MODERNIZACIÓN DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL SISTEMA DE DEFENSA NACIONAL

CLAVE PARA AVANZAR EN PROVECHO DE LA SEGURIDAD NACIONAL

En diciembre de 2012, mediante Decreto Legislativo N° 1129 se reguló la naturaleza, finalidad, funciones y estructura  del Sistema de Defensa Nacional, el cual garantiza la Seguridad Nacional, para la afirmación de los derechos fundamentales y el Estado constitucional de derecho, en el marco de una gestión pública moderna, razón por la que el ámbito de aplicación de dicho sistema, se encuentra en todo el territorio de la república, comprendiendo a los organismos públicos, personas naturales y jurídicas de nacionalidad peruana, quienes están obligadas a participar en la Defensa Nacional, conforme  lo establece la Constitución Política del Estado.

El Sistema de Defensa Nacional (llamado por algunos como Sistema de Seguridad y Defensa Nacional), compuesto por todas las entidades públicas del Estado, es - sin duda - el sistema funcional de mayor importancia en el país, ya que de su buen funcionamiento depende la gobernabilidad y por último la supervivencia de la Nación, razón por la que constituye en el único sistema funcional de responsabilidad constitucional del Presidente de la República.

Para su funcionamiento tiene como órgano de más alto nivel de decisión política y de coordinación estratégica al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que también es encabezado por el Presidente de la República, y que ahora – en reemplazo de la desaparecida Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (SEDENA) – cuenta con una unidad funcional (dentro del Ministerio de Defensa), como la entidad responsable de la gestión del sistema a fin de articular el funcionamiento de sus componentes.

Para garantizar la Seguridad Nacional, el Sistema de Defensa Nacional desarrolla los Procesos de la Seguridad y Defensa Nacional teniendo como base las Políticas de Estado, la Concepción Política Estratégica y la Concepción Estratégica de la Seguridad y Defensa Nacional. Dicho procesos, fueron concebidos para interrelacionarse tanto para la conducción política, como para la conducción estratégica de la Seguridad y Defensa Nacional y se clasificaron en procesos fundamentales y procesos de soporte.

Los procesos fundamentales son: La Política, la Estrategia, y el Planeamiento Integral de la Seguridad y Defensa Nacional, mientras que los procesos de soporte o complementarios son: El desarrollo de estudios estratégicos, de programas y proyectos especiales para la Seguridad y Defensa Nacional, la Investigación y Desarrollo para la Seguridad y Defensa Nacional, y finalmente la Gestión del Sistema de Defensa Nacional.

El concepto que  primigeniamente se tuvo para interrelacionar los procesos de la Seguridad y Defensa Nacional se basó en la definición de una ruta crítica que colocaba a los procesos en dos ejes: el largo plazo, y el corto y mediano plazo, todos basados en la Concepción Política  Estratégica y la Concepción Estratégica de Seguridad y Defensa Nacional.

Para el largo plazo, se visualizó que el Planeamiento Integral de la Seguridad y Defensa Nacional, alineado con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, establezca las previsiones que determinen y preparen los recursos del Estado en los diferentes niveles de gobierno para hacer frente a las necesidades de desarrollo sostenido en condiciones de paz y seguridad.

Para el corto y mediano plazo, se estableció que la Política de Seguridad Nacional, determine  los lineamientos generales para alcanzar los Objetivos de Seguridad y Defensa Nacional, así como para orientar la formulación de la Estrategia de Seguridad y Defensa Nacional, nunca antes desarrollada en la historia republicana nacional.

Esta estrategia nacional, determina el empleo ponderado de los instrumentos del Poder Nacional para alcanzar los objetivos propuestos en la Política de Seguridad y Defensa Nacional, constituyéndose como elemento de coordinación entre los distintos componentes del Sistema de Defensa Nacional y la sociedad, a partir de una perspectiva multidimensional de la Seguridad Nacional.

Tanto la Política como la Estrategia de Seguridad y Defensa Nacional, así como las previsiones para el largo plazo, se deben interrelacionar para establecer las responsabilidades de los componentes del Sistema de Defensa Nacional, por medio de la Directiva de Seguridad y Defensa Nacional, como también por directivas específicas y lineamientos que permitan su implementación, a través de la gestión del Sistema de Defensa Nacional.

