fuerzas Armadas para servir a la Patria - élites militares que incurrieron en actos de corrupción. Estoy totalmente seguro que ningún Oficial honesto en situación de actividad quisiera estar en el futuro, sentado en una sala pública escuchando la presentación de un libro que narre la corrupción de su Institución. Para evitar que esa mala historia se repita, es imprescindible formar una corriente anticorrupción, que necesariamente empieza por la valiente denuncia. 

Qué triste es admitir que hemos tenido gobernantes que prometieron mucho y cumplieron muy poco, que se dedicaron a “ver la suya”, cada vez con más cuidado para que no quede huella. La verdad finalmente – algún día - saldrá a flote, lo que nos da la esperanza que   la justicia  sancione el negociado de terrenos, grandes licitaciones - incluso actuando a través de terceras personas - obras con presupuestos sobrevalorados  inauguradas pero inconclusas, indultos dudosos a narcotraficantes, manipulación de “atentos” jefes militares, hasta la propia “limpieza del camino” para que no quede ningún líder partidario sino él mismo, son características de un ex gobernante, de gran habilidad, capaz de convencer a muchos de su presunta inocencia. 

Otro de ellos, dedicado al gran consumo de “etiqueta azul” y a los descansos “reparadores” en Punta Sal, recordado también por las cuentas secretas de su  hombre de confianza en Panamá, la “bondadosa” cesión de los cielos nacionales, amén de la drástica reducción presupuestal en el sector Defensa, permisividad para que su esposa manejara fondos en provecho de su propia ONG, nepotismo, planillas secretas, seguros y pertrechos militares sobrevalorados – con anuencia de altos comandos castrenses - y por último la escandalosa compra de bienes de su suegra, que no vive en el Perú y que resulta ser – dice en su primera versión –una “afortunada” sobreviviente del holocausto.

Un Ministro del Interior (por dos oportunidades, que después fue jefe del CNI) que  no quiso colocar bases policiales para controlar la salida de droga; políticos “come oro”, “come pollo”, “roba cable”, “lava pies”, con empleados fantasmas, alcaldes que realizan "obras" sobrevaloradas, contratos de empresas con locales y "talleres" inexistentes, nepotismo por doquier, secretarios de juzgados que cobran por colocar el expediente a la vista o por hacer un informe favorable, jueces que "interpretan" las leyes de acuerdo a conveniencias, "periodistas" que "coordinan" la no publicación de investigaciones realizadas, otros que venden su pluma,  y muchos más ciudadanos "peruanos" que con poder o influencia, incurren en actos deshonestos, con los que enlodan la historia de nuestra Patria.

En el campo militar, qué lamentable es saber de la existencia de Jefes de Unidad robando el racionamiento a su tropa, desatendiendo el mantenimiento de  los vehículos de su Unidad; Comandantes de Gran Unidad que no entregan el presupuesto a las Unidades, o que  lo hacen con gran recorte. Peor, algún otro que primero investiga a su antecesor, lo denuncia y luego comete similares actos, “tranzando” con  “capos” y sus propios subordinados. 

