GRATITUD ETERNA CON LAS FFAA Y PNP QUE LOGRARON LA PAZ DE NUESTROS DÍAS

EQUIVALENCIA EN LAS PENSIONES: A IGUAL GRADO, IGUAL PENSIÓN

Para nadie es novedad (salvo aquellos que ignoran la realidad nacional) que la vida de un militar o de un policía es muy diferente a la del ciudadano común que goza de todas las libertades, y que a diferencia de los uniformados, su familia no está pensando si retornará con vida  esa noche, esa semana, ese mes o ese año. 

Es una vida en la que se renuncia a la libertad de opinión y de expresión (no deliberancia);a elegir el lugar de residencia (se vive en el lugar donde lo destinan); transitar libremente por el territorio nacional (si se quiere viajar, se requiere autorización), a participar en la vida política; a formular peticiones colectivas; al disfrute del tiempo libre (limitado por razones del servicio); a reunirse por fines políticos; a prestar trabajo sin su libre consentimiento; a la jornada de 8 horas diarias o 48 semanales; a pertenecer a un sindicato o hacer huelga; a participar de la vida política; a ser elegido, entre otros. 

Una vida que incluso, por largo tiempo, (hasta la promulgación de la Ley 28359)  si se laboraba durante el tiempo libre, era pasible de ser pasado a la disponibilidad, porque es una profesión, una vida que se entrega 24 horas al día al servicio del país.

En los tiempos de guerra (como la librada contra el terrorismo y en defensa de la soberanía nacional durante los 80',90' y principios del siglo), las limitaciones obviamente fueron mayores, los riesgos superiores y el peligro incluía a  toda la familia. 

Gracias a los sacrificios de esos miles de peruanos, gozamos de la paz de nuestros días y de la posibilidad de desarrollo que la seguridad garantiza. Esta situación por cierto no es exclusiva de quienes estuvieron en filas solo en esos tiempos, lo ha sido siempre; y gracias a esos hombres y mujeres (ahora), la sociedad tiene la garantía de estar protegida: basta recordar quien puso las cosas en orden en el terremoto de Pisco, o en el reciente Niño Costero.

Por esta razón, la sociedad a lo largo de nuestra historia ha reconocido y ha dado distinción a este grupo humano que entrega su vida (y la de sus familias) al servicio de la Patria; y como parte de este reconocimiento ha distinguido sus vidas con un régimen laboral y previsional diferente, especial. No se trata de la Ley 19990, ni la Ley 20530 (de la que trata la modificación constitucional) ni de cualquier otro régimen en el que se goza de todos los derechos de cualquier ciudadano, estipulados en nuestra carta magna.

Mas allá de este razonamiento que responde a nuestra historia y a la historia universal (porque así y mejor se reconoce a los veterenos en otros paises), en los últimos años se generó una situación de maltrato con los pensionistas del régimen del DL N° 19846, a partir de una traición más de quien se levantara en armas, con el desprecio de sus camaradas pero con el aplauso de políticos que no comprenden o entienden la importancia que tiene para el país el hecho de conservar el ethos militar de sus FFAA. 

Maltrato contra la generación de quienes despreciaron la actuación de Locumba, dejando de ejecutar lo que el sentido común señala: a igual grado, corresponde similar pensión; a mayor grado corresponde mayor pensión. 

Revisemos el texto del DLeg N° 1133:

Los actuales pensionistas del régimen de pensiones del Decreto Ley N° 19846 (¿quiénes?:Los actuales) (Actuales, ¿cuándo?: en diciembre de 2012) percibirán además de la pensión y de los beneficios que actualmente vienen percibiendo, el monto equivalente  al incremento de la remuneración  que se otorga al personal militar y policial en actividad dispuesto en el Decreto Legislativo que aprueba la nueva estructura de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú, según el grado en base al cual percibe su pensión.

Dicho más claro, los pensionistas al 9 de diciembre de 2012 (que eran los actuales de ese momento) les corresponde percibir lo que estaban recibiendo mensualmente, más el monto del incremento que se otorga al personal en actividad. Pero, (aquí viene una de las traiciones y la venganza) a pesar que se señala claramente "los actuales pensionistas", quienes tuvieron esa condición (de actuales pensionistas) fueron soslayados del  "incremento de la remuneración  que se otorga al personal militar y policial en actividad dispuesto en en Decreto Legislativo que aprueba la nueva estructura de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú".

En la práctica los nuevos pensionistas (a partir de 2013)  fueron los que recibieron el incremento monetario, mientras que los "antiguos" (los "actuales" al 9 de diciembre de 2012) fueron "castigados" , y no se destinaron los fondos que el Estado otorga a este régimen especial. Al no ser escuchados, se recurrió diversas acciones, pero no hubo voluntad de cumplir la ley, lo cual fue recogido por los candidatos presidenciales quienes se comprometieron  a corregir esta ilógica inequidad.

Como el Presidente PPK no dio muestras de cumplir el compromiso hecho, el Congreso de la República intervino para enmendar la injusticia, el incumplimiento de la Ley, que antojadizamente no era aplicado; y así tras idas y venidas promulgó por insistencia la Ley N° 30683, cuya parte medular, en realidad, tiene el mismo significado que lo escrito en el D Leg N° 1133; son palabras distintas pero que traducidas en soles son exactamente equivalentes. 

Observemos el texto del artículo único de la Ley N° 30683:

"Los pensionistas del régimen de pensiones del Decreto Ley N° 19846, perciben como pensión un monto equivalente a la remuneración consolidada que se otorga al personal militar y policial en actividad dispuesto en el Decreto Legislativo que aprueba la nueva estructura de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú, según el grado remunerativo al cual perciben su pensión de conformidad con los artículos  5, 10, 39, y 41 del Decreto Ley 19846 y sus normas modificatorias y complementarias".

