LA REHABILITACIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL

REDUNDANDO EN LA SEGURIDAD NACIONAL

En mérito al Decreto Legislativo N° 1299, el pasado mes de octubre, mediante  un acta firmada  por el Presidente de la Corte Suprema, Víctor Prado Saldarriaga, y el Ministro de Justicia, Vicente Zeballos Salinas se formalizó la transferencia de la  Gerencia de Centros Juveniles del Poder Judicial y sus órganos desconcentrados al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, lo cual significa que  todo el "Sistema de Reinserción Social del Adolescente en conflicto con la Ley Penal"  (SRSALP) dependerá de este ministerio, específicamente de la Dirección General de Asuntos Criminalísticos, conforme lo estableció la Resolución Ministerial N° 0483-2018-JUS, emitida el 09 de noviembre de 2018.

Así, esta dirección general no solo es ahora responsable de crear, estudiar y proponer medidas políticas destinadas a combatir la delincuencia de manera rápida, firme y eficaz, así como proponer mejoras del sistema penitenciario que favorezcan la reinserción de las personas encarceladas en nuestra sociedad, pues también tiene el gran reto de colocar en práctica sus propuestas para el mejor diagnóstico y rehabilitación de los adolescentes en conflicto con la ley penal.

No es poca cosa, se trata de 10 centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación (CJDR),  y 25 centros de orientación al adolescente (SOA), ubicados (los CJDR) en Lima, Ancón II (Anexo), Santa Margarita, Alfonso Ugarte (Arequipa), El Tambo (Huancayo), José Quiñones Gonzales (Chiclayo), Marcavalle (Cusco), Miguel Grau (Piura), Pucallpa y Trujillo; asi como  los SOA (régimen abierto: no quedan encerradosl) de Lima Este, Lima Norte, Rímac, Callao, Ventanilla, Arequipa, Ica, Tumbes, Cañete, Huaura, Chiclayo, Trujillo, Huancayo, Huancavelica, Chimbote, Sullana, Paucarpata, Ayacucho, Puno, Madre de Dios, Cusco, Huaraz, Pucallpa, Iquitos y Huánuco.

Sin duda que el centro juvenil de mayor renombre es el de Lima, donde solo este año se produjeron al menos tres motines, con quema de colchones y toma de rehenes, aunque sin fugas espectaculares como la ocurrida en el año nuevo de 2013, en que el sicario juvenil  Alexander Manuel Pérez Gutiérrez alias "Gringasho", contando con la miopía del tutor de servicio, escapó (cruzando varias rejas, puertas y seguridad  en su camino) junto con otros adolescentes recluidos, desde el patio de mayor seguridad  de la mencionada instalación.

Este centro estigmatizado como “Maranguita” por la ubicación que tiene desde que se creó en 1945,  viene tratando, como todos los centros del sistema, de apostar a una auténtica rehabilitación del adolescente en conflicto con la Ley Penal y promover su reinserción social, basados no solo en la experiencia adquirida en el transcurso de los años y en concordancia con las normas nacionales e internacionales sobre los derechos de los niños y adolescentes,  sino también empleando un marco teórico,  que incorpora el enfoque socioeducativo y sistémico, y la metodología de intervención formativo – preventiva – psicosocial, diferenciando dos modalidades de intervención (medio cerrado / medio abierto), fundamentados en la razón, la fe y el afecto, a fin de garantizar la resocializacion del adolescente en conflicto con la ley penal.

Para tal efecto se aprobó  - en el año 2013 - el "Plan Nacional  de Prevención y Tratamiento del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal" con tres objetivos de impacto: la reducción de conductas antisociales, lograr una administración de justicia eficaz y con enfoque garantista, y garantizar la resocialización del adolescente en conflicto con la ley penal y reparación de la víctima.

En el aspecto de la resocialización destacó la intención de alcanzar los siguientes objetivos: mejorar la eficacia de los programas socioeducativos en medio cerrado; ampliar la oferta de programas socioeducativos de medio abierto; y desarrollar programas de orientación para la ejecución de la remisión.

El referido plan, considerado como la, primera política  anti criminal que dictó el Consejo Nacional de Política Criminal (sic) , desafortunadamente no ha tenido avance significativo,  especialmente en lo que se refiere a la resocialización, persistiendo las mismas condiciones que originaron el plan, el cual fue diseñado para alcanzar sus objetivos a fines del presente año, pronto a fenecer. 

Y así, aún:

• Existe limitada oferta de centros juveniles para ejecutar las medidas socioeducativas, especialmente en medio cerrado, lo cual conlleva a la sobrepoblación de ellos, dificultando el control y los propios aspectos socioeducativos.
• La inadecuada infraestructura de los centros juveniles no permite que los programas de tratamiento sean aplicados según las normas establecidas en el SRSALP.
• No se cuenta con destacamentos policiales en la mayoría de los centros juveniles de medio cerrado para el resguardo externo, y tampoco se ha desarrollado la especialización policial para la administración de menores.
• No se dispone con el personal de tratamiento suficiente para dar una adecuada atención, y muchos de ellos no cuentan con la especialización o actualización necesaria.

Lo más grave es que, como en el caso de la fuga de alias "Gringasho", los directamente responsables de la seguridad y del tutelaje de la rehabilitación, se encuentran comprometidos en las fallas de los procesos que se realizan en los centros juveniles de medio cerrado. 

Al revisar las posibles causas encontramos que los tutores (quienes acompañan a los adolescentes permanentemente, bajo un ciclo de 24 por 48 hrs) tienen como remuneracion, aproximadamente 1,500 soles, lo cual sumado a la permisividad de los agentes de seguridad (con remuneración similar) ingresan cualquier artefacto que les sea requerido por los adolescentes, a quienes se supone deben vigilar y orientar.

Por otro lado, existe poco resultado en la reinserción de los adolescentes que salen de los medios cerrados, quienes no consiguen trabajo, engrosando al grupo de los que ni trabajan ni estudian, por lo que después de un tiempo (como sucede con adultos que egresan de las penitenciarías), recurren nuevamente al delito para obtener ingresos que les permita atender sus necesidades.