Para este propósito, es necesario tener en cuenta que por ser de interés público y de necesidad nacional, el Sistema de Defensa Nacional, amoldándose a la Política Nacional de Modernización de la gestión pública, cambia su planeamiento estratégico, articulando a sus siete procesos, lo cual se inicia analizando el Acuerdo Nacional y su vinculación al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, entendiéndose que este último instrumentaliza las aspiraciones para el futuro del Perú.

En base a ellos, la Concepción estratégica del gobernante y su correspondiente Concepción Estratégica de la Seguridad y Defensa Nacional, son tamizadas por la Realidad Nacional, que nos revelará las necesidades públicas de seguridad permitiendo que se emita la Política de Seguridad y Defensa Nacional.

Simultáneamente el proceso denominado Planeamiento Estratégico Integral para la Seguridad y Defensa Nacional (que no debe confundirse con el Planeamiento Estratégico del Sistema de Defensa Nacional) se desarrolla alineado al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y coordinado – como elemento inspirador – con la Política de Seguridad y Defensa Nacional. 

De la interacción de los procesos fundamentales, se debe formular el Plan Estratégico para la Seguridad y Defensa Nacional, como último instrumento clave para instrumentalizar la Política de Seguridad y Defensa Nacional, lo cual reforzará la inclusión de las acciones necesarias que garanticen la seguridad nacional en los Planes Sectoriales Multianuales, en los Planes Estratégicos Institucionales, y principalmente en los Planes Operativos Institucionales, que aplican el Presupuesto Nacional.

Por otro lado, las directivas de Seguridad que apruebe el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, establecerán las responsabilidades necesarias, y a su vez, junto con las estrategias específicas, se constituirán como elementos retroalimentadores, y - en su debido momento - fortalecerán a los procesos fundamentales, para que finalmente se vinculen al presupuesto anual. 

De la misma forma se comportarán los procesos de soporte: El desarrollo de estudios estratégicos, y los programas y proyectos especiales para la Seguridad y Defensa Nacional; así como la Investigación y Desarrollo para la Seguridad y Defensa Nacional.

El planeamiento estratégico del Sistema de Defensa Nacional, conocido en los iniciales textos de Doctrina de Seguridad y Defensa Nacional como Planeamiento Estratégico para la Defensa, se moderniza pues cambiando, de la emisión de una sola directiva a la interacción y articulación  de todos estos procesos, en el marco de una gestión que contiene un conjunto de acciones y procedimientos que deben realizar todos  los componentes del Sistema de Defensa Nacional, poniendo énfasis al fortalecimiento de capacidades, optimización del enlace interinstitucional, evaluación y supervisión que permitan garantizar la Seguridad Nacional que todos los peruanos de hoy y del mañana deseamos y debemos tener.

POR DIOS Y POR LA PATRIA

RECONOCIMIENTO REAL Y EFECTIVO A LOS VETERANOS DE GUERRA Y PACIFICACIÓN NACIONAL

"Cuando el peligro acecha - y no antes - Dios es venerado y el Soldado es solicitado; pero cuando el peligro ha pasado, Dios es olvidado y el Soldado, vilipendiado".

Una frase que en el día del Señor de los Milagros cobra singular relevancia, pues no solo acudimos a la parte final de nuestra tradicional muestra de fervor religioso, originado a partir del terremoto de 1655, y siguentes, que motivaron que  la sociedad limeña invoque clemencia al Todopoderoso; también  porque la reciente Ley N° 30826 ha declarado "el día 26 de octubre de cada año, como fecha destinada a honrar y reconocer el valor y patriotismo de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía  Nacional que participaron en los conflictos armados en defensa de la soberanía  nacional y en el proceso de pacificación nacional, lucha contra el terrorismo y defensa de la democracia".

Dios y Patria es un binomio, presente en nuestra vida republicana, forjada por hombres con uniforme desde los inicios, cuando solo eramos "un conjunto de grupos étnicos diversos con relaciones a veces conflictivas entre ellos" (Contreras y Cueto, 2013).  

