EL IMPERIO DE LA LEY

 Y EL FOMENTO DE  LA INSTITUCIONALIDAD

El Perú atravesó por una nueva crisis política que ha dejado precedentes contrarios al imperio de la ley y al respeto de la institucionalidad, dos variables importantes para conducirnos por el camino al desarrollo y la seguridad que se traduzca en confianza de los inversionistas y al final, en beneficio de la economía nacional.

Siempre repetimos que la  corrupción es uno de los problemas más graves que atentan contra la seguridad nacional, y sabemos que ésta tiene entre sus causas la mala o limitada gestión pública, como también la generación y promoción de la informalidad, porque  como "Pepe el vivo""somos criollos" y aprovechamos la oportunidad,  como pasando la luz roja cuando no hay nadie en las pistas y porque nadie se da cuenta. 

Y ¿qué relación tiene este relato con la coyuntura política? Veamos:

La Ministra de Educación, Marilú Martens, fue interpelada por el Congreso de la República por haber mostrado falta de capacidad en la administración de su sector teniendo como su máxima demostración una huelga que paralizó la educación escolar por dos meses. 
Como era de esperarse se oían voces de plantearse la censura, lo cual se reveló a través de un twit de la bancada de Fuerza Popular.

Adelantándose a la formalización de la moción de censura o quizás pensando que ya fuera presentada, el Presidente del Consejo de Ministros planteó -por carta- primero, la renovación de confianza y luego (corrigiéndose) solicitó que se le "reciba en sesión del pleno del Congreso para presentar una cuestión de confianza, de conformidad con el artículo 133° de la Constitución Política del Perú y con el artículo 86° c) del Reglamento de la República".

Esta actitud pareciera ser idea del propio presidente PPK, quien deslizó esta misma posiblidad en los  casos de Saavedra y Thorne: Ante una censura, plantear la cuestión de confianza, amenazando con la disolución. 

Pero, ¿es este un procedimiento legal o una "sacada de vuelta" a la Constitución y la Ley? Analicemos el sustento de la carta de Zavala:el art 133° de la CPP y el 86° c del Reglamento del CR:

Art 133°.- El Presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la confianza le es rehusada, o si es censurado, o si renuncia o es removido por el Presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete.

Art 86°- c) La cuestión de confianza sólo se plantea por iniciativa ministerial y en sesión del Pleno del Congreso. Puede presentarla el Presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo en su conjunto o cualquiera de los ministros. Será debatida en la misma sesión que se plantea o en la siguiente.

En el derecho constitucional y parlamentario la lectura  como su entendimiento es integral vale decir, no debe aplicarse de manera independiente, ni los artículos  de la CPP ni los del Reglamento del Congreso pues se crea antinomia (Lea a Enrique Bernales https://goo.gl/9tRVRA)

En este sentido, el pedido del Primer Ministro es contradictorio y por lo tanto nació muerto, pues está amarrado al art 86° c) (también descrito en el art 132° de la CPP) que señala que la cuestión de confianza sólo se plantea por iniciativa ministerial. 

No hubo una iniciativa ministerial, lo que hubo fue una interpelación y una anunciada, pero no formalizada, moción de censura que apresuró al Ejecutivo (en su errado conocimiento) para "mostrar autoridad". 

Si no hubo iniciativa ministerial, entonces no cabía el planteamiento de cuestión de confianza. No existía sustento jurídico para hacerlo y por lo tanto se convirtió en un acto inadecuado e improcedente que lo único que podía al aceptarse fue generar una nueva crisis.

Lejos de la prudencia  y el análisis constitucional el Congreso (accionado por la mayoría de un partido) aceptó el juego político, sin importar el imperio de la ley ni el respeto a la institucionalidad, creando un precedente de informalidad del más alto nivel que trajo como consecuencia un estado de incertidumbre poniendo en jaque a la gobernabilidad y a la seguridad jurídica, que finalmente trae como consecuencia la desconfianza ante los ojos del mundo.

La cuestión de confianza se plantea en sesión del pleno en la que se presenta una iniciativa ministerial o cuando se expone el plan general de gobierno, no es una figura que sirva para hacer contrapeso al mecanismo de control llamado interpelación o censura. Tanto el Ejecutivo y Legislativo dieron muestras de desconocimiento o de irrespeto a la institucionalidad y al imperio de la ley, haciéndonos ver ante el mundo como un Estado informal, en donde no existe  seguridad jurídica. Ambos actuaron como si dijeran "hecha la ley, hecha la trampa" Mal ejemplo para la ciudadanía. 

¿Camino a la OCDE? 

¿EXISTEN GANAS DE HACER BIEN LAS COSAS?

¿EN FAVOR DEL PERÚ?