Es importante que se entienda claramente que de no efectuarse la implementación de medidas de manera articulada, coordinada multisectorialmente y en los tres  niveles de gobierno, como lo detalla la Política de Seguridad y Defensa Nacional, que el pasado 20 de diciembre cumplió un año de publicada, seguiremos sin solucionar, no solamente los problemas de rehabilitación y reinserción de los adolescentes en conflicto con la ley penal, sino también de aquellos adultos que salen de las penitenciarías, colocando en riesgo la seguridad ciudadana, la imagen del país, afectando la economía, la gobernabilidad y la seguridad nacional.

Feliz Navidad!  #ElPerúPrimero

EL NUEVO PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 2018-2023

LA IMPORTANCIA DE NO COMETER LOS MISMOS ERRORES

Cuando al ciudadano común y corriente se le pregunta sobre seguridad, de inmediato lo relacionará con su propia protección y la de su entorno inmediato: la seguridad ciudadana; y señalará que los avances son muy pocos o nulos. Algunos responsabilizarán directamente al gobierno (Ejecutivo) y con ellos a la Policía. Otros adicionalmente, lo relacionarán con la municipalidad a través del servicio de serenazgo; pero escasas personas denotarán la participación de los propios ciudadanos, la sociedad civil, el sector privado y los medios de comunicación para enfrentar la inseguridad ciudadana.

Este año, se dará por terminado el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana (PNSC)  2013-2018 , para dar paso a uno nuevo que empezará a regir a partir del año 2019. La propuesta fue elaborada por una comisión multisectorial que ha sostenido más de 30 sesiones de trabajo, desarrolladas entre los meses de marzo y octubre del presente año, para que finalmente el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) lo apruebe por unanimidad, el pasado 06 de noviembre.

La comisión multisectorial comprendió a los representantes de los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Educación, Salud, Economía y Finanzas, Relaciones Exteriores, Transportes y Comunicaciones, Mujer y Poblaciones Vulnerables y Desarrollo e Inclusión Social. Asimismo, de la Policía Nacional del Perú, del Instituto Nacional Penitenciario y la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú. Por otro lado, se consideró la participación de los representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Asamblea Nacional de Presidentes Regionales, Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), Municipalidad Metropolitana de Lima, Sociedad Nacional de Seguridad y otras instituciones, en calidad de invitados.

A fin de contar con la participación de los directamente afectados, el Ministerio del Interior (CONASEC), comunicó el pasado 23 de noviembre que los ciudadanos podrían remitir sus opiniones, comentarios y sugerencias de los ciudadanos para mejorar la propuesta del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023, hasta el día de hoy, 05 de diciembre de 2018. Con la recolección de aportes, se procesarán las opiniones y sugerencias a fin de ser incluidas en la versión final del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023. Buena intención, que hubiera sido más productiva si se hubiera efectuado con mayor difusión.

A diferencia del plan por fenecer, la propuesta no refleja haber sido abordada bajo un esquema metodológico sólido, a pesar que incluye enfoques transversales interesantes y componentes de intervención (que solo son citados en un gráfico).

La propuesta presenta una evaluación engañosa del PNSC anterior, pues señala que “se aprecia que se alcanzó el cumplimiento de la meta en referida a la violencia contra la mujer, niños, niñas y adolescentes. Con respecto a los otros tres indicadores, se aprecia un cumplimiento parcial en torno a la victimización y reingreso de internos a establecimientos penitenciarios. El indicador relacionado a la prevalencia de consumo de drogas fue sólo medido hasta el año 2014”, soslayando cual ha sido el avance en la solución a las causas directas de la violencia y el delito que aún siguen incidiendo en la  ciudadanía.

Por otro lado, no se observa que se haya recogido informes de las principales ciudades afectadas por la violencia y el delito. Tampoco se señala haber tenido en consideración a la Política de Seguridad y Defensa Nacional publicada en diciembre de 2017, ni la situación de funcionamiento (en la materia específica) en las Oficinas de Seguridad y Defensa Nacional de las entidades públicas, particularmente en los gobiernos regionales y locales, y por último se desconoce la efectividad que han tenido los comités de seguridad ciudadana.

Estos aspectos dificultarán que el problema nacional sea resuelto adecuadamente, lo que  puede apreciarse rápidamente al compararse los objetivos estratégicos de los planes nacionales (del que está por terminar y de la propuesta aprobada)

Como puede observarse, los objetivos de la propuesta son más reactivos, y a pesar que se señala que la seguridad ciudadana es un problema que debe atenderse multisectorialmente (y en todos los niveles de gobierno), no queda claro que la responsabilidad sea de todos los componentes del Sistema de Seguridad Ciudadana y menos de la relación que se tiene con el Sistema de Defensa Nacional y con los instrumentos del poder nacional.

A pesar, que se puntualiza que en el PNSC 2013-2018 “la mayoría de indicadores a nivel de actividades se encuentran relacionados con la entrega de determinados productos (mapas, planes, actas, normas); o como productos de acciones específicas de sensibilización (eventos, charlas, talleres, cursos)” la propuesta contiene indicadores similares, que no miden el resultado final, es decir que no podrá determinarse el cambio de la situación problemática.

Se ha hecho bien en priorizar y focalizar algunos aspectos y territorios, pero no se ha debido dejar de lado aquellos aspectos que no fueron implementados como por ejemplo:

-       Fortalecimiento de capacidades de los gobiernos regionales y locales para que sus planes sean adecuadamente formulados y puedan ser articulados con los planes de desarrollo concertados (incluso cambio de éstos), y principalmente incluidos en los planes operativos. Nótese que, es muy probable que las asignaciones presupuestales de este plan no estén siendo consideradas en el presupuesto anual 2019.

-       Participación de los medios de comunicación social, que están presentes para informar la comisión del delito, pero ausentes (con pocas excepciones) en la labor educativa y de prevención que, como instrumentos del poder nacional, les corresponde.

-       Participación efectiva de las juntas vecinales: Los ciudadanos se quejan mucho y participan poco en actividades de prevención e información de situaciones de riesgo que a diario observan y que no comunican a las autoridades, muchas veces para no hacerse problemas, lo cual indica la necesidad de mejorar los canales de comunicación.