En la actualidad, pareciera que las cosas no cambiaron mucho: las relaciones entre algunos grupos  de peruanos (de distinto color, pero ahora político) siguen siendo conflictivas, y; las mujeres y hombres  con uniforme - siguiendo sus principios y patrióticos valores - continúan entregando su invalorable servicio en beneficio de todos los ciudadanos.

Y aunque los hombres y mujeres que ahora laboran en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional (y sus familias) siguen enfrentando peligros y asumiendo riesgos, persiste el mal agradecimiento de muchos que olvidaron que nuestra Patria se contruyó sacando brillo a espadas y sables que  modelaron nuestro país para ser  la sociedad peruana que hoy aspira ingresar al primer mundo.

Muchos olvidaron que cuando nadie podía gobernar el Perú, lo hicieron los de uniforme; otros ni siquiera pueden reconocer los rostros de los héroes que sacrificaron sus vidas por el honor y defensa de nuestra integridad territorial; y también hay tantos que aún soslayan que viven en un clima de paz y mejores condiciones económicas, porque - gracias a Dios - hubo una generación de personas uniformadas que pelearon por nuestra soberanía nacional, y que además enfrentaron a la insanía terrorista que amenazaba con destruir nuestro orden democrático.

Hizo bien el Congreso de la República, como en los paises del primer mundo, en dedicar una fecha conmemorativa para no olvidar jamás que existen personas -que aunque ya no llevan puesto el uniforme de la Patria-   se les debe honrar y reconocer por siempre, pues lo dieron todo por una sociedad más segura.

Ahora, este reconocimiento debe ser real y efectivo, como de buen cristiano, y no solo de palabra o para la foto; no como lo hiciera el gobierno de PPK que incumplió su palabra.

Hay que honrar a los veteranos de guerra y la pacificación nacional como sí lo hizo el Congreso de la República  haciendo efectiva la equivalencia de sus pensiones, obedeciendo al sencillo razonamiento de: A mayor grado militar, mayor pensión; y a igualdad de grado corresponde pensión equivalente; y no como se venía ejecutando olvidando que "los actuales pensionistas que menciona el D Leg 1133" (en su segunda disposicion complementaria) son en - su gran mayoría - los soldados de ayer que nos dieron la paz y tranquilidad de hoy.

¡Honor y Gloria a los veteranos de guerra y de la pacificación nacional!

Jamás olvidemos que gracias a ellos gozamos la paz de nuestros días. 

!Qué los políticos, jueces y sociedad en general sean consecuentes con este reconocimiento!; 

¡el Tribunal Constitucional también!

SEGURIDAD NACIONAL: CLAVE PARA HACER DEL PERÚ UN PAÍS DEL PRIMER MUNDO

EL LARGO PROCESO PARA ACCEDER A LA MEMBRESÍA DE LA OCDE

Uno de los aspectos que el Perú ha mantenido como propósito de Estado es ingresar a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), razón por la que el año 2015, mediante el Decreto Supremo N° 086-2015- PCM, se declaró de interés nacional las acciones, actividades e iniciativas desarrolladas en el marco del proceso de vinculación del Perú a esta organización internacional.

Esta declaratoria comprende nuestra participación en las actividades, previstas en el Acuerdo y Memorando de Entendimiento firmados entre la OCDE y el Gobierno del Perú el 8 de diciembre de 2014, así como en todas las demás actividades relacionadas con la organización, promoción, impulso y apoyo a este proceso.

Esta  patriótica intención, también fue puesta en manifiesto durante la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) del año 2014, cuyo eslogan fue “Hacer del Perú un país del primer mundo” exponiéndose propuestas para impulsar nuestra economía y hacerla más dinámica y competitiva, levantada con el esfuerzo emprendedor de sus ciudadanos, con una institucionalidad sólida y eficaz,  pues quedó claro que solo así – con el concurso de la sociedad en su conjunto – el Perú será capaz de superar la pobreza y generar prosperidad.

