MEA CULPA EN FIESTAS PATRIAS

POR LA SEGURIDAD Y DESARROLLO DEL PAÍS

Gobernar un  país como el Perú no es tarea fácil.Tenemos una población distribuida en una geografía variada y extensa que  a su vez tiene incorporada culturas y necesidades diferentes. Cada gobernante intenta satisfacer las necesidades de esta diversa población, sin embargo - con poquísimas excepciones - el curso cotidiano de la política, los intereses partidarios, las influencias económicas y el propio poder - complementado con un entorno particular - desvían la buena orientación perjudicando el curso democrático, lo cual incluso, puede  afectar la seguridad y el desarrollo nacional.

En estos dos años, la ciudadanía  ha venido incrementando  -en buena hora - su interés para que las autoridades elegidas mediante el voto popular o designadas por el Ejecutivo, respondan a las expectativas, cumplan sus promesas electorales o planes y sobretodo cumplan cada una de las funciones que la Constitución y la Ley señalan para todos ellos.

Existen grandes iniciativas y al parecer buena voluntad para avanzar en provecho del desarrollo nacional, corrigiendo grandes errores de administraciones anteriores como son, entre otros: 

• el olvido de las poblaciones marginadas, de los pueblos alejados,
• la falta de modernización de la gestión pública
• la reducida inversión e implementación de la infraestructura nacional
• el carente impulso para el desarrollo de industria con valor agregado
• la falta de cohesión e identidad nacional
• el irrespeto a la institucionalidad democrática
• deficiente lucha contra la corrupción
• limitada gestión de salud p´+ublica

Lamentablemente - seguro por ese ánimo de avanzar - se ha cometido el error de desconectarse con la población, olvidándose incluso de la propia iniciativa convertida en política nacional destinada a  lograr una mejor  gestión pública, donde la articulación interinstitucional, el gobierno abierto y electrónico se destacan como los ejes transversales, para conectar al gobierno con la ciudadanía.

Los errores, uno tras otro, han sido aprovechados por otros políticos para obtener réditos de la coyuntura quienes, muchas veces también olvidando el daño que pueden hacer al país pero anteponiendo su interés partidario para quedar en buen pie ante la población, no han perdonado nada y no dejarán de hacerlo. 

En estas  circunstancias se debe tener presente que los adversarios políticos seguirán destacando cualquier situación equivocada por más mínima que ella sea, y tampoco dudaran en magnificar los hechos. Por esta razón y a fin de superar este impasse se requiere primordialmente  materializar la  buena voluntad de quien constitucionalmente es responsable de dirigir la política nacional.

A pocos días de celebrar un nuevo aniversario patrio, es imprescindible, es urgente, realizar una adecuada introspección y no tratar de minimizar los yerros o hacerse el desentendido del tema.Si este auto-examen es sincero, se podrá colegir que el manejo político está cruzando por una tormenta política que requiere orientar el timón en  la mejor dirección en favor del país; y que se ha llegado a este clima, no por acción de los adversarios políticos, sino por propia mano.

Las manifestaciones públicas del 17 y 22 de julio son muestras que la población, apoyada por algunos colectivos de la sociedad civil,  seguirá mostrando su descontento porque el gobierno no está cumpliendo con materializar el diálogo que propugna llevar un mensaje de paz y entendimiento. Estas manifestaciones públicas, mientras se mantengan dentro de los parámetros democráticos, por un lado son saludables porque facilitan dejar atrás la tradicional indolencia ciudadana. Por otro sin embargo, constituyen una señal de alerta que nos indica que las cosas no están funcionando adecuadamente, más aún observando que constituyen la ocasión para algún partido político que sólo le interese hacer quedar mal al gobierno, y también porque estos reclamos públicos son susceptibles de la infiltración de radicales pertenecientes a la línea política del MOVADEF.

El 28 de julio constitucionalmente corresponde brindar en el Congreso de la República una "exposición detallada de la situación de la República y las mejoras y reformas que el Presidente juzgue necesarias y convenientes para su consideración por el Congreso". Esta es la gran oportunidad para dar muestras a la ciudadanía  que existe una verdadera voluntad de realizar cambios positivos, para lo cual  es necesario en primer término, reconocer todos los errores cometidos subrayando que, aunque no fueron ocasionados por mala voluntad, existieron factores  diversos que ocasionaron la adopción de malas decisiones, así de claro.

Este mea culpa, debe estar complementado con la declaración detallada de las acciones específicas con las que se corregirán los errores. Será obligatorio recalcar el respeto a las instituciones, la alternancia, el diálogo efectivo, la articulación interinstitucional, la consulta, la interacción con la sociedad civil. 

Asimismo deberá  destacarse que la dirección política nacional corresponde exclusivamente a quien el pueblo eligió; cualquier apoyo recibido de quien no ocupa un espacio en la administración pública no debe ser mencionado. Es innecesario  resaltarlo, pues los hechos en múltiples oportunidades han demostrado que contribuyen al buen gobierno e incluso a resaltar la imagen del país; pero continuar con las menciones honrosas, no solo desacreditan, sino también serán tomadas como aprovechadas intenciones electorales.

Recomendable sería también dar cuenta de la voluntad de mejorar la dirección política del país con el concurso de todos los Poderes del Estado, pues si bien constitucionalmente existe el principio de la separación de Poderes, el Estado es único e indivisible, y como señala nuestra carta magna,el Jefe de Estado es el Presidente de la República.