El editorial del diario "El Correo" bajo el título IMPOSIBLE FALLAR, tiene una conclusión importante: "Cuando hay ganas de hacer las cosas bien, se hacen", algo que lamentablemente no se nota en la seguridad de todos; pero no hablamos solo de seguridad ciudadana, tampoco se ven hechos en la lucha contra las principales amenazas, que no permitirán - a este paso - que seamos admitidos en el club de la OCDE.

Ivan Slocovich, como todos los peruanos, cree que el gobierno tiene la oportunidad de oro "de replicar, en su ámbito, el monumental trabajo que hicieron militares, policías y bomberos apenas sucedió la emergencia" ocasionada por El Niño Costero, sin embargo la lectura de la tendencia de la política gubernamental es - hasta ahora - antitética.

La institucionalidad no se respeta: se crean órganos para reemplazar a otros ya existentes, se duplican funciones, se deja de implementar políticas y decretos. Así, en reemplazo del Consejo de Coordinación Intergubernamental (Ley 29158) se instauró el GORE-Ejecutivo; el COEN (originalmente de INDECI) se pasó al Ministerio de Defensa "temporalmente"; la gestión de la seguridad nacional  cambió al Ministerio de Defensa, mediante el DS N° 061-2016-PCM, pero aún no se ha implementado, es decir no se ha modificado las atribuciones del MINDEF y menos se ha tramitado una LEY para la disolución de la SEDENA (inexistente en la vía de los hechos); la voluntad de favorecer a intereses extranjeros como el Decreto Supremo N° 001-2017-RE declarándose de necesidad pública que cualquier Estado pueda adquirir bienes dentro de los 50 kilómetros de la frontera, y el proyecto en provecho de empresas chilenas; la limitación (casi anulación) de la producción de inteligencia (N°071-2015-PCM), la implementación de SERVIR (cuyo plazo vence en enero de 2018) que no muestra avance, continuándose las contrataciones CAS, con perfiles antojadizos (concursos simulados?), dejándose de lado el servicio civil meritocrático, lo cual explica los pobres resultados.

Si a todos estos hechos se suman: las pocas acciones que demuestren que - de verdad -se quiere luchar contra la corrupción  (Kuntur Wasi) y la terca decisión de continuar con proyectos lesivos a la economía nacional (gaseoducto, refinería, Panamericanos); la emisión de bonos soberanos por más de 10 mil millones, que nos empeña hasta el año 2057 (Van 28 colocaciones https://www.mef.gob.pe/es/titulos-del-tesoro/bonos/bonos-soberanos/331-deuda-publica/bonos/5128-emision-de-bonos-soberanos-2017- ); la poca voluntad para traer y juzgar a Toledo; por último los mensajes incoherentes y el incumplimiento de compromisos de campaña, en realidad ....nos desalienta.

¿Imposible fallar? ¿En favor de quién? Ojalá que la voluntad demuestre que sea por el Perú.

POR LA VERDADERA MERITOCRACIA EN EL EJÉRCITO

MINISTRO NIETO HAGA HISTORIA

Casi todos los años en octubre, después de publicarse los ascensos en el Ejército, aparecen reclamos y muestras de descontento con los resultados. Algunos suelen decir, que siempre habrá descontentos, pues no hay vacantes para todos. Sin embargo, esta recurrente situación debe llamar la atención, sobretodo cuando se trata de la mayor fuerza armada del país, en cuyos hombros descansa la defensa terrestre de la nación, y más aún cuando estas manifestaciones se han hecho públicas antes de los resultados finales.

Desafortunadamente, conforme concluyó la Comisión Bernales, en el pasado se han cometido irregularidades favoreciendo a oficiales que - sin que fueran malos -necesariamente no eran los que reunían los méritos en un determinado proceso. 

Estos errores, usualmente cometidos por comandos que, dejando de lado los principios y tradiciones del Ejército del Perú, olvidaron la majestuosidad de su institucionalidad (con la permisiva complicidad de un Alto Mando y Estado Mayor egoistamente interesado) e hicieron que solamente prevalezcan sus deseos, "sacandole la vuelta a la norma", de manera que al ser cuestionados afirmaron sin inmutarse, que los ascensos se realizaron conforme a ley, particularmente en los altos grados.

Existen dos momentos en que la "meritocracia" puede ser fácilmente sobrepasada: Al emitir la Apreciación del Comando Superior y  cuando la Junta de Selección hace uso del 3%, que se suma a la NOTA DEL CUADRO DE APTITUD Y NOTAS (coeficiente= 0.97).