La OCDE es un foro único donde los gobiernos de 37 economías democráticas trabajan conjuntamente para enfrentar los desafíos económicos, y sociales de la globalización habiendo establecido la misión de promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo, cuyos miembros comparten lineamientos básicos en materia de política económica, de democracia plural y respeto a los derechos humanos.

Para este esfuerzo, la Presidencia del Consejo de Ministros encabeza una Comisión Multisectorial encargada de realizar acciones de seguimiento y elaboración de informes técnicos orientados a la ejecución del Programa País y de acercamiento del Perú a los estándares de gobernanza y políticas públicas de la OCDE.

El Programa País OCDE-Perú, lanzado en diciembre de 2014, ha tenido como objetivo principal el mejoramiento de las políticas públicas y apoyar el proceso de reformas del Perú, enfocándose  en cinco áreas prioritarias: remover barreras al crecimiento, gobernanza pública, anti-corrupción e integridad en el sector público, capital humano y medio ambiente. El Programa comprende informes sobre la implementación de proyectos de mejoramiento de capacidades, e incluye la participación en los Comités de la OCDE y la adhesión a determinados instrumentos legales de la OCDE.

Los principales informes que la OCDE ha formulado sobre el Perú, entre 2016 y 2017, son los siguientes:

• §  Evaluaciones del desempeño ambiental
• §  La Contratación Pública en el Perú - Reforzando Capacidad y Coordinación
• §  Estudio de la OCDE sobre integridad en el Perú
• §  Estudio de la OCDE sobre Gobernanza Pública en Perú
• §  Estudio multidimensional del Perú Volumen 2
• §  Skills Beyond School Review of Peru
• §  OECD Territorial Reviews: Peru 2016
• §  OECD Public Governance Review: Peru
• §  OECD Review of Regulatory Policy of Peru

El más reciente avance nacional para acceder a la membresía, se produjo en mayo 2018 durante el 10° Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe de la OCDE en París, cuando el Ministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, en representación del gobierno peruano, suscribió nuestra adhesión a la “Convención para Combatir el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales” y la “Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Tributarios”.

Debe tenerse en cuenta que convertirse en un miembro de la OCDE es un proceso largo y complejo centrado en la mejora de la calidad de las políticas públicas, por lo que la sugerencia de gran relevancia que propone la organización, es que el gobierno debe responder a las demandas de los ciudadanos con la mayor transparencia y rendición de cuentas que sean solicitadas, logrando el fortalecimiento y la credibilidad del público con el gobierno (OCDE, 2015).

En este contexto, es necesario entender que un indicador clave para medir el avance del proceso, es el grado de confianza que la ciudadanía tenga en sus instituciones públicas, particularmente aquellas responsables de conducir el país y naturalmente en sus fuerzas de seguridad, lo cual fue destacado por Pablo de la Flor, cuando – en CADE 2014 - apuntó claramente que “no es posible convertirnos en un país del primer mundo con instituciones del tercer mundo”.

Un país como el nuestro, diagnosticado en exceso, lamentablemente ha fallado en llevar a la práctica importantes soluciones en beneficio de sus integrantes, principalmente por falta de coordinación y articulación en los esfuerzos, incluso no llegando a presupuestar y tampoco a implementar temas de relevancia, olvidándose que en nuestro escenario nacional – como en cualquier parte del mundo - las políticas sin presupuesto, son un simple “saludo a la bandera ajena”, y aquellas que logran implementarse sin lograr cambiar la situación problemática, son nada más que un “engaña muchachos” que afecta la economía de todos sus ciudadanos.

Por esta razón, no debemos soslayar que con la entrada de Colombia a la OCDE, el Perú se ha convertido en el único país miembro de la Alianza del Pacífico que no forma parte de esta organización.