En blanco y negro, es necesario manifestar la voluntad de revisar exhaustivamente:

• La Ley 30056 Ley del Servicio Civil a fin de mejorarla e inclusive gestionar su derogación por las inconstitucionalidades existentes.
• La Ley del Servicio Militar modificada con el DL 1146 
• El Proyecto de la Ley Universitaria
• La elección de autoridades para promover a aquellos cuya única política sea el Perú

Finalmente, es conveniente destacar las futuras medidas efectivas en provecho de la seguridad y defensa nacional, específicamente en los aspectos relacionados a la lucha contra la corrupción, la seguridad ciudadana, la lucha contra el terrorismo, el tráfico ilícito de drogas, así como las medidas preventivas para atender desastres naturales, enfatizando la necesidad de implementarse el Sistema de Defensa Nacional, imprescindible para encaminarnos hacia el desarrollo nacional.

La noble intención de llevar al país del crecimiento económico hacia el desarrollo, no debe soslayar "la voluntad general de los pueblos", que cada día viene clamando mayores demostraciones, no declarativas, no mediante una carrerita de 5K, sino con hechos, guardando coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que señala la ley y su implementación efectiva, y también con la suficiente claridad y responsabilidad nacional para rectificar la ruta, cuando los objetivos planeados requieren un replanteamiento.


Recuperar el país es el clamor popular; la oportunidad de hacerlo está a la vuelta de la esquina.

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y SU OPORTUNIDAD HISTÓRICA

EN LA HORA CLAVE PARA CAMBIAR LA IMAGEN DETERIORADA

El Congreso de la República del Perú, el Primer Poder del Estado, tiene este 17 de julio la gran oportunidad de redimirse con el pueblo peruano asumiendo con honor la grave responsabilidad del cumplimiento de sus funciones: la convocatoria de la Segunda Legislatura Ordinaria del Período Anual de Sesiones 2012–2013 ampliada hasta esa fecha, tiene la finalidad primordial  que el Pleno del Congreso de la República se reúna para elegir al Defensor del Pueblo, a seis magistrados del Tribunal Constitucional y a los directores del Banco Central de Reserva del Perú. 

Como sabemos, el nombramiento de estas autoridades está pendiente desde el gobierno anterior, a pesar que se encuentra regulado por la propia Constitución Política, cuyo tenor  es bueno recordar:

• Los Directores del Banco Central de Reserva

  "Artículo 86.- El Banco es gobernado por un Directorio de siete miembros. El Poder Ejecutivo designa a cuatro, entre ellos al Presidente. El Congreso ratifica a éste y elige a los tres restantes, con la mayoría absoluta del número legal de sus miembros.Todos los directores del Banco son nombrados por el período constitucional que corresponde al Presidente de la República. No representan a entidad ni interés particular algunos. El Congreso puede removerlos por falta grave. En caso de remoción, los nuevos directores completan el correspondiente período constitucional."

• El Defensor del Pueblo

 "Artículo 161.- La Defensoría del Pueblo es autónoma. Los órganos públicos están obligados a colaborar con la Defensoría del Pueblo cuando ésta lo requiere.Su estructura, en el ámbito nacional, se establece por ley orgánica. El Defensor del Pueblo es elegido y removido por el Congreso con el voto de los dos tercios de su número legal. Goza de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas de los congresistas. Para ser elegido Defensor del Pueblo se requiere haber cumplido treinta y cinco años de edad y ser abogado.El cargo dura cinco años y no está sujeto a mandato imperativo. Tiene las mismas incompatibilidades que los vocales supremos."

• Los miembros del Tribunal Constitucional

"Artículo 201.- El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. Es autónomo e independiente. Se compone de siete miembros elegidos por cinco años.Para ser miembro del Tribunal Constitucional, se exigen los mismos requisitos que para ser vocal de la Corte Suprema. Los miembros del Tribunal Constitucional gozan de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas que los congresistas. Les alcanzan las mismas incompatibilidades. No hay reelección inmediata. Los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso de la República con el voto favorable de los dos tercios del número legal de sus miembros. No pueden ser elegidos magistrados del Tribunal Constitucional los jueces o fiscales que no han dejado el cargo con un año de anticipación."

Los Congresistas de la República en los últimos 20 años no gozan de prestigio y confianza de la propia ciudadanía que les ha brindado la oportunidad de representarlos para cumplir con las funciones  de legislar y fiscalizar: dando leyes, velando por el respeto de la Constitución y desarrollar a plenitud otras ocho funciones más, señaladas en el Art 102 de la Carta Magna.

A pesar que la ciudadanía no participa aún enérgicamente, por la mala actuación de sus legisladores, la rápida promulgación de la Ley del Servicio Civil, está siendo una muestra de lo que puede hacer una población indignada cuando se siente atropellada por la poca buena voluntad de gestión de las autoridades elegidas en las urnas.

Solo para muestra  de esta falta de voluntad, tenemos:

• La indolencia para dar  cumplimiento al Procedimiento de control sobre la legislación delegada, exclusivamente para el caso de los decretos legislativos que contravengan la Constitución Política o excedan el marco de la delegación de facultades otorgadas por el Congreso.Nadie dijo "esta boca es mía" en el Congreso, nunca se recomendó la  derogación o la modificación para subsanar el exceso o la contravención,en el tema de la modificación de la Ley del Servicio Militar, que ha llegado incluso a que el Poder Judicial detenga el sorteo previsto en el Decreto Legislativo N° 1146.
• La aprobación del proyecto de la Ley del Servicio Civil, sin una adecuada revisión, sin haberse hecho acumulación de los textos sustitutorios, habiéndose oído a los gremios pero sin escucharlos, sacándose la aprobación del pleno "contra viento y marea" al mismo estilo de antaño: al carpetazo, la mayoría manda, aunque las razones  digan lo contrario, todo por consigna partidaria. La respuesta se recibe en las calles y toda la buena gestión gubernamental - estabilidad económica de por medio - se pone en riesgo por la terca postura de alguien que no cavila adecuadamente.
• La determinación de candidatos para ocupar los cargos, principalmente en el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, ha dado el triste espectáculo de la repartición de un botín, más que la equilibrada selección, donde primordialmente prime los intereses del Perú, antes que los particulares o partidarios. 