Para tener presente, en diciembre de 2012, antes del D Leg N° 1133 (y 1132), no existía la remuneración consolidada. Ésta es igual a la remuneración de la época más el incremento otorgado en la nueva estructura especificada en el DLeg N° 1132.

Entonces, si lo señalado en el DLeg 1133 (no ejecutado) en soles, es equivalente, es igual a lo que se norma con la reciente Ley N° 30683, ¿De qué inconstitucionalidad se habla? La Ley N° 30683, simplemente hace lo que estamos mal acostumbrados en los últimos gobiernos: Una ley para que se cumpla la ley!

¿Camino a la OCDE? 

Si eso queremos, entonces cumplamos con la ley, los compromisos y usemos el sentido común! Y sobre todo seamos agradecidos con quienes nos brindaron la paz de hoy! Qué no haya guerra por las pensiones de los veteranos, qué haya justicia!

Las FFAA y PNP serán por siempre el sustento y respaldo de la Patria!

INVENTARIO DE ACTIVOS CRÍTICOS NACIONALES

IMPORTANTE PASO EN FAVOR DE LA SEGURIDAD NACIONAL

En mayo de 2015 se dieron las primeras acciones multisectoriales en el proceso de la Estrategia de Seguridad y Defensa Nacional con el desarrollo de talleres para la determinación de los activos críticos nacionales (ACN), vale decir de todo aquello que el Perú debe proteger para asegurar el logro de los objetivos nacionales y garantizar la supervivencia del Estado.

Desafortunadamente, los principales componentes del Sistema de Defensa Nacional (SIDENA)  no tenían la menor idea de lo que se trataba, y tras consultas al interior de sus organizaciones formularon listados de personas, infraestructuras, computadoras, vehículos, etc, la gran mayoría de poco valor para el ámbito  nacional. 

En realidad, no era  culpa de las personas a quienes se les encargó la tarea, pues nunca habían analizado el problema, probablemente porque en sucesivos gobiernos no se ha llegado a comprender la importancia de la gestión y articulación del SIDENA, algo que se empezó a modificar con el Decreto Legislativo N°1129 y su reglamentación,  cuando por primera vez en la historia nacional se diseña y se hace conocer los procesos de la Seguridad y Defensa Nacional.

Como los listados remitidos no cumplieron con las características necesarias, se tuvo que replantear el procedimiento, y se puso a prueba  un método que incluía, manual, guías, un aplicativo para el registro, y una serie de sesiones de capacitación dirigida a servidores públicos para realizar la identificación de los activos críticos nacionales. 

Estas sesiones se efectuaron primero en forma centralizada, a finales de noviembre e inicio de diciembre de 2015; y  descentralizadamente desde diciembre de 2015 hasta junio de 2016, mes en que se obtuvo el registro de cerca del 85% de información requerida.

Analizados los resultados preliminares, en julio de 2016, se concluyó que era imprescindible formalizar todo el procedimiento, toda vez que la única norma legal que mencionaba (y solo su concepto) a los activos críticos nacionales era el reglamento del DLeg N° 1141. Por tanto, se convino que era necesario conformar una comisión interinstitucional (SEDENA -DINI - CEPLAN) para formular la reglamentación nacional de los ACN, en la que se incluiría el proceso de identificación y registro, mejorado en base a lo experimentado desde mayo de 2015 a junio de 2016; la validación; gestión de riesgo; seguimiento; así  como determinación y verificación de las medidas de protección pertinentes. 

Como era de esperarse el Primer Ministro de ese entonces (el de la luz verde) seguía en rojo para los temas de seguridad nacional (igual que un año antes  cuando  dejó al final de la bandeja de pendientes la propuesta de Política de Seguridad y Defensa Nacional) y se restó importancia a este requerimiento, que recientemente, (con aspectos que pueden mejorarse), ha sido aprobado, mediante el Decreto Supremo N° 106-2017-PCM, publicado el 10 de noviembre en el diario oficial.

Aunque el "Reglamento para la identificación, evaluación y gestión de riesgos de los Activos Críticos Nacionales" es un importante paso en favor de la seguridad nacional, urge su mejoramiento inmediato pues no solo se ha obviado el extenso trabajo y experiencia multisectorial  previa, sino que también se ha soslayado la doctrina - elaborada por años - que sustenta la necesidad y empleo del inventario de activos críticos nacionales, denotándose cierto desconocimiento de la gestión pública y del funcionamiento del Sistema de Defensa Nacional, todo lo cual no favorece a los procesos, aún truncos desde el DS N°061-2016-PCM, en provecho de la seguridad de todos los peruanos.

A pesar de esta adversidad, al igual que nuestra clasificación al mundial de Rusia, ...SÍ SE PUEDE!.... 

LA LEY DE MOVILIZACIÓN NACIONAL

LOS CAMBIOS PENDIENTES EN PROVECHO DE LA SEGURIDAD NACIONAL

La normatividad legal relativa a la movilización nacional empezó a regir en nuestro país mediante la Ley N° 7864 promulgada en octubre de 1933, relacionada a las "medidas destinadas a pasar de la organización de paz a la organización de guerra", denominándose a ellas como Movilización Nacional.

Esta particularidad es incluida recién en una Constitución el año de 1979, en el capítulo referido a la Defensa Nacional y el Orden Interno de la Constitución, estableciéndose que "La ley prescribe los alcances y los procedimientos de la movilización". Posteriormente, días antes de finalizar el gobierno del General Morales Bermúdez, en julio de 1980, se publicó el Decreto Ley N° 23118 precisándose que "la movilización es un proceso permanente inherente a la Defensa Nacional" y que "tiene por finalidad adecuar el Potencial Nacional a los requerimientos de la Defensa Nacional para disponer y asignar oportunamente los recursos necesarios que permitan afrontar situaciones de emergencia que atenten contra la Seguridad Nacional".