En el primer concepto, conocido como el "aplausómetro", lejos de cumplir con complementar la nota de potencial del candidato (un promedio de toda su carrera), se le distorsiona: muchos calificadores, emiten juicio de oficiales que no conocen profesionalemente (lo que se logra solo cuando se labora en una misma dependencia) y en vez de ello "intercambian figuritas" en una o dos horas. Y si el resultado no es el que los "altos intereses institucionales" desean, el Comité de Revisión lo puede cambiar, y para que no quede huella, se incineran las fichas individuales, quedando solo un acta: por "transparencia".

Por último, en la fase final (cuando ya se pudo haber hecho alteraciones) el jurado se reune, y en la práctica (sin atender al significado de los atributos) coloca 20 a quien se quiere ascender y al resto 13, lo cual no hace más que jugarle sucio a la meritocracia que propugna la ley de ascensos. Mayor detalle puede observarse en http://bit.ly/2wYPvGh

Señor Ministro de Defensa, sea coherente con sus orígenes y haga historia: supervise estas dos etapas que desde que se implantaron han sido mal empleadas, perjudicando al Ejercito del Perú y a muchos honestos soldados, que aún lo conforman.

FRUSTRACIÓN PRESIDENCIAL VS FRUSTRACION NACIONAL

¡QUÉ DIOS Y LA NACIÓN OS LO DEMANDEN!

Todos los peruanos queremos lo mejor para nuestras familias, y por tanto lo mejor para nuestro país. Por eso también deseamos que nuestras autoridades tengan éxito en sus gestiones, pues se supone que ellos velan por la población nacional y los intereses nacionales, más aún si se trata del Presidente de la República, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y Presidente del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional.

Para sorpresa de muchos el presidente ha manifestado que "una frustración muy grande es Chinchero. Porque yo creo que este proyecto se politizó....". Para la mayoría de los analistas, que  concuerdan que el contrato con Kuntur Wasi era lesivo para el Estado, la mayor frustración es cuánto se ha dejado de hacer en este ciclo gubernamental (un año perdido, para ser gentil) echándose la culpa al Niño Costero y al caso Lavajato (plop!).

No ha crecido la inversión, no se combatió al contrabando ni a la competencia desleal de las importaciones, la informalidad sigue avanzando, no hay progreso en la reforma del Estado, no hay pensamiento estratégico en sectores claves de la economía. No hay respeto a la institucionalidad ni a las leyes, no se reglamentan las leyes, existen decretos supremos y políticas sin implementar, tampoco se comunica bien. No hay muestras de voluntad política para la lucha contra la corrupción, tanto así que para la gran mayoría el gobierno no hace el esfuerzo suficiente en el trámite de extradición de Toledo (porque estarían involucrados el "presi" y su premier). Los maestros y los médicos siguen protestando en las calles.

El "presi", no cumple con las promesas de campaña. A pesar del avance en seguridad ciudadana, la percepción no mejora. En fin, se denota un alto grado de incumplimiento u omisión de la función pública que, a decir del código penal, es punible de pena privativa de libertad no mayor de dos años, pero -desafortunadamente - este aspecto es soslayado por el Ministerio Público.

Si todo lo anterior es grave, mucho más lo es el abandono al sistema funcional de responsabilidad constitucional de la primera autoridad: los problemas del país han dejado de planearse de manera coordinada, permitiendo que las amenazas a la seguridad no sean tratadas de manera sistémica, mostrándose ineficiencia en el gasto e ineficaficia en la acción: No se aprendió del Niño Costero, y peor:

los fondos previstos para estos fines en el Ministerio de Defensa (al haberse desaparecido a la SEDENA) que se incluyeron en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para la "formulación de políticas y directrices de planeamiento estratégico de la seguridad y defensa nacional"  se reflejan en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) con CERO SOLES, sea por desconocimiento o por falta de  voluntad política, lo cual junto a la precaria producción de inteligencia constituyen graves riesgos para la seguridad y la economía nacional que debiera corregirse este 28 de julio, a menos que se prefiera la intervención del Congreso de la República (para llamarlo obstruccionista ¿?)

También llama la atención la falta de publicidad de los más de 100 entendimientos firmados con Chile en el Congreso binacional realizado este mes. ¿Se coordinó con el Congreso de la República el contenido de ellos?

La cereza en la torta, la pone la intención de facultar y promover intereses extranjeros en nuestras zonas fronterizas. En marzo pasado se emitió el Decreto Supremo N° 001-2017-RE declarándose de necesidad pública que  cualquier Estado pueda adquirir bienes dentro de los 50 kilómetros de la frontera para la instalación de un local consular y para la residencia de funcionarios consulares, utilizando como pretexto a la Convención de Viena sobre relaciones consulares.

