CAPACIDADES DE LOS MIEMBROS DE LAS FFAA Y PNP

UNA AUTÓGRAFA DE LEY CON PIEDRAS EN EL CAMINO

La gran mayoría de Oficiales de las Fuerzas Armadas se forman profesionalmente, a lo largo de su carrera militar, en diferentes escuelas, universidades y centros académicos nacionales o extranjeros. Esta preparación académica combinada con la rica experiencia que los años de servicio le permiten recorrer por diversos cargos de responsabilidad, finalmente multiplican sus capacidades y competencias que, en verdad, hacen que el viejo adagio que reza que "lo único que no puede hacer un soldado, es parir", cobre relevancia.

Además de las propias ciencias militares, el desarrollo profesional de un Oficial de las Fuerzas Armadas involucra otros campos como son: administración de recursos humanos, recursos logísticos, investigación y desarrollo, relaciones públicas, gestión y administración pública, evaluación de sistemas, auditoría, finanzas, contabilidad, etc. Estas posibilidades, por cierto, no son de exclusividad nacional, pues los militares en todas las latitudes y longitudes, con mayor o menor incidencia, atravesamos por similares experiencias y vicisitudes, que enriquecen las competencias profesionales y que son reconocidas mucho más  por otras sociedades ajenas a la nuestra.

La iniciativa de la Congresista Luisa María Cuculiza Torre, mediante el Proyecto de Ley Nº 466, complementada por otros proyectos  presentados por los congresistas miembros de la Comisión Especial multipartidaria de seguridad ciudadana (PL 759), del propio Ejecutivo (PL 1182) y del congresista Alberto Beingolea Delgado (PL 1419), permitieron que el pasado 17 de octubre, el Congreso de la República aprobara el texto sustitutorio que unificaba los proyectos de ley antes mencionados, emitiéndose la correspondiente autógrafa de ley (que curiosamente aparece enmendada) remitida a Palacio de Gobierno el 29 de octubre, para el correspondiente trámite de ley.

Durante el debate en el parlamento se destacó algunas verdades, generalmente admitidas por  la opinión pública, como son:

1. Las remuneraciones y pensiones de los miembros de las FFAA y PNP no son adecuadas, son exiguas.

2. Los miembros de las FFAA y PNP a diferencia de otras profesiones, arriesgan sus vidas diariamente en la lucha contra la delincuencia y en defensa de la seguridad nacional.  
3. Percibir una pensión no es desempeñar un empleo. La Constitución no prohíbe, que se cobre una pensión y se cobre un sueldo. El sueldo se le paga por el  trabajo  que hace, y la pensión por el derecho que adquirió después de haber trabajado un determinado número de tiempo al servicio del Estado o al servicio de un particular.

De la argumentación y opiniones vertidas por los parlamentarios, podemos inferir lo siguiente:

1. La ley aprobada es totalmente independiente al proyecto de ley destinado a mejorar las remuneraciones y pensiones de los miembros de las FFAA y PNP.
2. Los beneficiados con la ley aprobada son un porcentaje reducido de personal de las FFAA y PNP, principalmente en situación de retiro.
3. Los congresistas de la República desconocen las potencialidades de los Oficiales de las FFAA y PNP. Al limitar su posibilidad a desarrollar labores exclusivamente en áreas de la Seguridad Nacional y Seguridad ciudadana, soslaya la preparación y experiencia en diferentes aspectos que fácilmente pueden competir con otros profesionales. Ya se dijo, la capacitación y el perfeccionamiento de estos hombres y mujeres, trasciende a las ciencias militares y desperdiciar su potencial, es simplemente desperdiciar el dinero y el tiempo que todos los peruanos invirtieron en su preparación.
4. Asimismo, considerar que el personal en situación de actividad realice una actividad pública paralela, no solo es antitético a la Constitución, también afecta la efectividad cuando preste servicios en su Unidad.

Sobre el último punto llama la atención que a pesar de lo advertido inicialmente por la Congresista Chávez Cossío y posteriormente por el Congresista León Rivera, no se haya  realizado modificación alguna al texto sustitorio aprobado.

La Congresista Chávez hizo notar que: En lo laboral existe el principio de primacía de la realidad. Es decir que lo que podamos decir (en la ley) no es válido frente a lo que sucede en la realidad. Los contratos de naturaleza privada o civil que señala la autógrafa de ley son para personas que van a realizar función pública. Por tanto, la autógrafa es inconstitucional.

Por su lado el Congresista León Rivera, luego del cuarto intermedio pedido para revisar el texto sustitorio (que finalmente no se modificó), precisó  antes de la votación lo siguiente: "no necesitamos ser grandes abogados para entender que esto que estamos aprobando sí podría colisionar con la Constitución y esto podría ser en su momento declarado inconstitucional (por afectar el art 40º) y por eso es que hoy día se está generando una expectativa probable que después estemos lamentándonos.Entonces, propongo que la Comisión de Constitución debiera pronunciarse para evitar esta inconstitucional posteriormente" No fue escuchado y de inmediato se produjo la votación que aprobó la la ley, seguida de la exoneración del segundo  escrutinio.

Si añadimos la misteriosa enmienda a la autógrafa, que siendo publicada el 17 de octubre  en el portal del Congreso, tiene ahora como fecha el 29 de octubre, (nótese el cambio de tipo de letra) que lógicamente amplía el plazo ( de 15 días) para su promulgación hasta el 21 de noviembre, acaso ¿no podríamos pensar que todo esto es una maniobra destinada a dilatar el otorgamiento de derechos a los miembros de las FFAA y PNP? 



Esperamos estar equivocados.En todo caso, este 21 de noviembre el Ejecutivo tiene tres caminos:

1. Promulga la ley tal cual se encuentra, que sería incostitucional por los argumentos vertidos por los dos congresistas antes señalados.
2. Presenta las  observaciones que hubiera que hacer sobre el todo o una parte de la ley aprobada en el Congreso.
3. No emite ningún tipo de respuesta, en cuyo caso la promulgación estaría a cargo del Congreso, con la incostitucionalidad incluida.

Ojala que la sensatez se imponga: que se haga  las observaciones que atentan contra la Constitución Política del Estado, y que  también se amplíe el campo de acción para que el personal de las FFAA y PNP en situación de retiro, pueda prestar servicios - además de las áreas de seguridad nacional y seguridad ciudadana - en cualquier campo de la gestión pública en la que se encuentre calificado.