El mencionado concepto se mantuvo con el Decreto Legislativo N° 733 de 1991 - de corta duración - que fue derogado por la Ley N° 25415 de marzo de 1992, para  restituir la vigencia del Decreto Ley N° 23118 hasta 2003 en que se promulgó la Ley N° 28101.

La Constitución Política del Estado de 1993, que motivó la actualización de la Ley precitada, con lenguaje parecido a la del año 1979, señala que la "ley determina los alcances y procedimientos de la movilización para los efectos de la defensa nacional". En esa ley, vinculante hasta nuestros días, se conceptualiza que "la movilización es un proceso permanente e integral que consiste en adecuar el poder y potencial nacional a los requerimientos de la Defensa Nacional, a fin de disponer y asignar oportunamente los recursos necesarios para afrontar situaciones de emergencia ocasionadas por conflictos o desastres que atenten contra la seguridad, cuando éstos superen las previsiones de personal  bienes y servicios, así como las posibilidades económicas y financieras".

En la actualidad, de manera general el sentido de este concepto, no ha variado. En realidad podríamos afirmar que este pensamiento está enmarcado en el pensamiento global. Así, para los Estados Unidos de América la movilización "es el proceso de reunión y organización de recursos nacionales para apoyar los objetivos nacionales en tiempo de guerra u otras emergencias" (Joint Publication 4-05, 2014).

En el Perú, a pesar de haber tenido conflictos externos, guerra contra el terrorismo y emergencias de gran magnitud, la movilización nacional nunca se ha puesto en práctica bajo los términos del Decreto Ley N° 23118 o de la Ley N° 28101, lo cual no significa que una ley de esta naturaleza no sea útil. Todo lo contrario, la seguridad de la nación depende primordialmente de medidas preventivas, y las disposiciones de la actual Ley de Movilización Nacional son precisamente actividades de salvaguarda ante la posibilidad del agotamiento de medios para enfrentar situaciones de emergencia.

La Ley N° 28101, a pesar de haberse formulado con anterioridad a la publicación del Reglamento de la Ley N° 26889, Ley Marco para la producción y sistematización legislativa, tiene la estructura apropiada, distinguiéndose claramente las disposiciones generales y las partes sustantiva, procedimental y final que debe observarse en toda Ley. Es así que considera los siguientes títulos: Generalidades, el proceso de movilización y desmovilización, organismos y responsabilidades, recursos de la movilización, dechos y retribuciones, infracciones y sanciones, financiamiento y ejecución de la movilización, y, disposiciones complementarias, transitorias y finales.

La ley propiamente  contiene precisiones legalmente aceptables y acordes con nuestra realidad, sin embargo en lo que se ha fallado es en la implementación. Las etapas de planeamiento y preparación han sido soslayados en todos los niveles, empezando por los planes, empadronamientos que no se han tomado con seriedad, quizás porque a la hora de la emergencia, las Fuerzas Armadas han asumido el problema con sus propios medios o con apoyo de entidades de manera oficial, aunque sobrepasando las formalidades establecidas en los instrumentos de implementación de la ley.

La falta de asignación presupuestal, ha sido otro gran problema, limitando no, pero si anulando la posibilidad de realizar ejercicios de movilización y demovilización, con lo que se trasmitió un equivocado mensaje a la población, con el riesgo consecuente a la seguridad nacional.

En los años transcurridos desde la concepción de la necesidad de prepararnos para afrontar situaciones de emergencia - vía movilización nacional -que son casi los mismos años desde la creación del Sistema de Defensa Nacional, sus componentes son prácticamente los mismos, variándose particularmente la ubicación del ente técnico, hoy no definido en razón de no haberse implementado el DS N° 061-2016- PCM que -entre otros- fusionó a la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional al Ministerio de Defensa (algo que también se hizo en 2003, sin resultados positivos).

Los contenidos que requieren ser modificados en la Ley N° 28101 son:

• El aspecto conceptual del planeamiento de la desmovilización, que contrariamente a lo precisado en el artículo 11°, debe realizarse en forma concurrente con la etapa de movilización propiamente dicha. No es adecuado, esperar el  momento en que se visualiza el término de la movilización para recién pensar en planear la desmovilización. 
• Las funciones que corresponden al Consejo de Defensa Nacional (hoy Consejo de Seguridad y Defensa Nacional) deben circunscribirse al máximo nivel del proceso, vale decir: disponer la ejecución de la movilización y desmovilización, la emisión de la directiva nacional y otras disposiciones complementarias que por el nivel sea necesaria la concurrencia del Consejo. Los planes y otros documentos deben ser administrados por la entidad que gestione y articule al Sistema de Defensa Nacional.
• Las sanciones por imponer deben ser claras, por lo que se debe corregir el artículo 36.5
• No es adecuado mantener la posibilidad de doble sanción como lo contempla el artículo 37° de la ley.

Los aspectos de forma que requieren ser modificados, se encuentran relacionados a la actualización de los nombres de las entidades que garantizan el proceso de la movilización, para lo cual es imprescindible que se defina la situación del organismo encargado de la gestión y articulación del Sistema de Defensa Nacional, que se encuentra en el limbo legal por falta de implementación del DS N° 061-2016-PCM.

En consecuencia, para que el proceso de movilización nacional funcione adecadamente es imprescindible primero culminar las etapas pendientes de realizar desde el Ejecutivo, para luego tramitar las modificaciones sugeridas. 