No señor; No, no, no!  
Esto no tiene ninguna necesidad pública. Necesidad pública son la salud, la educación y la seguridad que se descuida por dedicar mayor impulso a obras donde existen millones, que podrían favorecer a conocidas empresas.

La letra pequeña de este ciclo gubernamental pareciera ser olvidarse de los intereses nacionales, aprovechando de cualquier incidente coyuntural para disimularlo, y cuando no hay alguno relevante recurrir a la grosera actitud de "estudiar" el indulto a Fujimori. 

Tanto así se aprovecha de la coyuntura política,  que también está pasando desapercibida la Resolución Ministerial N° 334-2017-PRODUCE en la que se pone en discusión el proyecto de decreto supremo mediante el cual se  pretende conceder terrenos a empresas chilenas dentro de los 50 kilómetros de la frontera. O sea, no importa la seguridad fronteriza, menos importa las empresas nacionales. 

Por Dios y por la Patria! ¿Cuál es la necesidad pública?!

Si fuera de real necesidad pública, ¿Por qué no va Zavalita a Tacna y explica a su heroico  pueblo tremenda afrenta? 

Porque seguramente lo sacarían a patadas.

MÁS ALLÁ DE LA LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

SUGERENCIAS AL PROYECTO DE LEY 206-2006-CR

De conformidad con el artículo 165° de la Constitución Política del Perú, las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno cuando se haya decretado Estado de Emergencia o Estado de Sitio. En esas circunstancias es totalmente adecuado autorizar su participación en operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas, como lo propone el Proyecto de Ley N° 206-2016-CR de autoría del Congresista Carlos Tubino.

Es cierto que las Fuerzas Armadas no se preparan para la lucha contra las drogas como sí lo hace la Policía Nacional, vale decir en todas sus fases. Sin embargo cuando se trata de operaciones de interdicción estamos refiriéndonos a una operación específica en la que hay que tomar un objetivo en un determinado espacio, para lo cual las Fuerzas Armadas, de manera general, sí se encuentran entrenadas. La variación fundamental estará en el conocimiento del dispositivo, composición y fuerzas  del adversario por oponer, cuyas particularidades corresponden al campo de las operaciones policiales y en las que se tendrá que capacitar.

Es totalmente correcto el razonamiento que se hace en la exposición de motivos, al sugerirse la ineficacia e ineficiencia en el uso de los medios por no emplear a las tropas en la captura de delincuentes que trafican con droga en la zona de responsabilidad del Comando del VRAEM, particularmente en las áreas donde no tiene alcance la Policía Nacional.

Bajo estos conceptos, se debería impulsar el trámite de aprobación de este proyecto de ley, cuya última gestión data del 08 de noviembre de 2016. No obstante, es necesario anotar que el proyecto no debería considerar de interés nacional la creación de una escuela especializada de las FFAA y PNP para instrucción y entrenamiento contra el tráfico ilícito de drogas, pues esta decisión, la implementación, es de competencia del Poder Ejecutivo y no necesariamente una escuela puede ser la mejor solución. En este sentido, es pertinente que el proyecto incluya el plazo para la emisión del plan de implementación y de la reglamentación respectiva.

A pesar de todo este esfuerzo, mientras que la amenaza sea tratada separadamente, sin observarse sus conexiones con otros ilícitos que afectan a la seguridad nacional, si no se gestionan sistémicamente, y solo se le enfrenta reactivamente, la acción del Estado seguirá siendo ineficaz e ineficiente, pues solo la interdicción o la erradicación no serán suficientes, y consecuentemente la  producción de droga se mudará a otro lugar, y continuará la corrupción, la trata de personas y el lavado de activos que merma nuestra gobernabilidad y crecimiento económico.

Por eso llama la atención el poco esfuerzo que hace el Estado por proteger a la población de las amenazas a su seguridad (Art 44° CPP). Así el Ejecutivo, de un plumazo desapareció a la SEDENA, la entidad que estuvo encargada de gestionar los procesos de la seguridad y defensa nacional, y aún no la reemplazó,  pues todavía no se ha implementado el DS-061-2016- PCM, bajo las narices del Congreso de la República que tampoco ha dado muestras de preocuparse en realizar el control político de este aspecto, en perjuicio de los intereses nacionales.

En este extemo, tampoco la Defensoría del Pueblo está cumpliendo su rol de supervisión del cumplimiento de los deberes de la administración pública, que afectan los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad; y por último, el Ministerio Público y el Poder Judicial ¿No deberían estar cuestionando a quienes por omisión o negligencia no cumplen con las funciones en beneficio de la seguridad de todos? 
Y, ¿la sociedad civil? ¿La prensa?...¿Interesa más la primera plana que los intereses nacionales? ¿más que la seguridad y desarrollo nacional?