BUSCANDO UNA SOLUCIÓN PARA DISEÑAR LA ESTRATEGIA MILITAR EN EL VRAEM

El Presidente Constitucional de la República, Ollanta Humala Tasso, durante su campaña para  ser elegido a la más alta investidura política de nuestro país, tuvo como bandera  la lucha contra: la pobreza, la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo. Para confirmar dichas promesas, realizó un pronunciamiento público, denominado "Compromiso de Ollanta Humala en defensa de la democracia y contra la dictadura". Así, el punto 9 de dicho compromiso, que puede ser encontrado en el portal de la Presidencia de la República del Perú (www.presidencia.gob.pe), señala claramente: "Será prioridad de mi gobierno luchar eficazmente contra la inseguridad ciudadana, el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado".

La implementación de la voluntad política, en lo que se refiere a la lucha contra el terrorismo recae sobre el Ministerio de Defensa y todos los órganos que lo componen, siendo el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) el encargado de planificar, organizar, dirigir y conducir la operaciones y acciones  militares conjuntas de las fuerzas armadas en función de los objetivos de la política de seguridad y defensa nacional.

Lamentablemente, los resultados del empleo de las fuerzas de seguridad  en el VRAEM no han sido muy halagadores, recibiéndose múltiples críticas sobre el particular y ocasionando la caída de más de un Ministro de Estado, así como el cambio de colocación de un General de División Comandante General de Región Militar, en lo que va del presente gobierno.

Algunos analistas han señalado que Humala, por ser militar en situación de retiro, creía que podía derrotar al terrorismo en el VRAEM, antes del año 2016. Los eventos señalan, que difícilmente podría lograr ese anhelo, a menos que adopte una adecuada y efectiva reacción en el campo de batalla.

Voluntad existe, tal es así que el pasado 16 de octubre, tras las críticas de falta de liderazgo político, decidió redefinir la estrategia militar y de inteligencia contraterrorista y "preocupado por la situación e incómodo porque las instrucciones impartidas a los altos mandos no habrían estado dando los resultados previstos, el mandatario convocó a los comandantes generales del Ejército, Jorge Moncada; de la Marina, Carlos Tejada; y de la Fuerza Aérea, Pedro Seabra. Reunión a la que no fue convocado el titular de Defensa, Pedro Cateriano", ni el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Más allá de las connotaciones políticas, por la ausencia del Ministro de Defensa y del Jefe del CCFFAA, Humala olvidó por completo que las Instituciones Armadas tienen por función "ejecutar las acciones de preparación, educación, capacitación, organización, mantenimiento y equipamiento del componente" terrestre, naval o aéreo, según corresponda, vale decir tener listas a a las tropas para que el CCFFAA las emplee en operaciones.

Una buena noticia para Humala, aunque mala para el Perú, es que los resultados en el VRAEM, militarmente, no han sido favorables desde su creación como Comando Especial en el año 2008. Una  rápida consulta en los buscadores de internet, noS revelarán que pocos han sido los logros, muchas las bajas, como también las justificaciones de los generalísimos comandantes responsables: tanto de la preparación de la fuerza, como de la ejecución de las operaciones.

Uno de los principales problemas, que no se logra superar, es que probablemente no se nombra a las personas más idóneas para los cargos de comando y estado mayor responsables del planeamiento y ejecución de las operaciones; además de los asuntos administrativos que no logran satisfacer las necesidades de las tropas y que incluso han tenido tintes de malos manejos, denunciados públicamente y aún no corregidos adecuadamente.

Las operaciones deben ser planeadas  en todos los niveles desde  el CCFFAA, los Comandos Operacionales y las Grandes Unidades y Unidades de combate. En esa cadena, particularmente en los niveles más altos, es donde se cometen las apreciaciones y decisiones equivocadas, tal vez porque muchos de esos comandos, no tuvieron la experiencia  de ser "patrulleros" (entiéndase que integraron  patrullas de combate) en sus años de oficial subalterno; algunos, con distinciones académicas y con cargos de confianza que les permitió alcanzar  los más altos grados del escalafón militar; otros que sí fueron ejecutantes "patrulleros" y con facilidad idiomática, cuya acumulación de puntaje les favoreció llegar a la cúspide de la organización, pero en las dos situaciones, no conjugando las competencias necesarias para  configurar soluciones inteligentes y efectivas, que la responsabilidad nacional exige.

En las Fuerzas Armadas y específicamente en el Ejército del Perú, existe unos ochenta Oficiales Generales, distribuidos en los diferentes niveles de organización del sistema de seguridad y defensa nacional, pero son poquísimos los que participan directamente en la lucha contra el terrorismo en el VRAEM, por razones obvias de la estructura organizacional.

La cantidad de bajas, los efectos negativos para la economía nacional y la imagen internacional de nuestro país, urge adoptar una medida que permita superar esta debilidad, que no se va a resolver creando un Destacamento nuevo en La Convención, ni aumentando la cantidad de bases contraterroristas, si es que no se tiene la estrategia apropiada, si teniéndola  no se implementa adecuadamente, peor si no se cuenta con los medios y pertrechos militares necesarios. 

La intención del Presidente, de redefinir la estrategia militar y de inteligencia contraterrorista, es un completo acierto, lo que creemos que no sea así, es el procedimiento empleado. El Presidente debe reconocer que el cargo, no le da la sabiduría necesaria para resolver el problema, ni mucho menos su experiencia como Jefe de Base Contraterrorista en Madre Mía. 

Lo que si tiene  es la capacidad de disponer de las FFAA para resolver el problema, pero no de la forma como se ha realizado en los últimos años, porque  de  lo contrario, el resultado será más de lo mismo.

No se pretende en esta columna, proponer la estrategia militar, pero si recomendar una forma de como encontrarla. Como se dijo en el Ejército del Perú existen unos ochenta Oficiales Generales, con diferentes capacidades, experiencias y competencias, a los que se les suman 18 nuevos  oficiales que alcanzaron los soles radiantes en el último proceso de ascenso.

Todos ellos, son los "más calificados" de la fuerza terrestre y por lo tanto, capaces de encontrar diversas vías de aproximación para la aplicación de procedimientos efectivos en el campo de batalla, a fin de alcanzar éxitos en la lucha contra el terrorismo.

Se propone entonces, realizar un cónclave de estos altos oficiales, para que organizados adecuadamente, estudien el problema, lo analicen y finalmente propongan soluciones que permitan superar los años de deficientes resultados en la lucha contra el terror, en el VRAEM. A ellos pueden sumarse, distinguidos congresistas de origen militar, así como otros oficiales generales que tuvieron la oportunidad de ocupar cargos importantes dentro del sistema de seguridad y defensa nacional.

Es de esperar que del "brain storming" que pueda producirse de este conglomerado de mentes calificadas y distinguidas, llegue a superarse las limitaciones que tuvieron algunos de los comandos responsables de la lucha contra el terrorismo en el VRAEM, sea por su falta de experiencia, conocimiento o liderazgo.