Por último será necesario modificar los instrumentos de implementación que hagan del proceso una gestión práctica y útil, y que necesariamente deben encontrarse respaldados del presupuesto correspondiente. Caso contrario este proceso -importante para la seguridad de la nación- seguirá siendo un saludo a la bandera ajena. 

PERÚ, PERÚ, PERÚ!!!

#PONTELACAMISETA

Estamos a pocos días de la presentación de la Presidenta del Consejo de Ministros y su gabinete ante el Congeso de la República, para cumplir con el mandato constitucional de exponer la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión, pero - como se preveía para estos días- la preocupación popular ha colocado en primer lugar a los partidos de fútbol para la clasificación al torneo mundial de Rusia 2018.

Mientras tanto, la Primera Ministra se ha dedicado a  sostener reuniones con las diferentes bncadas políticas a fin de obtener - sin dificultad - el voto de confianza del Legislativo, que le permita conducir la implementación de políticas o acciones de política, ante la ausencia de políticas conocidas. Y hacemos esta distinción porque es totalmente legal que el gobierno desarrolle acciones que persigan un fin, sin que se encuentren detallados en un documento que lleve las características de política pública, y que a este conjunto de acciones las denomine política.

En este contexto, es recomendable que se evite gobernar sin comprometer la participación de la sociedad, sin observar los problemas por resolver, sin actuar  coordinadamente, siempre conducirá a cuestionar su legitimidad e incrementará la incertidumbre que tanto daño hace a la imagen-país.
En esta segunda etapa, el Ejecutivo tiene la gran oportunidad de enfocarse en los intereses nacionales y dar muestras fácticas que ese es su verdadero norte; las palabras no valen.

Creemos que lo primero que debería hacer, es conocer cuáles son sus alcances y sus límites, para evitar la duplicidad de funciones y gasto innecesario de recursos, por lo que es de particular importancia que las autoridades (Ministros, Viceministros, Directores) y sus equipos de asesores conozcan bien  la ley y  la respeten. 
Cualquier innovación será siempre bienvenida, pero debe cuidarse que no se quede en la informalidad vg: El GORE-Ejecutivo se instauró cuando había una Comisión encargada de hacer lo mismo en la PCM; el COEN-INDECI y el COEN-MINDEF (creado para "articular la participación multisectorial del Estado en la gestión del riesgo de desastres para la atención de emergencias ante la ocurrencia de lluvias y peligros asociados durante el año 2017") siguen operando simultáneamente dentro de un mismo sector.

La organización es - entonces - el primer paso que el gobierno debiera adecuar, si quiere enrumbar en favor de los intereses nacionales, lo cual incluye el sinceramiento y priorización de las políticas públicas por implementar. Para este fin, a estas alturas, debe haber hecho un análisis de la realidad nacional y aceptar que los problemas del país están íntimamente a la seguridad nacional, que tercamente se niega a gestionar, a pesar que la Constitución Política le otorga tremenda responsabilidad. De no hacerlo, continuarán desarrollándose las amenazas a nuestra seguridad, como son la delincuencia común y el crimen organizado, la corrupción, el tráfico ilícito de drogas, terrorismo, minería legal e informal, etc, amenazas que deben ser tratadas sistémicamente y no con esfuerzos dispersos, amenazas que impiden nuestro camino al desarrollo.

Es indispensable que la Presidenta del Consejo de Ministros, presente el reajuste de la Política General del Gobierno corrigiendo yerros,  y defina claramente los objetivos por alcanzar, señalando metas medibles, sin olvidar de considerar las promesas de campaña que hicieron que PPK logre su deseo personal: ser la primera autoridad nacional. 

En estas circunstancias, sería recomendable que el gobierno (tres Poderes) escuche el clamor del pueblo, y atienda sus necesidades, y que - de verdad - se ponga la camiseta del Perú!

EL IMPERIO DE LA LEY

 Y EL FOMENTO DE  LA INSTITUCIONALIDAD

El Perú atravesó por una nueva crisis política que ha dejado precedentes contrarios al imperio de la ley y al respeto de la institucionalidad, dos variables importantes para conducirnos por el camino al desarrollo y la seguridad que se traduzca en confianza de los inversionistas y al final, en beneficio de la economía nacional.

Siempre repetimos que la  corrupción es uno de los problemas más graves que atentan contra la seguridad nacional, y sabemos que ésta tiene entre sus causas la mala o limitada gestión pública, como también la generación y promoción de la informalidad, porque  como "Pepe el vivo""somos criollos" y aprovechamos la oportunidad,  como pasando la luz roja cuando no hay nadie en las pistas y porque nadie se da cuenta. 

Y ¿qué relación tiene este relato con la coyuntura política? Veamos:

La Ministra de Educación, Marilú Martens, fue interpelada por el Congreso de la República por haber mostrado falta de capacidad en la administración de su sector teniendo como su máxima demostración una huelga que paralizó la educación escolar por dos meses. 
Como era de esperarse se oían voces de plantearse la censura, lo cual se reveló a través de un twit de la bancada de Fuerza Popular.

Adelantándose a la formalización de la moción de censura o quizás pensando que ya fuera presentada, el Presidente del Consejo de Ministros planteó -por carta- primero, la renovación de confianza y luego (corrigiéndose) solicitó que se le "reciba en sesión del pleno del Congreso para presentar una cuestión de confianza, de conformidad con el artículo 133° de la Constitución Política del Perú y con el artículo 86° c) del Reglamento de la República".

Esta actitud pareciera ser idea del propio presidente PPK, quien deslizó esta misma posiblidad en los  casos de Saavedra y Thorne: Ante una censura, plantear la cuestión de confianza, amenazando con la disolución. 