“Fue como una repartija. Un reparto es un acuerdo lógico que se tiene que dar en el Congreso entre distintas fuerzas, pero se convierte en repartija cuando lo desnaturalizan en su esencia. En lugar de buscar a personas idóneas para encargarse del TC han puesto a abogados que tienen militancia política”, dijo en declaraciones para RPP el Congresista Mauricio Mulder, describiendo, en efecto lo sucedido en el Congreso.

“De la noche a la mañana le han dado tres cupos al nacionalismo. El fujimorismo ha venido con la consigna de aceptar lo que sea por meter a (Rolando) Souza y no es constitucionalista, es penalista”, criticó. En ese sentido, Mulder cuestionó directamente la postulación de Pilar Freitas, ex procuradora cercana a Alejandro Toledo, a la Defensoría del Pueblo. “El señor Toledo ha mandado a decir, a través de su vocero, que la Defensoría del Pueblo es de PP, como si fuera una propiedad”.....Todo  lo que refleja una pobrísima actitud del Primer Poder del Estado.

Mas allá de los intereses partidarios, está siempre el Perú. El propio Presidente de la República,  a través de RPP, ha recalcado en reciente entrevista que "uno como Estado y como Gobierno tengo la obligación constitucional, así no quiera, que es de defender la propiedad privada, como tengo que respetar el estado derecho y fortalecer la independencia de los poderes del Estado".

Dijo también, que su visión de país, es una visión de largo plazo en la cual podamos consolidar las instituciones. Si pues, el respeto al Perú, es el respeto a las Leyes y las Instituciones.  Las instituciones tienen reglas que las sostienen y las instituciones fundamentales las regula incluso la propia Constitución, como es el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional, los Directores del Banco Central de Reserva y el Defensor del Pueblo.

La responsabilidad del Congreso para nombrar a las autoridades más idóneas a los cargos señalados debe ser tan independiente que en el supuesto negado de infracción constitucional, el propio Parlamento tenga la libertad de acusarlos en acatamiento del Art 99° de la Constitución Política.

El Presidente del Poder Legislativo  ha señalado hoy que existen magistrados, como el presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, que tuvieron vínculos con los tenedores de los  bonos agrarios.“Urviola ha sido ejecutivo del Banco de Crédito, por lo que no podría tener imparcialidad al momento de dar el fallo”, razón por la que el procurador del Congreso ha interpuesto una solicitud ante el colegiado, a fin de que sus miembros se inhiban de votar sobre el caso del bono agrario.

Este mismo criterio debe observar el Pleno del Congreso, guardando coherencia con el respeto a la independencia de los poderes, guardando coherencia con el respeto de la institucionalidad democrática, guardando respeto al pueblo del Perú.

Entonces, sería un grave error de todos los Congresistas de la República que, este histórico 17 de julio, saquen  como sea el nombramiento de estas autoridades(voto en bloque,"intercambio de figuritas"), porque simplemente tienen los votos, sin observar la más importante calificación: Que las autoridades por elegir no  representen a entidad ni interés particular alguno.El único interés de ellos,debe ser siempre el Perú.

La historia os juzgará!

URGENTE REFLEXIÓN Y RÁPIDA REACCIÓN DEL EJECUTIVO

POR UNAS BUENAS FIESTAS PATRIAS EN ARMONÍA NACIONAL

La Autógrafa de la Ley del Servicio Civil, fue remitida en la tarde de hoy  a la Presidencia de la República para su Promulgación  u observación conforme lo señala la Constitución Política del Perú. A pesar de las advertencias, de las razones expuestas por diversos Congresistas, de las protestas de los trabajadores, el Proyecto de Ley 01846, salió del Congreso y  está ahora bajo la exclusiva responsabilidad del Ejecutivo.

Al iniciar este breve análisis, es necesario reparar que la intención de establecer un régimen único y exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado es un propósito perseguido por varios gobiernos y necesario para el ordenamiento del Estado.

Sin embargo, es notorio que – además de los aspectos contrarios a la Constitución Política del Estado que más adelante señalaremos-  no es verdad que se establecerá un régimen único, pues  no se encuentran comprendidos en esta Ley los servidores  civiles del Banco Central de Reserva, del Congreso de la República, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, la Superintendencia de Banca Seguros y AFP y la Contraloría General de la República, los obreros de los gobiernos regionales y locales,  ni los servidores sujetos a carreras especiales- que no son pocos – tales como los comprendidos en las leyes: Del Servicio Diplomático, Universitaria, Profesionales de la Salud, Reforma Magisterial, Carrera Especial Pública Penitenciaria, Ministerio Público, Carrera Judicial. Recordemos que el Artículo 40° de la Constitución Política solamente exime a los trabajadores de las empresas del Estado o de sociedades de economía mixta y a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, particularmente por su restricción al derecho de huelga, entre otras.

 Al menos tres aspectos del Proyecto de Ley aprobado por el Congreso de la República contienen aspectos contrarios a la Constitución:

1. El Art 44° establece limitación en el tiempo  para negociaciones el planteamiento de negociaciones colectivas. En otras palabras, si existen problemas que tratar, sólo podrán atenderse a partir del mes de noviembre. Insólito.