El "Compromiso de Ollanta Humala en defensa de la democracia y contra la dictadura" finaliza así: "Juro ante Dios, ante la Historia y ante mi pueblo que cumpliré estas promesas y seré un Presidente que solo actúa dentro de la Constitución y el Estado de derecho.

Tienen mi palabra."

La obligación de todo peruano, establecida en la Constitución Política del Estado, exige participar en la Defensa Nacional.

La propuesta está hecha. Esperamos la palabra del Presidente Ollanta Humala.

FOMENTANDO LA LIBRE OPINIÓN EN FAVOR A LA DEMOCRACIA

"LOS PUEBLOS TIENEN EL GOBIERNO QUE SE MERECEN" Gaspar Melchor  de Jovellanos

Carl Gershman, Presidente de la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés) durante  la Conferencia denominada “La democracia en el Perú: avances y retos de hoy” realizada  en las instalaciones del Museo del Congreso y de la Inquisición, expresó su especial beneplácito por los avances en provecho de la democracia en el Perú, destacando  las magníficas oportunidades que tiene nuestro país para establecernos como el referente y abanderado latinoamericano, no solo por las muestras de progreso democrático, sino  también por la especial ubicación geográfica  del Perú que permite ser el centro de múltiples cumbres y actividades internacionales, acompañadas de un crecimiento económico estable que favorece nuestra imagen internacional. Habló también de algunas debilidades de algunos gobiernos que  dicen ser democráticos pero que no desarrollan acciones que reflejan tal concepto.

La democracia, ha sido desde los tiempos de la antigüedad la mejor forma de gobierno  que haya existido, pero no existe duda que la perfección es difícil de alcanzar, pues depende del deseo efectivo de cada pueblo en robustecerla, no únicamente como forma de gobierno sino incluso como forma de vida.

Si bien es cierto que las evidencias expuestas por Carl Gershman son halagadoras, sabemos que tenemos muchísimo trabajo por delante, si de verdad queremos impulsar nuestra imagen internacional a través de un verdadero compromiso para merecernos un mejor gobierno y una alentadora gobernabilidad, que redundará favorablemente en el progreso y desarrollo nacional.

Nuestra carta política establece que "los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas, conforme a ley" (Art 35º), sin embargo  la mayoría de peruanos recurren al facilismo de no participar en el proceso político de la sociedad, tal vez porque aún no ha sido posible sacudirse de  la indolencia de esclavo que heredamos de los años de dominación colonial. Por eso es común escuchar frases como "no tengo tiempo", "no es mi responsabilidad, para eso están los políticos", "soy apolítico", "no puedo asistir a la reunión pero estoy de acuerdo con la mayoría", etc 

También es cierto que los dirigentes políticos, convenientemente han retrasado el fortalecimiento de los partidos políticos en contraposición a lo propuesto en  la Constitución del Estado, creando ante la opinión pública primero división y luego desanimo para su impulso. En primer término están los "padres de la Patria" que por años  prolongaron la aprobación de la  "Ley de Partidos Políticos" (Nº 28094) que aunque promulgada en 2003, un día como hoy, aún no se vitaliza adecuadamente en la práctica.

Por eso observamos que las organizaciones políticas solamente brillan durante las campañas electorales y muchas de ellas se olvidan del Perú y también  de promover el desarrollo de sus cuadros (tal vez por el interés de los propios líderes del momento), cuando deberían mantenerse activos, estudiando las mejores soluciones para los problemas del país, mejorando sus propuestas de planes de gobierno, capacitando a sus cuadros, desarrollando actividades que promuevan la participación de la sociedad, haciendo que el peruano de a pie opine, motivando a la libre  expresión de ideas para brindar ingeniosos aportes , de esos que los peruanos sabemos que podemos otorgar, y  no limitándose a la crítica destructiva o convenida por intereses particulares que no le hacen nada bien a la sociedad peruana.

La participación ciudadana es importante para el crecimiento democrático de nuestro país. Debemos tomar conciencia que nuestra obligación democrática trasciende el voto en las urnas, que mientras no aportemos una solución a cualquier problema nacional, formamos también parte del problema. De allí la necesidad de fomentar el fortalecimiento de los partidos políticos y el pleno ejercicio de las  "libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos".

Y en este punto, me detengo para resaltar que ningún gobierno puede arrogarse el título de democrático, si en forma efectiva no asegura que estas libertades no tengan jamás la mínima amenaza para quien en ejercicio de sus derechos constitucionales lo haga por medio  de la palabra oral, o escrita o la imagen, incluso colocando el dedo en la llaga revelando verdades que puedan molestar a quien ostente un alto cargo público.

Los gobernantes y autoridades públicas, deben aceptar que mientras exista  variedad de opiniones se obtendrá mejores argumentos para la gobernabilidad del país. Si bien es cierto las autoridades políticas, llegan a sus cargos mediante el voto popular o por designación de algún funcionario del Ejecutivo, eso no les otorga el conocimiento y mucho menos la experiencia que otros ciudadanos puedan tener sobre un tema en particular.

En nuestro país, lamentablemente esas libertades no están plenamente aseguradas, pues existe amenaza muy disimulada para quien opina algo que no le guste a quien ostente el poder a través de un cargo público. Por eso las restricciones de algunas publicaciones en algunos medios de información, por eso también las renuncias provocadas de algunos servidores o funcionarios públicos que "osaron" en advertir de algún yerro de la administración. Así, no fomentamos la democracia, así no forjamos la República.

Las hoy autoridades circunstanciales de nuestra política nacional, deben alejar la soberbia y ser conscientes que el cargo que ejercen u ostentan y el poco o mucho poder que puedan obtener de él, es simplemente limitado, no es eterno. Dejen de imponer su verdad, dejen de promover la adulación, fomenten el diálogo, escuchen, promuevan la exposición de propuestas, acepten que como humanos pueden cometer errores y reconozcan que pueden haber personas mucho más capacitadas para determinadas tareas. Por último no promuevan el temor a la libre expresión, no tomen revanchas porque alguien haga público su desacuerdo a alguna de las acciones que son de su competencia o responsabilidad.

Y tu, ciudadano de a pie, no te quedes allí sentado pensando que los gobernantes y el Estado te debe resolver tus problemas. Si tienes una idea, habla, exprésala, coméntala, difúndela. Hoy existen diversos medios para hacer llegar nuestras propuestas, úsalas, sacúdete de la indolencia y del temor; y finalmente se consciente de la importancia que tiene el fortalecimiento de las organizaciones políticas para el desarrollo democrático de nuestro país.