Pero, ¿es este un procedimiento legal o una "sacada de vuelta" a la Constitución y la Ley? Analicemos el sustento de la carta de Zavala:el art 133° de la CPP y el 86° c del Reglamento del CR:

Art 133°.- El Presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la confianza le es rehusada, o si es censurado, o si renuncia o es removido por el Presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete.

Art 86°- c) La cuestión de confianza sólo se plantea por iniciativa ministerial y en sesión del Pleno del Congreso. Puede presentarla el Presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo en su conjunto o cualquiera de los ministros. Será debatida en la misma sesión que se plantea o en la siguiente.

En el derecho constitucional y parlamentario la lectura  como su entendimiento es integral vale decir, no debe aplicarse de manera independiente, ni los artículos  de la CPP ni los del Reglamento del Congreso pues se crea antinomia (Lea a Enrique Bernales https://goo.gl/9tRVRA)

En este sentido, el pedido del Primer Ministro es contradictorio y por lo tanto nació muerto, pues está amarrado al art 86° c) (también descrito en el art 132° de la CPP) que señala que la cuestión de confianza sólo se plantea por iniciativa ministerial. 

No hubo una iniciativa ministerial, lo que hubo fue una interpelación y una anunciada, pero no formalizada, moción de censura que apresuró al Ejecutivo (en su errado conocimiento) para "mostrar autoridad". 

Si no hubo iniciativa ministerial, entonces no cabía el planteamiento de cuestión de confianza. No existía sustento jurídico para hacerlo y por lo tanto se convirtió en un acto inadecuado e improcedente que lo único que podía al aceptarse fue generar una nueva crisis.

Lejos de la prudencia  y el análisis constitucional el Congreso (accionado por la mayoría de un partido) aceptó el juego político, sin importar el imperio de la ley ni el respeto a la institucionalidad, creando un precedente de informalidad del más alto nivel que trajo como consecuencia un estado de incertidumbre poniendo en jaque a la gobernabilidad y a la seguridad jurídica, que finalmente trae como consecuencia la desconfianza ante los ojos del mundo.

La cuestión de confianza se plantea en sesión del pleno en la que se presenta una iniciativa ministerial o cuando se expone el plan general de gobierno, no es una figura que sirva para hacer contrapeso al mecanismo de control llamado interpelación o censura. Tanto el Ejecutivo y Legislativo dieron muestras de desconocimiento o de irrespeto a la institucionalidad y al imperio de la ley, haciéndonos ver ante el mundo como un Estado informal, en donde no existe  seguridad jurídica. Ambos actuaron como si dijeran "hecha la ley, hecha la trampa" Mal ejemplo para la ciudadanía. 

¿Camino a la OCDE? 

¿EXISTEN GANAS DE HACER BIEN LAS COSAS?

¿EN FAVOR DEL PERÚ?

El editorial del diario "El Correo" bajo el título IMPOSIBLE FALLAR, tiene una conclusión importante: "Cuando hay ganas de hacer las cosas bien, se hacen", algo que lamentablemente no se nota en la seguridad de todos; pero no hablamos solo de seguridad ciudadana, tampoco se ven hechos en la lucha contra las principales amenazas, que no permitirán - a este paso - que seamos admitidos en el club de la OCDE.

Ivan Slocovich, como todos los peruanos, cree que el gobierno tiene la oportunidad de oro "de replicar, en su ámbito, el monumental trabajo que hicieron militares, policías y bomberos apenas sucedió la emergencia" ocasionada por El Niño Costero, sin embargo la lectura de la tendencia de la política gubernamental es - hasta ahora - antitética.

La institucionalidad no se respeta: se crean órganos para reemplazar a otros ya existentes, se duplican funciones, se deja de implementar políticas y decretos. Así, en reemplazo del Consejo de Coordinación Intergubernamental (Ley 29158) se instauró el GORE-Ejecutivo; el COEN (originalmente de INDECI) se pasó al Ministerio de Defensa "temporalmente"; la gestión de la seguridad nacional  cambió al Ministerio de Defensa, mediante el DS N° 061-2016-PCM, pero aún no se ha implementado, es decir no se ha modificado las atribuciones del MINDEF y menos se ha tramitado una LEY para la disolución de la SEDENA (inexistente en la vía de los hechos); la voluntad de favorecer a intereses extranjeros como el Decreto Supremo N° 001-2017-RE declarándose de necesidad pública que cualquier Estado pueda adquirir bienes dentro de los 50 kilómetros de la frontera, y el proyecto en provecho de empresas chilenas; la limitación (casi anulación) de la producción de inteligencia (N°071-2015-PCM), la implementación de SERVIR (cuyo plazo vence en enero de 2018) que no muestra avance, continuándose las contrataciones CAS, con perfiles antojadizos (concursos simulados?), dejándose de lado el servicio civil meritocrático, lo cual explica los pobres resultados.

Si a todos estos hechos se suman: las pocas acciones que demuestren que - de verdad -se quiere luchar contra la corrupción  (Kuntur Wasi) y la terca decisión de continuar con proyectos lesivos a la economía nacional (gaseoducto, refinería, Panamericanos); la emisión de bonos soberanos por más de 10 mil millones, que nos empeña hasta el año 2057 (Van 28 colocaciones https://www.mef.gob.pe/es/titulos-del-tesoro/bonos/bonos-soberanos/331-deuda-publica/bonos/5128-emision-de-bonos-soberanos-2017- ); la poca voluntad para traer y juzgar a Toledo; por último los mensajes incoherentes y el incumplimiento de compromisos de campaña, en realidad ....nos desalienta.

¿Imposible fallar? ¿En favor de quién? Ojalá que la voluntad demuestre que sea por el Perú.