-       Estudio de modificaciones legales para que los agresores no sean liberados sin haber sido sancionados: De las diferentes quejas ciudadanas es fácil inferir que existe un vació legal por resolver.

-       Fortalecimiento de la especialización de la policía nacional

-       Articulación con el sistema de defensa nacional para la atención de otras amenazas a la seguridad nacional, que luego afectan a las personas y ciudades.

La seguridad ciudadana es un problema de los gobiernos locales, que cuando se deja de atender adecuadamente  se convierte en un problema nacional, como en nuestros días. Si se deja de implementar las acciones para mejorarla de manera efectiva, estaremos comprometiendo la imagen del país, la economía nacional y finalmente la seguridad nacional.

De allí la necesidad de plantear adecuadamente el problema, sin disimular los errores cometidos en la poca implementación del PNSC 2013-2018, y también cuidando en no volver a repetir los mismos errores; por tanto es menester nacional que el trabajo esté sustentado metodológicamente. 

Debe tenerse presente en todo momento, lo que la propia propuesta señala, en cada una de sus páginas: El Perú Primero

EL REFERÉNDUM DEL 9 DE DICIEMBRE

PENSANDO EN LOS INTERESES NACIONALES

A pocos días de realizarse el referéndum que intenta modificar algunos artículos de la Constitución Política, pero que ulteriormente no resolverá los principales problemas de nuestro país, nadie podrá negar que la gran mayoría de la población no conoce plenamente el contenido de los proyectos de ley circunscritos a las cuatro preguntas a resolverse este 9 de diciembre, fecha épica -por recordar la batalla de Ayacucho que liberó a toda América del yugo realista - en la que también se celebra el día del Ejército del Perú, una institución cuyos integrantes han dado claras muestras de sacrificio (familias incluidas) en defensa de la soberanía nacional y la democracia, logrando, junto a policías y civiles, alcanzar las condiciones de paz que hoy vivimos.

Debido a la crisis del Consejo Nacional de la Magistratura, encargada de nombrar jueces y fiscales, se plantea, mediante la pregunta 1, si se aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Funciones. La primera novedad es el cambio de nombre de la entidad. Importante? Trascedental? No creemos.

Lo importante radica en que los integrantes de esa institución, de acuerdo al proyecto, ya no serán nombrados "a dedo", sino que serán seleccionados mediante concurso público a cargo de una Comisión Especial, conformado por 7 autoridades. Esto sí es una buena noticia, siempre que se verifique que los candidatos efectivamente cumplan con los requisitos, particularmente lo relacionado a la solvencia e idoneidad moral, para después no tener desagradables sorpresas. Cobra, entonces, relevancia en el control público, en las tareas de la Secretaría Técnica, que estaría a cargo del MINJUSDH.

Lo malo del proyecto es que, por efecto del cambio de nombre, será necesario modificar (sic) la Ley Orgánica (¿No será aprobar una nueva?) y esperar 90 días (se entiende útiles) para poder seleccionar a sus miembros, quienes solo  así podrán revisar los nombramientos, ratificaciones, evaluaciones y procedimientos disciplinarios efectuados por los consejeros removidos por el Congreso de la República.

Entonces, no esperemos que esta Junta Nacional de Justicia empiece a funcionar de inmediato. A pesar de ello, un SI contundente es necesario para ordenar el país, colocando a los más competentes para cumplir tan importantes responsabilidades. ¡Qué así sea!

La pregunta 2 está relacionada a regular el financiamiento de las organizaciones políticas, resaltándose que  éstas tendrán tambien financiamiento público.... What!? ?...Sí, financiamiento con el dinero de todos los peruanos, ese que es escaso para tantas necesidades.

De acuerdo al proyecto la propaganda electoral en radio y televisión se efectuará mediante financiamiento  público indirecto, propaganda que, como sabemos, es siempre la de costos más elevados.

Pueda que para algunos la propuesta les parezca interesante, pero  pensemos: ¿si no se ha podido cumplir adecuadamente con la fiscalización de los procesos anteriores? ¿acaso esto no significa que aún no estamos preparados para que del escaso erario nacional se distraiga fondos con este propósito? No es el momento, no es aún adecuado para nuestra realidad política bastante desordenada.

Un cambio constitucional que resultaría ser muy popular y tal vez de rápida respuesta, es si se estaría de acuerdo con la no reelección de congresistas. Debido a la mala imagen de los integrantes del Congeso de la República, no ahora sino desde hace mucho tiempo, la gran mayoría estaría de acuerdo.

Resulta que la pregunta 3 dice a la letra: ¿Aprueba usted la reforma constitucional que prohibe la reelección inmediata de parlamentarios de la República?, ojo: no dice congresistas porque está conectada a la pregunta 4, que cambia el nombre del Congreso de la República por el de Parlamento de la República.

Por tanto, de no aprobarse el proyecto de ley sobre ese tema (pregunta 4)  se quedaría sin sustento legal el cargo de Parlamentario de la República, pues la Constitución Política del Perú no tiene dicho cargo, en ninguna parte de su texto.

Por otro lado, reflexionemos ¿Resulta útil para la solución de los problemas del país que no exista reelección de nuestros representantes al Congreso? El mal desempeño de esa entidad es consecuencia, no de la reelección de sus integrantes, sino mas bien por la falta de capacidades de muchos de ellos que les limita desempeñarse de la mejor manera en el cargo, denotándose que la gran mayoría  no conoce los procedimientos parlamentarios y que ellos los aprende sobre la marcha (aunque no todos).

Los legisladores experimentados, los que dan la talla en la representación nacional, normalmente son los que experimentan el proceso político y parlamentario, y eso sólamente se consigue en la arena del Congreso.

Por eso es importante que nuestros representantes sean bien elegidos (responsabilidad del electorado) para que cumplan adecuadamente sus funciones. Limitar su reelección no va a solucionarlo. Lo que sí podría mejorar la labor del primer poder del Estado, sería condicionar el ejercicio del cargo de congresista al cumplimiento de un programa  que mejore sus conocimientos, eso sería mucho más efectivo, y para ello no se requiere una modificación constitucional.