Jamás un "chi señó", menos un timorato cuando la Patria está de por medio, cuando el futuro de nuestros hijos puede verse amenazado por la falta de capacidad o desidia de los funcionarios y autoridades públicas, cuya obligación es servir al pueblo. 

El Perú merece mejores ciudadanos y los buenos ciudadanos merecen un mejor gobierno. 

Ahora, te toca a ti.

A LA PUNTA DEL CERRO

LO QUE APRENDIMOS EN LA ESCUELA

La gran mayoría de Oficiales del Ejército del Perú fuimos formados profesionalmente en la Escuela Militar de Chorrillos. Allí, además de las materias  de ciencias y humanidades propias de la carrera, reforzamos los valores que cada cual traía de su casa y que tenía que ajustarse al perfil del cadete, de lo contrario no se hubiera debido acceder al centro de estudios.

Los conocimientos y el entrenamiento recibidos durante los años de cadete, preparan al Oficial para los cargos iniciales, y conforme van pasando los años y la promoción a nuevos grados, la educación y entrenamiento van puliendo al Oficial, de manera tal de estar capacitado para mayores responsabilidades y retos, en las que debe poner de manifiesto su inteligencia y capacidad para resolver las diversas situaciones a las que debe enfrentar.

Uno de los aspectos más importantes que aprendimos desde nuestra Alma Mater  es el proceso de planeamiento, que se inicia desde el reconocimiento del problema y la apreciación de la situación, para después  efectuar análisis, con propuestas  de solución que luego de ser cotejadas permiten arribar a conclusiones y recomendaciones. De esta forma se elabora un cronograma y plan de trabajo en los que también se contemplan situaciones para resolver posibles contingencias. Eso nos enseñan en la Escuela.

Pero, sería iluso tratar de ocultar que - como en toda parte - existen miembros de la institución que no alcanzan a tener ni el perfil deseado y tampoco consiguen  aprehender los conocimientos  recibidos y con el tiempo llegan incluso a ser Instructores en la propia Escuela.

Y estando en ese cargo de importancia, por la trascendencia institucional, no reaccionan y lejos de reforzar sus competencias, creen ser dueños de la verdad. Y cuando en el curso de la instrucción, algún cadete le formula una pregunta, que no tienen idea como responder, no les queda más que imponer el poder que el grado les brinda  y, ante el atrevimiento del cadete toda la sección (unos 30 cadetes) son enviados a darse una vuelta a la carrera, o a la punta del cerro, con lo que se pretende soslayar la pregunta o darse tiempo para encontrar una  respuesta.

Qué bueno sería, que nuestra primera autoridad política, quien  a juicio de MVLL lo está haciendo bien, pudiera recordar lo aprendido en la Escuela Militar para  replantear su plan de trabajo, establecer adecuadamente la agenda y atacar los principales problemas de los que aqueja nuestro país, principalmente la corrupción que prometió erradicar, sin tener que recurrir a los artilugios de algunos despreocupados instructores y más bien teniendo presente las excelentes enseñanzas de los soldados, que nos antecedieron, formados en la Escuela, que con su ejemplo y sus virtudes nos enseñaron el camino del deber, del honor y de la gloria. 

PROPICIANDO EL RESPETO A LA INSTITUCIONALIDAD DEL EJÉRCITO DEL PERÚ

LOS ASCENSOS EN EL EJÉRCITO

La vigésima quinta política de estado del Acuerdo Nacional - ”Cautela de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y su servicio a la democracia” - establece el compromiso que tenemos todos los peruanos, para optimizar el servicio que prestan las Fuerzas Armadas para el mantenimiento de la paz y la integridad territorial, dentro del irrestricto respeto a los preceptos constitucionales, al ordenamiento legal y a los derechos humanos.

Los dos primeros objetivos de esta política señalan que el Estado:
* Afirmará la institucionalidad, profesionalidad y neutralidad de las Fuerzas Armadas.
* Garantizará el control democrático de las Fuerzas Armadas.


De acuerdo a la definición de la Real Academia Española, el término institucionalidad se define como la cualidad del institucional. En la vida real, sabemos que una sociedad o un estado tienen una institucionalidad más avanzada y fuerte en tanto sus normas y leyes sean, no solamente eficientes sino respetadas y aplicadas plenamente.


Entonces, no existe respeto a la institucionalidad cuando las normas que rigen son vulneradas o distorsionadas bajo una interesada “interpretación auténtica”. La institución también se resquebraja cuando los jefes olvidan la lealtad hacia los miembros de la organización. No puede haber lealtad cuando se justifica los errores “humanos” de la administración o cuando no se adopta correcciones a los yerros de gestiones anteriores, mucho peor cuando se dice respetar la institucionalidad aplicando procedimientos que agreden al subordinado ya afectado por previos “errores”, disimulados por los órganos y autoridades a cargo del control.


El dejar hacer, dejar pasar de “algunos muchos” dizque líderes, es sencillamente punible y un lamentable lastre para el desarrollo de la sociedad, que espera lo mejor de los hijos del pueblo que abrazaron la carrera de las armas. Por lo tanto, la lealtad es un principio fundamental que merece la mayor atención y preocupación de los comandos  en los 360 grados, pues afecta la médula espinal del prestigio y la noble tradición: la institucionalidad.


El respeto a la institucionalidad, no es un asunto de mera competencia de las autoridades del sector Defensa. Trasciende a ellas e involucra a toda la sociedad. Se trata de proteger el Sistema de Seguridad y Defensa de todos, de asegurarse que el funcionamiento de las instituciones castrenses sea, por decir lo menos, intachable.


¿De qué le valdría a la sociedad tener un Ejército que no cumpla las leyes de la República y sus propios reglamentos? ¿Serviría una organización militar que no disponga de jefes con competencias para organizar, planear y dirigir la defensa del pueblo del Perú? Es que acaso a usted, que está en su casa ¿no le preocupa la seguridad y tranquilidad de su familia? ¿Prefiere usted líderes militares honestos, capaces y eficientes?, o ¿se conformaría si fueran jefes deshonestos, corruptos, ineficientes o que sólo busquen sus intereses personales?


Estamos a pocos días de la selección y promoción de los cuadros de las Fuerzas Armadas: la fase final del proceso de Ascenso de Oficiales. Y ha sido una penosa letanía de muchos años, específicamente en el Ejército, que después de publicadas las listas de ascenso, se escuchara voces que denunciaban que el proceso tuvo el sesgo del favoritismo y el amiguismo, a pesar que luego los responsables lo defendieran argumentando que se respetaron los cuadros de mérito.