2.    El mismo artículo, adicionalmente,   restringe  las negociaciones colectivas haciéndola nulas cuando se trate de temas salariales, lo cual es absolutamente incoherente, pues históricamente las negociaciones colectivas se refieren exclusivamente a este tema;  y  por último.

3.    La prohibición para percibir pensión y remuneración simultáneamente, asunto que puntualizó clara y - por qué no decirlo -  magistralmente, el congresista Mauricio Mulder el 18 de octubre de 2012 en el propio pleno en la discusión de otro proyecto de Ley.

En esta oportunidad con motivo de la discusión del Proyecto de Ley 01848 hizo bien la  Comisión de Trabajo y Seguridad Social, en modificar el texto del Art 38  colocándolo en el Art 16 con el siguiente tenor: “Los servidores del Servicio Civil no pueden percibir del Estado más de una remuneración o emolumento o cualquier tipo de ingreso de naturaleza contraprestacional” (sic), refiriéndose al término contraprestación.

Como se sabe, finalmente  por encontrarse problemas en el Texto Sustitutorio de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, fue rechazado por el Pleno del Congreso y se volvió a discutir el presentado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, que nunca hizo la corrección en el Art 38° a pesar de las observaciones del Congresista Alberto Ismael Beingolea Delgado y Juan José Diaz Dios.

Es triste observar que muchos  representantes del pueblo no entiendan lo que significa contraprestación, empleo y pensión y por esta falta de comprensión se estrellen contra la propia Constitución Política del Perú, que todos debemos respetar, si de verdad queremos orden y justicia social.

Es una lástima, que el Congreso de la República no haya tenido la capacidad de hacer una conjunción del ambos Textos presentados por las comisiones mencionadas y se haya apresurado en sacar la autógrafa como sea.

Es penoso que la intención de establecer un régimen único y exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado, finalmente sea letra muerta que encabeza la propia Ley, convirtiéndose en una afrenta contra la inteligencia del pueblo del Perú.

En lo personal, sobre el Art 38° de la ahora Autógrafa de Ley,   no solo escribí un artículo este blog (http://bit.ly/12mLrGs),  sino también emití mi opinión sobre el tema, el 31 de Mayo de 2013, en el portal del Congreso y puede verse allí: http://www.congreso.gob.pe/pvp/forosl/opiniones.asp

En este mes de la Patria, espero fraternalmente que el Ejecutivo reflexione sobre el particular, estudie bien la propuesta, dialogue, explique y corrija lo que tiene que enmendar; también que mejore su línea de comunicación y participación ciudadana efectiva, para evitar mayores protestas, a fin de evitar que la paz y el clima nacional se ponga  al "rojo vivo" antes del mensaje presidencial con ocasión de las Fiestas Patrias.

Que la conducta de muchos prohombres que pasaron por el Parlamento Nacional sean motivo de reflexión para que en el Legislativo se deje de observar la conducta de "chí seño" y votar sin efectuar un razonamiento promedio, olvidándose de la responsabilidad  que tienen con la ciudadanía, al habérseles brindado la oportunidad de su vida: servir a la Patria desde la posición más privilegiada, como es el Primer Poder del Estado.

Las buenas intenciones no sirven si no se materializan con acciones, de nada vale recibir opiniones -que las ha habido muchas - si no se analizan y no se discuten con razones respaldadas por argumentos legales. Se equivocan si persisten en actuar de esta manera.

TOTAL CORRUPCIÓN HAY EN TODOS LADOS!

N de R.-Un artículo de opinión que reproducimos por ser un tema actual y de importancia para el Perú.

REFLEXIÓN CON OCASIÓN DE LA PRESENTACIÓN  DEL LIBRO DEL HISTORIADOR PERUANO ALFONSO QUIROZ

Para que nuestro país, el Perú, llegue - algún día - a un estado de bienestar estable en el que se haya minimizado los índices de pobreza y seamos una sociedad justa y ordenada  falta aún bastante camino por recorrer; y definitivamente no llegaremos a buen puerto sin el concurso de todos los peruanos.

La informalidad, la injusticia, las leyes que no se cumplen, la incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace, el mal ejemplo, la corrupción generalizada y por último la indolencia de esclavo, que como sociedad no logramos sacudir, nos hace pensar  lo difícil que resulta el esfuerzo de muchos peruanos que intentamos, con nuestro aporte diario, vencer todo tipo de adversidades, vencer a quienes -por obvias conveniencias personales y principalmente económicas - intentan mantener un sistema en el que  reina la "viveza" y que tiene como lema "hecha la ley, hecha la trampa". Ardua tarea, que no dejaremos de impulsar, laborando, impulsando, participando, denunciando, opinando y por último motivando a que se multipliquen los peruanos honestos y de buena voluntad, con la única finalidad que algún día, el Perú sea  la patria grande, la patria digna, la patria justa, con la que muchos y buenos peruanos que nos antecedieron, soñaron alcanzar. 

La presentación del libro "Historia de la corrupción en el Perú", realizazada por el Instituto de Estudios Peruanos y el Instituto de Defensa Legal el pasado14 de mayo, escrito por el fallecido historiador Alfonso W. Quiroz, que resulta ser una versión mejorada de su libro “Corrupt Circles: Costs of Unbound Graft in Peru”, publicado por la editorial Johns Hopkins Press en 2008 - motivo de esta reflexión - nos presenta un país gravemente herido por la corrupción administrativa y estatal, que puede notarse desde los últimos años del periodo colonial hasta nuestros días. La descripción y el análisis en detalle que realiza sobre el abuso de los recursos públicos nos ayudan a entender cómo la corrupción ha limitado el desarrollo y el progreso del país, y a la vez nos deja el enorme desafío que tenemos todos los peruanos de esta generación, para unirnos en su lucha y no caer en el sistema oscuro que avergüenza nuestro pasado y el presente que hoy vivimos. 