No muy lejano, con indignación recordamos: Relleno del "hueco"  del Pentagonito (una excavación que se hizo en la época de Velasco para la construcción de instalaciones) con el desmonte de  la construcción de la vía expresa de Javier Prado; venta sistemática de combustible al que se tuvo que involucrar a subordinados que hoy transitan por los tribunales; denigración del uniforme por dársela de “chistoso” para obtener réditos políticos, realizando actos de populismo cediendo un club de Oficiales para luego dejarlo en el olvido y hoy, encontrarse en total y paupérrimo abandono, chantaje a un “investigador” por los archivos del caso de la venta de combustible a cambio de su ascenso, estafa con un populoso conjunto habitacional, que luego del sorteo fue reducido en gran parte de su espacio para negociarla con la constructora, haciendo parecer al lugar como al de “los Maldini y los Gonzales”, la venta convenida del Cuartel San Martín, que en años previos fuera defendido por otro Oficial en los corredores del Congreso, la permisividad en el manejo irregular de notas de concepto para los ascensos, otorgamiento de puntajes inmerecidos; peor que lo anterior, adoptar posturas de corrección para favorecer a su círculo de corrupción que le sirviera en puestos anteriores, donde también se hizo un importante “convenio” al renovar los terrenos del otrora Bazar Central del Ejército, nada menos que por 30 años, la compra de un millonario sistema satelital que no sirve, el favorecimiento en los ascensos a personal de indecorosa conducta haciendo creer que el tema fue sobreseído en la justicia común; “levantamiento” de fondos y presupuestos en el norte, el centro, el sur y en la propia sede institucional; multiplicación de comensales para justificar miles de polladas en jornadas de bienestar; pedido de coimas, participación de subordinados para lograr cambio de documentos y registros; intervención de superiores amigos para incrementar puntajes; sobrevaloración de artículos en las rendiciones de cuentas; por último actitudes para intentar amilanar a quien se opone a este “sistema” en el que se acepta y valida que los de la especialidad de administración y aquellos encargados de construcciones y mantenimiento de carreteras “tienen plata”, otros que sin sangre en la cara se arrogaron  éxitos ajenos o diseñaron hechos, para alcanzar una felicitación o condecoración, creación de empresas con el dinero malhabido, y otros más que se ven reflejados - con el silencio cómplice de la sociedad - en propiedades, autos, viajes y lujos  que no pueden cubrirse con el  poco sueldo de un militar.  ¡Qué vergüenza! ¿Dónde está eso de ”lodo, lodo,  eso nunca”! ? 

El desafío de la sociedad peruana está en lograr revertir nuestra amarga historia de ladrones y corruptos. Sin embargo, no es tan fácil como escribir estas líneas. Se requiere - en primer término - la voluntad política de las autoridades pero también la convicción de todos, pero de obra no de palabra, para que se multipliquen las denuncias, y que las averiguaciones lleguen a encontrar responsabilidades y aplicar sanciones, pues si al término de las investigaciones y juicios todo queda en: "falta de pruebas", seguiremos "luchando" contra la corrupción un siglo más, hasta  que aparezca otro Alfonso Quiroz, que escriba la historia y  nos  estruje en la cara nuestra inercia. 

"La razón del más fuerte siempre es la mejor", escribió La Fontaine en su fábula "El lobo y el cordero".  Los más fuertes o los más numerosos imponen sus leyes. En la sociedad actual, débiles y vencidos a menudo son oprimidos. Así, el sistema corrupto, sigue siendo  tan fuerte, que usualmente sólo se habla de sus participantes, cuando dejan el poder o  la vida. 



La buena noticia es que en este último tiempo se observa mayores denuncias denuncias, lo cual refuerza el trabajo del Estado a través de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, la Defensoría del Pueblo y de la sociedad civil con instituciones como Proética y la propia prensa, que investiga y muestra a la sociedad a los malos peruanos que quieren seguir haciendo "su agosto" a costa de los "ciudadanos de a pie".

Y tú peruano, ¿no crees que es hora de cambiar? ¿Seguirás siendo débil, vencido u oprimido? ¡Reacciona!, no te quedes allí sentado pensando que ya pasará, o tratando de eximirte de tu responsabilidad. Que te quede grabado: Sólamente pasará cuando participes activamente haciendo que el orden, la justicia y la honestidad prevalezca! 

Unidos todos, empleando los múltiples medios que la tecnología  nos ofrece, debemos luchar contra este flagelo. Sólo así  se beneficiarán nuestros hijos, los hijos de ellos y el Perú entero.

Qué ese sea nuestro legado!




[1] Presentación del libro  "Historia de la Corrupción en el Perú", Instituto de Estudios Peruanos, http://www.iep.org.pe/fp_scont_1277_scont_3525.html , 2013



viernes, 10 de mayo de 2013

NUESTRA CONSTITUCIÓN VULNERADA EN CONGRESO DE LA REPÚBLICA


EL PROYECTO DE LEY DEL SERVICIO CIVIL QUE EL GOBIERNO DESEA IMPULSAR

El pasado ocho de mayo la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, aprobó el dictamen del Proyecto de Ley N° 1846/2012-PE que propone la Ley del Servicio Civil. En este acto, se olvido tener en cuenta la norma legal más importantede la República: La Constitución Política del Perú.