La sociedad peruana, no debe permitir que esa historia se vuelva a repetir, pues estaríamos colocando en duda la credibilidad de los responsables de la seguridad y paz de todos los peruanos. Por tal razón debe hacerse efectivo el control democrático que ha sido por años, bandera de muchas organizaciones de la sociedad civil.

La ciudadanía debe recordar que este asunto, no es nuevo y que existen indicios que las propias autoridades han estado involucradas en malos manejos; basta citar en esta parte a Renzo Chiri Márquez (Lineamientos para una política de Defensa nacional. Perú 2006-2011): “ …es importante precisar que la concepción de la conducción democrática de la Defensa incorpora principios tales como capacidad, meritocracia, probidad, eficacia, respeto a la carrera, etc. En razón de ello, resulta inadmisible desde nuestro punto de vista, la manera tan poco prolija como el gobierno ha conducido el proceso de ascensos de oficiales generales, especialmente durante los dos últimos años. Si bien es la autoridad civil quien conduce y quien en última instancia toma las decisiones, éstas no pueden tomarse arbitrariamente, concediendo privilegios y premiando compadrazgos o lealtades políticas, sin respetar las carreras, sin considerar las trayectorias y las capacidades profesionales. Este proceder deslegitima a la autoridad civil, genera heridas y resentimientos y hace al militar renuente a aceptar el control democrático de la Defensa”


También es necesario tener presente, que las autoridades responsables – inclusive en ocasiones el propio Ministro - han defendido “a capa y espada” sus procesos, respaldando los resultados, muchas veces dejando pensar que no se tuvo en cuenta detalles técnicos importantes, sea tal vez por desconocimiento o por mera subordinación.

Técnicamente, en los últimos años la ley ha sido sobrepasada. Un factor de evaluación, destinado a mejorar la selección, ha sido mal empleado prestándose a conjeturas de una manipulación deshonrosa: La apreciación del superior, más conocida como el “aplausómetro”, un procedimiento que debe vigilarse y del cual se proporcionó detalles en el artículo titulado EL “APLAUSÓMETRO” EN EL EJÉRCITO: MEDIDAS PARA CONTROLARLO, motivado por la denuncia que hiciera el Gral Brig (R) Roger Zevallos Rodríguez. Ver: http://honorypatria.blogspot.com/2012/01/el-aplausometro-en-el-ejercito-medidas.html

¿Qué debe hacerse? Supervisar su honesto cumplimiento: 1. Que se respete la finalidad de esa calificación: complementar y no distorsionar la nota de potencial que arrastra el candidato en más de 26 años de servicio. No se debe borrar de un plumazo las trayectorias. 2 Que califiquen quienes deban calificar, inhibiéndose aquellos que no deban evaluar por no conocer fehacientemente la labor profesional. No se califica por referencias o por pertenecer a un círculo deportivo o amical, eso es ser desleal y
deshonesto. 3. Que las hojas individuales de calificación puedan ser objeto de verificación y que no se trituren al formularse el acta final. 4. Que dichas evaluaciones sean publicadas oportunamente, a fin de evitar malas interpretaciones o suspicacias que incluyen cambios “oportunos” en los números.
¿Quién debe hacerlo? Las autoridades encargadas del control democrático: El Ministerio de Defensa. ¿Quién debe monitorearlo? La sociedad plena, los medios de prensa. No se quiere “élites” mal seleccionadas, mucho menos que no tengan las calidades y cualidades que merece el pueblo del Perú, peor que ostenten signos exteriores de riqueza incoherentes al bajo sueldo. Si hay militares de cualquier jerarquía con propiedades o gastos que superan a sus ingresos, se podría pensar que no se obtuvieron lícitamente, y se sabe que ese tipo de personas siempre irán por más. ….Esos, no se quiere en el Ejército de Bolognesi!....Estoy seguro que usted tampoco los quiere para la seguridad nacional y la de su familia.

El presidente Humala, como Oficial del Ejército en situación de retiro, tal vez no conozca al detalle todo el procedimiento, pues esta evaluación no se empleaba cuando estaba en actividad y tampoco alcanza – en el Ejército – al proceso para el ascenso al grado de Teniente Coronel. Sin embargo, como primera autoridad política, está obligado a promover el respeto de la institucionalidad, y por ello el año 2009 lo denotó atribuyendo al ex presidente Fujimorí, “haber destruido la institucionalidad de las Fuerzas Armadas al dar de baja a valiosos oficiales y ascender a su círculo más cercano a partir de la amistad y el soplonaje” (La República 09 de abril de 2009: http://www.larepublica.pe/09-04-2009/fujimori-destruyo-la-institucionalidad-de-las-fuerzas-armadas-0 . ……..aunque parece que el año pasado, lo habría olvidado….

Que la historia no se repita. El Perú merece más que eso.
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N de R.- Un paréntesis importante: Al  expresar el análisis en una fecha tan especial para la libre expresión, es imprescindible anotar que no se generaliza, pues siempre existen honrosas excepciones.

LUCHA CONCRETA Y EFECTIVA CONTRA LA CORRUPCIÓN: POR EL PROGRESO DEL PERÚ

El 7 de junio es para todos los peruanos una fecha de singular importancia en el calendario cívico patriótico, pues  recuerda la Batalla de Arica, gesta en la que un puñado de patriotas, al mando del Coronel Francisco Bolognesi Cervantes, prefirieron entregar su vida en defensa de la Bandera  y del honor nacional; razón por la que también fue instituida como el Día de la Bandera.

Para un militar, para un Oficial del Ejército del Perú formado en las aulas y campos de instrucción de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” esa fecha contiene mayor trascendencia, pues es entonces que juramos “seguir constantemente a nuestra bandera, defenderla hasta perder la vida  y no abandonar a nuestros superiores” para cumplir  nuestra misión, con honor, “hasta quemar el último cartucho”.

Para un militar, el cumplimiento de la misión es el norte de nuestras actividades, aquello por lo que agotamos nuestro esfuerzo, para alcanzar a cabalidad y en forma íntegra, pues entendemos que el pueblo del Perú, la Patria toda,  ha depositado su confianza en nosotros, y cree fervientemente  que somos hombres y mueres de honor.

Para el Presidente Constitucional de la República del Perú, que es también un Oficial del Ejército, esa fecha indudablemente debe haberle remecido su fibra de soldado recordándole el  noble compromiso del cumplimiento del deber y  del honor.