Considerando que la pregunta 4 ha recibido el máximo apoyo  para que se vote por el NO, esta situación traería como consecuencia que así se gane el SI en la pregunta 3, la modificación resultaría inaplicable. Por ello consideramos que un NO, es mucho mejor para el país.

La pregunta 4, que ya tiene un NO por delante, debido a la extensa propaganda en su contra (y no por sus 59 modificaciones), desafortunadamente  es un proyecto que revela haber sido formulado como si fuera un "saludo a la bandera ajena", pues no es coherente en su contenido, y es además confuso.

Sin embargo, es necesario precisar que el hecho de intentar aclarar -en el proyecto de ley por consultar -  las condiciones en que se realizaría el cierre de la Cámara de Diputados, resulta totalmente legítimo, pues empleando como base  la Constitución vigente, el tema se encuentra dentro del artículado. Debe tenerse presente que el Poder Legislativo, tiene toda la potestad de modificar los proyectos de ley, sea quien sea el proponente.

A pesar de cualquier otro argumento, al igual que los proyectos de las dos preguntas anteriores, debemos ser conscientes que aún no estamos preparados para realizar estos cambios, pues estaríamos retrocediendo al año 1992 en que  existía alto retraso en los procedimientos parlamentarios  con la consecuente postergación de los cambios legislativos requeridos para la mejor gestión pública en provecho de la ciudadanía.

El Perú,  primero necesita madurar políticamente, para lo cual es necesario contar con profesionales que respondan a un manual de perfiles de puestos en el Ejecutivo, y también con  partidos políticos sólidos, con propósitos definidos,  con representantes elegidos democráticamente y no con el peso de su sus billeteras; y,  por supuesto, con intereses que respondan a las necesidades de las poblaciones a las que representan.

Definitivamente, el NO resulta ser adecuado para esta última pregunta.

Este 9 de diciembre, honrando a nuestros héroes y a quienes defendieron la paz, tengamos presente que "de los esfuerzos de hoy depende la suerte" no de América, tampoco de nuestra Patria, pero si del correcto ejercicio de nuestra democracia.

Acudamos a las urnas, con el conocimiento de lo que conviene a los intereses nacionales, y siendo conscientes que esos intereses se cuidan haciendo bien las cosas y no como en "carrera de caballos, parada de burros".

Por el bien del país, nuestro voto será: SI, NO, NO, NO.

MODERNIZACIÓN DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL SISTEMA DE DEFENSA NACIONAL

CLAVE PARA AVANZAR EN PROVECHO DE LA SEGURIDAD NACIONAL

En diciembre de 2012, mediante Decreto Legislativo N° 1129 se reguló la naturaleza, finalidad, funciones y estructura  del Sistema de Defensa Nacional, el cual garantiza la Seguridad Nacional, para la afirmación de los derechos fundamentales y el Estado constitucional de derecho, en el marco de una gestión pública moderna, razón por la que el ámbito de aplicación de dicho sistema, se encuentra en todo el territorio de la república, comprendiendo a los organismos públicos, personas naturales y jurídicas de nacionalidad peruana, quienes están obligadas a participar en la Defensa Nacional, conforme  lo establece la Constitución Política del Estado.

El Sistema de Defensa Nacional (llamado por algunos como Sistema de Seguridad y Defensa Nacional), compuesto por todas las entidades públicas del Estado, es - sin duda - el sistema funcional de mayor importancia en el país, ya que de su buen funcionamiento depende la gobernabilidad y por último la supervivencia de la Nación, razón por la que constituye en el único sistema funcional de responsabilidad constitucional del Presidente de la República.

Para su funcionamiento tiene como órgano de más alto nivel de decisión política y de coordinación estratégica al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que también es encabezado por el Presidente de la República, y que ahora – en reemplazo de la desaparecida Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (SEDENA) – cuenta con una unidad funcional (dentro del Ministerio de Defensa), como la entidad responsable de la gestión del sistema a fin de articular el funcionamiento de sus componentes.

Para garantizar la Seguridad Nacional, el Sistema de Defensa Nacional desarrolla los Procesos de la Seguridad y Defensa Nacional teniendo como base las Políticas de Estado, la Concepción Política Estratégica y la Concepción Estratégica de la Seguridad y Defensa Nacional. Dicho procesos, fueron concebidos para interrelacionarse tanto para la conducción política, como para la conducción estratégica de la Seguridad y Defensa Nacional y se clasificaron en procesos fundamentales y procesos de soporte.

Los procesos fundamentales son: La Política, la Estrategia, y el Planeamiento Integral de la Seguridad y Defensa Nacional, mientras que los procesos de soporte o complementarios son: El desarrollo de estudios estratégicos, de programas y proyectos especiales para la Seguridad y Defensa Nacional, la Investigación y Desarrollo para la Seguridad y Defensa Nacional, y finalmente la Gestión del Sistema de Defensa Nacional.

El concepto que  primigeniamente se tuvo para interrelacionar los procesos de la Seguridad y Defensa Nacional se basó en la definición de una ruta crítica que colocaba a los procesos en dos ejes: el largo plazo, y el corto y mediano plazo, todos basados en la Concepción Política  Estratégica y la Concepción Estratégica de Seguridad y Defensa Nacional.

Para el largo plazo, se visualizó que el Planeamiento Integral de la Seguridad y Defensa Nacional, alineado con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, establezca las previsiones que determinen y preparen los recursos del Estado en los diferentes niveles de gobierno para hacer frente a las necesidades de desarrollo sostenido en condiciones de paz y seguridad.

Para el corto y mediano plazo, se estableció que la Política de Seguridad Nacional, determine  los lineamientos generales para alcanzar los Objetivos de Seguridad y Defensa Nacional, así como para orientar la formulación de la Estrategia de Seguridad y Defensa Nacional, nunca antes desarrollada en la historia republicana nacional.

Esta estrategia nacional, determina el empleo ponderado de los instrumentos del Poder Nacional para alcanzar los objetivos propuestos en la Política de Seguridad y Defensa Nacional, constituyéndose como elemento de coordinación entre los distintos componentes del Sistema de Defensa Nacional y la sociedad, a partir de una perspectiva multidimensional de la Seguridad Nacional.