La corrupción constituye un fenómeno insidioso, amplio, variado y global que comprende actividades tanto públicas como privadas. No se trata únicamente del tosco saqueo del patrimonio del Estado. La corruptela comprende el ofrecimiento y la recepción de sobornos; la malversación y mala asignación de fondos y gastos públicos; los escándalos financieros y políticos; el fraude electoral, el tráfico de influencias y otras trasgresiones administrativas como el financiamiento ilegal de partidos políticos en busca de favores indebidos. No obstante sus efectos recurrentes y cíclicos, hasta esta publicación ha sido poco lo que sabíamos acerca de las causas específicas de la corrupción en el país y sus costos económicos e institucionales. Desde una perspectiva histórica , el minucioso trabajo de Alfonso W. Quiroz, basado en una amplia gama de fuentes de archivos y en interpretaciones sugerentes, explica cómo la corrupción ha limitado el desarrollo y el progreso del país.

Cecilia Blondet, Directora Ejecutiva de Proética, se encargó de hacer un sumario del libro, resaltando que se trata de una monumental obra, muy documentada, que describe el fenómeno de la corrupción en el Perú, destacando  que los grupos de corrupción han circundado entre gobernantes, políticos y militares.  

Hizo mención que el libro describe los círculos de la corrupción de la época de San Martín, Bolívar, Gamarra, Castilla,los Jefes y gobernantes en la aciaga Guerra por el guano y el salitre, los involucrados en los contratos de Dreyfus y Grace, el oncenio de Leguía, el Apra - el partido mejor organizado del Perú, pero también el más nefasto que no dudó en usar el crimen y el chantaje - Odría, el escándalo del contrabando en el gobierno de Belaunde, los aprovechadores en el gobierno de Velasco y  finalmente los actos de corrupción en los gobiernos de Alan García y Fujimori. 

Gobernantes, políticos y militares, son el común denominador de la corrupción en toda nuestra historia. ¡Qué vergüenza! Libertadores, Defensores de la Patria, pero no dejando de engrosar el bolsillo!  

La obra de Quiroz es única, pues presenta la verdad “oculta”, la que muchos pasan por desapercibida, tal vez por no querer verse reflejados, o la que otros tantos aceptan, porque se cree que no hay remedio y la dejan pasar, bajo el argumento de: “que se puede hacer!”, “no importa, robó pero hizo obra”. 

Es tan común aceptar la corrupción, que quizás muchos de los que puedan leer estas líneas, si darse cuenta, participaron o estuvieron incluidos en un acto de esa naturaleza. Es tan común que incluso, es expresada desde hace casi dos décadas, en la popular versión musical  “Las Torres” de los “Noséquién y los nosecuantos”: TOTAL CORRUPCIÓN, HAY EN TODOS LADOS!. 

En las Fuerzas Armadas, principalmente en el Ejército, hemos escuchado en todos los tiempos que la Institución es inmaculada, que no es ella la que se  involucra en malos actos, sino los hombres (y ahora mujeres) que lo componen.  Linda sentencia que nos han vendido, algunas élites con el fin de levantar la mística, y que otras interesadas la pusieron en relieve para mimetizar sus malévolos proyectos. No pues, la Institución no puede existir sin sus componentes, en actividad y en retiro. Y si permitimos - con nuestro silencio - que sucedan actos contra la ética, contra la Ley y los reglamentos, entonces también somos culpables. 

Quiroz, menciona a las élites militares como las involucradas en la corrupción. Pero, seamos sensatos ¿podremos pensar que las élites, los Comandantes Generales que incurrieron en actos de corrupción, lo hicieron solos? Sin duda, han necesitado tener aliados, sus “leales”, que se han prestado a firmar documentos, transportar materiales, vender bienes, dar de baja indebidamente artículos de la cadena logística, vender combustible, chantajear a Oficiales de menor graduación; propiciar de palabra la honestidad y de obra incurrir en el robo, en la injusticia, en la componenda, gente que forma el círculo perverso y que después - con el tiempo (como no pasa nada) - repite el mal ejemplo.

La historia de la corrupción que presenta Quiroz, llega hasta el año 2000.  Y… ¿la historia entre ese año y nuestros días? Esa,no lo neguemos, esa es la historia que la vivimos, la sabemos nosotros y la que  muchos por “supervivencia” callan. 

Si nos formaron en la verdad alimentados del mejor plato de valores éticos, morales y religiosos: “La honestidad y la lealtad son  valores que se aprenden con el  con el ejemplo". Entonces debemos ser honestos y leales con nuestra Patria; y la verdad de nuestros días, nos revela a gobernantes, políticos y - penoso para quienes nos enrolamos a las Fuerzas Armadas para servir a la Patria - élites militares que incurrieron en actos de corrupción. Estoy totalmente seguro que ningún Oficial honesto en situación de actividad quisiera estar en el futuro, sentado en una sala pública escuchando la presentación de un libro que narre la corrupción de su Institución. Para evitar que esa mala historia se repita, es imprescindible formar una corriente anticorrupción, que necesariamente empieza por la valiente denuncia. 

Qué triste es admitir que hemos tenido gobernantes que prometieron mucho y cumplieron muy poco, que se dedicaron a “ver la suya”, cada vez con más cuidado para que no quede huella. La verdad finalmente – algún día - saldrá a flote, lo que nos da la esperanza que   la justicia  sancione el negociado de terrenos, grandes licitaciones - incluso actuando a través de terceras personas - obras con presupuestos sobrevalorados  inauguradas pero inconclusas, indultos dudosos a narcotraficantes, manipulación de “atentos” jefes militares, hasta la propia “limpieza del camino” para que no quede ningún líder partidario sino él mismo, son características de un ex gobernante, de gran habilidad, capaz de convencer a muchos de su presunta inocencia. 