Tampoco, que el aspecto de mayor demanda ciudadana, el que también brinda confianza a los inversionistas, aún se encuentra sin proceso de implementación: La Política de Seguridad y Defensa Nacional, aprobada mediante Decreto Supremo N° 012-2017-DE  en diciembre de 2017, que contiene propuestas –de obligatorio cumplimiento - para atender los problemas de seguridad que afectan a todos los peruanos en múltiples dimensiones, difícilmente será incluida en el proceso de planeamiento de los sectores y gobiernos sub-nacionales, pues sus acciones articuladas de implementación – en los tres niveles de gobierno - no han sido consideradas en el presupuesto que el Congreso de la República debe aprobar en noviembre próximo, para ser efectivo el año 2019.

EL VALOR DEL CONOCIMIENTO

EN PROVECHO DE LA SEGURIDAD Y DESARROLLO NACIONAL

La satisfacción de las  necesidades públicas es la razón de ser de todo servidor público, un asunto que - con mayor razón - toda persona investida de autoridad procura resolver durante su gestión, en cualquier nivel de gobierno. En el Perú, la Constitución Política y las leyes establecen el marco general del funcionamiento del Estado y, como en la mayor parte del mundo, se  establecen políticas públicas, desde aquellas de largo aliento denominadas políticas de  Estado,  hasta  las  políticas de gobierno, que son priorizadas de acuerdo a la voluntad política del gobernante de turno y que naturalmente obedecen al análisis de múltiples factores.

De acuerdo a la Ley N° 28359, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, las políticas públicas son inherentes a los sistemas funcionales,  los cuales son dirigidos por un ente rector que se encarga de administrar el funcionamiento coordinado de sus componentes para alcanzar los objetivos  establecidos en sus respectivas políticas.

La voluntad política, no solamente debe ser entendida como aquella que se expresa en conferencias, discursos o declaraciones públicas; la verdadera voluntad política se manifiesta cuando se autoriza y proporciona los medios; y se conoce que así sucede cuando se refleja en la asignación presupuestal, y por último cuando se plasman en acciones y actividades efectuadas por las entidades públicas.

Obviamente, mientras que las políticas públicas no se materialicen en procesos que alcancen resultados efectivos, vale decir que puedan reflejar un cambio sustancial de la situación problemática que las originaron, estamos ante un caso de ineficacia en el gasto público. Generalmente estas situaciones se presentan en entidades cuyos planes institucionales contienen indicadores que no miden adecuadamente la solución de los problemas.

En este sentido, es bueno recordar que "los ciudadanos demandan un Estado Moderno, al servicio de las personas, lo cual implica una transformación de sus enfoques y prácticas de gestión, concibiendo sus servicios o intervenciones  como expresiones  de derechos de los ciudadanos" (DS N° 004-2013-PCM, 2013), de allí la necesidad de tener una gestión pública eficiente, que busque proveer a los ciudadanos lo que necesitan, con servicios de calidad que maximicen las condiciones del bienestar social al menor gasto del erario nacional. Sin embargo, a pesar de ello, la realidad de nuestra administración pública indica que persisten las siguientes situaciones:

1. Problemas públicos no atendidos, sea por diagnóstico equivocado o por priorización poco analizada.

2. Problemas públicos atendidos de manera errada, debido a mal planteamiento, o por mala propuesta.

3. Soluciones planteadas  que atienden temporalmente el problema público, por mal cálculo en la entrega de medios, motivando que el problema reaparezca y generando desconfianza en la población.

4. Soluciones que al plasmarse generan otros problemas públicos, revelando mal gasto de los fondos públicos, debido al errado estudio de las causas del problema y sus relaciones fácticas.

5. Soluciones que son atendidas de manera unisectorial o unidimensional, por falta de coordinación y articulación interinstitucional, sea esta entre sectores o niveles de gobierno, generando mal gasto.

6. Soluciones que sobreestiman  los presupuestos, y que muchas veces devienen en casos de corrupción que no son detectados a tiempo, y que tampoco llegan a ser sancionados, o peor que terminan en largos procesos administrativos o judiciales que prescriben o que finalizan por "falta de pruebas".