Tanto la Política como la Estrategia de Seguridad y Defensa Nacional, así como las previsiones para el largo plazo, se deben interrelacionar para establecer las responsabilidades de los componentes del Sistema de Defensa Nacional, por medio de la Directiva de Seguridad y Defensa Nacional, como también por directivas específicas y lineamientos que permitan su implementación, a través de la gestión del Sistema de Defensa Nacional.

Para este propósito, es necesario tener en cuenta que por ser de interés público y de necesidad nacional, el Sistema de Defensa Nacional, amoldándose a la Política Nacional de Modernización de la gestión pública, cambia su planeamiento estratégico, articulando a sus siete procesos, lo cual se inicia analizando el Acuerdo Nacional y su vinculación al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, entendiéndose que este último instrumentaliza las aspiraciones para el futuro del Perú.

En base a ellos, la Concepción estratégica del gobernante y su correspondiente Concepción Estratégica de la Seguridad y Defensa Nacional, son tamizadas por la Realidad Nacional, que nos revelará las necesidades públicas de seguridad permitiendo que se emita la Política de Seguridad y Defensa Nacional.

Simultáneamente el proceso denominado Planeamiento Estratégico Integral para la Seguridad y Defensa Nacional (que no debe confundirse con el Planeamiento Estratégico del Sistema de Defensa Nacional) se desarrolla alineado al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y coordinado – como elemento inspirador – con la Política de Seguridad y Defensa Nacional. 

De la interacción de los procesos fundamentales, se debe formular el Plan Estratégico para la Seguridad y Defensa Nacional, como último instrumento clave para instrumentalizar la Política de Seguridad y Defensa Nacional, lo cual reforzará la inclusión de las acciones necesarias que garanticen la seguridad nacional en los Planes Sectoriales Multianuales, en los Planes Estratégicos Institucionales, y principalmente en los Planes Operativos Institucionales, que aplican el Presupuesto Nacional.

Por otro lado, las directivas de Seguridad que apruebe el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, establecerán las responsabilidades necesarias, y a su vez, junto con las estrategias específicas, se constituirán como elementos retroalimentadores, y - en su debido momento - fortalecerán a los procesos fundamentales, para que finalmente se vinculen al presupuesto anual. 

De la misma forma se comportarán los procesos de soporte: El desarrollo de estudios estratégicos, y los programas y proyectos especiales para la Seguridad y Defensa Nacional; así como la Investigación y Desarrollo para la Seguridad y Defensa Nacional.

El planeamiento estratégico del Sistema de Defensa Nacional, conocido en los iniciales textos de Doctrina de Seguridad y Defensa Nacional como Planeamiento Estratégico para la Defensa, se moderniza pues cambiando, de la emisión de una sola directiva a la interacción y articulación  de todos estos procesos, en el marco de una gestión que contiene un conjunto de acciones y procedimientos que deben realizar todos  los componentes del Sistema de Defensa Nacional, poniendo énfasis al fortalecimiento de capacidades, optimización del enlace interinstitucional, evaluación y supervisión que permitan garantizar la Seguridad Nacional que todos los peruanos de hoy y del mañana deseamos y debemos tener.

POR DIOS Y POR LA PATRIA

RECONOCIMIENTO REAL Y EFECTIVO A LOS VETERANOS DE GUERRA Y PACIFICACIÓN NACIONAL

"Cuando el peligro acecha - y no antes - Dios es venerado y el Soldado es solicitado; pero cuando el peligro ha pasado, Dios es olvidado y el Soldado, vilipendiado".

Una frase que en el día del Señor de los Milagros cobra singular relevancia, pues no solo acudimos a la parte final de nuestra tradicional muestra de fervor religioso, originado a partir del terremoto de 1655, y siguentes, que motivaron que  la sociedad limeña invoque clemencia al Todopoderoso; también  porque la reciente Ley N° 30826 ha declarado "el día 26 de octubre de cada año, como fecha destinada a honrar y reconocer el valor y patriotismo de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía  Nacional que participaron en los conflictos armados en defensa de la soberanía  nacional y en el proceso de pacificación nacional, lucha contra el terrorismo y defensa de la democracia".

Dios y Patria es un binomio, presente en nuestra vida republicana, forjada por hombres con uniforme desde los inicios, cuando solo eramos "un conjunto de grupos étnicos diversos con relaciones a veces conflictivas entre ellos" (Contreras y Cueto, 2013).  

En la actualidad, pareciera que las cosas no cambiaron mucho: las relaciones entre algunos grupos  de peruanos (de distinto color, pero ahora político) siguen siendo conflictivas, y; las mujeres y hombres  con uniforme - siguiendo sus principios y patrióticos valores - continúan entregando su invalorable servicio en beneficio de todos los ciudadanos.

Y aunque los hombres y mujeres que ahora laboran en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional (y sus familias) siguen enfrentando peligros y asumiendo riesgos, persiste el mal agradecimiento de muchos que olvidaron que nuestra Patria se contruyó sacando brillo a espadas y sables que  modelaron nuestro país para ser  la sociedad peruana que hoy aspira ingresar al primer mundo.

Muchos olvidaron que cuando nadie podía gobernar el Perú, lo hicieron los de uniforme; otros ni siquiera pueden reconocer los rostros de los héroes que sacrificaron sus vidas por el honor y defensa de nuestra integridad territorial; y también hay tantos que aún soslayan que viven en un clima de paz y mejores condiciones económicas, porque - gracias a Dios - hubo una generación de personas uniformadas que pelearon por nuestra soberanía nacional, y que además enfrentaron a la insanía terrorista que amenazaba con destruir nuestro orden democrático.

Hizo bien el Congreso de la República, como en los paises del primer mundo, en dedicar una fecha conmemorativa para no olvidar jamás que existen personas -que aunque ya no llevan puesto el uniforme de la Patria-   se les debe honrar y reconocer por siempre, pues lo dieron todo por una sociedad más segura.

Ahora, este reconocimiento debe ser real y efectivo, como de buen cristiano, y no solo de palabra o para la foto; no como lo hiciera el gobierno de PPK que incumplió su palabra.