Otro de ellos, dedicado al gran consumo de “etiqueta azul” y a los descansos “reparadores” en Punta Sal, recordado también por las cuentas secretas de su  hombre de confianza en Panamá, la “bondadosa” cesión de los cielos nacionales, amén de la drástica reducción presupuestal en el sector Defensa, permisividad para que su esposa manejara fondos en provecho de su propia ONG, nepotismo, planillas secretas, seguros y pertrechos militares sobrevalorados – con anuencia de altos comandos castrenses - y por último la escandalosa compra de bienes de su suegra, que no vive en el Perú y que resulta ser – dice en su primera versión –una “afortunada” sobreviviente del holocausto.

Un Ministro del Interior (por dos oportunidades, que después fue jefe del CNI) que  no quiso colocar bases policiales para controlar la salida de droga; políticos “come oro”, “come pollo”, “roba cable”, “lava pies”, con empleados fantasmas, alcaldes que realizan "obras" sobrevaloradas, contratos de empresas con locales y "talleres" inexistentes, nepotismo por doquier, secretarios de juzgados que cobran por colocar el expediente a la vista o por hacer un informe favorable, jueces que "interpretan" las leyes de acuerdo a conveniencias, "periodistas" que "coordinan" la no publicación de investigaciones realizadas, otros que venden su pluma,  y muchos más ciudadanos "peruanos" que con poder o influencia, incurren en actos deshonestos, con los que enlodan la historia de nuestra Patria.

En el campo militar, qué lamentable es saber de la existencia de Jefes de Unidad robando el racionamiento a su tropa, desatendiendo el mantenimiento de  los vehículos de su Unidad; Comandantes de Gran Unidad que no entregan el presupuesto a las Unidades, o que  lo hacen con gran recorte. Peor, algún otro que primero investiga a su antecesor, lo denuncia y luego comete similares actos, “tranzando” con  “capos” y sus propios subordinados. 

No muy lejano, con indignación recordamos: Relleno del "hueco"  del Pentagonito (una excavación que se hizo en la época de Velasco para la construcción de instalaciones) con el desmonte de  la construcción de la vía expresa de Javier Prado; venta sistemática de combustible al que se tuvo que involucrar a subordinados que hoy transitan por los tribunales; denigración del uniforme por dársela de “chistoso” para obtener réditos políticos, realizando actos de populismo cediendo un club de Oficiales para luego dejarlo en el olvido y hoy, encontrarse en total y paupérrimo abandono, chantaje a un “investigador” por los archivos del caso de la venta de combustible a cambio de su ascenso, estafa con un populoso conjunto habitacional, que luego del sorteo fue reducido en gran parte de su espacio para negociarla con la constructora, haciendo parecer al lugar como al de “los Maldini y los Gonzales”, la venta convenida del Cuartel San Martín, que en años previos fuera defendido por otro Oficial en los corredores del Congreso, la permisividad en el manejo irregular de notas de concepto para los ascensos, otorgamiento de puntajes inmerecidos; peor que lo anterior, adoptar posturas de corrección para favorecer a su círculo de corrupción que le sirviera en puestos anteriores, donde también se hizo un importante “convenio” al renovar los terrenos del otrora Bazar Central del Ejército, nada menos que por 30 años, la compra de un millonario sistema satelital que no sirve, el favorecimiento en los ascensos a personal de indecorosa conducta haciendo creer que el tema fue sobreseído en la justicia común; “levantamiento” de fondos y presupuestos en el norte, el centro, el sur y en la propia sede institucional; multiplicación de comensales para justificar miles de polladas en jornadas de bienestar; pedido de coimas, participación de subordinados para lograr cambio de documentos y registros; intervención de superiores amigos para incrementar puntajes; sobrevaloración de artículos en las rendiciones de cuentas; por último actitudes para intentar amilanar a quien se opone a este “sistema” en el que se acepta y valida que los de la especialidad de administración y aquellos encargados de construcciones y mantenimiento de carreteras “tienen plata”, otros que sin sangre en la cara se arrogaron  éxitos ajenos o diseñaron hechos, para alcanzar una felicitación o condecoración, creación de empresas con el dinero malhabido, y otros más que se ven reflejados - con el silencio cómplice de la sociedad - en propiedades, autos, viajes y lujos  que no pueden cubrirse con el  poco sueldo de un militar.  ¡Qué vergüenza! ¿Dónde está eso de ”lodo, lodo,  eso nunca”! ? 

El desafío de la sociedad peruana está en lograr revertir nuestra amarga historia de ladrones y corruptos. Sin embargo, no es tan fácil como escribir estas líneas. Se requiere - en primer término - la voluntad política de las autoridades pero también la convicción de todos, pero de obra no de palabra, para que se multipliquen las denuncias, y que las averiguaciones lleguen a encontrar responsabilidades y aplicar sanciones, pues si al término de las investigaciones y juicios todo queda en: "falta de pruebas", seguiremos "luchando" contra la corrupción un siglo más, hasta  que aparezca otro Alfonso Quiroz, que escriba la historia y  nos  estruje en la cara nuestra inercia. 

"La razón del más fuerte siempre es la mejor", escribió La Fontaine en su fábula "El lobo y el cordero".  Los más fuertes o los más numerosos imponen sus leyes. En la sociedad actual, débiles y vencidos a menudo son oprimidos. Así, el sistema corrupto, sigue siendo  tan fuerte, que usualmente sólo se habla de sus participantes, cuando dejan el poder o  la vida. 