Tal es así que al día siguiente dijo: “Hoy ratifico que la lucha contra la corrupción es un compromiso en que no vamos a abdicar de ninguna manera; no habrá retrocesos y quiero que en esta tarea me acompañe todo el país y todas las personas decentes”

Esta ratificación, es una renovación, no solo de lo que prometió a lo largo de su campaña electoral, sino también de su declaración formal ante el Congreso de la República, el pasado 28 de julio de 2011, cuando diagnosticó que “Nuestro país trabajador, honrado y diverso, se encuentra fracturado y herido. Sufre el abandono de los políticos y de un Estado insensible, burocrático y centralista. Un Estado que le ha dado la espalda al interior del país, un Estado que sufre de “mal de altura o soroche” y que se niega a subir los andes y extenderse en nuestra Amazonía. Un Estado acechado por la corrupción y el despilfarro, alejado de sus ciudadanos, incapaz de protegerlos de la violencia y la criminalidad”

En tal discurso enfatizó que “Sueño con un Perú donde la vida no sea un riesgo, donde las ciudades sean espacios seguros donde el ciudadano se encuentre protegido. Para esto necesitamos más estado, más patria y que la corrupción sea sancionada”.

Asimismo conceptualizó que la  corrupción “es para nosotros un elemento que debilita al Estado y afecta su desarrollo”. Y agregó: “Es, por lo tanto, un problema de seguridad. En tal sentido, defiendo la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción en agravio del Estado y la inhabilitación a perpetuidad contra sus autores o cómplices para el ejercicio futuro de cualquier función pública; propongo la supresión de las penas condicionales en las condenas por corrupción para que la prisión se cumpla de manera efectiva; y defiendo la eliminación de los beneficios penitenciarios en los casos de corrupción”.

Magníficas palabras, excelentes intensiones del candidato, hoy  del gobernante, que esperamos que no queden en ese sueño presidencial, sino que un día no muy lejano, se plasme  con la  identificación de esos malos funcionarios y servidores públicos, y naturalmente  con evidentes sanciones y la devolución de los bienes y dinero enajenado al pueblo del Perú.

Puede sonar muy elemental, sin embargo es bueno recordar para muchos,-particularmente para aquellos que tienen responsabilidad de gobierno – de lo que  se entiende por  corrupción:

-       De la RAE : En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores

-    Banco Mundial: “Uso y abuso del poder público para beneficiar intereses privados, propios o de particulares”

-   El Código Penal vigente describe diversos delitos de corrupción: usurpación de autoridades, títulos, honores, abuso de autoridad, concusión, peculado, corrupción de funcionarios, prevaricato, denegación y retardo de justicia, entre otros.

-       Corromper significa dañar, alterar, echar a perder, viciar, pervertir. Cambiar el propósito originario de una cosa, que deviene en algo negativamente considerado por la moral social.

-     La corrupción es sencillamente el uso de la posición y el poder públicos para fines ilegítimos, inmorales, ilegales o diferentes a lo formalmente establecido.

Pero, ¿que hay mas allá del discurso? Seamos realistas, la voluntad política no se concreta claramente. Y aunque a muchos “opinólogos” les moleste,  el Presidente de la República debería recordar lo que aprendimos en nuestra Alma Mater, La Escuela Militar: “Impartir la orden es solamente el 20%, el 80% radica en el control y supervisión, de ello depende el cumplimiento de la misión”

¿Que existe de concreto en la lucha contra la corrupción? Un Plan Nacional y estrategias priorizadas, que en realidad fueron  diseñados por el gobierno anterior; y siete (sí, solo 7) planes sectoriales de lucha contra la corrupción (Comercio exterior y turismo, Cultura, Defensa, Economía y Finanzas, Energía y Minias, Producción, y finalmente Trabajo y promoción del empleo), formulados el presente año.

Si la Comisión de alto nivel anticorrupción, cuya representación recae en Susana Silva Hasembank ,(designada mediante Resolución Suprema Nº 340-2011-PCM de fecha 19 de Noviembre de 2011), realiza alguna actividad efectiva en lucha contra la corrupción, es un misterio, pues el sitio web de la PCM que supone debe  explicarlo a la ciudadanía, léalo bien ESTÁ EN CONSTRUCCIÓN (hasta el momento de redactarse este artículo).  http://can.pcm.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=18

Se quiere  cosas concretas y no  reuniones y foros para más declaraciones de buena voluntad (que se publican como noticias). Esos planes y esas estrategias deben aterrizar y pronto!, para ello es imprescindible que se difundan los resultados concretos, y se deje de lado  mas promesas, más letra que no cambia nada.

Para empezar bastaría que se realice un efectivo estudio de los signos exteriores de riqueza de muchos funcionarios y servidores del Estado, que a pesar de tener sueldos bajos o moderados, ostentan propiedades que muchos de sus homólogos no pueden alcanzar; realizan - ellos o sus esposas - viajes al exterior; emergen de pronto con empresas (que sirven para lavar los ingresos indebidos). Bastaría contrastar con la realidad, (entrada y salida de almacenes), tantas rendiciones de cuentas que dicen haber comprado cosas, que solo el papel aguanta.

Muchos de esos malos peruanos, siguen lucrando y construyendo redes para lograr su impunidad. Y seguirán haciéndolo mientras que la voluntad política quede en ese  20% del compromiso presidencial.

La lucha contra la corrupción, ha sido uno de los primordiales pilares de la campaña electoral  del actual Presidente, cuando el 80% de los peruanos opinábamos que ese flagelo constituye el principal freno para nuestro desarrollo.

Si el compromiso de su gobierno “es no desmayar en la lucha contra la corrupción” debe dar muestras claras de ello, porque en realidad, el pueblo sabe, vive y conoce, que existen diversos sistemas de corrupción que solo podrán ser vencidos cuando el gobierno demuestre con hechos y no con palabras su voluntad de doblegarla.

Solo entonces, será posible ganarle a la corrupción, solo así se logrará  el compromiso y participación de muchos peruanos y peruanas que no intervienen, porque saben que el poder que tienen los corruptos mueven muchas esferas en el país.

Si el Presidente de la Republica recuerda que el cumplimiento del deber  le obliga llevar su compromiso “hasta quemar el último cartucho”, si recuerda su juramento de honor, de  soldado  y  primera  autoridad  del  país, y combate efectivamente, -obteniendo resultados concretos - contra la corrupción, realmente estaremos dando paso a la verdadera  Gran Transformación. 

EL FÚTBOL Y LA POLÍTICA

NECESIDAD DE UNA  EFICAZ ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN EN FAVOR DE LA GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y DESARROLLO DEL PAÍS.

El resultado del partido Perú-Colombia nos trajo una vez más el sinsabor del popular dicho de "jugamos como nunca, perdimos como siempre"; expresión que también encierra el fatalismo y la desesperanza de un sufrido pueblo que ansía tener algo que celebrar, para disimular o tal vez olvidar, el triste destino, ese de ver día a día que el dinero no le alcanza y comprobar penosamente que las promesas electorales, de las hoy autoridades, se ven tan lejanas como la clasificación de nuestra selección para el próximo mundial.