Hay que honrar a los veteranos de guerra y la pacificación nacional como sí lo hizo el Congreso de la República  haciendo efectiva la equivalencia de sus pensiones, obedeciendo al sencillo razonamiento de: A mayor grado militar, mayor pensión; y a igualdad de grado corresponde pensión equivalente; y no como se venía ejecutando olvidando que "los actuales pensionistas que menciona el D Leg 1133" (en su segunda disposicion complementaria) son en - su gran mayoría - los soldados de ayer que nos dieron la paz y tranquilidad de hoy.

¡Honor y Gloria a los veteranos de guerra y de la pacificación nacional!

Jamás olvidemos que gracias a ellos gozamos la paz de nuestros días. 

!Qué los políticos, jueces y sociedad en general sean consecuentes con este reconocimiento!; 

¡el Tribunal Constitucional también!

SEGURIDAD NACIONAL: CLAVE PARA HACER DEL PERÚ UN PAÍS DEL PRIMER MUNDO

EL LARGO PROCESO PARA ACCEDER A LA MEMBRESÍA DE LA OCDE

Uno de los aspectos que el Perú ha mantenido como propósito de Estado es ingresar a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), razón por la que el año 2015, mediante el Decreto Supremo N° 086-2015- PCM, se declaró de interés nacional las acciones, actividades e iniciativas desarrolladas en el marco del proceso de vinculación del Perú a esta organización internacional.

Esta declaratoria comprende nuestra participación en las actividades, previstas en el Acuerdo y Memorando de Entendimiento firmados entre la OCDE y el Gobierno del Perú el 8 de diciembre de 2014, así como en todas las demás actividades relacionadas con la organización, promoción, impulso y apoyo a este proceso.

Esta  patriótica intención, también fue puesta en manifiesto durante la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) del año 2014, cuyo eslogan fue “Hacer del Perú un país del primer mundo” exponiéndose propuestas para impulsar nuestra economía y hacerla más dinámica y competitiva, levantada con el esfuerzo emprendedor de sus ciudadanos, con una institucionalidad sólida y eficaz,  pues quedó claro que solo así – con el concurso de la sociedad en su conjunto – el Perú será capaz de superar la pobreza y generar prosperidad.

La OCDE es un foro único donde los gobiernos de 37 economías democráticas trabajan conjuntamente para enfrentar los desafíos económicos, y sociales de la globalización habiendo establecido la misión de promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo, cuyos miembros comparten lineamientos básicos en materia de política económica, de democracia plural y respeto a los derechos humanos.

Para este esfuerzo, la Presidencia del Consejo de Ministros encabeza una Comisión Multisectorial encargada de realizar acciones de seguimiento y elaboración de informes técnicos orientados a la ejecución del Programa País y de acercamiento del Perú a los estándares de gobernanza y políticas públicas de la OCDE.

El Programa País OCDE-Perú, lanzado en diciembre de 2014, ha tenido como objetivo principal el mejoramiento de las políticas públicas y apoyar el proceso de reformas del Perú, enfocándose  en cinco áreas prioritarias: remover barreras al crecimiento, gobernanza pública, anti-corrupción e integridad en el sector público, capital humano y medio ambiente. El Programa comprende informes sobre la implementación de proyectos de mejoramiento de capacidades, e incluye la participación en los Comités de la OCDE y la adhesión a determinados instrumentos legales de la OCDE.

Los principales informes que la OCDE ha formulado sobre el Perú, entre 2016 y 2017, son los siguientes:

• §  Evaluaciones del desempeño ambiental
• §  La Contratación Pública en el Perú - Reforzando Capacidad y Coordinación
• §  Estudio de la OCDE sobre integridad en el Perú
• §  Estudio de la OCDE sobre Gobernanza Pública en Perú
• §  Estudio multidimensional del Perú Volumen 2
• §  Skills Beyond School Review of Peru
• §  OECD Territorial Reviews: Peru 2016
• §  OECD Public Governance Review: Peru
• §  OECD Review of Regulatory Policy of Peru

El más reciente avance nacional para acceder a la membresía, se produjo en mayo 2018 durante el 10° Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe de la OCDE en París, cuando el Ministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, en representación del gobierno peruano, suscribió nuestra adhesión a la “Convención para Combatir el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales” y la “Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Tributarios”.

Debe tenerse en cuenta que convertirse en un miembro de la OCDE es un proceso largo y complejo centrado en la mejora de la calidad de las políticas públicas, por lo que la sugerencia de gran relevancia que propone la organización, es que el gobierno debe responder a las demandas de los ciudadanos con la mayor transparencia y rendición de cuentas que sean solicitadas, logrando el fortalecimiento y la credibilidad del público con el gobierno (OCDE, 2015).

En este contexto, es necesario entender que un indicador clave para medir el avance del proceso, es el grado de confianza que la ciudadanía tenga en sus instituciones públicas, particularmente aquellas responsables de conducir el país y naturalmente en sus fuerzas de seguridad, lo cual fue destacado por Pablo de la Flor, cuando – en CADE 2014 - apuntó claramente que “no es posible convertirnos en un país del primer mundo con instituciones del tercer mundo”.

Un país como el nuestro, diagnosticado en exceso, lamentablemente ha fallado en llevar a la práctica importantes soluciones en beneficio de sus integrantes, principalmente por falta de coordinación y articulación en los esfuerzos, incluso no llegando a presupuestar y tampoco a implementar temas de relevancia, olvidándose que en nuestro escenario nacional – como en cualquier parte del mundo - las políticas sin presupuesto, son un simple “saludo a la bandera ajena”, y aquellas que logran implementarse sin lograr cambiar la situación problemática, son nada más que un “engaña muchachos” que afecta la economía de todos sus ciudadanos.

Por esta razón, no debemos soslayar que con la entrada de Colombia a la OCDE, el Perú se ha convertido en el único país miembro de la Alianza del Pacífico que no forma parte de esta organización.