El  Art 38° de dicho Proyecto de Ley que  lleva el título de "Prohibición de doble percepción de ingresos", señala en su contenido que "Es incompatible la percepción simultánea de remuneración y pensión por servicios prestados al Estado", algo que se discutió en el Pleno del Congreso de la República, el 18 de octubre de 2012 -  entendiéndose  que conceptos como el propuesto en el proyecto, es antitético al Art 40° de nuestra Constitución Política. 

En esa oportunidad el Congresista de la Concertación Parlamentaria, Mauricio Mulder Bedoya dijo textualmente lo siguiente:

"La Constitución es muy clara, señor Presidente. La parte final del primer párrafo del artículo 40.° dice: “Ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno o más por función docente”.Percibir una pensión no es desempeñar un cargo público; percibir una pensión no es desempeñar un empleo; percibir una pensión es la recuperación de los descuentos que le hacen al trabajador para cuando se jubila o pasa al retiro.

El dinero que recibe el policía, el militar y cualquier funcionario privado o público es un dinero que a ellos se les ha descontado para que puedan solventarse su jubilación. No es dinero del Estado. Haberse apropiado históricamente de los dineros de los particulares para convertirlos en un asunto estatal a través de la ONP, ese es un tema del Estado; pero son dineros que corresponden a derechos inalienables de todo trabajador y, por lo tanto, no son la remuneración de un trabajo ni un cargo ni un empleo público; son derechos inalienables.

La Constitución no prohíbe que se cobre una pensión y se cobre un sueldo. El sueldo se le paga por el trabajo que hace; y la pensión, por el derecho que adquirió después de haber trabajado determinado tiempo al servicio del Estado o al servicio de un particular.De manera, señor Presidente, que no podemos seguir manteniendo esa restricción que es inconstitucional, porque la Constitución habla de dos remuneraciones por dos trabajos,pero no habla de percibir una pensión y percibir una remuneración."

Al parecer (para ser gentil) los Señores Congresistas que aprobaron el Dictamen en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República no lo  escucharon o  estuvieron ausentes en esa sesión del Pleno.

El Proyecto de Ley ha recibido también múltiples observaciones de gremios de trabajadores, cuyo texto puede verse en el sitio del Congreso de la República.http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf (Elegir opción POR PROPONENTE, luego PODER EJECUTIVO y finalmente 1846/2012-PE)

El trámite prevé que también se cuente con el dictamen aprobatorio de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, de la cual es integrante titular el Congresista Mulder, quien obviamente  (eso esperamos) hará que se subsane la gestión inconstitucional que  la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República no vio.

sábado, 20 de abril de 2013

EL CAOS DE LA DEMOCRACIA VENEZOLANA:LA FLECHA LANZADA

LIDERAZGO EN UNASUR Y LA OPORTUNIDAD PERDIDA

Tras catorce años de gobierno de Hugo Chávez en la República Bolivariana de Venezuela, aparece como su "sucesor" Nicolás Maduro quien, abusando del poder heredado ha conseguido finalmente juramentar al primer cargo público de ese país, en medio de  protestas y conflictos por un proceso electoral que  dio muestras de ser totalmente inequitativo, parcializado y hasta abusivo, lo cual  augura que la gobernabilidad y buen gobierno difícilmente pueda llegarles en los próximos años.

La población venezolana se encuentra claramente dividida principalmente por el efecto de un esquema populista que el gobierno de Chávez puso en marcha para mantenerse en el poder y que ahora Maduro intentara continuar, aunque probablemente con torpeza  que tarde o temprano, redundará en el descontento general.