Y es que, cada vez que se convocan elecciones generales, observamos repetidamente que los candidatos prometen tantas cosas para alcanzar el cargo, sin considerar la realidad o las mejores vias para la mejor solución, y en tanto llegan al poder recién "se dan cuenta" que "una cosa es con guitarra y otra con cajón".

Esta es una situación recurrente en nuestra reciente historia republicana, de la que quizás no escapemos hasta que logremos sacudirnos de nuestra "indolencia de esclavo", de nuestro fatalismo. Mientras tanto, de no tomar una actitud más participativa, más crítica si se quiere, seguiremos esperando y soñando con el día que los peruanos tengamos autoridades políticas, que no solamente jueguen una bonita campaña electoral, sino que también metan goles y ganen la clasificación de la confianza de la población, mostrando - con sus actitudes - que avanzan positivamente dando soluciones efectivas para llevar a nuestro país por el camino del desarrollo y la paz social.

Los conflictos sociales existentes en nuestro país no debieran haber sido ninguna novedad para el gobierno de turno, toda vez que la Defensoría del Pueblo, hace más de ocho años, emite un reporte mensual de los conflictos existentes, emergentes y latentes que se desarrollan en el país, herramienta muy importante para cualquier grupo político y gobierno que tenga la mejor intención de adoptar las  alternativas para la superación de los problemas sociales, que mientras existan, no solo afectan a la población involucrada, sino también mellan nuestra credibilidad ante los inversionistas nacionales y extranjeros.

El Premier Valdés, hizo notar que el gobierno de Ollanta Humala recién tiene 10 meses y que en ese tiempo no ha sido posible resolver los conflictos que fueron heredados, lo cual es cierto. Lo que deja de mencionar, es que en estos 10 meses aparecieron nuevos conflictos que necesariamente no tuvieron un adecuado manejo gubernamental para su atención.

Mucho más preocupante ha sido escuchar de boca de Valdés que -en efecto - están dialogando y atendiendo de "mejor forma" para arribar a soluciones en favor de los pueblos afectados y la gobernabilidad. Preocupante, porque revela que el gobierno estaría fallando en el establecimiento de una comunicación efectiva, que -de implementarse - aliviaría enormemente la desazón de ese sentimiento de ser engañado o burlado, que se percibe en una colectividad que solamente reclama se cumpla con lo prometido y no se les tome por tontos, hasta que se vean obligados a tomar una carretera para ser escuchados y atendidos.

EL MINISTERIO DE DEFENSA QUE EL PERÚ NECESITA: RECOMENDACIONES PARA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Una de las principales carteras del gabinete gubernamental -Defensa- ha motivado, en los últimos años, diversas situaciones que finalmente crearon crisis en el curso de las acciones del Ejecutivo, cuyo análisis, nos remonta a la siempre controversial disyuntiva que su titular sea de profesión civil o militar.

La experiencia señala que mientras  algunos ministros militares trataron de administrar el sector como si fuera su institución de origen, los ministros civiles por su lado, soslayaron la parte castrense e institucional.

La gestión pública en Defensa es sumamente particular y compleja, requiere liderazgo que solamente se obtiene con conocimiento y experiencia especializada, razón por la que gestiones anteriores, tarde o temprano, se encontraron con coyunturas que no pudieron ni prever, ni resolver.

Para designar un nuevo Ministro de Defensa, el Presidente de la República debería tener en cuenta que dicha persona conjugue adecuadamente ambos conceptos, además de observar las cualidades morales que le permitan actuar sin ningún tipo de restricción, atendiendo la administración en forma integral y con ojo de estratega, de estadista, jamás confundiendo el significado de espíritu de cuerpo.

No se debe dejar de resaltar que el nombramiento del titular, es tan importante como el plan de trabajo que se debe aplicar en el futuro próximo.

Por ello, es preciso señalar que en la actualidad, la gestión pública en Defensa que el Perú requiere, debe contemplar las siguientes acciones:

1. Un adecuado estudio estratégico de la situación integral:en el frente externo e interno.
2. Gestión inmediata para la satisfacción de necesidades.
3. Organización adecuada, con la participación de especialistas en el campo estratégico y operacional.
4. Supervisión estricta y activa de todos los procesos.

Adicionalmente, es necesario tener en consideración que, dentro de los principales problemas por resolver, urge priorizar lo siguiente:

1. Coordinación para la articulación de un plan integral y efectivo a fin de erradicar el narcoterrorismo.
2. Adquisición de material de guerra necesario.
3. Replanteamiento del Servicio Militar.
4. Homologación de remuneraciones y pensiones respetando el contrato social: pensión renovable. 5.Racionalización de personal.
6. Incremento de remuneraciones de empleados civiles del sector.
7. Diseño y aplicación de un Plan anticorrupción con estricto estudio de los signos exteriores de riqueza y supervisión detallada y contrastada de adquisiciones realizadas.
8. Verificación estricta de los procesos de ascensos y designación de cargos:se necesita evitar - desde el más alto cargo del Estado -las "argollas" y el amiguismo, para dar paso a la verdadera meritocracia, limitando el actual subjetivismo en la selección y promoción.
9. Integración e impulso de los aparatos de información del sector.
10. Fomento de la institucionalidad y respeto a las leyes y reglamentos,considerando que el nombramiento y remosión de los Comandantes Generales debe observar la calificación y contar con el balance del Congreso de la República,con plazos definidos.
11. Definición de roles para evitar poderes paralelos.

La Seguridad y Defensa Nacional requiere el concurso y participación de todos los peruanos,sin embargo es primariamente responsabilidad constitucional del Jefe de Estado.

Por tanto, debe entenderse -sin ningún apasionamiento político -que la adopción de decisiones estratégicas y democráticas permitirá que sigamos avanzando hacia el desarrollo y progreso económico que tanto ansía el pueblo del Perú; no hacerlo, en cambio, es colocarse a espaldas de la Patria que juramos defender.

EL “APLAUSÓMETRO” EN EL EJÉRCITO: MEDIDAS PARA CONTROLARLO

La acusación hecha recientemente por el Gral Brig (R) Roger Zevallos Rodríguez, en relación a una grosera manipulación en los ascensos en el Ejército, es un asunto que no debe soslayarse para que el tiempo lo disipe. Más allá de las investigaciones, procedimientos administrativos y judiciales que se deriven de él, es necesario que se adopten medidas de supervisión y control superiores al propio Ejército.