La buena noticia es que en este último tiempo se observa mayores denuncias denuncias, lo cual refuerza el trabajo del Estado a través de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, la Defensoría del Pueblo y de la sociedad civil con instituciones como Proética y la propia prensa, que investiga y muestra a la sociedad a los malos peruanos que quieren seguir haciendo "su agosto" a costa de los "ciudadanos de a pie".

Y tú peruano, ¿no crees que es hora de cambiar? ¿Seguirás siendo débil, vencido u oprimido? ¡Reacciona!, no te quedes allí sentado pensando que ya pasará, o tratando de eximirte de tu responsabilidad. Que te quede grabado: Sólamente pasará cuando participes activamente haciendo que el orden, la justicia y la honestidad prevalezca! 

Unidos todos, empleando los múltiples medios que la tecnología  nos ofrece, debemos luchar contra este flagelo. Sólo así  se beneficiarán nuestros hijos, los hijos de ellos y el Perú entero.

Qué ese sea nuestro legado!

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[1] Presentación del libro  "Historia de la Corrupción en el Perú", Instituto de Estudios Peruanos, http://www.iep.org.pe/fp_scont_1277_scont_3525.html , 2013

NUESTRA CONSTITUCIÓN VULNERADA EN CONGRESO DE LA REPÚBLICA

EL PROYECTO DE LEY DEL SERVICIO CIVIL QUE EL GOBIERNO DESEA IMPULSAR

El pasado ocho de mayo la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, aprobó el dictamen del Proyecto de Ley N° 1846/2012-PE que propone la Ley del Servicio Civil. En este acto, se olvido tener en cuenta la norma legal más importantede la República: La Constitución Política del Perú.

El  Art 38° de dicho Proyecto de Ley que  lleva el título de "Prohibición de doble percepción de ingresos", señala en su contenido que "Es incompatible la percepción simultánea de remuneración y pensión por servicios prestados al Estado", algo que se discutió en el Pleno del Congreso de la República, el 18 de octubre de 2012 -  entendiéndose  que conceptos como el propuesto en el proyecto, es antitético al Art 40° de nuestra Constitución Política. 

En esa oportunidad el Congresista de la Concertación Parlamentaria, Mauricio Mulder Bedoya dijo textualmente lo siguiente:

"La Constitución es muy clara, señor Presidente. La parte final del primer párrafo del artículo 40.° dice: “Ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno o más por función docente”.Percibir una pensión no es desempeñar un cargo público; percibir una pensión no es desempeñar un empleo; percibir una pensión es la recuperación de los descuentos que le hacen al trabajador para cuando se jubila o pasa al retiro.

El dinero que recibe el policía, el militar y cualquier funcionario privado o público es un dinero que a ellos se les ha descontado para que puedan solventarse su jubilación. No es dinero del Estado. Haberse apropiado históricamente de los dineros de los particulares para convertirlos en un asunto estatal a través de la ONP, ese es un tema del Estado; pero son dineros que corresponden a derechos inalienables de todo trabajador y, por lo tanto, no son la remuneración de un trabajo ni un cargo ni un empleo público; son derechos inalienables.

La Constitución no prohíbe que se cobre una pensión y se cobre un sueldo. El sueldo se le paga por el trabajo que hace; y la pensión, por el derecho que adquirió después de haber trabajado determinado tiempo al servicio del Estado o al servicio de un particular.De manera, señor Presidente, que no podemos seguir manteniendo esa restricción que es inconstitucional, porque la Constitución habla de dos remuneraciones por dos trabajos,pero no habla de percibir una pensión y percibir una remuneración."

Al parecer (para ser gentil) los Señores Congresistas que aprobaron el Dictamen en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República no lo  escucharon o  estuvieron ausentes en esa sesión del Pleno.

El Proyecto de Ley ha recibido también múltiples observaciones de gremios de trabajadores, cuyo texto puede verse en el sitio del Congreso de la República.http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf (Elegir opción POR PROPONENTE, luego PODER EJECUTIVO y finalmente 1846/2012-PE)

El trámite prevé que también se cuente con el dictamen aprobatorio de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, de la cual es integrante titular el Congresista Mulder, quien obviamente  (eso esperamos) hará que se subsane la gestión inconstitucional que  la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República no vio.

EL CAOS DE LA DEMOCRACIA VENEZOLANA:LA FLECHA LANZADA

LIDERAZGO EN UNASUR Y LA OPORTUNIDAD PERDIDA

Tras catorce años de gobierno de Hugo Chávez en la República Bolivariana de Venezuela, aparece como su "sucesor" Nicolás Maduro quien, abusando del poder heredado ha conseguido finalmente juramentar al primer cargo público de ese país, en medio de  protestas y conflictos por un proceso electoral que  dio muestras de ser totalmente inequitativo, parcializado y hasta abusivo, lo cual  augura que la gobernabilidad y buen gobierno difícilmente pueda llegarles en los próximos años.

La población venezolana se encuentra claramente dividida principalmente por el efecto de un esquema populista que el gobierno de Chávez puso en marcha para mantenerse en el poder y que ahora Maduro intentara continuar, aunque probablemente con torpeza  que tarde o temprano, redundará en el descontento general.