Tampoco, que el aspecto de mayor demanda ciudadana, el que también brinda confianza a los inversionistas, aún se encuentra sin proceso de implementación: La Política de Seguridad y Defensa Nacional, aprobada mediante Decreto Supremo N° 012-2017-DE  en diciembre de 2017, que contiene propuestas –de obligatorio cumplimiento - para atender los problemas de seguridad que afectan a todos los peruanos en múltiples dimensiones, difícilmente será incluida en el proceso de planeamiento de los sectores y gobiernos sub-nacionales, pues sus acciones articuladas de implementación – en los tres niveles de gobierno - no han sido consideradas en el presupuesto que el Congreso de la República debe aprobar en noviembre próximo, para ser efectivo el año 2019.

EL VALOR DEL CONOCIMIENTO

EN PROVECHO DE LA SEGURIDAD Y DESARROLLO NACIONAL

La satisfacción de las  necesidades públicas es la razón de ser de todo servidor público, un asunto que - con mayor razón - toda persona investida de autoridad procura resolver durante su gestión, en cualquier nivel de gobierno. En el Perú, la Constitución Política y las leyes establecen el marco general del funcionamiento del Estado y, como en la mayor parte del mundo, se  establecen políticas públicas, desde aquellas de largo aliento denominadas políticas de  Estado,  hasta  las  políticas de gobierno, que son priorizadas de acuerdo a la voluntad política del gobernante de turno y que naturalmente obedecen al análisis de múltiples factores.

De acuerdo a la Ley N° 28359, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, las políticas públicas son inherentes a los sistemas funcionales,  los cuales son dirigidos por un ente rector que se encarga de administrar el funcionamiento coordinado de sus componentes para alcanzar los objetivos  establecidos en sus respectivas políticas.

La voluntad política, no solamente debe ser entendida como aquella que se expresa en conferencias, discursos o declaraciones públicas; la verdadera voluntad política se manifiesta cuando se autoriza y proporciona los medios; y se conoce que así sucede cuando se refleja en la asignación presupuestal, y por último cuando se plasman en acciones y actividades efectuadas por las entidades públicas.

Obviamente, mientras que las políticas públicas no se materialicen en procesos que alcancen resultados efectivos, vale decir que puedan reflejar un cambio sustancial de la situación problemática que las originaron, estamos ante un caso de ineficacia en el gasto público. Generalmente estas situaciones se presentan en entidades cuyos planes institucionales contienen indicadores que no miden adecuadamente la solución de los problemas.

En este sentido, es bueno recordar que "los ciudadanos demandan un Estado Moderno, al servicio de las personas, lo cual implica una transformación de sus enfoques y prácticas de gestión, concibiendo sus servicios o intervenciones  como expresiones  de derechos de los ciudadanos" (DS N° 004-2013-PCM, 2013), de allí la necesidad de tener una gestión pública eficiente, que busque proveer a los ciudadanos lo que necesitan, con servicios de calidad que maximicen las condiciones del bienestar social al menor gasto del erario nacional. Sin embargo, a pesar de ello, la realidad de nuestra administración pública indica que persisten las siguientes situaciones:

1. Problemas públicos no atendidos, sea por diagnóstico equivocado o por priorización poco analizada.

2. Problemas públicos atendidos de manera errada, debido a mal planteamiento, o por mala propuesta.

3. Soluciones planteadas  que atienden temporalmente el problema público, por mal cálculo en la entrega de medios, motivando que el problema reaparezca y generando desconfianza en la población.

4. Soluciones que al plasmarse generan otros problemas públicos, revelando mal gasto de los fondos públicos, debido al errado estudio de las causas del problema y sus relaciones fácticas.

5. Soluciones que son atendidas de manera unisectorial o unidimensional, por falta de coordinación y articulación interinstitucional, sea esta entre sectores o niveles de gobierno, generando mal gasto.

6. Soluciones que sobreestiman  los presupuestos, y que muchas veces devienen en casos de corrupción que no son detectados a tiempo, y que tampoco llegan a ser sancionados, o peor que terminan en largos procesos administrativos o judiciales que prescriben o que finalizan por "falta de pruebas".

Para evitar estas penosas situaciones, es importante que la administración en todos los niveles cuenten con autoridades que conozcan el problema de la institución que se les confíe, y que tengan la capacidad de constituir sus equipos con profesionales que cumplan con el perfil adecuado al cargo por desempeñar, vale decir que cuenten con los conocimientos académicos para el desempeño de cargos directorales y jefaturales, pero también que dispongan de experiencia suficiente, para que "no les cuenten cuentos", o que tengan que pasar por un largo proceso de aprendizaje, lo cual no le hace bien al país, pues se retrasan las acciones. Muchas veces  debido a la insuficiente satisfacción del perfil en las plazas ocupadas, se devienen las situaciones descritas anteriormente.

Bajo estas consideraciones, el Sistema de Defensa Nacional requiere contar con autoridades y profesionales que conozcan el alcance, la importancia y la trascendencia de la implementación de los procesos de la seguridad y defensa nacional, que en concordancia con la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, se han introducido en el quehacer nacional a partir del año 2013, al aprobarse el reglamento del Decreto Legislativo N° 1129, que regula el Sistema de Defensa Nacional.

La rotación de autoridades, sin duda afecta la gestión del Sistema de Defensa Nacional (SIDENA) debido a que  conllevan un elevado cambio de personas en las organizaciones; además porque muchas de las nuevas autoridades no han sido capacitadas,  y peor, porque la mayoría de ellas consideran que no les compete conocer los temas de seguridad nacional, lo cual constituye un grave error, pues todas las entidades públicas forman parte del SIDENA.

Por esta razón, el Centro de Altos Estudios Nacionales se encuentra desarrollando post grados de seguridad y defensa nacional, con la intención de mejorar la seguridad de todos. En este contexto, debemos destacar que si deseamos  que la Seguridad de la Nación esté asegurada, es necesario que no solamente los profesionales de los ministerios de Defensa e Interior sean quienes se capaciten en los procesos de seguridad y defensa nacional.

Los profesionales que laboran directamente en estos ministerios y en las Oficinas de Seguridad y Defensa Nacional de otras entidades públicas, imprescindiblemente deben especializarse en la aplicación del enfoque multidimensional de la Seguridad Nacional; pero de nada servirá este esfuerzo si las autoridades de la Alta Dirección (de cualquier entidad perteneciente al SIDENA) no llegan a conocer su alcance, pues este conocimiento constituye el elemento indispensable para generar la voluntad política en provecho de la seguridad y desarrollo de nuestro Perú.