La manipulación a la que hizo referencia Zevallos, trata de un factor de particular importancia, “la Apreciación del comando”, cuyo resultado puede cambiar fácilmente la vida de muchos Oficiales candidatos.

El “aplausómetro” como se conoce en el argot castrense, es la nota de concepto que colocan los superiores en el grado a un candidato, siempre y cuando se encuentre en condiciones de evaluarlo (por conocer directamente de su labor), cosa que en la práctica no sucede, pues "tirios y troyanos" califican, lo cual a priori desnaturaliza el espíritu de la Ley de Ascensos, que apunta a la selección por “meritocracia”.

Para comprender adecuadamente la magnitud del problema es necesario conocer que antes de ingresar a la Junta de Selección (Jurado) existen dos factores que intervienen para la determinación de los cuadros en la evaluación para el ascenso: La aptitud profesional con un 80% y la aptitud disciplinaria con un 20 %. La “apreciación del Comando” constituye el 10% de la aptitud profesional; veamos la distribución de los factores de ese 80%:





Conforme lo establece la reglamentación, la APRECIACIÓN DEL COMANDO, tiene por finalidad complementar la apreciación del POTENCIAL MILITAR que tiene el Oficial postulante al ascenso, para lo cual el Oficial evaluador coloca un atributo entre “A” y “F”, “debiendo tener en cuenta que, si no dispone de suficientes elementos de juicio para evaluar a un determinado oficial deberá consignarlo como NO OBSERVADO”. La tabla de los atributos es la siguiente:




El Potencial Militar, es el valor integral del Oficial y la determinación de su posible proyección en el Ejército, que se evalúa anualmente a lo largo de toda la carrera y que normalmente oscila entre 95 y 95.8 puntos, como promedio, en 25 años.

La diferencia entre candidatos al Ascenso a General de Brigada y General de División, por efecto de un sistema de evaluación mal aplicado, es de milésimas, existiendo poca diferenciación entre “buenos” y “malos”, pues la mayoría es evaluado anualmente con notas de atributo SOBRESALIENTE, es decir superiores a 95 puntos.

Entonces, si un excelente Oficial trae consigo, por ejemplo, un Potencial de 95.700, la apreciación que consiguió a lo largo de los años, lo señalan con capacidades sobresalientes para desempeñar mayores responsabilidades, pero adicionalmente tiene – muchas veces en un par de horas - que ser sometido a una evaluación que pretende COMPLEMENTAR toda su carrera con la aplicación de la “Apreciación del Comando”.

En teoría, solamente deberían evaluarlo quienes tengan suficientes elementos de juicio para hacerlo, vale decir aquellos que lo han observado directamente, que han estado en la misma Unidad o Dependencia, mejor si fueron sus superiores directos; situación que en el Ejército, no sumaría muchos evaluadores: Anualmente unos 70 Generales tienen que evaluar a aproximadamente 300 Coroneles, y 8 Generales de División tienen que hacer lo propio con unos 15 a 20 Generales de Brigada. En la gran mayoría, puede verificarse, que muy pocos (evaluadores y evaluados) coinciden en una misma dependencia, a diferencia de otras Instituciones Armadas.

Si el Reglamento señala que: “si no dispone los suficientes elementos de juicio para evaluar a un determinado Oficial, deberá consignarlo como NO OBSERVADO”, entonces la apreciación con atributos bajos (C;D;E;F) que un calificador coloque a un candidato específico al cual no observó directamente (que trabajó en la misma unidad) debería ser sujeta de supervisión para ser impugnada. Mayor razón para aquellas apreciaciones que son colocadas por quienes llevan alguna animadversión a un candidato o peor que sin conocerlo directamente, lo hacen por influencia de otros calificadores.

Ahora, si el Comité de Revisión de la Apreciación del Comando Superior distorsiona sus funciones cambiando los atributos a su antojo, realmente constituye, no solo un grave delito, sino también un punible atentado contra la institucionalidad del Ejército, en directo agravio del Estado y del pueblo del Perú, que espera que sus Generales sean seleccionados en virtud a sus capacidades profesionales y no como producto de mañosas y convenidas “movidas” que pueden hacerse “entre gallos y medianoche” y "contra el reloj" para que no haya tiempo de observarse, peor aún, si es que la nota individual no es comunicada y publicada oportunamente, o que estos registros individuales desaparezcan o sean triturados, por “orden superior”.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el 20% correspondiente a la aptitud disciplinaria, es muy similar entre los candidatos a los altos grados, pues en su mayoría todos tienen 100 puntos, es decir no tienen sanciones registradas que le disminuyan puntos.

La suma de la aptitud Profesional (con “aplausómetro” incluido) y la aptitud disciplinaria dan como resultado a la NOTA DEL CUADRO DE APTITUD Y NOTAS, que en el Cuadro final equivale al 97 %.

Es necesario puntualizar aquí, que la discrecionalidad, que se pretendía eliminar o disminuir, no acaba con una deficiente evaluación de la APRECIACIÓN DEL COMANDO, ya que la Junta de Selección, también tiene su parte: El 3% que se suma a la NOTA DEL CUADRO DE APTITUD Y NOTAS.

Obsérvese, el significado de la evaluación que realiza el Jurado:



En la práctica, se coloca 20 a quien se quiere ascender, y 13 quien no se desea considerar, soslayándose a la ley, pues además de no realizarse una correcta apreciación, transcurrido un año, en un siguiente proceso, puede fácilmente verse que un candidato con 13 de nota, es decir observado con "limitada proyección para ocupar cargos de mayor responsabilidad en el Ejército", cambia increíblemente a "poseer condiciones excepcionales que pueden llevarlo a ocupar los más altos cargos del Ejército".

Por todo lo analizado, sería muy conveniente que las autoridades ministeriales del sector Defensa, dadas las actuales circunstancias, efectúen una revisión de los últimos cinco procesos realizados en el Ejército, en las que se aplicó la Ley N° 29108, Ley de Ascensos de Oficiales de las Fuerzas Armadas, contrastando las observaciones expuestas, a fin de poder tomar previsiones para que en futuros procesos, la “meritocracia” se imponga al “amiguismo”. Las medidas propuestas son muy sencillas, que se cumpla la Ley, de tal manera que:

1.En la Apreciación del Comando califique quien deba calificar. Que se evalúe complementando el Potencial Profesional, no distorsionándolo.
2.La Junta de Selección, sea coherente en asignar atributos y notas concordándose con las evaluaciones numéricas y cualitativas con las que el Oficial candidato se presenta y que normalmente están registradas en los informes anuales de evaluación.
3.Que exista transparencia en todos los actos, no secretismo.

Todo esto se llama, respeto a la institucionalidad: 25ª Política de Estado.