Un cúmulo de hechos han revelado la intencionalidad de Maduro para quedarse en el poder, empezando por la prolongación de la fecha de juramentación de un moribundo Chávez, al que se suma la posesión de la Presidencia con la complicidad de Diosdado Cabello, Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Ni que decir del apresuramiento para efectuar los comicios, de la campaña electoral de Maduro con el servilismo del aparato estatal que incluyen por cierto al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal Constitucional; y para  añadir más leña al fuego, la fuerte  represión - con siete muertos - que obligó al candidato opositor Henrique Capriles Radonski a suspender las marchas y protestas en las calles y plazas, para reemplazarlas por cacerolazos domiciliarios y no dejando de incidir en su solicitud de recuento de votos, presentada el 17 de abril cuando denunció en su cuenta de Twitter que "El Comando (Simón Bolivar) esta en el CNE,el reconteo y revisión solicitado es papeletas, actas y cuadernos de votación!"

En ese contexto, el Perú al encontrarse a cargo de la Presiencia Pro tempore y en acatamiento de lo prescrito en el artículo 2° del "Protocolo adicional al Tratado constitutivo  de UNASUR sobre compromiso de la democracia" convocó al Consejo de Jefes de Estado a sesión extraordinaria, el día previo a la segunda juramentación de Maduro, como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.


Llama la atención las críticas que hubieron sobre este procedimiento, particularmente la del ex presidente Alan García, quien en mayo de 2008 firmó a nombre de todos los peruanos nuestra adhesión a UNASUR, juicios que tal vez   ignoraban la existencia de esta regulación, que el Perú no podía soslayar.

La responsabilidad  no podía obviarse, y tampoco la oportunidad  de primer orden para ejercer liderazgo, que se vio materializado con la plena asistencia -en tiempo forzado - de los Jefes de Estado integrantes de UNASUR, lo cual fortalece a la organización y por cierto beneficia al Perú.

¿Qué podía acordar el Consejo de Jefes de Estado sin tener el informe de la Misión de Acompañamiento Electoral? No mucho, sino enmarcarse en el derecho internacional público y el respeto a la soberanía de las naciones, estipulados en la Carta de las Naciones Unidas y el Tratado constitutivo de UNASUR. 

Para poder intervenir aplicando sanciones, era necesario disponer de pruebas que señalen claramente que el orden constitucional  haya sido violado. Lamentablemente, el proceso electoral no solo fue validado por el Consejo Nacional Electoral, sino también respaldado por el Tribunal Constitucional venezolano, lo cual indica que la elección estaba validada de acuerdo a las leyes de ese país, aunque todos conocemos que en realidad la democracia sigue siendo vulnerada y con ella los derechos de los ciudadanos venezolanos que no se encuentran de acuerdo con el régimen ciertamente dictatorial de Maduro y que penosamente es respaldado por la otra mitad de la población, quizás por ser beneficiada económicamente.Por eso, resulta saludable -mientras informe oportunamente - la constitución de una  Comisión de UNASUR para acompañar la investigación de los hechos violentos del 15 de abril pasado.

Aunque muchos hubieramos querido que UNASUR no reconozca los resultados de la elección  en los comicios de Venezuela, debemos considerar que el Consejo de Jefes de Estado se encontraba amarrado a las atribuciones de UNASUR, a las regulaciones internas de Venezuela  y por cierto a los intereses particulares de cada país miembro, especialmente de aquellos que tienen pendiente compromisos económicos, que no es el caso del Perú.

Entonces la actitud del Perú de convocar al Consejo de Jefes de Estado de UNASUR es totalmente válida y positiva desde el punto de vista de respeto al Tratado constitutivo, y también observando la perfecta ocasión para ejercer y demostrar liderazgo. Sin embargo este análisis estaría incompleto si no observamos la actitud del Perú como país individual.

Si bien nuestra Constitución Política establece que los Tratados celebrados por el Estado forman parte del  derecho nacional - y  por eso no debemos intervenir en los asuntos que son "esencialmente de la jurisdicción interna" de otros estados -  también es cierto que  nuestra carta magna preconiza el  respeto a los derechos y libertades personales lo cual es concordante con la Carta de las Naciones Unidas y la promoción de la democracia representativa que señala la Carta de la Organización de Estados Americanos.

En ese marco, era  parte del protocolo saludar a quien gana una elección popular refrendada por su máximo ente electoral,sin embargo para ser coherente con los principios democráticos el saludo y los buenos deseos en la gestión debieron ser acompañados  con la ausencia presidencial en la ceremonia de juramentación. 

Para magnificar esta ausencia como un signo de promoción a la democracia,  la gestión del Ejecutivo para la autorización de salida del país del Presidente, no podía ser obviada, pues hubiera sido incoherente que estando a cargo de la Presidencia Pro tempore se decida no asistir al evento, que como muchos apreciabamos iba a arribar al acuerdo del Consejo de Jefes de Estado con  conclusiones parecidas a las producidas.

Si decimos que la gestión del Ejecutivo estaba en el cauce adecuado, no es antitético a la previa proposición de ausencia en la ceremonia de juramentación, pues una cosa es la coherencia con el ejercicio de la Presidencia Protempore de UNASUR y otra la concordancia con los principios democráticos que nos gobiernan. En ese derrotero, todas las fuerzas políticas distintas a la del oficialismo, debieron concurrir en el voto negativo para la asistencia a la ceremonia de juramentación. Lástima que Alejandro Toledo influyó para que se otorgue la autorización ( y que luego de tirar la piedra esconda la mano), lástima que faltó completar esta idea estratégica.

SI se hubiera producido la ausencia del Presidente Constitucional del Perú a la juramentación de Nicolás Maduro, en razón de la negativa de autorización del Congreso de la República, hubieramos dado una muestra de respeto a la institucionalidad y equilibrio de poderes, y en este momento estaríamos mostrándonos ante la comunidad internacional como un país líder en el ámbito regional  que respeta y promociona la democracia.