Un cúmulo de hechos han revelado la intencionalidad de Maduro para quedarse en el poder, empezando por la prolongación de la fecha de juramentación de un moribundo Chávez, al que se suma la posesión de la Presidencia con la complicidad de Diosdado Cabello, Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Ni que decir del apresuramiento para efectuar los comicios, de la campaña electoral de Maduro con el servilismo del aparato estatal que incluyen por cierto al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal Constitucional; y para  añadir más leña al fuego, la fuerte  represión - con siete muertos - que obligó al candidato opositor Henrique Capriles Radonski a suspender las marchas y protestas en las calles y plazas, para reemplazarlas por cacerolazos domiciliarios y no dejando de incidir en su solicitud de recuento de votos, presentada el 17 de abril cuando denunció en su cuenta de Twitter que "El Comando (Simón Bolivar) esta en el CNE,el reconteo y revisión solicitado es papeletas, actas y cuadernos de votación!"

En ese contexto, el Perú al encontrarse a cargo de la Presiencia Pro tempore y en acatamiento de lo prescrito en el artículo 2° del "Protocolo adicional al Tratado constitutivo  de UNASUR sobre compromiso de la democracia" convocó al Consejo de Jefes de Estado a sesión extraordinaria, el día previo a la segunda juramentación de Maduro, como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.


Llama la atención las críticas que hubieron sobre este procedimiento, particularmente la del ex presidente Alan García, quien en mayo de 2008 firmó a nombre de todos los peruanos nuestra adhesión a UNASUR, juicios que tal vez   ignoraban la existencia de esta regulación, que el Perú no podía soslayar.

La responsabilidad  no podía obviarse, y tampoco la oportunidad  de primer orden para ejercer liderazgo, que se vio materializado con la plena asistencia -en tiempo forzado - de los Jefes de Estado integrantes de UNASUR, lo cual fortalece a la organización y por cierto beneficia al Perú.

¿Qué podía acordar el Consejo de Jefes de Estado sin tener el informe de la Misión de Acompañamiento Electoral? No mucho, sino enmarcarse en el derecho internacional público y el respeto a la soberanía de las naciones, estipulados en la Carta de las Naciones Unidas y el Tratado constitutivo de UNASUR. 

Para poder intervenir aplicando sanciones, era necesario disponer de pruebas que señalen claramente que el orden constitucional  haya sido violado. Lamentablemente, el proceso electoral no solo fue validado por el Consejo Nacional Electoral, sino también respaldado por el Tribunal Constitucional venezolano, lo cual indica que la elección estaba validada de acuerdo a las leyes de ese país, aunque todos conocemos que en realidad la democracia sigue siendo vulnerada y con ella los derechos de los ciudadanos venezolanos que no se encuentran de acuerdo con el régimen ciertamente dictatorial de Maduro y que penosamente es respaldado por la otra mitad de la población, quizás por ser beneficiada económicamente.Por eso, resulta saludable -mientras informe oportunamente - la constitución de una  Comisión de UNASUR para acompañar la investigación de los hechos violentos del 15 de abril pasado.

Aunque muchos hubieramos querido que UNASUR no reconozca los resultados de la elección  en los comicios de Venezuela, debemos considerar que el Consejo de Jefes de Estado se encontraba amarrado a las atribuciones de UNASUR, a las regulaciones internas de Venezuela  y por cierto a los intereses particulares de cada país miembro, especialmente de aquellos que tienen pendiente compromisos económicos, que no es el caso del Perú.

Entonces la actitud del Perú de convocar al Consejo de Jefes de Estado de UNASUR es totalmente válida y positiva desde el punto de vista de respeto al Tratado constitutivo, y también observando la perfecta ocasión para ejercer y demostrar liderazgo. Sin embargo este análisis estaría incompleto si no observamos la actitud del Perú como país individual.

Si bien nuestra Constitución Política establece que los Tratados celebrados por el Estado forman parte del  derecho nacional - y  por eso no debemos intervenir en los asuntos que son "esencialmente de la jurisdicción interna" de otros estados -  también es cierto que  nuestra carta magna preconiza el  respeto a los derechos y libertades personales lo cual es concordante con la Carta de las Naciones Unidas y la promoción de la democracia representativa que señala la Carta de la Organización de Estados Americanos.