Para evitar estas penosas situaciones, es importante que la administración en todos los niveles cuenten con autoridades que conozcan el problema de la institución que se les confíe, y que tengan la capacidad de constituir sus equipos con profesionales que cumplan con el perfil adecuado al cargo por desempeñar, vale decir que cuenten con los conocimientos académicos para el desempeño de cargos directorales y jefaturales, pero también que dispongan de experiencia suficiente, para que "no les cuenten cuentos", o que tengan que pasar por un largo proceso de aprendizaje, lo cual no le hace bien al país, pues se retrasan las acciones. Muchas veces  debido a la insuficiente satisfacción del perfil en las plazas ocupadas, se devienen las situaciones descritas anteriormente.

Bajo estas consideraciones, el Sistema de Defensa Nacional requiere contar con autoridades y profesionales que conozcan el alcance, la importancia y la trascendencia de la implementación de los procesos de la seguridad y defensa nacional, que en concordancia con la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, se han introducido en el quehacer nacional a partir del año 2013, al aprobarse el reglamento del Decreto Legislativo N° 1129, que regula el Sistema de Defensa Nacional.

La rotación de autoridades, sin duda afecta la gestión del Sistema de Defensa Nacional (SIDENA) debido a que  conllevan un elevado cambio de personas en las organizaciones; además porque muchas de las nuevas autoridades no han sido capacitadas,  y peor, porque la mayoría de ellas consideran que no les compete conocer los temas de seguridad nacional, lo cual constituye un grave error, pues todas las entidades públicas forman parte del SIDENA.

Por esta razón, el Centro de Altos Estudios Nacionales se encuentra desarrollando post grados de seguridad y defensa nacional, con la intención de mejorar la seguridad de todos. En este contexto, debemos destacar que si deseamos  que la Seguridad de la Nación esté asegurada, es necesario que no solamente los profesionales de los ministerios de Defensa e Interior sean quienes se capaciten en los procesos de seguridad y defensa nacional.

Los profesionales que laboran directamente en estos ministerios y en las Oficinas de Seguridad y Defensa Nacional de otras entidades públicas, imprescindiblemente deben especializarse en la aplicación del enfoque multidimensional de la Seguridad Nacional; pero de nada servirá este esfuerzo si las autoridades de la Alta Dirección (de cualquier entidad perteneciente al SIDENA) no llegan a conocer su alcance, pues este conocimiento constituye el elemento indispensable para generar la voluntad política en provecho de la seguridad y desarrollo de nuestro Perú.

Consecuentemente, para implementar la seguridad de la nación, adicionalmente - como mínimo - se requiere el concurso de los responsables del planeamiento y programación del presupuesto, de los encargados de sistematizar y publicar los procesos en las redes internas y externas, así como de quienes controlan y supervisan la gestión pública.

Cuando las autoridades públicas demuestren la voluntad política de  hacer realidad que sus equipos -directores, jefes y profesionales - cuenten con el conocimiento y experiencia que los cargos públicos exigen, sin duda mejorará la satisfacción de las necesidades de la población; y cuando -producto de esta acción - la capacitación, especialización e implementación del enfoque multidimensional de la seguridad nacional se materialice plenamente, se inscribirá en nuestra historia nacional, y con letras de molde, que se hizo efectivo el lema de "El Perú Primero".

¡EL PERÚ PRIMERO!

El primer mensaje del Ingeniero Martín Alberto Vizcarra Cornejo, como  Presidente de la República, ha resaltado que para no perjudicar al país se debe marcar el punto final de una política de odio y confrontación; y que se debe dejar de lado los intereses y apetitos personales priorizándose el bienestar de todos.

Ha dejado claro que su  mayor esfuerzo estará centrado en la lucha contra la corrupción; y que para poder enfrentar de manera eficiente los grandes desafíos y necesidades que tiene nuestro país se requiere lograr la estabilidad institucional, la cual nos marcará el camino del crecimiento ordenado y equitativo, democrático e integrador.

Ello  implica la necesidad de ser un país más competitivo, y eso se consigue al generar empleo de calidad para todos los peruanos sin distingo de edades y género, logrando implementar una sólida educación y, sin descuidar la salud ni el desarrollo de las regiones, porque todos los peruanos no podemos esperar más, y todo eso, tan nobles propósitos , dependen  exclusivamente de nuestro comportamiento. Es cierto, como lo puntualizó el Presidente, éste debe ser el momento histórico en que todos debemos poner al Perú primero.