Consecuentemente, para implementar la seguridad de la nación, adicionalmente - como mínimo - se requiere el concurso de los responsables del planeamiento y programación del presupuesto, de los encargados de sistematizar y publicar los procesos en las redes internas y externas, así como de quienes controlan y supervisan la gestión pública.

Cuando las autoridades públicas demuestren la voluntad política de  hacer realidad que sus equipos -directores, jefes y profesionales - cuenten con el conocimiento y experiencia que los cargos públicos exigen, sin duda mejorará la satisfacción de las necesidades de la población; y cuando -producto de esta acción - la capacitación, especialización e implementación del enfoque multidimensional de la seguridad nacional se materialice plenamente, se inscribirá en nuestra historia nacional, y con letras de molde, que se hizo efectivo el lema de "El Perú Primero".

¡EL PERÚ PRIMERO!

El primer mensaje del Ingeniero Martín Alberto Vizcarra Cornejo, como  Presidente de la República, ha resaltado que para no perjudicar al país se debe marcar el punto final de una política de odio y confrontación; y que se debe dejar de lado los intereses y apetitos personales priorizándose el bienestar de todos.

Ha dejado claro que su  mayor esfuerzo estará centrado en la lucha contra la corrupción; y que para poder enfrentar de manera eficiente los grandes desafíos y necesidades que tiene nuestro país se requiere lograr la estabilidad institucional, la cual nos marcará el camino del crecimiento ordenado y equitativo, democrático e integrador.

Ello  implica la necesidad de ser un país más competitivo, y eso se consigue al generar empleo de calidad para todos los peruanos sin distingo de edades y género, logrando implementar una sólida educación y, sin descuidar la salud ni el desarrollo de las regiones, porque todos los peruanos no podemos esperar más, y todo eso, tan nobles propósitos , dependen  exclusivamente de nuestro comportamiento. Es cierto, como lo puntualizó el Presidente, éste debe ser el momento histórico en que todos debemos poner al Perú primero.

El Presidente Vizcarra se ha convertido así, en la esperanza de millones de conciudadanos que en las elecciones pasadas se encontraron ante la disyuntiva de elegir a políticos tradicionales, y su mensaje es realmente motivador, aunque  debemos recordar que cuando él postuló a la vicepresidencia avaló un plan de gobierno (fue el jefe de campaña), que quedó en el papel, por falta de voluntad de su predecesor.

Por eso, luego de  pasada la emoción política sería recomendable dar espacio a la reflexión, considerando que de los primeros pasos de nuestro Presidente depende el bienestar de todos, por lo que sería loable (a pesar de lo dicho) rescatar lo bueno que pudo haberse logrado en el ciclo anterior, para no seguir repitiendo nuestra historia  llena de "refundaciones institucionales" y que en casi todos los casos tal refundación se ha materializado con el “borrón y cuenta nueva” o con “todo lo anterior estuvo mal”, con odios y confrontaciones que no dejan avanzar, dejándose de lado gestiones y avances positivos en provecho del país. En ese sentido, es imprescindible poner paños fríos al calor político y analizar bien la composición de su gabinete ministerial, a fin de evitar el largo tiempo en el proceso de aprendizaje que suele presentarse cuando hay un cambio de gobierno y que obstaculiza al vigor que requiere la atención a la necesidad pública.

Este es un cambio de gobierno, sí, pero no es un cambio de postulados, pues el Presidente Vizcarra no ha objetado el plan de gobierno por el cual se le eligió como Vicepresidente de la República. En este contexto, lo que es importante es realizar el cambio de actitud, de agilizar la gestión pública, porque de verdad el Perú está primero y los peruanos no debemos esperar más.

Dentro de las cosas importantes que realice el Presidente de la República está - sin duda – la implementación de políticas públicas que cubran las brechas de las necesidades nacionales, por lo que será requisito corregir la “zafada de cuerpo” realizada cuando, en febrero de 2017, se modificó el Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, retirándose la responsabilidad de la coordinación de las políticas nacionales y sectoriales  que ordena la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo,  para después – mediante el reglamento que regula las políticas nacionales, aprobado con DS N° 029-2018-PCM, trasladar la responsabilidad del “visto bueno” metodológico al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, ente rector del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico cuyo ámbito está circunscrito a los planes, mas no al de las políticas.

Finalmente, que bueno sería que se tenga en cuenta que la reactivación económica depende principalmente del marco multidimensional de la seguridad nacional que brinda confianza a los inversionistas, lo cual conlleva principalmente tres aspectos: la implementación del DS N° 061-2016-PCM (funcionamiento del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, su Secretaría Técnica y la implementación de los procesos de la seguridad y defensa nacional), el impulso de la modernización de gestión pública, y tener un servicio civil que tenga a las personas correctas en el lugar correcto, entendiéndose a las que cumplen los perfiles (conocimiento y experiencia) inclusive aquellos de confianza.  

Es cierto, el futuro del Perú depende de nuestro comportamiento, pero primordialmente depende de una gestión nacional que no debe tener pausa, porque el Perú no puede esperar más!
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Llegado el momento el Presidente Vizcarra realizó lo políticamente correcto, vale decir: sostener la palabra empeñada. 

Creemos que debe rescatarse todo lo bueno, pues existen sectores donde sí hubieron avances, los cuales -quiérase o no - se retrasan o se dejan de lado cuando hay cambio de titulares.  Para continuar con esta buena voluntad, los equipos deben obedecer al antiguo refrán de la gestión the personal:"the right man in the right place"

Nada peor, para todos los ciudadanos, que se realicen nombramientos en cargos especializados a personas que pueden ser muy buenas  en su profesión, pero que retrasan la esperanza del Perú cuando recién van a aprender el ejercicio de altas responsabilidades.

Lo mejor para el Perú será que los demás componentes de los equipos ministeriales (funcionarios y directivos) respondan a la voluntad del mandatario: tener a los más calificados para el puesto.

#ElPeruPrimero