En ese marco, era  parte del protocolo saludar a quien gana una elección popular refrendada por su máximo ente electoral,sin embargo para ser coherente con los principios democráticos el saludo y los buenos deseos en la gestión debieron ser acompañados  con la ausencia presidencial en la ceremonia de juramentación. 

Para magnificar esta ausencia como un signo de promoción a la democracia,  la gestión del Ejecutivo para la autorización de salida del país del Presidente, no podía ser obviada, pues hubiera sido incoherente que estando a cargo de la Presidencia Pro tempore se decida no asistir al evento, que como muchos apreciabamos iba a arribar al acuerdo del Consejo de Jefes de Estado con  conclusiones parecidas a las producidas.

Si decimos que la gestión del Ejecutivo estaba en el cauce adecuado, no es antitético a la previa proposición de ausencia en la ceremonia de juramentación, pues una cosa es la coherencia con el ejercicio de la Presidencia Protempore de UNASUR y otra la concordancia con los principios democráticos que nos gobiernan. En ese derrotero, todas las fuerzas políticas distintas a la del oficialismo, debieron concurrir en el voto negativo para la asistencia a la ceremonia de juramentación. Lástima que Alejandro Toledo influyó para que se otorgue la autorización ( y que luego de tirar la piedra esconda la mano), lástima que faltó completar esta idea estratégica.

SI se hubiera producido la ausencia del Presidente Constitucional del Perú a la juramentación de Nicolás Maduro, en razón de la negativa de autorización del Congreso de la República, hubieramos dado una muestra de respeto a la institucionalidad y equilibrio de poderes, y en este momento estaríamos mostrándonos ante la comunidad internacional como un país líder en el ámbito regional  que respeta y promociona la democracia.





jueves, 15 de noviembre de 2012

CAPACIDADES DE LOS MIEMBROS DE LAS FFAA Y PNP

UNA AUTÓGRAFA DE LEY CON PIEDRAS EN EL CAMINO


La gran mayoría de Oficiales de las Fuerzas Armadas se forman profesionalmente, a lo largo de su carrera militar, en diferentes escuelas, universidades y centros académicos nacionales o extranjeros. Esta preparación académica combinada con la rica experiencia que los años de servicio le permiten recorrer por diversos cargos de responsabilidad, finalmente multiplican sus capacidades y competencias que, en verdad, hacen que el viejo adagio que reza que "lo único que no puede hacer un soldado, es parir", cobre relevancia.


Además de las propias ciencias militares, el desarrollo profesional de un Oficial de las Fuerzas Armadas involucra otros campos como son: administración de recursos humanos, recursos logísticos, investigación y desarrollo, relaciones públicas, gestión y administración pública, evaluación de sistemas, auditoría, finanzas, contabilidad, etc. Estas posibilidades, por cierto, no son de exclusividad nacional, pues los militares en todas las latitudes y longitudes, con mayor o menor incidencia, atravesamos por similares experiencias y vicisitudes, que enriquecen las competencias profesionales y que son reconocidas mucho más  por otras sociedades ajenas a la nuestra.

La iniciativa de la Congresista Luisa María Cuculiza Torre, mediante el Proyecto de Ley Nº 466, complementada por otros proyectos  presentados por los congresistas miembros de la Comisión Especial multipartidaria de seguridad ciudadana (PL 759), del propio Ejecutivo (PL 1182) y del congresista Alberto Beingolea Delgado (PL 1419), permitieron que el pasado 17 de octubre, el Congreso de la República aprobara el texto sustitutorio que unificaba los proyectos de ley antes mencionados, emitiéndose la correspondiente autógrafa de ley (que curiosamente aparece enmendada) remitida a Palacio de Gobierno el 29 de octubre, para el correspondiente trámite de ley.

Durante el debate en el parlamento se destacó algunas verdades, generalmente admitidas por  la opinión pública, como son:
1. Las remuneraciones y pensiones de los miembros de las FFAA y PNP no son adecuadas, son exiguas.
2. Los miembros de las FFAA y PNP a diferencia de otras profesiones, arriesgan sus vidas diariamente en la lucha contra la delincuencia y en defensa de la seguridad nacional.  
3. Percibir una pensión no es desempeñar un empleo. La Constitución no prohíbe, que se cobre una pensión y se cobre un sueldo. El sueldo se le paga por el  trabajo  que hace, y la pensión por el derecho que adquirió después de haber trabajado un determinado número de tiempo al servicio del Estado o al servicio de un particular.