El Presidente Vizcarra se ha convertido así, en la esperanza de millones de conciudadanos que en las elecciones pasadas se encontraron ante la disyuntiva de elegir a políticos tradicionales, y su mensaje es realmente motivador, aunque  debemos recordar que cuando él postuló a la vicepresidencia avaló un plan de gobierno (fue el jefe de campaña), que quedó en el papel, por falta de voluntad de su predecesor.

Por eso, luego de  pasada la emoción política sería recomendable dar espacio a la reflexión, considerando que de los primeros pasos de nuestro Presidente depende el bienestar de todos, por lo que sería loable (a pesar de lo dicho) rescatar lo bueno que pudo haberse logrado en el ciclo anterior, para no seguir repitiendo nuestra historia  llena de "refundaciones institucionales" y que en casi todos los casos tal refundación se ha materializado con el “borrón y cuenta nueva” o con “todo lo anterior estuvo mal”, con odios y confrontaciones que no dejan avanzar, dejándose de lado gestiones y avances positivos en provecho del país. En ese sentido, es imprescindible poner paños fríos al calor político y analizar bien la composición de su gabinete ministerial, a fin de evitar el largo tiempo en el proceso de aprendizaje que suele presentarse cuando hay un cambio de gobierno y que obstaculiza al vigor que requiere la atención a la necesidad pública.

Este es un cambio de gobierno, sí, pero no es un cambio de postulados, pues el Presidente Vizcarra no ha objetado el plan de gobierno por el cual se le eligió como Vicepresidente de la República. En este contexto, lo que es importante es realizar el cambio de actitud, de agilizar la gestión pública, porque de verdad el Perú está primero y los peruanos no debemos esperar más.

Dentro de las cosas importantes que realice el Presidente de la República está - sin duda – la implementación de políticas públicas que cubran las brechas de las necesidades nacionales, por lo que será requisito corregir la “zafada de cuerpo” realizada cuando, en febrero de 2017, se modificó el Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, retirándose la responsabilidad de la coordinación de las políticas nacionales y sectoriales  que ordena la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo,  para después – mediante el reglamento que regula las políticas nacionales, aprobado con DS N° 029-2018-PCM, trasladar la responsabilidad del “visto bueno” metodológico al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, ente rector del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico cuyo ámbito está circunscrito a los planes, mas no al de las políticas.

Finalmente, que bueno sería que se tenga en cuenta que la reactivación económica depende principalmente del marco multidimensional de la seguridad nacional que brinda confianza a los inversionistas, lo cual conlleva principalmente tres aspectos: la implementación del DS N° 061-2016-PCM (funcionamiento del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, su Secretaría Técnica y la implementación de los procesos de la seguridad y defensa nacional), el impulso de la modernización de gestión pública, y tener un servicio civil que tenga a las personas correctas en el lugar correcto, entendiéndose a las que cumplen los perfiles (conocimiento y experiencia) inclusive aquellos de confianza.  

Es cierto, el futuro del Perú depende de nuestro comportamiento, pero primordialmente depende de una gestión nacional que no debe tener pausa, porque el Perú no puede esperar más!
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Llegado el momento el Presidente Vizcarra realizó lo políticamente correcto, vale decir: sostener la palabra empeñada. 

Creemos que debe rescatarse todo lo bueno, pues existen sectores donde sí hubieron avances, los cuales -quiérase o no - se retrasan o se dejan de lado cuando hay cambio de titulares.  Para continuar con esta buena voluntad, los equipos deben obedecer al antiguo refrán de la gestión the personal:"the right man in the right place"

Nada peor, para todos los ciudadanos, que se realicen nombramientos en cargos especializados a personas que pueden ser muy buenas  en su profesión, pero que retrasan la esperanza del Perú cuando recién van a aprender el ejercicio de altas responsabilidades.

Lo mejor para el Perú será que los demás componentes de los equipos ministeriales (funcionarios y directivos) respondan a la voluntad del mandatario: tener a los más calificados para el puesto.

#ElPeruPrimero