POR LA VERDADERA MERITOCRACIA EN EL EJÉRCITO

MINISTRO NIETO HAGA HISTORIA

Casi todos los años en octubre, después de publicarse los ascensos en el Ejército, aparecen reclamos y muestras de descontento con los resultados. Algunos suelen decir, que siempre habrá descontentos, pues no hay vacantes para todos. Sin embargo, esta recurrente situación debe llamar la atención, sobretodo cuando se trata de la mayor fuerza armada del país, en cuyos hombros descansa la defensa terrestre de la nación, y más aún cuando estas manifestaciones se han hecho públicas antes de los resultados finales.

Desafortunadamente, conforme concluyó la Comisión Bernales, en el pasado se han cometido irregularidades favoreciendo a oficiales que - sin que fueran malos -necesariamente no eran los que reunían los méritos en un determinado proceso. 

Estos errores, usualmente cometidos por comandos que, dejando de lado los principios y tradiciones del Ejército del Perú, olvidaron la majestuosidad de su institucionalidad (con la permisiva complicidad de un Alto Mando y Estado Mayor egoistamente interesado) e hicieron que solamente prevalezcan sus deseos, "sacandole la vuelta a la norma", de manera que al ser cuestionados afirmaron sin inmutarse, que los ascensos se realizaron conforme a ley, particularmente en los altos grados.

Existen dos momentos en que la "meritocracia" puede ser fácilmente sobrepasada: Al emitir la Apreciación del Comando Superior y  cuando la Junta de Selección hace uso del 3%, que se suma a la NOTA DEL CUADRO DE APTITUD Y NOTAS (coeficiente= 0.97).

En el primer concepto, conocido como el "aplausómetro", lejos de cumplir con complementar la nota de potencial del candidato (un promedio de toda su carrera), se le distorsiona: muchos calificadores, emiten juicio de oficiales que no conocen profesionalemente (lo que se logra solo cuando se labora en una misma dependencia) y en vez de ello "intercambian figuritas" en una o dos horas. Y si el resultado no es el que los "altos intereses institucionales" desean, el Comité de Revisión lo puede cambiar, y para que no quede huella, se incineran las fichas individuales, quedando solo un acta: por "transparencia".

Por último, en la fase final (cuando ya se pudo haber hecho alteraciones) el jurado se reune, y en la práctica (sin atender al significado de los atributos) coloca 20 a quien se quiere ascender y al resto 13, lo cual no hace más que jugarle sucio a la meritocracia que propugna la ley de ascensos. Mayor detalle puede observarse en http://bit.ly/2wYPvGh

Señor Ministro de Defensa, sea coherente con sus orígenes y haga historia: supervise estas dos etapas que desde que se implantaron han sido mal empleadas, perjudicando al Ejercito del Perú y a muchos honestos soldados, que aún lo conforman.

FRUSTRACIÓN PRESIDENCIAL VS FRUSTRACION NACIONAL

¡QUÉ DIOS Y LA NACIÓN OS LO DEMANDEN!

Todos los peruanos queremos lo mejor para nuestras familias, y por tanto lo mejor para nuestro país. Por eso también deseamos que nuestras autoridades tengan éxito en sus gestiones, pues se supone que ellos velan por la población nacional y los intereses nacionales, más aún si se trata del Presidente de la República, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y Presidente del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional.

Para sorpresa de muchos el presidente ha manifestado que "una frustración muy grande es Chinchero. Porque yo creo que este proyecto se politizó....". Para la mayoría de los analistas, que  concuerdan que el contrato con Kuntur Wasi era lesivo para el Estado, la mayor frustración es cuánto se ha dejado de hacer en este ciclo gubernamental (un año perdido, para ser gentil) echándose la culpa al Niño Costero y al caso Lavajato (plop!).

No ha crecido la inversión, no se combatió al contrabando ni a la competencia desleal de las importaciones, la informalidad sigue avanzando, no hay progreso en la reforma del Estado, no hay pensamiento estratégico en sectores claves de la economía. No hay respeto a la institucionalidad ni a las leyes, no se reglamentan las leyes, existen decretos supremos y políticas sin implementar, tampoco se comunica bien. No hay muestras de voluntad política para la lucha contra la corrupción, tanto así que para la gran mayoría el gobierno no hace el esfuerzo suficiente en el trámite de extradición de Toledo (porque estarían involucrados el "presi" y su premier). Los maestros y los médicos siguen protestando en las calles.

El "presi", no cumple con las promesas de campaña. A pesar del avance en seguridad ciudadana, la percepción no mejora. En fin, se denota un alto grado de incumplimiento u omisión de la función pública que, a decir del código penal, es punible de pena privativa de libertad no mayor de dos años, pero -desafortunadamente - este aspecto es soslayado por el Ministerio Público.

Si todo lo anterior es grave, mucho más lo es el abandono al sistema funcional de responsabilidad constitucional de la primera autoridad: los problemas del país han dejado de planearse de manera coordinada, permitiendo que las amenazas a la seguridad no sean tratadas de manera sistémica, mostrándose ineficiencia en el gasto e ineficaficia en la acción: No se aprendió del Niño Costero, y peor:

los fondos previstos para estos fines en el Ministerio de Defensa (al haberse desaparecido a la SEDENA) que se incluyeron en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para la "formulación de políticas y directrices de planeamiento estratégico de la seguridad y defensa nacional"  se reflejan en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) con CERO SOLES, sea por desconocimiento o por falta de  voluntad política, lo cual junto a la precaria producción de inteligencia constituyen graves riesgos para la seguridad y la economía nacional que debiera corregirse este 28 de julio, a menos que se prefiera la intervención del Congreso de la República (para llamarlo obstruccionista ¿?)