De la argumentación y opiniones vertidas por los parlamentarios, podemos inferir lo siguiente:

1. La ley aprobada es totalmente independiente al proyecto de ley destinado a mejorar las remuneraciones y pensiones de los miembros de las FFAA y PNP.
2. Los beneficiados con la ley aprobada son un porcentaje reducido de personal de las FFAA y PNP, principalmente en situación de retiro.
3. Los congresistas de la República desconocen las potencialidades de los Oficiales de las FFAA y PNP. Al limitar su posibilidad a desarrollar labores exclusivamente en áreas de la Seguridad Nacional y Seguridad ciudadana, soslaya la preparación y experiencia en diferentes aspectos que fácilmente pueden competir con otros profesionales. Ya se dijo, la capacitación y el perfeccionamiento de estos hombres y mujeres, trasciende a las ciencias militares y desperdiciar su potencial, es simplemente desperdiciar el dinero y el tiempo que todos los peruanos invirtieron en su preparación.
4. Asimismo, considerar que el personal en situación de actividad realice una actividad pública paralela, no solo es antitético a la Constitución, también afecta la efectividad cuando preste servicios en su Unidad.

Sobre el último punto llama la atención que a pesar de lo advertido inicialmente por la Congresista Chávez Cossío y posteriormente por el Congresista León Rivera, no se haya  realizado modificación alguna al texto sustitorio aprobado.

La Congresista Chávez hizo notar que: En lo laboral existe el principio de primacía de la realidad. Es decir que lo que podamos decir (en la ley) no es válido frente a lo que sucede en la realidad. Los contratos de naturaleza privada o civil que señala la autógrafa de ley son para personas que van a realizar función pública. Por tanto, la autógrafa es inconstitucional.

Por su lado el Congresista León Rivera, luego del cuarto intermedio pedido para revisar el texto sustitorio (que finalmente no se modificó), precisó  antes de la votación lo siguiente: "no necesitamos ser grandes abogados para entender que esto que estamos aprobando sí podría colisionar con la Constitución y esto podría ser en su momento declarado inconstitucional (por afectar el art 40º) y por eso es que hoy día se está generando una expectativa probable que después estemos lamentándonos.Entonces, propongo que la Comisión de Constitución debiera pronunciarse para evitar esta inconstitucional posteriormente" No fue escuchado y de inmediato se produjo la votación que aprobó la la ley, seguida de la exoneración del segundo  escrutinio.


Si añadimos la misteriosa enmienda a la autógrafa, que siendo publicada el 17 de octubre  en el portal del Congreso, tiene ahora como fecha el 29 de octubre, (nótese el cambio de tipo de letra) que lógicamente amplía el plazo ( de 15 días) para su promulgación hasta el 21 de noviembre, acaso ¿no podríamos pensar que todo esto es una maniobra destinada a dilatar el otorgamiento de derechos a los miembros de las FFAA y PNP? 



Esperamos estar equivocados.En todo caso, este 21 de noviembre el Ejecutivo tiene tres caminos:

1. Promulga la ley tal cual se encuentra, que sería incostitucional por los argumentos vertidos por los dos congresistas antes señalados.
2. Presenta las  observaciones que hubiera que hacer sobre el todo o una parte de la ley aprobada en el Congreso.
3. No emite ningún tipo de respuesta, en cuyo caso la promulgación estaría a cargo del Congreso, con la incostitucionalidad incluida.

Ojala que la sensatez se imponga: que se haga  las observaciones que atentan contra la Constitución Política del Estado, y que  también se amplíe el campo de acción para que el personal de las FFAA y PNP en situación de retiro, pueda prestar servicios - además de las áreas de seguridad nacional y seguridad ciudadana - en cualquier campo de la gestión pública en la que se encuentre calificado.