También llama la atención la falta de publicidad de los más de 100 entendimientos firmados con Chile en el Congreso binacional realizado este mes. ¿Se coordinó con el Congreso de la República el contenido de ellos?

La cereza en la torta, la pone la intención de facultar y promover intereses extranjeros en nuestras zonas fronterizas. En marzo pasado se emitió el Decreto Supremo N° 001-2017-RE declarándose de necesidad pública que  cualquier Estado pueda adquirir bienes dentro de los 50 kilómetros de la frontera para la instalación de un local consular y para la residencia de funcionarios consulares, utilizando como pretexto a la Convención de Viena sobre relaciones consulares.

No señor; No, no, no!  
Esto no tiene ninguna necesidad pública. Necesidad pública son la salud, la educación y la seguridad que se descuida por dedicar mayor impulso a obras donde existen millones, que podrían favorecer a conocidas empresas.

La letra pequeña de este ciclo gubernamental pareciera ser olvidarse de los intereses nacionales, aprovechando de cualquier incidente coyuntural para disimularlo, y cuando no hay alguno relevante recurrir a la grosera actitud de "estudiar" el indulto a Fujimori. 

Tanto así se aprovecha de la coyuntura política,  que también está pasando desapercibida la Resolución Ministerial N° 334-2017-PRODUCE en la que se pone en discusión el proyecto de decreto supremo mediante el cual se  pretende conceder terrenos a empresas chilenas dentro de los 50 kilómetros de la frontera. O sea, no importa la seguridad fronteriza, menos importa las empresas nacionales. 

Por Dios y por la Patria! ¿Cuál es la necesidad pública?!

Si fuera de real necesidad pública, ¿Por qué no va Zavalita a Tacna y explica a su heroico  pueblo tremenda afrenta? 

Porque seguramente lo sacarían a patadas.

MÁS ALLÁ DE LA LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

SUGERENCIAS AL PROYECTO DE LEY 206-2006-CR

De conformidad con el artículo 165° de la Constitución Política del Perú, las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno cuando se haya decretado Estado de Emergencia o Estado de Sitio. En esas circunstancias es totalmente adecuado autorizar su participación en operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito de drogas, como lo propone el Proyecto de Ley N° 206-2016-CR de autoría del Congresista Carlos Tubino.

Es cierto que las Fuerzas Armadas no se preparan para la lucha contra las drogas como sí lo hace la Policía Nacional, vale decir en todas sus fases. Sin embargo cuando se trata de operaciones de interdicción estamos refiriéndonos a una operación específica en la que hay que tomar un objetivo en un determinado espacio, para lo cual las Fuerzas Armadas, de manera general, sí se encuentran entrenadas. La variación fundamental estará en el conocimiento del dispositivo, composición y fuerzas  del adversario por oponer, cuyas particularidades corresponden al campo de las operaciones policiales y en las que se tendrá que capacitar.

Es totalmente correcto el razonamiento que se hace en la exposición de motivos, al sugerirse la ineficacia e ineficiencia en el uso de los medios por no emplear a las tropas en la captura de delincuentes que trafican con droga en la zona de responsabilidad del Comando del VRAEM, particularmente en las áreas donde no tiene alcance la Policía Nacional.

Bajo estos conceptos, se debería impulsar el trámite de aprobación de este proyecto de ley, cuya última gestión data del 08 de noviembre de 2016. No obstante, es necesario anotar que el proyecto no debería considerar de interés nacional la creación de una escuela especializada de las FFAA y PNP para instrucción y entrenamiento contra el tráfico ilícito de drogas, pues esta decisión, la implementación, es de competencia del Poder Ejecutivo y no necesariamente una escuela puede ser la mejor solución. En este sentido, es pertinente que el proyecto incluya el plazo para la emisión del plan de implementación y de la reglamentación respectiva.

A pesar de todo este esfuerzo, mientras que la amenaza sea tratada separadamente, sin observarse sus conexiones con otros ilícitos que afectan a la seguridad nacional, si no se gestionan sistémicamente, y solo se le enfrenta reactivamente, la acción del Estado seguirá siendo ineficaz e ineficiente, pues solo la interdicción o la erradicación no serán suficientes, y consecuentemente la  producción de droga se mudará a otro lugar, y continuará la corrupción, la trata de personas y el lavado de activos que merma nuestra gobernabilidad y crecimiento económico.

Por eso llama la atención el poco esfuerzo que hace el Estado por proteger a la población de las amenazas a su seguridad (Art 44° CPP). Así el Ejecutivo, de un plumazo desapareció a la SEDENA, la entidad que estuvo encargada de gestionar los procesos de la seguridad y defensa nacional, y aún no la reemplazó,  pues todavía no se ha implementado el DS-061-2016- PCM, bajo las narices del Congreso de la República que tampoco ha dado muestras de preocuparse en realizar el control político de este aspecto, en perjuicio de los intereses nacionales.

En este extemo, tampoco la Defensoría del Pueblo está cumpliendo su rol de supervisión del cumplimiento de los deberes de la administración pública, que afectan los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad; y por último, el Ministerio Público y el Poder Judicial ¿No deberían estar cuestionando a quienes por omisión o negligencia no cumplen con las funciones en beneficio de la seguridad de todos? 
Y, ¿la sociedad civil? ¿La prensa?...¿Interesa más la primera plana que los intereses nacionales? ¿más que la seguridad y desarrollo nacional?

RECONSTRUCCIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA

SIN QUE SE PIERDA LA MEMORIA

Falta un mes, para que el "presi" informe a la Nación el avance alcanzado durante el primer año de su mandato y, a la vista de todos, requiere adoptar un plan de reconstrucción, pero no por los daños ocasionados por el "Niño Costero" (que junto a Lava Jato se presentan como pretexto para no haber podido actuar en diversos frentes) si no por los efectos de una limitada conducción política cuyas acciones, contrariamente a lo señalado en la presentación de la Política General de Gobierno (dos días después de anular la gestión del Sistema de Defensa Nacional), han  revelado privilegiar a determinados intereses económicos, olvidándose de la prosperidad de todos los peruanos.

Se habló de reducir significativamente las desigualdades, y se observó la autógrafa de ley para corregir las inequidades de los pensionistas de las FFAA y PNP; de oportunidades, inversión social, agua e infrestructura, y se aprovechó de las lluvias para crear un organismo que duplica las funciones del CENEPRED;  de seguridad y lucha contra la corrupción, y cada vez estamos más inseguros agudizándose las amenazas que restan la confianza de los inversionistas, empezando por la corrupción; de empleo, formalización y reactivación de la economía, y observamos cómo de haber estado - según dijo Zavalita - "en piloto automático", ahora el piloto se olvidó a donde iba; y de no ser por el Ministro de Defensa y las Fuerzas Armadas, posiblemente el acercamiento del Estado al ciudadano hubiera sido nulo. 

En esas condiciones, sigue sin respuesta la interrogante de Basadre que replicara el Premier: "¿Cómo hacemos para acortar esas brechas que agreden a los ideales republicanos y así instaurar una patria fraterna e igualitaria?" Definitivamente no servirá hacerlo como se ha  venido enfrentando,  pues nos alejamos diametralmente: primero por anular el avance en la gestión de la seguridad de la Nación, y también por no continuar con el esfuerzo colectivo, haciendo que la cooperación política haya sido concordante con el discurso de investidura, en donde la palabra diálogo solo aparece en tres oportunidades.

Mas allá de discursos, se deben dar muestras de capacidades para gerenciar y trabajar concurrentemente por los intereses nacionales, y no como lo cree la opinión pública: siguiendo los criterios de  lobbies, en favor de particulares, destacada con la terquedad por Kuntur Wasi, tanto así que no importó colocar en riesgo  la "honestidad" del primer Ministro de Economía.

Por eso - por el Perú -es importante trazar una hoja de ruta que incluya la gestión de seguridad para que pueda darse paso a  la reactivación de la economía, sin olvidar el aspecto social y los compromisos adoptados, convocando la cooperación de los otros Poderes del Estado en provecho de la justicia social,  y principalmente cuidando la memoria en la conducción política, que solo ha generado incertidumbre y desconfianza.

QUE NO VENGAN INCENDIOS

DESPUÉS DE LA TEMPESTAD

Luego de la turbulencia política, provocada por la actitud poco ética de un ministro (respaldado por el Ejecutivo y sus voceros) - que insistía en tratar de aparecer como un funcionario intachable, cuando todo el Perú fue testigo de su proceder impropio - finalmente el Congreso apuró en dar curso al singular pedido de "cuestión de confianza", pese a las formas establecidas en la Constitución, negándosela para provocar su  renuncia y dar pase al "plan de reemplazo" del presi, que no se aplicaría de inmediato, pues ya se anunció que Zavalita asumirá el cargo temporalmente.

Y no puede ser de otra manera, pues ya no vivimos en los 70 u 80. Nuestra realidad es muy distinta: la Presidencia del Consejo de Ministros ahora tiene  muchas responsabilidades que no se han desarrollado a plenitud, principalmente en la coordinación intersectorial y multinivel, como también en la interacción política, en donde se ha dejado de buscar - en forma efectiva - el consenso, priorizándose acciones desfavorables para el crecimiento del país, lo cual originó la crisis que, además de  desacreditar al gobierno, ha causado incertidumbre en la población y  preocupación en los inversionistas, en un mes que solo se creció 0.17% y por tanto revela la necesidad de disponer  de un Ministro de Economía y Finanzas dedicado a tiempo completo para impulsar nuestra economía y un Premier que ayude en la interacción política.

Lo primero que debe realizar el Ejecutivo (además del mea culpa) es adoptar una actitud política inteligente planteando políticas nacionales que superen las expectativas personales, y que no compromentan el desgaste de los futuros gobiernos, de manera que borre la mala imagen generada en los últimos meses, en la que pareciera estar más a  favor de intereses económicos particulares dejando de lado los intereses nacionales.

Según dijo Zavalita, la política principal del gobierno es luchar contra la inseguridad, y es de suponer que se refiere al problema holístico de la seguridad (sin descuidar el tema ciudadano), que comprende los problemas de corrupción, crimen organizado (narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, tala ilegal) conflictos sociales que afectan la gobernabilidad, defensa de la soberanía nacional (entendiéndose no solo a la defensa de las fronteras, si no a la apropiación de lo que culturalmente es nuestro), entre otros.

Entonces, es necesario que (el presi y el premier) corrijan su error y empiecen a gestionar al único sistema funcional de responsabilidad constitucional que tiene el Presidente de la República, y den paso a la  articulación de la Seguridad Nacional,  para lo cual es imprescindible que se implemente el DS N° 061-2016-PCM (mediante el que facticamente desapareció a la SEDENA) y se reestructure al Ministerio de Defensa para incluir el planeamiento y ejecución de los procesos de la Seguridad Nacional en los campos no militares, funciones que hasta hoy no han sido modificadas, en perjuicio de la seguridad y crecimiento económico de todos los peruanos.

Por último, es necesario que - como máximo - a su retorno de Colombia, adopte una decisión en el caso de Fujimori para que deje de usarlo (como todos lo perciben) cada vez que el manejo político se le va de las manos. 

El Perú requiere adoptar previsiones para enfrentar tempestades, también medidas para evitar incendios.